El proceso constituyente ecuatoriano convocó a muchos sectores. No fueron solamente los Asambleístas quienes intervinieron en la elaboración de la nueva Carta Fundamental, sino infinidad de actores políticos, sectores sociales, gremios, grupos de presión, que cabildeando, participando en foros, visitando las mesas, presentando documentos, pronunciándose por los medios, fueron aportando en un debate que nunca fue fácil y que a ratos incluso tomó tintes dramáticos.

El resultado de un proceso que, con altibajos, era una expresión de democracia abierta e incluyente, se concretaba en un articulado cuya construcción implicaba largas y complejas discusiones en las mesas constituyentes, luego un debate público en el pleno de la Asamblea para receptar comentarios y aportes de los asambleístas más un segundo debate público que culminaba con la votación del articulado.

La decisión política de no ampliar el plazo de la Asamblea para aprobar el proyecto de Constitución llevó, primero a la salida de Alberto Acosta de la presidencia de la Asamblea y luego a una atropellada carrera contra el tiempo para aprobar el texto dentro de dicho plazo. Fernando Cordero como nuevo presidente de la Asamblea demostró, desde un principio, que estaba dispuesto a todo con tal de cumplir la agenda establecida.

En la larga noche entre el 18 y el 19 de julio de 2008 se terminó de votar el articulado pendiente y se despacharon las reconsideraciones extraordinarias solicitadas de conformidad con al artículo 56 del Reglamento de la Asamblea, por los asambleístas y las fundadas en las propuestas alternativas que la Comisión de Redacción había hecho para corregir omisiones y contradicciones conceptuales, y que según afirma esta Comisión en su Informe Definitivo había presentado la misma madrugada del 19. Con esas aprobaciones el proyecto de Constitución quedaba completo.

La Comisión de Redacción, de acuerdo al artículo 47 del mismo Reglamento, debía elaborar el texto final que debía ser puesto a consideración del Pleno con cinco días de anticipación para ser aprobado, sin previo debate, con los votos de la mayoría absoluta de los asambleístas.

Lo que se puso en consideración de los Asambleístas y de la ciudadanía en general a través de la página web de la Asamblea el 21 de julio de 2008, fue el texto completo del articulado aprobado por el pleno entre el 18 y el 19 de julio. El texto final elaborado por la Comisión de Redacción solo fue entregado, junto con su Informe Definitivo, el 24 de julio, el mismo día en que el Pleno de la Asamblea lo votó. Es decir que los asambleístas no tuvieron el tiempo mínimo para que al menos den lectura al texto sobre el que iban a votar.

Este retraso en la entrega del texto final no debía haber provocado mayor problema, pues una vez que el articulado había sido aprobado el 19 incluidas las observaciones de fondo de la Comisión, lo que se esperaba era que del texto del 19 al texto del 24 hayan contados cambios de ortografía y sintaxis. La verdad no es esa. En el texto del 24 hay importantes modificaciones que no aparecen fundamentadas en ningún debate dado en el Pleno de la Asamblea, ni en ninguna parte del Informe Definitivo que la Comisión de Redacción entregó al Presidente de la Asamblea el 24 de julio.

Así por ejemplo: en el artículo 73 del texto del proyecto constitucional aprobado el 19 de julio y que aparecía en la web de la Asamblea el 21 de julio se puede leer: “La naturaleza tiene derecho a la restauración integral.” En el artículo 72 del texto del proyecto constitucional votado sin debate el 24 de julio aparece: “La naturaleza tiene derecho a la restauración.” Alguien dirá “se comieron una palabrita”, yo digo: mutilaron un derecho.

Otro ejemplo: el artículo 58 del texto del 19 de julio dice, refiriéndose a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario: “El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de genocidio y etnocidio.” En el texto aprobado el 24 la última frase dice: “La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”.

No se puede negar que en temas trascendentes como éstos las opiniones pueden ser diversas. Se podría sostener que una reparación integral de la naturaleza dañada es imposible o que el genocidio es un crimen con una estricta tipificación en el derecho penal internacional que no siempre se cumpliría en relación a las violaciones de los derechos de estos pueblos. Nosotros sostenemos que la reparación in integrum del daño a la Naturaleza y la criminalización internacional de las acciones y omisiones que lleven a la desaparición de los pueblos ocultos del Yasuní son imperativos éticos del Ecuador de hoy.

El punto, sin embargo, no es ese. Lo que preocupa es que la voluntad de aquellos a quienes dimos un mandato para que en nuestro nombre discutan y aprueben una Carta Magna parece haber sido torcida, manipulada, en éstos y quizá en decenas de otros temas por manos anónimas que responden a quién sabe qué intereses.

Estos cambios, si hubieren sido fruto de un debate abierto y transparente entre las fuerzas políticas representadas en la Asamblea, siendo retrocesos serían aceptables en el juego de la democracia. Pero como fueron fruto de una manipulación hecha literalmente “entre gallos y media noche” parece que por una corte de aduladores que no medían las consecuencias de sus actos para agradar a su patrón, resultan indignantes.

No sabemos quién hizo los cambios. La Fiscalía debería investigarlo para establecer responsabilidades penales incluso, si como dice la prensa hubo funcionarios del gobierno o asesores nacionales o extranjeros que, más allá de sus atribuciones, metieron mano a los textos. Resulta evidente, sin embargo, que cuando se pidió hacerse a un lado a Alberto Acosta se buscaba no un Presidente de la Asamblea más ágil sino uno más dócil. Fernando Cordero debería asumir su responsabilidad y dar clara y puntual respuesta al país, señalando paso a paso, nombre a nombre, artículo por artículo, cómo se llegó del proyecto del 19 al proyecto del 24 sin pasar por el Pleno.

Sin embargo, y con todo eso, el proyecto de Constitución de 2008 es superior a la Constitución de 1998 que hoy nos rige. Hay avances importantes sobre los que es necesario detenerse a reflexionar. Por el momento y siguiendo con los ejemplos a los que nos hemos referido antes, que la Naturaleza tenga derechos es un avance capital, aún cuando una mano fantasmal se los haya recortado o que los pueblos indígenas aislados, de quienes no se dice una palabra en la Constitución del 98, sean protegidos en la nueva Constitución es muy importante, aunque a alguien a quien no le convenía que se agraven las responsabilidades de quienes debiendo hacer algo no hacen nada por proteger sus vidas haya pretendido, eliminando la palabra genocidio, aligerar sus culpas.

Por ello es más doloroso aún que las manipulaciones que pudo haber sufrido el texto del proyecto en las críticas horas transcurridas entre el 19 y el 24 de julio le hagan perder legitimidad frente a la ciudadanía. Si a la hora del referéndum la votación se inclina por el NO, los sectores sociales perderán la oportunidad de contar con una Constitución que, con todas sus limitaciones, contiene una serie de herramientas de derecho útiles para enfrentar la prepotencia de los poderosos, fortalecer canales de participación social y proteger a la naturaleza.

Si gana el NO, la culpa no será de la derecha, de los pelucones, de la prensa, de las iglesias, de los indios, de los ecologistas infantiles, de las gorditas horrorosas, de las majaderas, de los infiltrados. La culpa será sencillamente de quienes habiendo asumido la propuesta de la Constituyente, la llevaron adelante hasta aprobar un texto, que sin ser de consenso era legítimo, pero no tuvieron la grandeza necesaria para respetar su contenido hasta el final.