La práctica de los desalojos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada. (Resolución 1993/77 de la Comisión de Derechos Humanos 1/(párr. 1)

En estos momentos, cuando en Honduras son las 10:00 a.m. del viernes 2 de mayo de 2008, elementos de la Policía Nacional se encuentran en la comunidad rural de Ojo de Agua, municipio de Comayagua, con la intención de desalojar violentamente a sus pobladores para darles gusto a los grandes empresarios y a las transnacionales, beneficiarios únicos y directos del Plan Puebla Panamá.

Actualmente el gobierno de Honduras construye y amplía una supercarretera para comunicar dos grandes puertos marítimos de Centroamérica, La Unión en el Pacífico de El Salvador y Puerto Cortés en el Atlántico de Honduras, como parte de los compromisos internacionales para facilitar el tráfico de mercancías en el llamado Canal Seco.

Para la construcción de este megaproyecto el gobierno afecta las propiedades de varios pobladores -terrenos, casas, iglesias, templos, cementerios y cultivos- a los que se niega a indemnizar, a pesar de disponer de los fondos necesarios, con precio de mercado para que los afectados más pobres puedan a volver a rehacer sus vidas y a reconstruir sus propiedades en otros lugares.

En el 2006 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgó el préstamo No. 1565/SF-HO por valor de 63 millones 190 mil dólares, equivalentes a más de mil doscientos millones de lempiras para pagar indemnizaciones a las familias afectadas que se encontraran en el derecho de vía del tramo que va desde el Valle de Comayagua, hasta Villanueva, Cortés.

Ricardo Banegas Miranda, miembro directivo de la organización “Familias Hondureñas Afectadas del Valle de Comayagua” (FHAVACO) de los pobladores afectados por el canal seco se comunicó con FIAN Honduras desde muy temprano para denunciar la presencia amenazante de la policía en la comunidad rural Ojo de Agua, Comayagua, acompañados de la representante del Comisionada Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), licenciada Maribel Ramos Irías.

Testigos presenciales denunciaron que la actitud de la representante del Comisionado fue amenazante para los pobladores y que se dedicó a insultar al presidente del Comité de Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Andrés Pavón, que se encuentra en el lugar del conflicto.

Los pobladores pobres del Valle de Comayagua no se niegan a abandonar la zona y tampoco se oponen a la obra pero exigen al Estado un precio justo por sus propiedades. Ellos denuncian que a las familias humildes el Estado únicamente les está pagando Lps. 33.00 (Treinta y tres lempiras) por vara cuadrada mientras que a los empresarios como Miguel Facussé, que también posee terrenos en esa zona, les ofrecen hasta Lps. 280.00 (Doscientos ochenta lempiras) por vara cuadrada.

Nuevamente, hacemos un llamado público al Presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, y sus funcionarios, especialmente al ingeniero Rosario Bonano, Secretario en el Despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) para que no repriman al pueblo que confió en ellos y que le reconozcan sus derechos a la vivienda, al trabajo y alimentación adecuada segura. Que las apelaciones que constantemente se hacen desde el poder por conservar el “Estado de Derecho” funcione también para los pobres.

Solicitamos la intervención de la Fiscal Especial de Derechos Humanos, abogada Sandra Ponce, para que detenga las violaciones a los derechos humanos de los pobladores del Valle de Comayagua.

Viernes 02 de mayo de 2008, Tegucigalpa, MDC, Honduras, América Central.

Junta Directiva Nacional FIAN Honduras