Las propuestas para compensar a los miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) por su servicio como milicias civiles paramilitares durante el prolongado conflicto civil guatemalteco han vuelto a suscitar preocupaciones en Guatemala, tanto por la impunidad de la que han disfrutado estas milicias civiles respecto a los abusos cometidos durante el conflicto armado interno como por los informes que señalan que han reaparecido para cometer nuevos abusos. Durante el conflicto, que convulsionó a Guatemala durante más de 30 años, las patrullas servían de auxiliares civiles para el ejército guatemalteco. Se formaron a instancias del ejército y operaban bajo órdenes militares. El servicio en ellas era obligatorio y algunos de los que cometieron los abusos fueron coaccionados para participar en ellos mediante amenazas de muerte a sus personas o a sus familias. Las patrullas debían haber sido desmanteladas en virtud de los acuerdos de paz de 1996 que pusieron fin al conflicto, pero en realidad sus operaciones prosiguieron en diversas zonas del país y al parecer han sido responsables de nuevos abusos. En el apéndice de este documento se enumeran algunos de ellos. En el curso del año 2002, ex miembros de las patrullas han reclamado con especial vehemencia una compensación por los servicios prestados durante su actividad en las patrullas. Amnistía Internacional ve con preocupación la impunidad de la que han disfrutado los miembros de las patrullas respecto a los abusos en los que participaron durante los años de conflicto, así como los informes que apuntan a nuevos abusos. La organización considera que todas las víctimas de abusos contra los derechos humanos deben recibir reparaciones por los abusos sufridos y que todos los autores de tales abusos deben comparecer ante la justicia. AI considera que las actuales movilizaciones de ex patrulleros que reclaman pagos por sus servicios en las patrullas y las intenciones aparentes del gobierno actual de satisfacer dichas demandas contradicen los principios de los acuerdos de paz y pueden apuntar a una aceptación oficial de la reaparición de las patrullas y de los nuevos abusos que se les atribuyen. AI siente también preocupación por las posibles implicaciones sociales y políticas de la reaparición de las patrullas: observadores guatemaltecos de los derechos humanos han señalado que la aparente tolerancia oficial respecto a la reanudación de las actividades ilegales de las patrullas refleja los vínculos de éstas con el partido en el gobierno, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y puede estar relacionado con el deseo del FRG de contar con el apoyo de ex patrulleros en las próximas elecciones, previstas para el año 2003. ANTECEDENTES Formación de las Patrullas de Autodefensa Civil Las PAC se crearon en 1981 durante la presidencia del general Romeo Lucas García (1978-1982). Se componían de campesinos de sexo masculino procedentes principalmente de las zonas rurales a los que el ejército les encargó actuar como auxiliares civiles y «proteger» a sus comunidades de la oposición armada, agrupada con el nombre de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En teoría las patrullas se formaron de forma espontánea y voluntaria pero, en realidad, en muchas zonas rurales de Guatemala, el servicio era obligatorio para todos los hombres de entre 16 y 60 años de edad aproximadamente, a menudo bajo amenazas de duros castigos o muerte. Entrenadas y armadas en diverso grado por los militares, las patrullas tenían el cometido de localizar y enfrentarse a las fuerzas de la oposición armada, lo que involucraba inevitablemente a la población civil en el conflicto armado interno. Las patrullas funcionaban también como sistema alternativo de autoridad y control dirigido por el ejército (existente aún en la actualidad) y como una forma de trabajo forzoso que permitía a las fuerzas regulares del ejército concentrar sus esfuerzos en la contrainsurgencia. En algunas zonas, la autoridad lograda gracias al apoyo militar permitió a las patrullas ajustar viejas cuentas y eliminar a sus enemigos tradicionales por motivos totalmente ajenos al conflicto civil. Entre 1981, cuando surgieron las PAC, y 1995, fecha en la que el gobierno del presidente Ramiro de León Carpio hizo un llamamiento para que fueran desmanteladas -declaración que, sin embargo, no constituía un marco legal para la disolución de las PAC-, las patrullas estaban integradas por entre 500.000 y un millón de individuos. Abusos cometidos por las patrullas durante el conflicto civil Durante su existencia, las patrullas fueron responsables de muchos miles de abusos: el informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) sobre el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que trata del conflicto armado interno de Guatemala, atribuye más del 90% de los casos documentados de abusos contra los derechos humanos a las fuerzas armadas guatemaltecas y a sus auxiliares civiles, los comisionados militares Pese a ser civiles, los comisionados militares servían a las órdenes del ejército. Durante el conflicto desempeñaban funciones de orden público y de información y actuaban como los «ojos y oídos» del ejército en las comunidades rurales, y muchas veces de intermediarios entre el ejército y las comunidades. Con frecuencia también dirigían las patrullas civiles. y las patrullas civiles El ejército estuvo implicado en el 90,52% de las matanzas registradas, actuando por sí solo en el 55% de estos sucesos. El resto de las matanzas fueron perpetradas con el respaldo de las PAC y los comisionados militares (ODHAG 1999: 134-135). Los estudios realizados por la CEH revelan que las PAC habían cometido el 12% del total de abusos contra los derechos humanos ocurridos durante el conflicto (1999).. De los incidentes registrados por el REMHI, las PAC estuvieron implicadas por sí solas en 1.731 casos de abusos contra los derechos humanos (un total de 3.424 víctimas) y, conjuntamente con el ejército, en 1.799 casos (un total de 10.602 víctimas), lo que incluye la participación en 342 matanzas. A pesar de la abolición formal, las patrullas siguen en activo Las patrullas fueron abolidas legalmente en julio de 1996 tras una declaración del general Julio Balconi, entonces ministro de Defensa Nacional. Su desmantelamiento constituye una parte esencial de los acuerdos de paz firmados en 1996 entre el gobierno y la entonces oposición armada. No obstante, las PAC y los comisionados militares han mantenido sus estrechos vínculos con el ejército y siguen cometiendo abusos contra los derechos humanos en forma de amenazas, intimidaciones, linchamientos y homicidios. La presente acción incluye un apéndice con una relación de incidentes atribuidos a las patrullas desde 1996, fecha de su abolición formal. Asimismo, estos grupos e individuos jugaron un papel decisivo en la consolidación de redes de control social y obtención de información en las comunidades. También han conservado posiciones de autoridad en muchas comunidades, lo que, según se ha dicho, les ha proporcionado beneficios desproporcionados procedentes de fondos estatales y proyectos de desarrollo. Los patrulleros reclaman compensación La reaparición de las patrullas tomó un cariz alarmante a mediados de junio de este año, cuando ex patrulleros bloquearon las antiguas ruinas mayas de Tikal en la selva del Petén, tomando como rehenes a turistas extranjeros para reclamar compensación por su participación forzada en las PAC durante el conflicto interno. Este acto fue el primero de una serie de movilizaciones y actividades emprendidas por las PAC con el objeto de obtener compensación. Para agosto de 2002, la movilización inicial en junio de ex componentes de las PAC en El Petén ya se había visto seguida de manifestaciones de hasta 20.000 ex patrulleros en toda Guatemala, como las que se organizaron en los departamentos de Mazatenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Sololá, San Marcos, El Quiché, Chimaltenango, Jutiapa, Totonicapán y Huehuetenango. Según se ha dicho, los actos de los patrulleros son organizados por miembros de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), una organización conservadora que defiende los intereses de ex soldados y patrulleros. Respuesta del gobierno a las demandas de compensación Ante la fuerza ganada por las movilizaciones de las PAC en agosto de 2002, el presidente Alfonso Portillo (que asumió el cargo en el 2000) accedió rápidamente a reunirse con ex patrulleros para tratar sus demandas de compensación, un gesto que el gobierno no ha mostrado hacia las decenas de miles de víctimas civiles de las fuerzas armadas guatemaltecas y de las PAC. Diversas fuentes gubernamentales han declarado que es posible que los grupos reciban hasta 20 millones de dólares estadounidenses como compensación, lo que supone cerca de 25.000 quetzales por persona. Según los informes, el gobierno tiene la intención de proponer nuevos proyectos de desarrollo a los patrulleros dentro del conjunto de medidas de compensación. Se han propuesto diversas fórmulas de financiación para estas medidas, como la creación de un nuevo impuesto y la introducción de Eurobonos. El presidente Portillo ha anunciado que los pagos podrían efectuarse el 15 de septiembre, en lo que al parecer sería un gesto simbólico que conmemoraría el Día de la Independencia de Guatemala. La propuesta de pago a los ex patrulleros no se ha presentado por el momento al Congreso. La receptividad del FRG a las demandas de compensación, ¿ha procedido de sus vínculos con las PAC? Grupos no gubernamentales de Guatemala indican que las renovadas demandas de compensación de las PAC deben entenderse en el contexto de su relación histórica con el FRG así como de la próxima celebración de elecciones. En la actualidad, el FRG cuenta con mayoría en el Congreso Nacional de la República, presidido por el general Efraín Ríos Montt, con quien se afirma que las PAC tienen vínculos especialmente estrechos. El general Ríos Montt fue miembro fundador del FRG y, como presidente del Congreso, se le considera comúnmente el poder fáctico detrás del gobierno actual del presidente Portillo. El general fue el hombre fuerte en una de las fases más brutales de la campaña de contrainsurgencia del ejército guatemalteco, caracterizada por una estrategia de tierra arrasada (marzo 1982 - agosto 1983). En ese periodo, decenas de miles de indígenas no combatientes - hombres, mujeres y niños- murieron en centenares de matanzas perpetradas por el ejército y precedidas a menudo de torturas tales como la violación, atrocidades en las que en muchos casos participaron activamente las PAC. La estrategia tras estos actos era la de tomar a los civiles como blanco para aniquilar la base social de las guerrillas en las comunidades rurales mayas de las tierras altas del oeste y el noroeste del país. El general Ríos Montt fue quien concibió y puso en práctica esta estrategia. Hoy día, él y otros ex miembros de su comando militar y del de su predecesor como dirigente militar, el general Romeo Lucas García (1978-1982), están sometidos a acciones judiciales en Guatemala y en el extranjero por genocidio y otros crímenes contra la humanidad cometidos bajo su dirección durante los años del conflicto (véase El legado mortal de Guatemala: El pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos, índice AI: AMR 34/001/2002/s). No obstante, el general Ríos Montt ha anunciado que proyecta presentarse como candidato en las próximas elecciones, a pesar de que como participante en un golpe militar en el pasado, la Constitución se lo impide. Mientras tanto, y como presidente del Congreso, se considera que retiene el poder para asegurarse de que él y los cargos militares de la línea dura, así como ex patrulleros locales, puedan seguir imponiendo su autoridad y conservando su inmunidad frente los intentos de llevarlos ante la justicia por los crímenes cometidos en el pasado. Esto hace abrigar el temor de que la presencia persistente de ex patrulleros en puestos de autoridad local y los informes que señalan que las PAC conforman la base del FRG en la zona rural del país se conviertan en factores explotados y fomentados por el partido al acercarse las elecciones de 2003. De hecho, se recibieron informes similares respecto a las previas elecciones de 1999. En un artículo reciente del diario británico The Guardian, un portavoz de las PAC declaró que el general Ríos Montt prometió por primera vez pagar "compensación" a las PAC sólo unos meses antes de aquellas elecciones. Por su parte, Edgar Gutiérrez, el actual secretario de Asuntos Estratégicos, manifestó en una entrevista al periódico guatemalteco Siglo XXI que el gobierno del FRG recibió la primera demanda de compensación por parte de ex patrulleros en el año 2000 y que ésta fue atendida en febrero de 2001 mediante un acuerdo para un proyecto de desarrollo destinado a los afectados (Siglo XXI, 19/08/02). Es en este contexto en el que deben enmarcarse los abusos atribuidos a las patrullas en los últimos años y los debates actuales sobre la compensación a las PAC. Oposición a la compensación Muchos sectores y organizaciones dentro del espectro político de Guatemala se han opuesto a la idea de pagar a los ex miembros de las PAC. Esta oposición procede de grupos muy variados, desde la Cámara de Comercio de Guatemala y el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF), que representa a los sectores más conservadores y poderosos del país, hasta la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (que ahora es un partido legal), además de diversas embajadas y organizaciones internacionales. En general, esta amplia y diversificada oposición a cualquier tipo de pago del gobierno a las PAC tiene que ver con el principio de que todas las víctimas del conflicto deben ser resarcidas. Grupos de defensa de los derechos humanos, como el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, también han apuntado que las patrullas civiles desempeñaron un papel decisivo en las atrocidades cometidas en el conflicto armado interno y, por lo tanto, todo pago que se les efectuase contravendría los acuerdos de paz. La Oficina considera además que cualquier tipo de pago a las PAC supondría un insulto a la dignidad y a la memoria de las víctimas. En ese sentido, y según el informe Memoria del silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), las víctimas del conflicto se definen como aquellas personas que no participaron en los abusos y la violencia que lo caracterizaron. Esta definición, pues, relegaría a los miembros de las PAC de la condición de víctimas. Sin embargo, muchas personas, entre las que se cuentan miembros de organizaciones locales y nacionales de derechos humanos, fueron obligadas a formar parte de las patrullas civiles temiendo por sus vidas o las de sus familias, por lo que todo intento de distinguir a las víctimas de los autores de abusos sería muy complejo, y toda decisión de resarcir a unos grupos determinados y no a otros desencadenaría asimismo dificultades y tensiones potencialmente virulentas. No obstante, queda claro que además de la disconformidad por principio con las propuestas de compensación, existe también un cierto provecho político en oponerse a tales acciones del FRG, especialmente a la vista de las próximas elecciones. Siendo así, tal vez no sorprenda que entre los opositores a las propuestas del FRG se encuentren adversarios políticos pertenecientes a otros partidos como el predecesor en el ejecutivo, el Partido de Avanzada Nacional (PAN), durante cuyo gobierno se completó el proceso de paz y se firmó el acuerdo de paz final. Motivos de preocupación de AI respecto al debate sobre la compensación: En lo que respecta al debate actual en Guatemala acerca de si los ex miembros de las milicias civiles de las PAC deberían ser compensados por su servicio forzoso en las patrullas durante el prolongado conflicto civil guatemalteco, AI reitera su posición de apoyar firmemente la puesta en práctica de las recomendaciones sobre derechos humanos de los acuerdos de paz de 1996 y de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), establecida en virtud de dichos acuerdos, que se refieren a este tema. Las preocupaciones específicas en cuanto al resarcimiento pueden resumirse como sigue: Resarcimiento AI considera que todas las víctimas de abusos contra los derechos humanos y sus familias, incluidas las mujeres que sufrieron agresiones sexuales en el contexto del conflicto, deben recibir reparaciones. Esta medida, reconocida en los acuerdos de paz como deber del Estado, no se ha llevado a cabo a pesar de que sectores de la sociedad civil presentaron en 1999 el Plan Nacional de Resarcimiento, una propuesta de un grupo de organizaciones no gubernamentales enmarcada dentro de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y destinada a resarcir a las víctimas del conflicto armado interno. Por otra parte, grupos locales de defensa de los derechos humanos apuntan que cualquier tipo de compensación a ex patrulleros, independientemente de su posible implicación en abusos contra los derechos humanos, marginaría de hecho al Plan Nacional de Resarcimiento. Estos grupos indican que, para la sociedad guatemalteca, ofrecer compensación a los autores de abusos contra los derechos humanos representaría, por parte del FRG, un signo claro de aceptación tácita de los actos que cometieron en el pasado y de consentimiento de su actual actividad desestabilizadora. Impunidad La Comisión para el Esclarecimiento Histórico recomendó asimismo que se establecieran comisiones especiales que investiguen la conducta de militares y de agentes de seguridad al servicio del Estado durante el conflicto armado y que se adoptaran las medidas necesarias respecto a las violaciones de las normas aceptadas internacionalmente en materia de derechos humanos. Estas acciones no se han emprendido, y AI sigue creyendo firmemente que es fundamental identificar a aquellos que ordenaron y perpetraron las atrocidades que caracterizaron los años del conflicto para que comparezcan ante la justicia, paso esencial para restablecer el respeto de la ley en la sociedad y para crear la paz firme y duradera que piden los acuerdos de paz. AI es consciente de que miembros de las patrullas constituyeron en sí mismos víctimas de abusos. No sólo era obligatorio el servicio en las PAC, sino que sus miembros involuntarios eran blanco de abusos cuando se negaban a prestar servicio o a desempeñar actos específicos ordenados por el ejército. No obstante, y dado que los estudios de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico revelaron que las PAC fueron responsables del 12% de todos los abusos contra los derechos humanos durante el conflicto, AI insta a que se proceda también a la investigación de sus actos a lo largo del conflicto, así como a que todo miembro de las PAC que haya cometido abusos contra los derechos humanos responda de tales actos si se demuestra su culpabilidad. Incumplimiento de la disolución de las patrullas exigida por los acuerdos de paz Según los acuerdos de paz de 1996 que pusieron fin formalmente al conflicto civil guatemalteco, las PAC debían ser desmanteladas. No obstante, AI ve con preocupación que las redes locales de las PAC han recurrido a la violencia y a la intimidación para preservar su dominio social y político en sus comunidades y para mantenerse prácticamente como estructura de poder alternativo en la Guatemala rural. Todo acto que fomente la reactivación de una de las instituciones claves de la contrainsurgencia contravendría también las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y del REMHI respecto a la desmilitarización del país y contribuiría en realidad a todo lo contrario, la remilitarización de Guatemala. Nuevos abusos de las patrullas civiles Como se señala en este documento y su apéndice, AI siente preocupación ante la proliferación de informes de nuevos abusos cometidos por las patrullas civiles, por lo que exhorta a que tales abusos se investiguen y que se haga comparecer a sus autores ante la justicia. Posibles repercusiones políticas y económicas de la legitimación de las patrullas La compensación a las PAC podría interpretarse como una legitimación de estos grupos paramilitares a los se responsabiliza de forma documentada de participar en diversos abusos contra los derechos humanos y atrocidades. Esta medida, pues, podría contribuir a fortalecer su reaparición y a consolidar su poder de ámbito local, tanto de forma institucional como informal, un curso que reavivaría antiguas tensiones y divisiones. De este modo, se teme que las víctimas del conflicto y los defensores de los derechos humanos que procuran el procesamiento de los autores de delitos presentes y pasados podrían ser objeto de nuevas intimidaciones y atentados, lo que minaría los intentos de crear la paz firme y duradera que piden los acuerdos de paz. Asimismo, los vínculos entre el FRG y la red de las PAC ponen de manifiesto una vez más la debilidad y fragilidad de la sociedad política guatemalteca, especialmente si el FRG está, como parece, vinculado a la reaparición de las patrullas para movilizar a su electorado. En este contexto (en concreto, las próximas elecciones y la relación histórica entre poderosas figuras políticas del FRG y las PAC) se enmarca la persistencia de la violencia y la actividad política de las patrullas descrita anteriormente. AI considera de gran importancia que la formulación y la aplicación de un programa de compensación de este tipo se planteen con extrema prudencia para impedir que se fomente la reactivación de las patrullas y que se exacerben las tensiones entre ex patrulleros y otras voces que defienden la compensación de éstos por su servicio en las PAC, y otros sectores de la sociedad que se oponen a las propuestas de compensación. APÉNDICE: Abusos cometidos por las patrullas civiles en los años recientes 1996 El 1 de abril de 1996, Julio Ixmatá Tziquin, activista de derechos humanos y dirigente indígena, fue agredido por ex comisionados militares, ex miembros de las PAC y el alcalde de Guineales, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. Este incidente se produjo el mismo día en el que Ixmatá Tziquin debía asumir el cargo electo por la comunidad de jefe de la policía municipal. 1997 Entre diciembre de 1996 y julio de 1997, 3.000 ex miembros de las PAC ocuparon en dos ocasiones las instalaciones de Basic Resources, en el norte del Petén. Basic Resources es una compañía petrolera con vínculos con el ejército guatemalteco, lo que podría explicar por qué los ex patrulleros decidieron ocupar su filial guatemalteca. El grupo reclamaba compensación por un valor de 60.000 quetzales por su participación forzosa en el conflicto armado interno. Sin embargo, Raquel Zelaya, coordinadora en aquel momento de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), organismo gubernamental encargado de supervisar la puesta en práctica del proceso de paz, se opuso a cualquier tipo de pago por considerar que, al haber formado parte de las PAC voluntariamente, no debían recibir compensación. El 15 de septiembre, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDGH), una de las primeras organizaciones de derechos humanos creada en la Guatemala moderna y con históricos lazos con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, condenó las intimidaciones que llevaron a cabo ex miembros de las PAC en Cantón Paxot, Chichicastenango, El Quiché. Un mes más tarde, el 28 de octubre, el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), una organización que representa a los campesinos desplazados, acusó al alcalde de Chajul, El Quiché, de participar en la actividad y en las amenazas de ex patrulleros armados, así como de beneficiarse de estos actos. 1999 En abril de 1999, una concentración de 600 ex patrulleros y campesinos invadió la prisión de Huehuetenango. Tras entrar en ella por la fuerza, atacó a los guardias y liberó a 12 ex patrulleros que cumplían condenas de 25 años por el asesinato en 1993 del activista agrario indígena Juan Chanay Pablo en la localidad de El Naranjal, Colotenango, Huehuetenango (véase AMR 34/16/99/s). El 25 de septiembre, en San Juan Comalapa, Chimaltenango, un grupo de 40 ex comisionados militares armados con machetes se enfrentó tras un mitin al candidato a la vicepresidencia por el partido guatemalteco de centroizquierda, Alianza Nueva Nación (ANN), Vitalino Similox. El suceso fue denunciado a las autoridades a la vez que se condenaron los vínculos entre el grupo y el ejército. No obstante, Douglas Barrera, jefe en aquel entonces del Departamento de Información y Divulgación del Ejército (DIDE), negó tales vínculos. Miembros de la Alianza Nueva Nación manifestaron que el resurgimiento local de las PAC era una estratagema política del FRG. 2000 En julio, un grupo de ex patrulleros linchó a ocho residentes de Xalbaquiej, Chichicastenango, El Quiché. Según informes, las motivaciones ocultas de estos homicidios eran de índole política. Las víctimas habían interpuesto una querella contra los patrulleros por la matanza de familiares suyos en 1993. Al parecer, los patrulleros actuaron respaldados por agentes del Estado locales vinculados con el FRG. Si bien la policía anunció que tramitaría tres órdenes de arresto, los cabecillas del atentado, según informes, habían abandonado la zona. Ese mismo año, en Baja Verapaz, tres ex patrulleros fueron declarados culpables de dos muertes y condenados a la pena capital, condena que fue conmutada posteriormente por 50 años de prisión. Tras la sentencia, familiares de los condenados tomaron como rehén a un juez local en protesta, si bien no fueron procesados. Según un observador que asistió al juicio en nombre de Amnistía Internacional, ex miembros de las PAC irrumpieron en la sala durante el juicio y amenazaron e intimidaron a los funcionarios y a los testigos por el sistema de megafonía, lo que forzó la suspensión de la vista. En octubre, miembros del Frente de Pobladores de Guatemala (FREPOGUA) iniciaron una huelga de hambre frente a la residencia oficial del presidente para pedir programas gubernamentales de alojamiento para personas sin hogar. A trabajadores de esta organización les dispararon desde un automóvil y fueron agredidos por ex miembros de las PAC. 2001 A lo largo del 2001 se han sucedido las informaciones que señalan la reaparición y la reanudación de las actividades de la red de patrullas civiles por todo el país, en las que se incluyen casos de linchamiento en diversas zonas de los departamentos de El Quiché y Baja Verapaz. En junio, dos comunidades indígenas fueron atacadas por individuos a los que se describió como ex miembros de las patrullas civiles (véase AU 168/01, índice AI: AMR 34/24/2001/s). El 22 de junio, en la comunidad de Repollaso Juquinay, en el departamento de Baja Verapaz, ex miembros de las PAC y ex comisionados militares agredieron al dirigente campesino Carlos Morales y tomaron como rehenes a otras cinco personas a las que liberaron posteriormente. Tres días más tarde, unos 30 ex patrulleros fuertemente armados asaltaron la comunidad de Los Cimientos, El Quiché. Según los informes, violaron a tres mujeres, destruyeron 86 viviendas y secuestraron a siete niños a los que devolvieron el día siguiente. Como consecuencia, 90 familias abandonaron la comunidad. El 28 de junio, en otro incidente posiblemente vinculado a la actividad de los ex patrulleros, unos hombres armados dispararon y mataron en Santa Maria Tzejá, El Quiché, a Domingo Ux Quizán, un conocido dirigente comunitario. Santa Maria Tzejá es una de las comunidades implicadas en las querellas contra antiguos miembros del alto comando militar de los gobiernos del general Lucas García y el general Ríos Montt presentadas por los supervivientes de diversas matanzas, agrupados en la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR). Ambos generales están acusados de genocidio y otros crímenes contra la humanidad. En julio, el defensor indígena de los derechos humanos Anselmo Roldán, presidente de la Asociación Justicia y Reconciliación, fue atacado con arma blanca en la comunidad de Cuarto Pueblo, Playa Grande, Ixcán. Su agresor huyó a una casa perteneciente a miembros del partido en el gobierno, el FRG (véase AU 192/01, índice AI: AMR 34/027/2001/s). En el mismo año, testigos de otras comunidades rurales implicadas en el caso de genocidio que nos ocupa, fueron amenazados por ex patrulleros La Asociación Justicia y Reconciliación ha presentado dos querellas con la ayuda de su representante legal, la asociación de derechos humanos CALDH (véase El legado mortal de Guatemala: El pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos, índice AI: AMR 34/001/2002/s)., que les advirtieron: «Olvidar los huesos... Si quieren reclamar sobre lo que pasó en la aldea, van a vivir lo mismo otra vez». * Dr. Roddy Brett Campaigner, Adjunto de Investigación y Acción, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Venezuela Americas Program, Programa de las Américas International Secretariat, Secretariado Internacional, Amnesty International, Amnistía Internacional.