Los antecedentes de la estigmatización y el aislamiento

Ya es suficiente. Han pasado demasiados años y el abandono, los conflictos de diversa índole, la pobreza, la marginalización y la estigmatización continúan en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia, el sur de Córdoba. La historia es larga, dolorosa y desconocida, tal vez esto último ayude a explicar la indiferencia de la mayoría de los cordobeses y el país en general. Es útil entonces explicar un poco los antecedentes de esta situación.

El padre franciscano Joseph Palacios De la Vega en su campaña de evangelización y congregación “de los naturales y libres dispersos en parajes incultos” del San Jorge durante los años 1787 y 1788 dejó consignado en su diario de notas lo difícil y dramático que resultó conformar pueblos con indios indómitos, negros rebeldes, autoridades corrompidas, clérigos indiferentes y contrabandistas. El profesor Gerardo Reichel-Dolmatoff en el prólogo que escribió del Diario de viaje del padre Palacios nos dice que a estos primeros grupos se agregaron después mestizos, mulatos y zambos que formaron poblaciones que no estaban bajo el control de la administración por ausencia de esta. El mismo profesor nos cuenta que en 1957 en las montañas del alto río San Jorge, en las faldas del cerro Murrucucú y en las cercanías de Uré se encontraban indígenas viviendo en condiciones similares como los vio el padre Palacios.

En 1841 el químico alsaciano Luis Striffler, recorrió el Alto Sinú en busca de oro en el Cerro de Higuerón y encontró indígenas, mestizos y aventureros viviendo en condiciones lamentables en medio de selvas exuberantes, pletóricas de encantos.

En 1900 el alto San Jorge todavía era considerado como reino de los negros rebeldes, los indígenas feroces, los maleantes sanguinarios y los colonos mestizos más aventureros, donde las leyes y autoridades de la república no cumplían ninguna función. La lejanía de los centros poblados, lo intrincado de las trochas y lo caudaloso de los cauces de ríos y quebradas, alimentaba y exageraba la realidad. Algunos funcionarios y miembros de las autoridades lo calificaron con el nombre de zona negra por lo aislado y peligroso. En el alto Sinú, aguas arriba de lo que hoy es Tierralta, la esclavitud primero y luego la matrícula, contrato que obligaba a los peones y sirvientes a trabajar indefinidamente en casas y haciendas por supuestas deudas que casi nunca terminaban de pagar, continuaban vigentes.

En 1917 Laura Montoya Upegui, la Madre Laura, comenzó a interesarse por la “vida miserable y pagana” que llevaban los indígenas y negros de Uré y sus alrededores. En su autobiografía cuenta que “el caserío del río Uré que desemboca en el río San Jorge estaba lleno de gentes, los más miserables por dentro y por fuera…tanta mugre, tantas enfermedades que aquello parecía una leprosería. Tan malos olores…en fin, un calor, una nube de zancudos…”

A mediados de la década de 1920 llegaron de España los Misioneros de Burgos con el fin de adelantar labores en el alto San Jorge. En sus informes daban cuenta que “las jornadas son penosísimas y requieren guías veteranos. El terreno es quebrado, las continuas subidas, bajadas y paso de quebradas no impiden que nos deleitemos en la contemplación del paisaje que es hermosísimo. Hay árboles gigantescos en tamaño y altura”. “Los primeros indios que vi en la quebrada de río Verde me llamaron la atención por la carencia de vestidos, la pobreza de sus habitaciones, la mirada triste de sus mujeres, el imperfecto desarrollo de sus niños…”

En las décadas siguientes creció el colonato, fundaron algunos pueblos, se extendió la agricultura, especialmente los cultivos de pancoger, arroz y maíz, la cría de cerdos y aves de corral y un poco la ganadería. Fueron años de relativa tranquilidad y un mínimo bienestar.

El viejo conflicto armado

En 1949 comenzó la época de la Violencia bipartidista. Los más afectados fueron el alto Sinú y el alto San Jorge. Las guerrillas liberales, con amplio dominio en la zona, se desmovilizaron en 1953 y 1959 respectivamente. Sus dirigentes más conocidos fueron Julio Guerra, Mariano Sandón y Evaristo Calonge. Entre 1960 y 1966 continuó la etapa de expansión terrateniente mediante el despojo a sangre y fuego de tierras de pequeños y medianos propietarios así como del Sindicato de trabajadores agrícolas del San Jorge. Al final se expandieron algunas haciendas, hubo concentración de tierras y las colonias o pueblos que había levantado el Sindicato desaparecieron del todo. Algunos de ellos eran corregimientos como Centro América, El Caribe, Puerto López y Villa Matoso que quedaba donde está la mina de ferroníquel de Cerro Matoso. Los otros pueblos fueron Palma Amarga, Loma Seca, Puerto Unión, Campamento, Puerto Franco, Danubio, Gallo, Palo Negro y Abejal, entre otros.

Después siguió el nacimiento del Ejército Popular de Liberación EPL en las montañas del alto Sinú y San Jorge en 1967. Desde este momento al área la bautizaron con el nombre de zona roja. Y así, cronológicamente, surgió las FARC en límites con el departamento de Antioquia en 1981, el narcotráfico en 1984, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en 1994, las Autodefensas Unidas de Colombia AUC en i996, el proceso de negociación Gobierno-AUC entre el 2002-2006 y desde entonces las acciones de los grupos que no se desmovilizaron, los reincidentes y nuevos.

La guerra que libraron las FARC y las AUC ocasionó la desaparición de Barrancón y Yupe en marzo de 1997 y de 15 veredas más en junio de 1998: Yupecito, Quebrada Seca, Santa Cruz, Santa Isabel, Jardín, El Anzuelo, Palestina, Zancón, La Gloria, Puerto Fuerte y las Veredas unidas de los Llanos del Tigre.

Preocupante la situación actual

Pocas veces hemos pasado por la situación en la que nos encontramos actualmente: el alto número de homicidios, entre ellos muchos desmovilizados que viene sucediendo desde el año anterior, los distintos grupos armados ilegales que están operando y el desconocimiento que existe sobre ellos, las deficiencias de los proyectos productivos, de vinculación laboral y de capacitación, el narcotráfico, la erradicación de cultivos de uso ilícito y el escaso apoyo a la recuperación de la agricultura campesina tradicional, el aumento de afectados por minas quiebrapatas, los desplazamientos que no cesan, la poca atención a las victimas y desplazados en general, el incremento de la violencia doméstica ocasionado por la mayoría de los desmovilizados, el rechazo a los desmovilizados, la falta de estudios e investigaciones sobre estos temas. Fuera de estos hay dos que conocí la semana anterior: 1) El representante de Unicef en Colombia aseguró que en el departamento 15 de cada 100 niños padecen desnutrición, cifra por encima del Chocó y del promedio nacional que es de 12. 2) El programa Familias en Acción de la Presidencia de la República atiende a menores de edad en nutrición y educación primaria y secundaria de familias desplazadas por la violencia y estrato 1 del Sisben. En Córdoba tienen registradas 10.877 familias desplazadas y 129.985 familias de estrato 1. Este último el más alto del país. En cuanto a los municipios del sur, en total tienen inscritas 5.020 familias desplazadas y 19.273 familias en estrato 1.

¿Qué podemos y debemos hacer?

El gobierno nacional hace presencia en la zona a través de la fuerza pública, ejército y policía, y los programas Familias en Acción, Juntos para superar la extrema pobreza, el Centro de Coordinación de Acción Integral y lo que gestionen las alcaldías de cada municipio. Para las necesidades de la zona estos recursos son totalmente insuficientes. Es necesario agregar nuevas iniciativas. Mi propuesta en este sentido es la siguiente:

• Más vinculación con las organizaciones de cooperación internacional. En Córdoba por lo general contamos con la presencia de las siguientes organizaciones internacionales: ONU, OEA, CICR, ACH, OIM, PMA, OXFAM, CHF, MEDICOS SIN FRONTERAS, VISION MUNDIAL, CARITAS ALEMANA, ACNUR, UNICEF, FUPAD. Las administraciones gubernamentales del departamento poco se han interesado por la ayuda que prestan y el conocimiento que poseen estas organizaciones, no muestran interés en coordinar programas ni solicitar su presencia por más tiempo. La gobernación debe convocarlas para agradecerles, conocer a fondo los programas que llevan a cabo, coordinar con ellas, solicitar nuevos programas o ampliación de los que ejecutan y asesorías, adelantar análisis sobre la situación de la zona, invitar a participar a nuevas organizaciones y a regresar a las que se hayan retirado temporalmente, acordar planes de acción integrales.
• Considerar a los municipios del sur como zona especial de atención. Por los antecedentes y la situación actual los municipios del sur deben ser considerados zona especial de atención. Con base en diagnósticos se definirían prioridades, programas y acciones en cada una de las áreas de trabajo. Un equipo coordinador se encargaría del funcionamiento de todo el Plan.
• Fortalecer la institucionalidad y las organizaciones de la comunidad. Es fundamental fortalecer las corregidurías, alcaldías, justicia, personería, Sistema de alertas tempranas de la Defensoría del pueblo, concejos municipales y en fin, las distintas instancias del gobierno y el Estado. Asimismo promover y organizar los distintos grupos y sectores de la comunidad, fomentar las redes de participación y control, capacitar en liderazgo y organización, entre otras.
• Recuperar a comunidades que tradicionalmente han vivido el conflicto armado. En la zona son numerosos los pueblos, veredas y corregimientos, que han padecido de manera ininterrumpida el conflicto armado originado por la guerrilla liberal, la guerrilla de izquierda, las autodefensas y los grupos con nuevas denominaciones. Por ejemplo: Santafé Ralito, Tierradentro, Pica Pica, Batata, Callejas, Villa Nueva, El Palmar, Puerto Nuevo, Juan José, San Francisco del Rayo, Sitio Nuevo, entre otros. Entender la vida y situación de estas comunidades nos aportaría conocimientos importantes para intentar su recuperación. Con un plan acordado entre las instituciones del gobierno en sus diferentes instancias, organizaciones internacionales y comunidad en general trataríamos de generar los cambios que sean necesarios para una mejor forma de vida.

Montería, 14 de abril de 2005

- Víctor Negrete Barrera, Universidad del Sinú. Centro de Estudios Sociales y Políticos

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org