El 6 de septiembre se cierra el tortuoso y tedioso ciclo que comenzó desde que la clase política aprobara la reforma constitucional en materia y derechos indígenas en el Senado de la República el 25 de abril del año 2001. Las muchas voces de protesta que se levantaron no fueron suficientes para impedir que la maquinaria de Estado arrollara cualquier intento de resistencia en la Cámara de Diputados y en los sucesivos Congresos estatales para que finalmente el presidente de la República promulgara los cambios constitucionales el 14 de agosto siguiente, pese a la denuncia de las múltiples fallas de procedimiento cometidos a nivel estatal y federal. Esta fue la segunda vez que claudicó el presidente de la República en su juramento de "cumplir y hacer cumplir la Constitución" como juró al tomar posesión en diciembre del año 2000. La primera vez, fue cuando presentó ante el propio Congreso de la Unión la iniciativa de reformas constitucionales elaborada por la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), misma que abandonó a su suerte en la arena-coliseo de intereses partidistas que representa el Congreso de la Unión. Nunca la defendió ni argumentó a su favor, a no ser por los grises esfuerzos de una empresaria metida a novicia funcionaria pública defensora de los indios. En el escenario de la enorme movilización social de la Marcha Zapatista que recorrió 13 entidades federativas y culminó con su participación en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, es que se da la claudicación de los legisladores en su papel equilibrador de intereses públicos y privados. Ante la demanda social, expresada en las muchas consultas y encuestas realizadas a lo largo de más de cinco años de la firma de los primeros acuerdos entre el EZLN y el gobierno federal, los legisladores antepusieron sus intereses de clase política: tanto la derecha como la centro-izquierda parlamentarias decidieron que era suficiente aprobar un texto legal que mediatiza las demandas centrales de los pueblos indígenas a ser reconocidos plenamente como sujetos de derecho y a aplicar decididamente el marco jurídico internacional vigente en México desde hace 10 años. Haciendo a un lado a quienes dicen representar, todas las fuerzas políticas pactaron una ley que diluye en los hechos la pretensión explícita de establecer verdaderamente una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano por la vía de su reconocimiento como pueblos y la autonomía como forma de ejercicio. 330 autoridades de los estados con mayor población indígena del país presentaron entonces recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogando por la anulación de la entrada en vigor de la reforma constitucional, en tanto no se cumplieran a cabalidad los procedimientos legales para su aprobación, particularmente la consulta a los municipios y a las regiones indígenas, tal como establecen los ordenamientos estatales y particularmente el Convenio 169: a través de consultas "adecuadas" y de acuerdo con sus propios procedimientos. Luego de tantos meses transcurridos y de múltiples escaramuzas, los ministros de la Suprema Corte han claudicado también de su papel de fiel de la balanza en un conflicto de sobrada relevancia nacional: han argumentado su incompetencia para siquiera conocer del caso, y han sentado el precedente de que en el Congreso puede hacerse lo que sea de nuestra Constitución, sin que haya ningún otro poder que verifique que dichos cambios hayan sido elaborados "conforme a derecho". Vivimos entonces, en las tres esferas del poder constituido en el país, una práctica cotidiana de la claudicación como la mejor forma de "dejar hacer" lo que sea, a la clase política que por décadas ha gobernado a la Nación. Lo previsible y lo imprevisible Observando en perspectiva lo que ha ocurrido con la claudicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las controversias constitucionales presentadas en contra de la reforma constitucional en materia indígena, habría que preguntarse si era previsible este fallo y si verdaderamente era posible que fuera en otro sentido. Dicho de otro modo: ¿quién pudo haber creído que solamente por la vía legal se llegaría a una transformación radical del sistema político y social de México, más aún cuando ahora tenemos en el poder a un partido conservador, fuertemente ligado a poderosos intereses reaccionarios? El mismo día en que se conoció la noticia de la claudicación de la Suprema Corte, algunos dirigentes indígenas declararon que sí tenían una leve esperanza de un fallo a su favor, y de que esta manera pudieran corregirse en algo las fallas de procedimiento y el contenido de las reformas implantadas. Pero no en pocas ocasiones, en reuniones y asambleas del Congreso Nacional Indígena y de diversas organizaciones no dejaron de vislumbrarse varios escenarios: el más promisorio era obviamente que la Corte fallara a favor de las controversias, lo que no garantizaba nada, ya que en rigor, el Congreso de la Unión debería subsanar las fallas de procedimiento, lo que no significaría rediscutir el contenido de la reforma. El peor escenario hubiera sido que la Corte fallara en contra de las controversias, validando la reforma argumentando que sí se hubieran cumplido los requisitos para considerarla legal y legítima. Pero el resultado que ahora vivimos es poco menos que el peor escenario previsto: la Corte se declaró incompetente para siquiera conocer el caso, y además genera jurisprudencia aplicable a casos similares en el futuro, al declarar que el Congreso de la Unión (y en este caso su Comisión Permanente) se erige en Organo Reformador supremo de la Constitución Federal, sin que ningún poder pueda verificar si se ha conducido "constitucionalmente". En este galimatías apasionante sólo para algunos abogados, nuevamente hay que recordar los pronósticos sobre los escenarios previsibles elaborados en tantos meses de reuniones y movilizaciones sociales en torno de la disputa por una reforma legal y legítima. Por supuesto que era necesario interponer los recursos legales a la mano. Evidentemente que había que generar la mayor movilización y visibilidad en torno a los argumentos de las autoridades indígenas, pero definitivamente que ese no debía ser ni el único camino ni la única alternativa a explorar por parte de los pueblos y sus organizaciones. Inclusive, habría que valorar muy objetivamente si se hicieron todos los esfuerzos posibles para respaldar todo este proceso y si las movilizaciones efectuadas tuvieron el impacto necesario. Sólo recordemos que más de 300 controversias fueron elaboradas por autoridades municipales del Estado de Oaxaca, y la enorme mayoría no se presentaron a las audiencias en la Corte. Sólo las autoridades de Morelos movilizaron importantes contingentes hasta la sede de la Suprema Corte, y no se logró conjuntar una estrategia conjunta por parte de los varios equipos de abogados y asesores de los grupos de autoridades más combativas. Desafortunadamente para nosotros, hay que recordar que en el Senado están listas las reformas de 16 leyes federales para profundizar el espíritu de la reforma espuria que tanto combatimos. Este mes de julio el Instituto Nacional Indigenista (INI) realizó y terminó su consulta sobre la reforma institucional que permitirá también adecuar la sexagenaria institución a los nuevos aires conservadores y derechistas que pretenden convertir a los indígenas en empresarios, y justamente este mes de septiembre el presidente Fox ha anunciado que no se destinarán más recursos fiscales para financiar al campo mexicano, sino que ahora serán los bancos (98% en manos de extranjeros) los que tendrán intervención directa a través del Programa "Contigo Capitalista Procampo". El escenario social se complica más al entrar de lleno en un frenético año electoral, con una descomunal privatización energética en ciernes, cambios en la ley federal del trabajo y la implantación sobre ruedas de planes de desarrollo como el Plan Puebla Panamá (PPP) y el establecimiento del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Y nuevamente valdría hacer la pregunta inicial: ¿Pronóstico para qué?. Si la anticipación de escenarios como estrategia para planear acciones futuras fuera una herramienta utilizada constantemente por nuestras organizaciones, no debería sorprendernos el curso que están tomando los acontecimiento y más aún, ya deberíamos tener claridad sobre lo que de ahora en adelante deberíamos hacer todos. Pero independientemente de pecadores por esperanzados o idealistas que muchos de nosotros podamos ser, lo cierto es que más que pronósticos y previsiones sobre probabilidades y posibilidades, el reto sigue siendo tener una práctica política y una acción movilizadora que en los hechos consolide un proyecto social alternativo desde sus bases, sin esperar que desde la clase política siempre en el poder, pueda llegar la salida que todos esperamos. ¿Y ahora que?: los caminos y sus mitos Por mucho tiempo se pensó que la legalidad era el camino para el cambio posible para establecer una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano, tal como establecen los Acuerdos de San Andrés, negociados y firmados por el EZLN y el gobierno federal desde febrero de 1996. Inclusive durante meses y años no sólo se preferenció la vía del discurso político y la argumentación técnico jurídica por parte de las organizaciones indígenas del Congreso Nacional Indígena, sino que se llegó a sugerir que no se abrieran otros frentes que debilitaran tal camino. Ahora que la Suprema Corte de la Nación a sucumbido al muy cómodo pero nada digno papel de la claudicación al declararse incompetente para atender las cientos de controversias constitucionales interpuestas en contra de la espuria reforma constitucional promulgada el 14 de agosto de 2001, algunos dirigentes y especialistas afirman que finalmente se ha cerrado el camino legal para los pueblos indígenas a darles la espalda el Ejecutivo federal, al traicionarles el Poder Legislativo y ahora cerrarles sus puertas el Poder Judicial. Pero habría que preguntarnos: ¿alguna vez han estado abiertas sus puertas para los pueblos indios? En un país como México con más de 100 millones de personas y mucho más de 10 millones de indígenas, no hay gobierno en todo el país fuera del ámbito municipal que pueda nombrarse indio. De los más de 500 legisladores federales y de los miles de diputados locales, no hay uno que responda a los intereses de pueblos y organizaciones indígenas y mucho menos que hayan sido elegidos conforme a sus usos y costumbres. Y no se diga del sistema de justicia: en toda la historia no ha habido un solo juez, magistrado o ministro que pueda considerarse indígena y representar y defender sus derechos e intereses. En casos excepcionales, habrán llegado a las altas esferas del poder, personas de origen indígena, pero ya sea por esfuerzo personal o formando parte de un grupo o partido político distinto a los intereses de su pueblo indígena. A este respecto, es muy reciente la experiencia de algunos líderes indígenas que se incorporaron al gobierno conservador de Vicente Fox y que al cabo de unos cuantos meses, muchos de ellos han sido despedidos o han debido presentar su renuncia al comprobar nuevamente, que desde dentro, desde la institucionalidad gubernamental los cambios posibles tampoco son realizables. Ante la desilusión y desesperanza que siembran las espaldas, traiciones y cerrazones de los poderosos, hay que decir que la legalidad y la institucionalidad no han estado abiertas para los cambios profundos que exigen los pueblos indígenas en sus propuestas. O dicho de otro modo: no es que ahora se hayan cerrado, sino que siguen estando igual de abiertas que desde hace mucho tiempo. ¿Qué impide que, independientemente del fallo de la Suprema Corte en contra de los pueblos, no pueda presentarse una nueva iniciativa de reformas constitucionales de acuerdo a sus propios intereses? ¿Qué impide que una vez presentada dicha iniciativa de reformas, no pueda triunfar, no pueda superar los intereses que se le oponen? ¿Qué impide que por la vía de los hechos, como tantas veces sucede en México, se logre arrancar al poder una resolución, una ley, una declaración que fortalezca los movimientos sociales que lucha por conservar lo poco que les queda de patrimonio histórico y cultural? La balanza en el juego de correlaciones de fuerzas, pero sobre todo, la profundidad en el cambio en las estructuras de poder real, son quienes hacen posible los cambios históricos más allá de los cambios en el comportamiento o en los discursos de la gente. Es por ello que la organización debiera ser vista como una forma superior de lucha por lo deseable. Más allá de las presiones callejeras ante los edificios del poder, más allá de los discursos y declaraciones más beligerantes, más allá también de las floridas argumentaciones jurídicas y legaloides, el ejercicio de un cuerpo de principios y valores organizativos, extendido en las diversas comunidades y pueblos, son los que harán girar al reloj de la historia en otro sentido. El reto del movimiento indígena sigue siendo la articulación de sus propias experiencias de resistencia y ejercicio por la vía de los hechos de los principios que demandan a través de la autonomía política, económica y sociocultural. Los sistemas de cargos debieran ser el ejemplo a seguir a nivel nacional de la forma de crear y consolidar la comunidad que atraviese la geografía de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas. El establecimiento de redes de comunicación y de comercio justo debieran ser también los caminos para lograr el legendario autoabasto más allá del mercado de principios y valores. El fortalecimiento de nuestras comunidades por la vía de la salud, la alimentación y la educación, de otro tipo de salud, de otra clase de alimentación y de otra manera de ver la educación distinta a la perspectiva de poder y subordinación que nos mantiene sometidos y nos convierte en vasallos sostenedores del mismo sistema que padecemos junto con otros tantos millones de mexicanos, sumidos en la mediatización de sus aspiraciones y en la supervivencia. Muchos consideran que entramos de lleno en un momento de emergencia nacional. Ya no sólo indígena, ya no sólo laboral o gremial. De nuestras capacidades de encuentro y acción conjunta dependerá el curso que tomen los acontecimientos próximos.