Argentina

De la violencia al terror

SERPAJ

22/09/2002

Opinión

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El 20 de septiembre de 2002 el Estado Argentino dio muestras, una vez mas, de que las prácticas del terror aún no han sido desterradas de sus fuerzas represivas.

El intento de magnicidio de que fuera víctima la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y de la Comisión Provincial por la Memoria, Estela Carlotto, como la brutal represión al pueblo jujeño durante la jornada nacional de protesta del pasado viernes 20 muestran a las claras la profundización del proceso de criminalización de la protesta social en nuestro país.

El atentado contra Estela Carlotto, producido a pocas horas de un pronunciamiento que había firmado junto a otras personas vinculadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos, en el que señalaban que "en la provincia de Buenos Aires se están produciendo hechos de corrupción, detenciones ilegales, torturas y asesinatos idénticos a los ocurridos durante la última dictadura militar", confirma la similitud de los métodos institucionalizados por la Triple A y las fuerzas represivas de los años '70, con el accionar actual de parte de la policía bonaerense, que ha gozado desde siempre de una impunidad que hace imposible la construcción de la democracia.

La violencia desatada por las fuerzas de seguridad en la capital de la provincia de Jujuy no se detiene. A las 180 personas detenidas durante la marcha nacional, entre los que se cuentan mujeres embarazadas y niños (acusadas de intimidación pública, atentado contra el orden público, instigación a cometer delitos, atentados contra la autoridad y daños agravados) se agregan otras 60 órdenes de detención, y cerca de medio centenar de personas cuyo paradero se desconoce. La feroz represión policial comenzó en la desconcentración de la marcha que se realizó en la capital de la provincia de Jujuy, y las detenciones siguieron en los barrios, cuyos habitantes sufrieron una "caza de brujas".

Estos hechos se dan cuando el Juez de Instrucción en lo Penal, Dr. Juárez Almaraz, había dirigido un oficio a la policía en el que le señalaba a las fuerzas de seguridad que debían actuar de oficio ante cualquier episodio que vulnerara el derecho a la libre circulación, y de antemano calificaba al corte de ruta como delito. Las afirmaciones del juez fueron ampliamente difundidas por la prensa y reafirmadas durante varios días, demostrando así la misma estrategia utilizada en los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán el 26 de junio en Avellaneda.

Desde el Servicio Paz y Justicia apoyamos las luchas por el derecho a la vida, expresadas en el grito de pan, trabajo, salud, educación y dignidad para todos. Repudiamos el atentado sufrido por Estela Carlotto y exigimos la realización de una investigación seria y el pleno esclarecimiento del hecho. Repudiamos la brutal represión contra el pueblo jujeño y exigimos la inmediata libertad de tod@s l@s detenid@s y la aparición con vida de las personas desaparecidas.

Cuando el pasado 6 de septiembre adherimos a la convocatoria a una jornada nacional contra la violencia lo hicimos entendiendo que la lucha es contra la violencia estructural, aquella que anida en la estructura social, política, económica y cultural y que lleva a nuestro pueblo a vivir en condiciones indignas para todo ser humano. Contra esa violencia luchamos y optamos estar junto a los oprimidos y excluidos, y de ese sendero no nos apartaremos. Pero la escalada represiva desatada el 19 y 20 de diciembre de 2001, agravada por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda, el secuestro y brutal asesinato de Diego Peralta en El Jaguel, el crimen de Ezequiel Demonty, detenido, golpeado y luego tirado en las aguas putrefactas del Riachuelo por oficiales de la comisaría 34° de la Policía Federal, el atentado contra la vida de Estela Carlotto y la brutal represión en Jujuy (estos dos últimos hechos ocurren "casualmente" al cumplirse 9 meses del asesinato de mas de 21 personas durante el levantamiento popular que provocó la renuncia del ex presidente De La Rúa) convoca a todo el pueblo a luchar contra la impunidad de todos estos hechos, para evitar que se consolide la transformación de la violencia estructural y directa en terrorismo de estado.

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2002

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