Los Estados que se rigen bajo un sistema político democrático se preocupan por establecer y mantener un procedimiento electoral justo e imparcial, en donde la ejecución técnica de las elecciones no deje mucho que desear; para lograrlo se hace necesario un alto nivel de desarrollo institucional en general, pero particularmente de la institución rectora de ese tema.

En El Salvador, lo anterior dista mucho de ser una realidad puesto que, de manera amplia, en los últimos años se ha acelerado una des institucionalización bien marcada que, puntualmente, ha tocado al ente regulador de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral que, a juzgar por su desempeño, poco tiene de tribunal y de supremo, ya que su trabajo ha sido deficitario, a lo mejor debido a la sentida injerencia de los partidos políticos en el nombramiento de sus miembros -a nuestro juicio, un grave error de la Constituyente-, lo que junto a otros vicios impide que ejerza su función de control en materia electoral.

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Actualidad — Políticas Públicas
Observatorio Políticas Públicas y los DESC San Salvador, abril 2008
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