Porto Alegre

Con apoyo de la Brigada Militar gaucha, el Ministerio Público del estado de Río Grande del Sur planeó "disolver" el Movimiento de los Sin Tierra (MST). “Estamos frente a la mayor conspiración civil-militar desde el final de la dictadura”, dice el abogado defensor.

Desalojo de áreas conquistadas, prohibición de cualquier desplazamiento de familias que viven en campamentos, uso de la violencia para dispersar movilizaciones, criminalización de líderes y de movimientos sociales. Estos episodios, corrientes en el estado de Rio Grande del Sur en los últimos dos años, son parte de una estrategia del Ministerio Público Estatal y de la Brigada Militar para disolver al Movimiento de los Sin Tierra (MST). Las denuncias fueron divulgadas en audiencia pública el martes (24) y están basadas en un acta del Consejo Superior del Ministerio Público gaucho.

El 3 de diciembre de 2007, el Consejo aprobó el informe de los fiscales Luciano de Faria Brasil y Fábio Roque Sbardelotto, que investigaron al MST durante un año. El informe utiliza textos del sociólogo Zander Navarro y del filósofo Denis Rosenfield, notorios opositores del Movimiento, y otro informe de la Brigada Militar, firmado por el comandante Waldir João Reis Cerutti, ex candidato a diputado provincial por el Partido Progresista (PP).

Según los fiscales, el MST es una organización paramilitar, entrenada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y representa una amenaza a la seguridad nacional.

Criminalización del Movimiento

Por unanimidad, el Consejo del Ministerio Público (MP) gaucho decidió iniciar una serie de medidas para la “disolución del MST y declaración de su ilegalidad”.

Para cumplir con este objetivo, el Consejo Superior del MP tomó una serie de medidas. Dispuso la prohibición de cualquier desplazamiento de los sin-tierra, como marchas o caminatas. Pasó a investigar campamentos y líderes por “prácticas criminales”, así como asentamientos y el uso de subsidios públicos. Tomó iniciativas en el sentido de intervenir en las escuelas de los asentamientos, inclusive en el “aspecto pedagógico”. Y se orientó a “desactivar” todos los campamentos.

La decisión del Ministerio Público ya se viene ejecutando desde el año pasado, cuando una marcha de trabajadores sin-tierra fue impedida de acercarse a todos los municipios de la Comarca de Carazinho. Desde el inicio de este año, la acción de la Brigada Militar en las manifestaciones ha sido más agresiva, no negocia con los movimientos, ha herido y apresado a varias personas.

Acción inconstitucional

“Estamos frente a la mayor conspiración civil-militar realizada para aniquilar un movimiento social desde el final de la dictadura militar brasileña”, declaró el abogado Leandro Scalabrin, autor de las denuncias. Para el abogado, la decisión del Ministerio Público viola el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Constitución Federal.

Scalabrin dijo que el Ministerio Público y la Brigada Militar recurren al modelo de policía especial alemana denominada Kavala. “La Kavala no sólo suspendió la separación entre policía y jurisdicción, sino también pasó a describir 'la verdad' para jueces y juezas” explica. En Alemania, culminó con la creación de “zonas especiales” donde se suprimieron los derechos de reunión y manifestación, se ficharon cientos de líderes y se iniciaron más de mil procesos judiciales.

Documentos del propio informe contradicen la acusación de los fiscales: una investigación de la Policía Federal, realizado entre enero y agosto del año pasado, verificó que no hay ninguna relación del MST con las FARC e incluso con “extranjeros en la región” y concluyó que “no existe crimen contra la seguridad del Estado”.

En un comunicado público, la Coordinación Provincial del MST afirma que en Río Grande del Sur se vive una situación de “amenazas a las libertades conquistadas tras el fin de la dictadura militar”. Según la Coordinación, “El tenor de los documentos y la propia práctica de estas instituciones representan un retroceso al autoritarismo, a la falta de respeto a la Sociedad Civil y a la incapacidad de respetar la pluralidad política y social”. (Traducción: ALAI)

Articulo original publicado en portugués por Brasil de Fato

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