Las comunidades y las organizaciones opuestas a la explotación minera metalífera a gran escala en Ecuador entienden el mandato minero aprobado por la Asamblea Constituyente el viernes pasado como un triunfo para su movimiento. Los grupos que planeaban cerrar varias vías en todo el país, decidieron en cambio realizar una serie de marchas y reuniones públicas.

La decisión de la Asamblea, que suspende toda la exploración minera a gran escala hasta que el ministerio de Minas y Petróleo reescriba la Ley Minera, estima exigir la cancelación de cerca del 80% de concesiones actuales. Según algunos activistas, la prohibición de concesiones mineras cerca de fuentes de agua y en casos donde comunidades no han sido consultadas, podría conducir a la revocación del 100% de las concesiones mineras.

Otros, sin embargo, precisan que el mandato fue insuficiente para lograr que el país sea declarado libre de toda la explotación minera a gran escala y observan que el mandato asigna al gobierno establecer una compañía de explotación minera nacional. Además, expresan su preocupación que el mandato no afecte los proyectos más grandes ya en curso puesto que su implementación depende del ministerio de Minas y Petróleo.

El Comité de miembros de la Asamblea, que construyeron el mandato, fue establecido por el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, y fue compuesto en su totalidad por representantes de la coalición política del gobierno, Acuerdo País. Acosta ha indicado en varias ocasiones que favorece una declaración contra toda la explotación minera a gran escala a tajo abierto. Por el contrario, la posición del presidente Rafael Correa - quién recientemente ha condenado a manifestantes anti-mineros - favorece fuertemente lo que él llama la "minería responsable" para diversificar ingresos del estado ya que se anticipa que las reservas de petróleo se secarán en años que vienen.

Desde el viernes pasado (18 de abril), Correa ha intentado calmar a empresas mineras e inversionistas extranjeros, y a la vez prometer al público ecuatoriano que habrá mayor participación del Estado en la naciente industria. La Ley actual de minería no incluye regalías. Dirigiéndose a los representantes de las empresas que han sufrido pérdidas en el valor de sus acciones la semana pasada, Correa ha divulgado que las actividades mineras no están suspendidas y que el país simplemente se está reorganizando para desarrollar el sector minero y que sea más social, ambienta y económicamente responsable.

Declaraciones confusas del ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, apoyan las promesas del presidente. Chiriboga dijo por un lado que el ministerio debe respetar las pautas estrictas precisadas por el mandato, pero por otro, que las concesiones de los proyectos más grandes no serán revocadas. Sus declaraciones públicas se centraron en las nuevas restricciones que limitan tenencias individuales a un máximo de tres concesiones. No queda claro cómo este conflicto será resuelto con las empresas tales como Aurelian Resources de Canadá, que tiene 38 concesiones con un total mayor a 95.000 hectáreas ubicado en la zona Sur Amazónica y otros en la misma zona como Ecuacorrientes S.A. subsidiario de Corriente Resources, que tiene 11 concesiones con más de 50.000 hectáreas.

Inseguras sobre el destino de sus proyectos, empresas como la canadiense Iamgold, con 10 concesiones, han sido rápidas en tranquilizar a sus accionistas. Notas de prensa han reiterado las declaraciones del gobierno a favor de la minería, y aseguraron que a pesar de posibles retrasos en los estudios actuales, sus proyectos siguen en pie. Aunque ninguna hace referencia a las protestas fervientes que se oponen tales progresos. Tampoco lo hizo Corriente Resources, cuyo proyecto de oro-cobre Mirador ha sido suspendido por más de un año.

Consecuentemente, mientras que se reconoce que el mandato fue obtenido difícilmente, y varios meses después de haber sido anunciado, los activistas toman la victoria con cautela. Es solamente un paso hacia su meta: que Ecuador se declare libre de la minería metálica de gran escala. Planean mantener la presión para asegurar la aplicación estricta del mandato y a la vez mantener sus preocupaciones en el ámbito público. Aunque en los meses que vienen enfrentarán seguramente una batalla dura contra la propaganda de la industria y la postura del presidente popular.

- Jennifer Moore es canadiense, periodista y colaboradora de ALAI