Según se sabe por historia oficial que el proceso de crecimiento demográfico peruano de los últimos siglos, junto a las oleadas migratorias internas y externas ocurridas desde el periodo colonial hasta hoy, han involucrado la coexistencia y amalgama –de hecho- de las diversas culturas y etnias de las diferentes regiones del país, configurando el singular proceso de mestizaje que nos ha caracterizado. Sin embargo, al respecto es de notar la crítica de otros investigadores en el sentido que es un análisis genérico -al igual que el uso del término mestizaje-, porque se enmascaran las complejas relaciones de dominación y sujeción que han existido desde el periodo colonial en torno a la cultura occidental y las culturas originarias.

 Desde esta perspectiva, podemos explicar por qué en el Perú de hoy aún se mantienen ciertos rasgos de una estructura de pensamiento colonial basada en estereotipos y valores predominantes de la cultura occidental, que hoy nos son evidentes en medio de las profundas desigualdades socioeconómicas y culturales que lamentablemente aún persisten en la sociedad peruana, y que además van muy relacionadas con la controversia que existe sobre las implicancias del modelo económico actual, del crecimiento y distribución del ingreso nacional y su incidencia en el desarrollo de las diferentes regiones.¹

 Sobre la cuestión indígena y la identidad

No obstante hablar sobre lo indígena y la identidad en el Perú actual pareciera un tema adjetivo de tratar, tal como creen y sostienen importantes analistas, literatos, políticos y ciertos medios de comunicación muy influidos por la ola de la modernidad global, excepto cuando graves conflictos sociales como los protagonizados hace poco por las comunidades nativas del nororiente nos recuerdan su existencia. Pero, de otro lado, tampoco creemos resulte un tema de discusión y de estudio restrictivo al ámbito de las ciencias sociales, porque es cierto implica distintas disciplinas y aristas de abordaje.²

Pero a tenor de lo anterior citamos la interesante reflexión del investigador Aníbal Quijano³, respecto a que la cuestión indígena y el problema de la identidad en el Perú y Latinoamérica no podrán analizarse a profundidad sino se retrotraen a lo que denomina “la colonialidad del patrón de poder”, en tanto escenario aún vigente en América y en especial en América Latina. Porque con la derrota del colonialismo español (además del británico y portugués) ocurre lo que Quijano caracteriza como “una paradoja histórica específica: es decir, la de tener estados independientes articulados a sociedades coloniales”. En efecto, resulta que a pesar de la compleja y difícil historia en la conformación de las nuevas repúblicas independientes de Latinoamérica, el caso del Perú, al parecer sus estructuras políticas, económicas y sociales actuales, basadas en el concepto occidental clásico de estado-nación, han seguido -en esencia- con el mismo patrón de dominación colonial europeo impuesto en nuestros países desde el siglo XVI.

Y es que al respecto, como algunos acuciosos estudiosos de la realidad peruana han advertido, creemos que la construcción de una visión prospectiva país -en el contexto global- nos hace imprescindible dilucidar el tema de la cuestión indígena y de la identidad. Implicándonos el reto de desarrollar un pensamiento crítico sobre las profundas raíces ideológicas que nos devienen de la colonia y del patrón de dominación socioeconómico y cultural que lo caracterizó. Quizá por eso nos cuesta tanto reconocer las implicancias de los conflictos de identidad como nación multicultural y multilingüe que padecemos hoy, y que no nos permite aceptarnos y valorarnos como tales.

Es el caso de no pocos peruanos de pensamiento liberal y con mayor razón en los de cierta influencia y poder de decisión en las esferas del gobierno y del poder político y económico, que parecieran no entenderlo como una preocupación fundamental. Por ello el alto costo que suele implicar para el estado las soluciones que ensaya -sobre la marcha- en torno a los crecientes conflictos y demandas de las comunidades campesinas y nativas en defensa de sus culturas, territorios y medios de vida (como así lo confirman informes recientes de la Defensoría del Pueblo, del Banco Mundial, entre otros).

De comunidades indígenas a comunidades campesinas y nativas: la transición forzosa

Citamos el caso de la problemática de las comunidades campesinas y nativas de hoy –antes denominadas comunidades indígenas-, que con no pocas dificultades continúan siendo mal comprendidas y asimiladas en el marco de la concepción occidental moderna de estado-nación peruano, en tanto estado unitario y democrático. Es así que la mayoría pretenden ser subsumidas en el idealizado imaginario homogéneo de sociedad y cultura nacional que se nos viene imponiendo, a pulso de lo que nuestros gobernantes y nosotros -como ciudadanos- entendemos por nación, modernidad, democracia y mestizaje, diluyendo en el camino el sentido identitario de los diferentes pueblos y culturas que habitan el interior del país y que cuentan con propia historia, lengua y tradiciones, además de una persistente pobreza signada por la inercia e incomprensión del poder de sucesivos gobiernos y por cierto de la enorme distancia que suele imponer el centralismo limeño.

Desde el período colonial las poblaciones indígenas peruanas y sus formas endógenas de organización social fueron reorganizadas (divididas) como comunidades indígenas, para satisfacer los requerimientos económicos del régimen de explotación español. Después, durante el periodo republicano –con la Constitución Política de 1920- el gobierno de ese entonces le otorgó a las poblaciones indígenas un tratamiento especial y reconocimiento legal como “comunidades indígenas” hasta comienzos de la década del setenta, con el proceso de reforma agraria aplicado por la dictadura del gobierno militar de Juan Velasco, que finalmente les cambió la denominación de comunidades indígenas por su denominación actual: comunidades campesinas y nativas, otorgándoles un régimen legal por separado a las poblaciones indígenas andinas y amazónicas.

Posteriormente, sucesivos gobiernos -hasta hoy- han aplicado un complejo y no menos confuso tratamiento político y legal a la problemática de las comunidades campesinas y nativas, junto al marcado centralismo y a la asimétrica relación campo-ciudad que en general los ha caracterizado, contribuyendo en su marginación y exclusión de las políticas públicas más importantes de desarrollo nacional, y con ello diluyendo aún más su sentido identitario como pueblos indígenas.

Los cambios aplicados en la constitución y legislación peruana sobre la denominación y reconocimiento del estatus legal y jurídico de las comunidades campesinas y nativas, ha significado -en la práctica- el recorte sucesivo de derechos ancestrales sobre sus tierras y territorios (en tanto derechos precedentes a la existencia del estado peruano como tal) y de su régimen de protección de tierras (reconocidos en la Constitución de 1933 y la de 1979), y que luego, con la Constitución de 1993 -durante el régimen dictatorial de Fujimori- sus derechos fueron aun más recortados, restringiéndose el carácter de inalienabilidad y libre disponibilidad y uso de sus tierras comunales.

Actualmente otras leyes de espíritu similar se quieren aplicar a las comunidades campesinas y nativas, con los hoy cuestionados Decretos Legislativos impulsados por el gobierno aprista: DL Nº 1015 (“…que unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y la selva con las de la costa, para mejorar su competitividad agropecuaria”); el DL Nº 1073 (“Modifica el literal (b) del artículo 10 de la ley 26505, modificado por el artículo único del DL 1015”) y el DL Nº 1064 (“Aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario”)⁴, al amparo de las facultadas otorgadas por el Congreso de la República en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y que de no derogarse finalmente en el pleno del Congreso, ante su eventual insistencia por el ejecutivo, afectaría en términos prácticos más derechos reconocidos de las comunidades campesinas y nativas. Incluso los que están amparados por la suscripción de convenios internacionales como el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, ratificado por el estado peruano en 1993, y cuyo carácter vinculante lo obliga a su estricto cumplimiento. Por ejemplo, en lo concerniente al proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades campesinas y nativas en aquellas medidas legislativas o administrativas que pudieran afectarlas.

Recursos naturales, territorios indígenas e identidad

A pesar de tener más de 10,000 años de historia prehispánica y apenas 187 años de historia republicana, el Perú de hoy aún no logra reconocerse plenamente en el espejo de su gran diversidad cultural y étnica, mucho menos integrarse como nación. Porque actualmente se sabe que existen cerca de 7,000 comunidades campesinas y nativas ocupando importantes extensiones territoriales con notable biodiversidad y conservando rasgos muy importantes relativos a su cultura e identidad territorial.⁵ Pero, de otro lado, por décadas vienen enfrentando diversas amenazas a sus modos de vida y al usufructo tradicional de los recursos naturales en sus territorios. Es lo que ocurre en torno a importantes proyectos de inversión en exploración y explotación de recursos del subsuelo (minerales, petróleo y gas) que son reconocidos propiedad del estado peruano (al igual que el aire y las aguas), entre otros.

La ausencia de un estado planificador y ordenador del territorio, de escaso compromiso político concertador con las partes involucradas, ocasiona que sus estamentos no operen en función de una visión integral de desarrollo sostenible, sino, al contrario, que operen en función de una visión sectorial, priorizando la inversión privada desde el interés del gran capital y de la óptica económico-comercial de corto plazo, sin incorporar y ponderar otros criterios de sostenibilidad social y ambiental de largo plazo.⁶ Esta es quizá una de las principales causas de origen del desencuentro permanente entre las visiones políticas y prioridades de desarrollo e inversión del estado y los sectores productivos (minería, industria, agricultura, pesca, etc.) con respecto a la cosmovisión, expectativas y demandas de desarrollo de las comunidades.

En este desigual contexto de desarrollo nacional han venido coexistiendo numerosos grupos humanos con culturas y visiones diferentes. De ahí que los investigadores sociales sostienen debemos entenderlo como un complejo proceso de transformaciones sociales y culturales, en tanto escenario -de hecho- en la manifestación de diversidad cultural e interculturalidad. Pero, no obstante, que la manifestación de las influencias culturales mutuas que han ocurrido, ciertamente no han sido de manera armoniosa y dialogada, sino, al contrario, marcadas por profundas desigualdades a lo largo de la historia.⁷

Necesidad del cambio social

En torno al tema diferentes organizaciones sociales y entidades de desarrollo, sectores académicos y políticos progresistas y de la sociedad civil han venido planteando una serie de demandas y propuestas importantes para impulsar un conjunto de reformas del estado peruano. Redireccionar su rol y relación como estado-sociedad, y en ello reevaluar los alcances del modelo económico, el contexto multicultural y la visión prospectiva nacional integral de desarrollo con inclusión: en concreto respecto a la problemática de las poblaciones indígenas de las regiones más pobres y excluidas del país.⁸

En el proceso las organizaciones indígenas han venido cumpliendo un rol cada vez más activo y protagónico, aunque no obstante como respuesta principal a los impactos socioambientales producidos por proyectos extractivos de recursos naturales en sus territorios, antes que por iniciativas dialogadas de política nacional o plataformas comunes con propuestas inclusivas de una visión alternativa de desarrollo país. Lo cierto es que el proceso es largo y bastante complejo, porque se percibe la enorme distancia en las visiones de desarrollo país que aún persisten en nuestra sociedad y en la clase política y gobernante, incapaz de entender y atender con responsabilidad social las demandas y expectativas de desarrollo de los pueblos indígenas.

Así pues que los indígenas emplacen hoy en día al estado por la defensa de sus derechos humanos es visto –como ayer- con mucha desconfianza, distancia e incluso con cierta arrogancia por los funcionarios del gobierno central (varios de ellos con acentuadas raíces andinas y amazónicas). Distancia y desconfianza -por cierto- que también manifiestan por su lado las poblaciones indígenas, porque es evidente no se sienten representadas ni mucho menos entendidas y atendidas. En tal sentido es imperiosa la necesidad de un cambio en la postura del gobierno para promover la convergencia de un mayor debate político y diálogo plural, así como de la vigilancia social de las distintas organizaciones involucradas -a nivel nacional e internacional- en torno a las iniciativas y propuestas que al respecto se han presentado en los últimos años.

Revertir la situación de pobreza y exclusión de las comunidades campesinas y nativas, y en ello dilucidar lo relativo a cómo entendemos hoy la cuestión indígena y el problema de la identidad en el Perú del siglo XXI, involucrará una profunda revisión y reorientación del rol y función que históricamente ha cumplido el estado peruano como tal y en ello su enfoque de desarrollo, en tanto nación multicultural y multilingüe. Sólo en esa medida será posible recuperar, armonizar e integrar la visión y aspiración de desarrollo endógeno y plural de los diversos pueblos y culturas del interior con una visión prospectiva y moderna de desarrollo nacional en el nuevo contexto global.

Walter Chamochumbi

Mag. Ing. Agrónomo, Consultor en Gestión Ambiental y Desarrollo

Walter_chch@yahoo.es