Se ha insistido dentro y fuera de la Asamblea Constituyente que la visión correcta y responsable es que el agua es un derecho humano, un bien nacional de uso público y un componente fundamental de la Naturaleza, la misma que es sujeto de derechos. Esta visión hace que el agua, en tanto elemento de vida, no sea susceptible de apropiación o posesión privada, ni sea objeto mercantil. Con esta visión se busca garantizar la permanencia de los ecosistemas acuáticos y aquellos que permiten mantener el ciclo del agua, como son los bosques y los páramos. Esta visión, en suma, determina recuperar el control sobre los servicios ligados al agua.

Los seres humanos debemos tener garantizado nuestro derecho a acceder al agua: cantidad y calidad, son aspectos fundamentales. La prestación de este servicio le corresponde al Estado. Esto no puede estar sujeto a las leyes del mercado, este es un tema de sobrevivencia no simplemente de negocios. Desde esta perspectiva, reconociendo que hay un precio diferenciado que pagar por el agua (un hospital no puede tener la misma tarifa por el agua que demanda que un campo de golf, por ejemplo), habría que asegurar un volumen mínimo gratuito de agua para asegurar el consumo humano y la producción para la soberanía alimentaria.

Asegurar el derecho al agua supone, entonces, asegurar el control estatal de los servicios. Para la empresa privada el concepto de servicio está condicionado por la rentabilidad. Y en un país de profundas e históricas inequidades como el Ecuador, solo el Estado -gobierno central y gobiernos seccionales- puede velar por que no haya discriminación. Para administrar los derechos de uso y aprovechamiento del agua, abolir el mal uso del agua y revertir aquellas concesiones que no están sometidas al interés general, se requiere de una institucionalidad fuerte.

Son necesarias, además, medidas complementarias de conservación de los bosques y los páramos, de las cuencas hidrográficas para mantener su caudal hidrológico y para controlar estrictamente las descargas de desechos, que actualmente contaminan gravemente los cursos de agua.

Lamentablemente, gran parte de la población pedió el control y la visión integral del agua. A medida que nos urbanizamos nos distanciamos inconcientemente de ella. Cedimos su manejo, en muchos casos, a empresas con fines de lucro que no necesariamente velan por la salud del agua y por que su ciclo se mantenga. Todas estas renuncias se traducen en contaminación de las fuentes naturales, en la privatización y encarecimiento de los servicios, y en pérdida del control de las reservas de agua dulce. Recuperar el control del agua es una condición básica para el "buen vivir". Esta tarea implica un triple reto en este proceso constituyente:

1. Promover un modelo de Estado que asuma la responsabilidad de dar los servicios básicos directamente.

2. Recuperar y desarrollar modelos eficientes y justos de gestión y conservación de las fuentes y cursos de agua, que involucren directamente a la ciudadanía en el campo y las urbes, y que sobre todo reafirmen la soberanía.

3. Superar el modelo que considera al río y al mar como cloacas y rescatar los valores de belleza, de disfrute, de cuidado a nuestros esteros, ríos, lagos y humedales.

Recordemos que en Ecuador, un país con importantes reservas de agua, la contaminación ha llegado al extremo de afectar a las 72 cuencas hidrográficas del país. En el mar existen inmensas cantidades de basura plástica que navegan amenazando con la existencia de la vida acuática y afectando a las playas y manglares. La privatización por su parte ha llegado a extremos tales que sencillamente se suspende el acceso a quienes no pagan unas tarifas colocadas al antojo de las empresas, en función de la rentabilidad, que define dónde y cómo invertir, dónde y cómo dar servicios y en dónde no.

En Bolivia, la privatización llegó a niveles dramáticos. En Cochabamba se había privatizado hasta el agua de la lluvia. Esta no podía ser almacenada. Los campesinos no podían recoger el agua de las lluvias sin antes pagar a las empresas concesionarias. La empresa que intervino en esa operación fue la transnacional Bechtel, cuya subsidiaria privatizó el agua en Guayaquil: INTERAGUA. Y aquí, en nuestro país, dicha privatización produjo un incremento de las tarifas de hasta un 300%, con reportes reiterados de mal servicio e incluso algunas denuncias de problemas de salud provocados por agua de mala calidad, a más de las deficiencias en la expansión del servicio y cortes del mismo a quienes no tienen los recursos económicos para solventar este encarecido servicio.

Lo revelador es que con la privatización del agua, el servicio suele decaer, por lo menos para los sectores empobrecidos.

El debate por el agua ha sido uno de los más constantes y enriquecedores en el proceso de la Asamblea Constituyente. Sin embargo no está agotado. A pesar de los esfuerzos, de la riqueza de las discusiones y de las evidencias de la ineficiencia de la privatización del agua, aun hay quienes defienden la privatización del agua bajo desgastados argumentos que asumen, muchas veces de manera silenciosa, una absoluta desconfianza hacia el Estado, acompañada con una -no siempre pública- subordinación a los intereses trasnacionales.

El Estado, en suma, deberá garantizar agua segura a su población y a su aparato productivo, agua de buena calidad, así como cantidad de agua para el campo y los centros poblados. Dar las garantías necesarias para que el país, su entorno y su gente cuenten con la cantidad y calidad de agua requeridas para hoy y mañana: ese es el gran reto que tenemos en nuestras manos.-

- Alberto Acosta es Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.