La prensa ecuatoriana da cuenta del intenso debate que se está dando en la Asamblea Nacional Constituyente respecto a los derechos a la consulta y el consentimiento informado previo. Según el Diario La Hora (23 de abril de 2008) dicho debate, en el que se alinearían en posiciones encontradas el Presidente de la Asamblea y el Presidente de la República, estaría tomando ribetes dramáticos al interior de la Mesa Constituyente 5 que trata sobre temas ambientales y de recursos naturales

No es para menos. A estas alturas del trabajo de la Asamblea, los temas de fondo, aquellos que topan los intereses más sentidos por los grupos de presión que inciden sobre la política nacional, empiezan a salir a flote. Así, detrás de muchos de los debates que últimamente quitan el sueño a los asambleístas, está el afán de un sector muy activo de la oligarquía nacional aliada a las transnacionales extractivas que han controlado la política y la economía nacional desde los setentas, de no permitir que se les quiten sus privilegios.

La explotación de recursos naturales en el Ecuador como el petróleo y la madera, desde hace décadas, ha sido hecha en base a la imposición. Se impuso al país una visión del desarrollo basada en el mito de que a más explotación de recursos naturales corresponde más riqueza. La cruda realidad es que la actividad petrolera, por ejemplo, solo ha contribuido a la riqueza de las transnacionales petroleras y sus aliados nacionales. El Ecuador petrolero es pobre, muy pobre y muy endeudado. Mucho más pobre y más endeudado que antes de explotar su petróleo. Se impuso la actividad petrolera a las comunidades, concesionando a transnacionales sus territorios ancestrales, a sus espaldas, sin informarles, sin consultarles, mucho menos pedirles su consentimiento de legítimos dueños. A cambio, las petroleras les dejaron basura, contaminación, cáncer, violencia, marginalidad y dependencia.

En la última década, sin embargo, los afanes de ampliar las fronteras de extracción de recursos naturales en varios lugares del Ecuador encontraron un obstáculo muchas veces insalvable: algunos en el país habían aprendido la lección. Las organizaciones indígenas del centro-sur amazónico, por ejemplo, invirtieron mucho esfuerzo en la defensa de sus territorios concesionados a las petroleras, a sus espaldas. Los Shuar y los Achuar en el bloque 24, los Kichwas de Sarayaku en el bloque 23, no estuvieron dispuestos a soportar que la industria petrolera ingrese a sus territorios sin su consentimiento. Los campesinos de Intag, en el norte de la serranía, detuvieron el proyecto de minería a gran escala y a cielo abierto que se cernía, contra su voluntad, sobre la Cordillera del Toisón, a costa de su tranquilidad, su integridad y su libertad. El resultado ha sido una década de conflictos, violaciones de derechos humanos de las comunidades, reclamos nacionales e internacionales y al final proyectos extractivos fracasados y varias decisiones de la justicia internacional y de organismos internacionales especializados que señalan al Estado ecuatoriano por incumplir los derechos fundamentales.

Ese candado social a la ampliación indiscriminada y prepotente de las fronteras extractivas está fundamentado en los últimos avances en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Convenio 169 de la OIT consagra el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, consagran el derecho de los pueblos indígenas a que no se realicen actividades que los afecten gravemente sin que se haya obtenido su consentimiento previo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha fallado garantizando este derecho, marcando así un precedente que debe ser observado por los estados que son parte del Sistema de la OEA (Caso Saramaka vs. Surinam, 2007).

De igual manera, países en la región que tiene como rubros claves de sus economías a las industrias extractivas de recursos naturales, como Bolivia y Venezuela, han incorporado el derecho al consentimiento informado previo en sus legislaciones nacionales.

En el Ecuador, la todavía vigente Constitución de 1998 consagra a la consulta previa como un derecho ambiental difuso de todos los ecuatorianos (art.89) y como un derecho colectivo indígena (art. 84, numeral 5). Además, de acuerdo al artículo 17, el Estado está obligado a garantizar el ejercicio y goce de los derechos reconocidos en las declaraciones, pactos y más instrumentos internacionales vigentes (art.17) por lo que el derecho al consentimiento libre, previo e informado, reconocido por la Declaración de la ONU es actualmente exigible en el Ecuador.

Consecuentemente, no debería haber razón para que la Asamblea debata si se incorpora o no el derecho al consentimiento informado previo, pues jurídicamente ese es un derecho que ya se encuentra reconocido en el Ecuador y en el Derecho Internacional. No incorporarlo sería una medida regresiva prohibida por el Sistema Jurídico y por el literal h) de los principios de aplicación e interpretación de los derechos que el mismo Pleno de la Asamblea acaba de aprobar.

Políticamente, tampoco debería haber razón de discutir ese derecho pues la experiencia histórica reciente es que sin el consentimiento de los afectados no hay condiciones de gobernabilidad para ampliar las fronteras extractivas. Si el Estado ecuatoriano, de espaldas a su propio pasado insiste, tozudo, en un modelo económico extractivista que no ha servido como alternativa de desarrollo, deberá contar con la licencia social que solo el consenso con los afectados puede darle. Tratar de reproducir la misma política de hechos consumados para los nuevos proyectos petroleros, mineros, hidroeléctricos, etc. que afecten territorialmente a las comunidades, sería cerrar los ojos ante los recientes cambios que ha habido en el mundo y la sociedad. Ya no se podrá sorprender tan fácilmente a la sociedad civil como se pudo hace cuarenta años, hoy en la era de la globalización informativa, de la preocupación global por el cambio climático, del ascenso de los movimientos sociales alternativos, del renacer de las agendas étnicas.

Posiciones tan retrógradas como para pretender que la Asamblea Constituyente no solo no avance en materia de Derechos Humanos sino que, incluso, de paso atrás en la definición del contenido y alcance de algunos derechos a favor de intereses transnacionales extractivistas no deberían tener cabida en el movimiento de la “Revolución Ciudadana”. Esas posiciones, profundamente discriminatorias, siempre exigen sacrificios a los más pobres a favor de un desarrollo que les excluye. Como el petróleo, las minas, los bosques, las fuentes de agua están en los territorios de indios, negros y campesino pobres, al Poder no le interesa tener que pedir permiso para ingresar en las propiedades privadas para hacer cualquier actividad aunque provoquen daños en el medio ambiente y en la calidad de vida de la gente. ¿Estarían de acuerdo en no pedir el consentimiento para entrar en el hogar, en las propiedades, en las oficinas, en los negocios de la gente acomodada, que vive y trabaja en ciudades dotadas de todos los servicios, para extraer los recursos que interesan al Estado sin importar los impactos ambientales y sociales que se causen? Seguramente, no. Si eso sucediera, los que ahora se oponen al reconocimiento constitucional de ese derecho serían los primeros en poner el grito en el cielo.

Si el Gobierno de Rafael Correa insiste en oponerse a la incorporación del derecho al consentimiento informado previo en la nueva Constitución, sería inconsecuente con las promesas de cambio que lo llevaron al poder; con las propuestas de avanzada que ha impulsado desde el gobierno, especialmente la de mantener el crudo del ITT en tierra; con su posición de defensa de la soberanía nacional; con el Mandato Minero. Mostraría, por el contrario, que la “larga noche neoliberal” se resiste a terminar. Que, en el fondo, solo se admitirán los avances que plantea la Asamblea como el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza y de la Plurinacionalidad, en la medida que sean enunciado vacíos, sin contenido real que pueda entorpecer los afanes depredadores de quienes por décadas han cargado con los recursos estratégicos del país.