El contundente triunfo de Evo Morales en el referendo revocatorio constituiría por sí mismo una gran victoria electoral en cualquier país del mundo, pero significa mucho más que eso. Enfrentados a un implacable plan desestabilizador dentro de Bolivia y a una descomunal campaña mediática internacional orquestados por Estados Unidos, Evo y el movimiento indígena-popular boliviano han conseguido una proeza política que contribuye notablemente a afianzar el proceso de cambios sociales en lo interno e inclina más la balanza a favor de la corriente emancipadora en las tierras al sur del río Bravo. Más relevante por producirse cuando Washington, incapaz de lidiar con Irak y Afganistán, frenado en seco por Rusia en el Cáucaso y precipitado internamente a una catástrofe económico-social, intenta recuperar con el garrote la iniciativa política en América Latina.

Evo fue ratificado a escala nacional con aproximadamente 67 puntos porcentuales, 13 por encima de la copiosa votación recibida cuando fue electo presidente en 2005, por lo que tiene el apoyo de dos de cada tres electores. Arrasó en la región occidental, con más del 75 por ciento de respaldo. En los departamentos de la llamada Media Luna, donde se ha atrincherado el proyecto separatista de la oligarquía, su votación subió respecto a 2005 entre 6 puntos porcentuales en Santa Cruz, estado mayor de la contrarrevolución, hasta más de 30 en Pando, alcanzando en todos entre 38 (Santa Cruz) y 53 puntos porcentuales (Chuquisaca). Ganó por amplio margen, con frecuencia de 90 por ciento, en las zonas rurales del país, conservó las dos prefecturas leales y consiguió la revocación de los prefectos oposicionistas en los estratégicos departamentos de La Paz y Cochabamba, donde sus candidatos deben ganar cómodamente cuando se convoquen elecciones próximamente. Estos datos demuestran que su obra de gobierno se afianza, gana cada vez más adeptos y que la conciencia política crece por lo que existen condiciones muy propicias para continuar profundizando en la recuperación de los recursos naturales, de las empresas del Estado y proponerse erradicar la extrema pobreza, como anunció el presidente en su mensaje posterior a la consulta. Asimismo, para lograr la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado elaborada por la Asamblea Constituyente, paso decisivo para iniciar el desmantelamiento de la república colonial oligárquica que siente las bases de la refundación de una nueva, en clave popular, democrática e inclusiva de los pueblos indios y los excluidos de siempre. Ponerlo en práctica se dice fácil pero exigirá nuevos despliegues de imaginación y firmeza política, y llegado el caso, aplicar la legítima fuerza del Estado a quienes insistan en quebrantar el orden constitucional. La ratificación de una mayoría de prefectos sediciosos, aunque debilitados, es un hecho que no puede pasarse por alto.

Lejos de ensoberbecerse con la victoria, Evo los ha llamado una vez más al diálogo y designado una comisión de ministros del gabinete para discutir con ellos una agenda que intentaría concertar sus demandas de autonomía con la nueva Constitución, ejercicio al que serán invitados mediadores y facilitadores internacionales. Es un paso inteligente pues si después de las reiteradas muestras de paciencia y espíritu conciliador del gobierno, del claro mensaje de apoyo de los bolivianos al presidente y al proceso de cambios, la oligarquía no da muestras de una voluntad negociadora e insiste en la ruta desestabilizadora, este es el mejor momento para ponerle un hasta aquí. Sería ingenuo pensar que esa clase social, ahíta a costa de la explotación y exclusión sistemática de la población, y sus patrones en Washington van a aceptar el veredicto popular.

En el arduo camino del pueblo boliviano hacia su liberación y encuentro con los de nuestra América se ha ganado una gran batalla, pero no la guerra.