Un desborde largamente anunciado
Miseria, saqueos y espejitos de colores
08/08/2002
- Opinión
"No se puede jugar con la ley de la conservación de la violencia: toda la
violencia se paga y la violencia estructural ejercida por los mercados
financieros, en la forma de despidos, pérdida de seguridad, etcétera, se ve
equiparada en forma de suicidios, crimen y delincuencia, drogas, alcoholismo, un
sinnúmero de pequeños y grandes actos de violencia cotidiana." Pierre Bourdieu
Los saqueos a supermercados sacudieron el imaginario social de los uruguayos.
La idea de que "esto aquí no puede pasar", instalada desde la última oleada de
saqueos en Argentina, se había erigido como una barrera defensiva ante la
evidente bancarrota hacia la que se encaminaba el país. Quizá eso explique el
hecho de que tanto los partidos políticos como los medios de comunicación y el
ciudadano común busquen chivos expiatorios ante un comportamiento tan novedoso
como temido. Casi todos, con buena o mala voluntad, apuestan a que una mano
negra estaría detrás de los grupos de "marginales" que asaltaron o intentaron
asaltar supermercados.
Aunque hasta el momento nadie exhibió pruebas serias y contundentes, las
conclusiones se presentan con tal grado de seguridad que sugieren una honda
resistencia a aceptar que Uruguay es, desde hace tiempo, un lugar donde los
comportamientos ciudadanos poco difieren de los de otros países del continente.
Repasar las declaraciones, por ejemplo, de altos cargos del gobierno supone
recorrer el camino que va desde las dudas iniciales hasta las descalificaciones
que se fueron incorporando a lo largo de los días. El ministro Guillermo
Stirling pasó del inicial "no hay datos" a la certeza de días posteriores que lo
llevó a afirmar que había "un pequeño Bin Laden" detrás de los sucesos.
Ciertamente, las "pruebas" están basadas más en especulaciones y deseos de
culpabilizar al adversario político que en hechos reales y sólidos. Podría, sin
embargo, explorarse otro camino, plantearse la posibilidad de que los habitantes
de las zonas marginalizadas hayan actuado por iniciativa propia. En todo caso,
vale destacar que la primera piedra en sentido de la conspiración fue lanzada
desde el gobierno. Siempre es bueno eludir el hambre y la pobreza como
verdaderos promotores de los saqueos.
La recorrida por algunos barrios donde se produjeron incidentes frente a
supermercados y saqueos y el diálogo con decenas de personas de todas las edades
permitió reconstruir un aparte sustancial de los saqueos. Si hay algo que
resulta claro es que son hechos que no admiten simplificaciones, en cuyo
desencadenamiento deben rastrearse múltiples causas (desde el hambre real y el
temor al hambre hasta resentimientos sociales y culturales), aunque la pobreza
aparece como trasfondo ineludible en todos los casos. Contextualizar parece un
primer requisito para comprender lo que sucedió. Pero hasta determinar
exactamente qué sucedió no resulta sencillo, toda vez que de la amplia lista de
comercios "saqueados" difundida por las autoridades y los medios sólo una
pequeña cantidad fueron efectivamente atacados. Las más de las veces se trató
de rumores o de presión social cerca de esos comercios.
Un largo declive
A medida que decenas de miles de uruguayos se fueron cayendo del empleo estable,
de la vivienda formal y del acceso a la salud y la educación fueron creando –
literalmente inventando– estrategias de supervivencia para enfrentar la nueva
situación. Desde fines de la década del 80, emergieron formas de acceder al
dinero impensadas años atrás: carritos que recogen basura, niños que limpian
parabrisas, cuidacoches, cartoneros, periferiantes, músicos en los ómnibus, las
más variadas formas de prostitución; a la vez, el ambulantismo, el trabajo
doméstico y otras viejas formas de supervivencia se incrementaron.
Junto a ellos aparecieron redes de pequeña y mediana delincuencia, en particular
en los barrios populares, el "rastrillo" o el "peaje", modalidades de las barras
juveniles que recalan en las esquinas. Y se fortalecieron las bandas más
organizadas, llegando a conformar verdaderas estructuras delictivas. A grandes
rasgos, habría que diferenciar entre la delincuencia bien organizada y el
pequeño robo "al menudeo", propio de los jóvenes que viven en situación de
calle, que completan los magros ingresos familiares –o sus expectativas de
consumo– con el goteo diario de pequeños delitos.
En los últimos años, cuando ya la mitad de la población activa transita por el
empleo precario, informal o está desempleada, estas nuevas formas de ganar
dinero se vieron cada vez más saturadas por la llegada al "mercado" informal de
más y más camadas de nuevos pobres o de nuevos adolescentes. Por poner un
ejemplo, los asentamientos (donde viven unos 200 mil montevideanos) se han visto
desbordados, y muchos empezaron a levantar sus ranchos en zonas pantanosas o en
sitios insólitos, aprovechando el menor espacio.
A nivel institucional, la respuesta a la situación de extrema pobreza recae
sobre todo en la Intendencia de Montevideo (IMM), la escuela pública y
parcialmente en el Instituo Nacional de Alimentación (INDA). Pongamos por caso
el barrio del Cerro, donde viven algo más de cien mil personas, casi la mitad
bajo la línea de pobreza. Allí la Intendencia asiste a 35 merenderos donde los
niños tienen acceso a una merienda que consiste en un vaso de leche y pan o
bizcochos. La IMM aporta la leche, mientras las organizaciones sociales donde
funciona el merendero (parroquias, clubes, comisiones de fomento) procuran
conseguir los demás insumos. En cuanto al INDA, en todo el Cerro funcionan
apenas dos comedores, siendo los únicos luagares donde pueden comer los mayores
de 12 años.
Mientras los merenderos asistían hasta comienzos de julio a unos 4.500 niños
sólo en el Cerro, los comedores son mucho más restrictivos. Para acudir a ellos
hay que realizar trámites en diversas instituciones: cédula de identidad, carné
de asistencia del MSP, historia laboral, comprobante de ingresos y constancia de
domicilio. El INDA otorga sólo diez números diarios para ingresar trámites para
recibir asistencia y 30 para renovaciones, que caducan a los seis meses.
Un mes de julio inolvidable
Los servicios especializados de la Intendencia de Montevideo detectaron una
reducción, desde los primeros meses del año, del 20 por ciento en la recolección
global de basura en toda la ciudad. Según la comuna, ello se debe sobre todo a
la aparición de una nueva modalidad de hurgadores, los "bolseros", que recogen
comida de forma diferente: no van con carros sino en bicicleta y a pie, van
relativamente bien vestidos, no tienen costumbre de recoger basura y están
desempleados desde hace apenas medio año.
Esta modalidad se difundió desde principios de este año, al punto que los
camiones demoran tres horas menos de lo habitual en completar el recorrido.
Ahora hay dos tipos de hurgadores en la ciudad: los clásicos carritos, tirados
por caballos o manuales, y los que llenan bolsas con comida. Esta situación
crítica hizo eclosión a lo largo del mes de julio por varios motivos: las
vacaciones invernales, ya que algunas escuelas dejaron de dar la merienda a los
escolares, el intenso frío reinante y, sobre todo, el progresivo corte del
derrame de dinero desde las capas medias hacia los más pobres.
El ejemplo de la basura es apenas una pequeña muestra de lo sucedido. En la
mayoría de los casos, el ambulante o el cuidacoches que recogían entre 100 y 200
pesos pasaron a recibir sólo 40 o 50; las limpiadoras por hora se encontraron
con que sus "patronas" las requerían menos y la mayor parte de las "changas"
desaparecieron. Hacia fines de mes, cuando se decretó el feriado bancario, se
terminó de cortar el goteo de dinero que recogen los marginados.
César Quesada, de la Red de Merenderos del Cerro, señala que "todo esto que se
vino nos obligó a aumentar el número de merenderos de 35 a 43". Sostiene que en
pocos días muchos merenderos se vieron "desbordados" por la duplicación del
número de personas que procuraban algún alimento. Quienes de golpe se
encuentran en una situación desesperada, no conocen los requisitos necesarios
para anotarse en el INDA, o no pueden esperar los días que demoran los trámites
o no cuentan con los 50 pesos necesarios (incluyendo dos viajes de ida y vuelta
al Centro) que requieren los mismos.
En esta crítica coyuntura surgieron en el Cerro (porque parece oportuno
concentrar la mirada en algún sitio en vez de sobrevolar por todos) tres ollas o
comedores populares: en el barrio Casabó, en Santa Catalina y en el asentamiento
El Tobogán, pegado al estadio de Cerro. Miembros de la Intersocial del área
dijeron que para muchos adultos "pisar un comedor institucional es sinónimo de
humillación", por lo que buscan a menudo otros caminos antes de caer en una
situación que consideran indigna.
Lita Leite, presidenta de la Comisión de Fomento de El Tobogán, donde residen
170 familias, asegura por su lado que siete de cada diez adultos del
asentamiento no tienen trabajo. Ella misma fue obrera metalúrgica y vivió hasta
hace dos años en La Teja, desde donde debió trasladarse al asentamiento cuando
perdió su trabajo. "Esto era tierra de nadie", dice cuando se le señala que el
barrio, pese a las callecitas de tierra, la falta de alumbrado y la evidente
pobreza, muestra signos inequívocos de orden, limpieza y tranquilidad. Formado
en 1989, El Tobogán se construyó encima de un pantano, debiendo luchar los
vecinos contra un subsuelo donde se les hundían las precarias viviendas.
La olla funciona desde el 7 de julio en una carpa pegada a un gran contenedor y
bajo una pancarta que reza "Olla Popular: Por dignidad no podemos permanecer
pasivos". Y se distingue de las otras dos ollas del Cerro: no acuden por ahora
al INDA sino que recogen los alimentos entre los vecinos y entre los comercios y
ferias de la zona, en tanto la Intendencia les proporciona la leche para los
niños. Exigen que cada vecino que acude a comer trabaje de alguna forma, ya sea
en la cocina, en la limpieza o en la recogida de alimentos. A la hora de la
cena, la única comida que brindan, sirven a unos 300 vecinos, llegando parte de
ellos desde otros asentamientos. "El día de los saqueos vinieron a invitarnos a
participar, pero los frenamos en seco y prohibimos a nuestros jóvenes que
salieran del barrio", dice Leite.
En Casabó la experiencia es similar, aunque el comedor, instalado el viernes 2,
recibe apoyo del INDA. Allí, la Comisión de Fomento 4 de Marzo captó la
desesperación del vecindario y se decidió a poner un comedor, a sabiendas de que
desorganiza toda la actividad del centro: escuela de informática con 200
alumnos, biblioteca, cursos de encuadernación, gimnasia, clases de patín, entre
otras.
Casabó es uno de los tres barrios más pobres de la capital. Según el censo de
1996 tenía 12.430 habitantes, un tercio de ellos menores de 15 años y un 44 por
ciento de menos de 20. A la crítica y explosiva concentración de jóvenes,
adolescentes y niños se suma la gran cantidad de hogares con jefa mujer (la
mitad del total), la elevada tasa de natalidad (4-5 hijos promedio), el alto
porcentaje de embarazos adolescentes (en torno al 30 por ciento), que muestran
la gran vulnerabilidad de las familias de la zona. Virginia Melgarejo,
integrante de la directiva, asegura que "a principios de julio todo el mundo
vino a pedirnos trabajo". Eso los llevó a acudir al INDA en busca de ayuda e
instalar un comedor para 500 personas que desde el primer día se vio desbordado.
"La gente se va llorando porque no podemos darle de comer a todos", asegura
Melgarejo. Baja la cabeza y agrega: "El sábado se desmayó una niña de hambre en
la cola. Vino el SEM y determinó que era por hambre".
Desde abajo
Al parecer, en los barrios donde existe alguna organización social se registró
una suerte de contención de los saqueos. En todos los barrios populares, como
en toda la ciudad, la noticia del primer saqueo el miércoles 31 generó un clima
diferente. Aunque en Uruguay nunca se había registrado ningún saqueo a
supermercados, todos saben de qué se trata. Hace años que los medios hablan de
ello, muchas veces con intenciones "preventivas" o para culpabilizar a algún
sector político. Pero también hablan de ello los vecinos de los barrios, en
particular en aquellos en que se ha ido conformando una subcultura distintiva y
unificada, en la que se desarrollan códigos propios. Y hablan de ello, y mucho,
los jóvenes que pasan el día en las esquinas. Por sorprendente que parezca, los
primeros en hablar mal de los supermercados son los pequeños comerciantes, que a
menudo buscan organizarse para hacer frente a la competencia, a la que
consideran desleal, de las grandes superficies.
En el primer saqueo registrado, participaron vendedores ambulantes, callejeros y
jóvenes que se reúnen en torno al Mercado Agrícola. Todo indica que fue
encabezado por un pequeño grupo de ambulantes que se reúnen en los alrededores
de la plaza Primero de Mayo, y por lo menos uno de los procesados vendía en los
ómnibus. Evidentemente, fue un saqueo organizado. En este punto, vale la pena
señalar que en la vida social no existe, ni puede existir, algún fenómeno que no
tenga algún grado de organización. Sucede que el concepto tradicional de
organización remite a instancias formales, visibles, permanentes y
tradicionales. Sin embargo, la sociabilidad humana registra formas de
relacionamiento informal, inestable y escasamente visible, como las barras de
esquina de los jóvenes o las redes sociales de los adultos que tienen en los
boliches uno de sus centros.
En un país en el que la mitad de la población no tiene empleo formal y estable,
estas redes –como las que vinculan a ambulantes, barras de esquina, cuidacoches–
se han extendido y ocupan todos los intersticios de la sociedad. En redes de
este tipo se gestó, programó y realizó el saqueo del miércoles 31. De alguna
manera, son redes similares a las de las llamadas barras bravas que van al
estadio o las que los domingos participan en los tambores. A ellas puede
sumarse todo el mundo de la informalidad cultural y social, desde los templos
umbandistas hasta la pequeña distribución de drogas.
A partir del primer saqueo, sobreinformado por medios ávidos de noticias
alarmistas, se prendió una mecha. Las barritas juveniles, en las que
interactúan adolescentes desde los 12 o 13 años, fueron las más exaltadas. No
fue posible detectar la menor presencia ni instigación de ningún sector
político, por lo menos en los barrios en los que realizó esta investigación.
Apenas existen vagas suposiciones y deducciones a partir de razonamientos sobre
"a quién benefician los saqueos". Sin embargo, personas confiables aseguran que
en barrios como Marconi y Borro habría habido "manija" de sectores vinculados a
la ultraderecha, cosa que no es descartable.
En todo caso, y para quienes conocen o han realizado algún trabajo social con
jóvenes de esquina, resulta evidente que la posibilidad de influirlos o de
manipularlos es más bien remota. Tanto para la derecha como para la izquierda.
Respecto a la sincronicidad de los saqueos, argumento preferido por el ministro
Stirling para fundamentar su teoría de que hubo conspiración, sería bueno hacer
dos aclaraciones. La primera es que buena parte de los "saqueos" (reales o
potenciales), como por ejemplo los cuatro del Borro, fueron en realidad
protagonizados por el mismo grupo que, como señalan hasta las crónicas de
prensa, recorrió distintos comercios hasta poder saquear un pequeño almacén.
La segunda es que convendría repasar la historiografía de los movimientos
sociales (autores como Eric Hobsbawm, E P Thompson y otros han dedicado libros
al tema) para comprender cómo en períodos en los que no existían medios de
comunicación de masas, cuando las noticias demoraban semanas en llegar de París
a Roma, se producían motines o sublevaciones con "sospechosa" sincronicidad. El
comportamiento humano colectivo es harto complejo, más apto para el análisis
detallado y minucioso del historiador que para las prisas de, pongamos, un
ministro o un diputado. Con el tiempo, de todo este murmullo quedará apenas un
dato: a fines de julio de 2002 miles de uruguayos pasaron hambre, o tuvieron
temor de pasarla, o estaban hartos de vivir situaciones de marginación social o
de desprecio cultural.
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