Denuncia al Alto Comisionado por violaciones de derechos humanos en Sucre
26/05/2008
- Opinión
La Paz
El Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales hizo llegar al Alto Comisionado para los Derechos Humanos las denuncias contra el Gobierno Municipal de la Ciudad de Sucre por la comisión de delitos de lesa humanidad, al fomentar acciones de intolerancia, racismo y la existencia de grupos de choque y contra el Gobierno Central por omisión, al permitir que se cometan hechos como los ocurridos en la ciudad el 24 de mayo en la ciudad de Sucre.
Guillermo Vilela, director del Observatorio de Derechos Humanos, dijo que el diagnóstico para realizar dicha denuncia fue las actitudes de discriminación racial, trato cruel e inhumano, las acciones contra la libertad de opinión, expresión y el derecho a la información, además de intolerancia política y la impunidad en la que se encuentran una serie de acciones que sistemáticamente se han dado desde el pasado año.
Además agregó "no se puede aceptar que grupos radicales armados con palos, puedan perseguir, pegar, detener e insultar y amenazar de muerte a trabajadores campesinos, detenerlos, despojarles de su vestimenta, hasta quedar con el torso desnudo, hacerles arrodillar, obligarles a gritar arengas a favor de la autonomía".
El número de heridos registrados en los hospitales llega a 20 personas, pero según información recogida por el Observatorio la suma llegaría a más de 50. Esto es sólo una muestra de las acciones de intolerancia llegando a un punto de presión en el que las y los trabajadores campesinos, para ingresar a la ciudad se ven obligados a cambiar su vestimenta original. Es decir obligarles a realizar acciones contra su identidad.
El documento denuncia enviado al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, con copia a otras instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cita una serie de acciones de intolerancia y violación a los derechos humanos cometidos en la presente gestión como: Agresiones contra la Ministra de Justicia en Sucre; agresiones contra ciudadanos del occidente en el oriente; agresiones de sectores sociales contra grupos pacifistas; detención en Oruro del joven Nelson Pérez Paco, por haber hecho un graffiti a favor de la autonomía; detención de Mujeres Creando en Santa Cruz por expresar su sentir a través del graffiti; detención de una persona por denunciar un fraude en la votación para la aprobación del estatuto autonómico de Santa Cruz, el 4 de mayo; la quema de ánforas y represalias y agresiones físicas en contra de dirigentes sociales en Santa Cruz; agresiones físicas contra el sacerdote Adalid Vega Veizaga, en San Ignacio de Velasco de Santa Cruz, por expresar su opinión; agresiones contra los periodistas y la libertad de prensa en cabildos y movilizaciones sociales; agresiones contra el diputado y senadora del MAS, César Navarro y Ana Rosa Velásquez, que se encontraban en tránsito en el Aeropuerto de Sucre; la oposición de grupos a que el Presidente de la República visite la ciudad de Sucre, Tarija, Santa Cruz; atropellos contra la libertad de pensamiento en diferentes escenarios públicos; discursos y manifestaciones que denotan intolerancia y agresión a las diferencias; atentado a la vivienda del candidato del MAS a la Prefectura , Walter Valda y la servidumbre a que son sometidos algunos hermanos y hermanas bolivianas en determinadas haciendas del oriente boliviano y centros laborales de otras regiones.
Entre los artículos violados, según el Observatorio, están: En la Constitución Política del Estado, Artículo 6 (inciso II).- La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos los siguientes artículos: Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la seguridad de su persona, Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, Artículo 6. La Ley debe protegerte de la misma manera en todas partes y al igual que todas las personas. Artículo 7.- La Ley es igual para todos: se debe aplicar a todos en la misma forma, Artículo 9.- Nadie podrá ser detenido arbitrariamente detenido, Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, Artículo 19.- Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión.
Y según la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial el Artículo 3 Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza, el Artículo 4, inciso c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella y el Artículo 5, inciso b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o cualquier individuo, grupo o institución.
Con esta denuncia el Observatorio pretende que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos realice una acción urgente, con el objetivo investigar, reparar los derechos conculcados y sancionar a las y los responsables de las violaciones a los derechos humanos, para que de este modo podamos prevenir, una espiral de violencia, que se desate a consecuencia y la impunidad en la que se quedan estos hechos.
RED ADA, boletín Nro. 17, 26 de Mayo 2008
La Paz – Bolivia
El Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Sociales hizo llegar al Alto Comisionado para los Derechos Humanos las denuncias contra el Gobierno Municipal de la Ciudad de Sucre por la comisión de delitos de lesa humanidad, al fomentar acciones de intolerancia, racismo y la existencia de grupos de choque y contra el Gobierno Central por omisión, al permitir que se cometan hechos como los ocurridos en la ciudad el 24 de mayo en la ciudad de Sucre.
Guillermo Vilela, director del Observatorio de Derechos Humanos, dijo que el diagnóstico para realizar dicha denuncia fue las actitudes de discriminación racial, trato cruel e inhumano, las acciones contra la libertad de opinión, expresión y el derecho a la información, además de intolerancia política y la impunidad en la que se encuentran una serie de acciones que sistemáticamente se han dado desde el pasado año.
Además agregó "no se puede aceptar que grupos radicales armados con palos, puedan perseguir, pegar, detener e insultar y amenazar de muerte a trabajadores campesinos, detenerlos, despojarles de su vestimenta, hasta quedar con el torso desnudo, hacerles arrodillar, obligarles a gritar arengas a favor de la autonomía".
El número de heridos registrados en los hospitales llega a 20 personas, pero según información recogida por el Observatorio la suma llegaría a más de 50. Esto es sólo una muestra de las acciones de intolerancia llegando a un punto de presión en el que las y los trabajadores campesinos, para ingresar a la ciudad se ven obligados a cambiar su vestimenta original. Es decir obligarles a realizar acciones contra su identidad.
El documento denuncia enviado al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, con copia a otras instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cita una serie de acciones de intolerancia y violación a los derechos humanos cometidos en la presente gestión como: Agresiones contra la Ministra de Justicia en Sucre; agresiones contra ciudadanos del occidente en el oriente; agresiones de sectores sociales contra grupos pacifistas; detención en Oruro del joven Nelson Pérez Paco, por haber hecho un graffiti a favor de la autonomía; detención de Mujeres Creando en Santa Cruz por expresar su sentir a través del graffiti; detención de una persona por denunciar un fraude en la votación para la aprobación del estatuto autonómico de Santa Cruz, el 4 de mayo; la quema de ánforas y represalias y agresiones físicas en contra de dirigentes sociales en Santa Cruz; agresiones físicas contra el sacerdote Adalid Vega Veizaga, en San Ignacio de Velasco de Santa Cruz, por expresar su opinión; agresiones contra los periodistas y la libertad de prensa en cabildos y movilizaciones sociales; agresiones contra el diputado y senadora del MAS, César Navarro y Ana Rosa Velásquez, que se encontraban en tránsito en el Aeropuerto de Sucre; la oposición de grupos a que el Presidente de la República visite la ciudad de Sucre, Tarija, Santa Cruz; atropellos contra la libertad de pensamiento en diferentes escenarios públicos; discursos y manifestaciones que denotan intolerancia y agresión a las diferencias; atentado a la vivienda del candidato del MAS a la Prefectura , Walter Valda y la servidumbre a que son sometidos algunos hermanos y hermanas bolivianas en determinadas haciendas del oriente boliviano y centros laborales de otras regiones.
Entre los artículos violados, según el Observatorio, están: En la Constitución Política del Estado, Artículo 6 (inciso II).- La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos los siguientes artículos: Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la seguridad de su persona, Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, Artículo 6. La Ley debe protegerte de la misma manera en todas partes y al igual que todas las personas. Artículo 7.- La Ley es igual para todos: se debe aplicar a todos en la misma forma, Artículo 9.- Nadie podrá ser detenido arbitrariamente detenido, Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, Artículo 19.- Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión.
Y según la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial el Artículo 3 Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza, el Artículo 4, inciso c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella y el Artículo 5, inciso b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o cualquier individuo, grupo o institución.
Con esta denuncia el Observatorio pretende que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos realice una acción urgente, con el objetivo investigar, reparar los derechos conculcados y sancionar a las y los responsables de las violaciones a los derechos humanos, para que de este modo podamos prevenir, una espiral de violencia, que se desate a consecuencia y la impunidad en la que se quedan estos hechos.
RED ADA, boletín Nro. 17, 26 de Mayo 2008
La Paz – Bolivia
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