Sobre el mandato minero
01/04/2008
- Opinión
A través de Ecuador Inmediato hemos tenido acceso a un mandato minero borrador que pretendería recuperar la soberanía sobre nuestros recursos naturales, en la actualidad, entregados en bandeja de plata a las empresas transnacionales mineras.
La Asamblea Constituyente, en su intento de cumplir con su mandato histórico, pretendería avanzar en la recuperación de la soberanía nacional sobre los recursos naturales, a través de: la declaración de caducidad de una importante parte de las concesiones entregadas, el establecimiento de límites en la concentración de concesiones, la suspensión de actividades de aquellas empresas que han invertido y que no se encuentran en áreas protegidas, o en zonas de amortiguamiento, hasta disponer del nuevo marco constitucional y legal, entre otros aspectos.
Sin embargo, a través de este boletín, queremos advertir a los constituyentes y al país en su conjunto, que este esfuerzo de la Asamblea puede resultar parcial y contraproducente sino se consideran las siguientes observaciones.
El espíritu del mandato adopta una posición de partida favorable al impulso de la minería en el país, cuando este tema no ha sido lo suficientemente discutido, ni debatido con información transparente, y, peor aún, consensuado entre los ecuatorianos y ecuatorianas. Desde ningún punto de vista en este mandato minero, de recuperación de la soberanía, debe haber una disposición para la creación de una Empresa Estatal Minera.
Por otro lado, algo que nos sorprende profundamente, el mandato, en sus considerandos, consagra el principio de la vieja constitución, de que se puede entregar los recursos minerales a través de concesiones; con esto, en lugar de sepultar al neoliberalismo, se prolongaría su la larga noche: un contrasentido histórico.
El mandato debe ser más simple y contundente; su objetivo: la recuperación de la patria.
Debemos insistir, en este primer momento de definiciones constitucionales en materia de recursos naturales, que la demanda del movimiento por un Ecuador libre de minería industrial, es la reversión total de las concesiones. La ley minera es inconstitucional, las empresas que han invertido dentro de este marco legal pernicioso han violado la constitución en varios artículos: la consulta previa, el derecho a vivir en un ambiente sano, la paz y tranquilidad social. Por otro lado han violado derechos fundamentales de la población, con persecuciones, criminalización de la protesta, agresiones físicas de diversa intensidad. Nos preguntamos: ¿Se les puede dar a estas empresas, a través de un mandato constituyente y una tibia suspensión - que de hecho ya ocurre por disposición del propio ministerio de minas y petróleos en más de un caso - un recurso para que sigan incursionando en territorios enteros y sembrando la división y la confrontación social?
El argumento conservador para no revertir todas las concesiones es, podemos intuir, que van a llover las demandas por indemnización, sin embargo frente a ello, cabe indicar, lo que ya se ha dicho:
Todas las demandas de indemnización por parte de las mineras agresoras, se las puede facturar al Banco Mundial y a todos los responsables de la elaboración del marco jurídico vigente. Y esto, solo luego, y solamente luego de auditorías integrales (jurídicas, sociales, económicas, ambientales) y con alta participación social, sobre el accionar de estas empresas, en donde se demuestre previamente que no hayan agredido a la comunidad de ninguna forma, en donde se deduzca de su pretendida indemnización todas las externalidades generadas, lo que deberá incluir, en forma definitiva, la indemnización a las comunidades afectadas por su presencia.
El debate y definiciones sobre la conveniencia de la minería industrial en zonas tan frágiles y críticas para la continuidad de la vida en este país, con su identidad potente y fecunda, como son la Cordillera del Cóndor, o los páramos de Molleturo, o de Victoria del Portete, o de las Naves o de Intag, deberá dárselo con información oportuna, objetiva, y con una alta participación social, de lo contrario el Gobierno Nacional, la Asamblea Constituyente, el movimiento País, caerán en contradicciones profundas con sus postulados de campaña: "la democracia radical", "la lógica del capital no primará sobre la vida", "la riqueza de nuestro país es nuestra diversidad". Cabe indicar que en su plan de gobierno no hay una línea sobre el tema minero!!
Este es un llamado a la reflexión del Gobierno Nacional, de los Asambleistas Constituyentes, y del país en su conjunto, a estar atentos en estos momentos trascendentales para nuestra historia. No olvidemos: con la recuperación de la patria, recuperamos la matria.
Ecuador no será país minero
La Asamblea Constituyente, en su intento de cumplir con su mandato histórico, pretendería avanzar en la recuperación de la soberanía nacional sobre los recursos naturales, a través de: la declaración de caducidad de una importante parte de las concesiones entregadas, el establecimiento de límites en la concentración de concesiones, la suspensión de actividades de aquellas empresas que han invertido y que no se encuentran en áreas protegidas, o en zonas de amortiguamiento, hasta disponer del nuevo marco constitucional y legal, entre otros aspectos.
Sin embargo, a través de este boletín, queremos advertir a los constituyentes y al país en su conjunto, que este esfuerzo de la Asamblea puede resultar parcial y contraproducente sino se consideran las siguientes observaciones.
El espíritu del mandato adopta una posición de partida favorable al impulso de la minería en el país, cuando este tema no ha sido lo suficientemente discutido, ni debatido con información transparente, y, peor aún, consensuado entre los ecuatorianos y ecuatorianas. Desde ningún punto de vista en este mandato minero, de recuperación de la soberanía, debe haber una disposición para la creación de una Empresa Estatal Minera.
Por otro lado, algo que nos sorprende profundamente, el mandato, en sus considerandos, consagra el principio de la vieja constitución, de que se puede entregar los recursos minerales a través de concesiones; con esto, en lugar de sepultar al neoliberalismo, se prolongaría su la larga noche: un contrasentido histórico.
El mandato debe ser más simple y contundente; su objetivo: la recuperación de la patria.
Debemos insistir, en este primer momento de definiciones constitucionales en materia de recursos naturales, que la demanda del movimiento por un Ecuador libre de minería industrial, es la reversión total de las concesiones. La ley minera es inconstitucional, las empresas que han invertido dentro de este marco legal pernicioso han violado la constitución en varios artículos: la consulta previa, el derecho a vivir en un ambiente sano, la paz y tranquilidad social. Por otro lado han violado derechos fundamentales de la población, con persecuciones, criminalización de la protesta, agresiones físicas de diversa intensidad. Nos preguntamos: ¿Se les puede dar a estas empresas, a través de un mandato constituyente y una tibia suspensión - que de hecho ya ocurre por disposición del propio ministerio de minas y petróleos en más de un caso - un recurso para que sigan incursionando en territorios enteros y sembrando la división y la confrontación social?
El argumento conservador para no revertir todas las concesiones es, podemos intuir, que van a llover las demandas por indemnización, sin embargo frente a ello, cabe indicar, lo que ya se ha dicho:
Todas las demandas de indemnización por parte de las mineras agresoras, se las puede facturar al Banco Mundial y a todos los responsables de la elaboración del marco jurídico vigente. Y esto, solo luego, y solamente luego de auditorías integrales (jurídicas, sociales, económicas, ambientales) y con alta participación social, sobre el accionar de estas empresas, en donde se demuestre previamente que no hayan agredido a la comunidad de ninguna forma, en donde se deduzca de su pretendida indemnización todas las externalidades generadas, lo que deberá incluir, en forma definitiva, la indemnización a las comunidades afectadas por su presencia.
El debate y definiciones sobre la conveniencia de la minería industrial en zonas tan frágiles y críticas para la continuidad de la vida en este país, con su identidad potente y fecunda, como son la Cordillera del Cóndor, o los páramos de Molleturo, o de Victoria del Portete, o de las Naves o de Intag, deberá dárselo con información oportuna, objetiva, y con una alta participación social, de lo contrario el Gobierno Nacional, la Asamblea Constituyente, el movimiento País, caerán en contradicciones profundas con sus postulados de campaña: "la democracia radical", "la lógica del capital no primará sobre la vida", "la riqueza de nuestro país es nuestra diversidad". Cabe indicar que en su plan de gobierno no hay una línea sobre el tema minero!!
Este es un llamado a la reflexión del Gobierno Nacional, de los Asambleistas Constituyentes, y del país en su conjunto, a estar atentos en estos momentos trascendentales para nuestra historia. No olvidemos: con la recuperación de la patria, recuperamos la matria.
Ecuador no será país minero
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