La inseguridad y la violencia que mantienen atemorizada a la sociedad oaxaqueña, son una muestra más de la grave descomposición que se vive en ese estado sureño. En Oaxaca no pasa día, sin que se conozcan nuevas ejecuciones, secuestros y detenciones arbitrarias; en las últimas semanas han ocurrido numerosos atracos y asesinatos, hechos sucedidos a plena luz del día, sin que en la mayoría de los casos los responsables hayan sido hasta ahora detenidos.

Esta espiral de violencia es ya generalizada y se ha agudizado en los últimos seis meses; lo mismo ha alcanzado a ricos empresarios, que a gente sencilla del pueblo. Esta escalada violenta también ha impactado a la clase política pues en los últimos días han sido secuestrados o asesinados varios dirigentes partidistas y han muerto ejecutados conocidos jefes policíacos y en un reciente atentado murieron dos guardaespaldas de un diputado local.

Sin embargo esta escalada de violencia no es similar a la que sacude al resto del país. Es cierto que las ejecuciones y los levantones ocurren de manera cotidiana en todo México y que no hay región en donde la violencia no haya sentado sus reales; pero en Oaxaca muchos de los actos de violencia tienen la marca de mismos cuerpos policíacos o de las partidas de pistoleros y golpeadores al servicio de funcionarios y caciques priístas.

Contando con protección gubernamental, los profesores y esquiroles agrupados en la fantasmal Sección 59 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) han seguido agrediendo y provocando actos de violencia en contra de los profesores de la Sección 22. Este conflicto se ha extendido a diferentes regiones y ya ha involucrado a padres de familia, provocando divisionismo y altercados al interior de las propias comunidades.

Por otro lado y como una práctica de contrainsurgencia, grupos caciquiles han venido usando formas de violencia extrema con el fin de provocar el temor y la crispación dentro de los pueblos indígenas, recurriendo para ello a asesinatos alevosos y crueles. Ante estos brutales crímenes ni el Procurador de Justicia y menos el Presidente del Tribunal Superior han querido actuar siendo por ello que homicidas plenamente identificados gozan de total impunidad. ¿Quién hará justicia a los dirigentes indígenas Lauro Juárez, Plácido López o Rosalino Díaz, asesinados en los últimos días?
La corrupción que priva en las instituciones encargadas de impartir y procurar justicia ha permitido por ejemplo que pederastas escapen protegidos por la misma policía ministerial y que decenas de indígenas como el mixe Miguel Juan Hilaria se pudran en la cárcel víctimas de las maniobras de agentes del ministerio público que a su vez también actúan como operadores priistas. En Oaxaca “gobierna el mal” como dijera hace algunos meses un dirigente vecinal de un pueblo conurbado a la capital del estado.

La corrupción y el uso discrecional de la ley por parte del grupo caciquil que gobierna a Oaxaca, he llevado a que los casos de decenas de muertos, cientos de heridos y de víctimas del autoritarismo gubernamental o mejor dicho del terrorismo de Estado, hayan sido archivados; mientras tanto y con cinismo extremo un juez recientemente multó a Emeterio Merino Cruz por no comparecer en una diligencia judicial, cuando Emeterio se encuentra paralizado como resultado de una brutal golpiza propinada por policías estatales, quienes hasta la fecha gozan de protección.

Aquí es importante señalar que a este enrarecido cuadro de descomposición política y de violación de garantías constitucionales ha contribuido sin lugar a dudas la actuación que ha tenido la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que hasta ahora el máximo tribunal del país se ha negado de manera sistemática a cumplir con el papel que la ley le asigna en la observancia al respeto de las garantías constitucionales de la ciudadanía, garantías que en Oaxaca han sido de sobra violadas por el Gobierno estatal. El silencio de la SCJN ante el caso Oaxaca la hace cómplice de las graves violaciones a los derechos y garantías de cientos de mexicanos, hombres y mujeres que sufrieron vejámenes, y abusos extremos por parte de cuerpos policíacas municipales, estatales y federales, así como por bandas de delincuentes., porros y golpeadores al servicio de la “ burbuja” que gobierna a Oaxaca.

Ante el malestar generalizado que ha creado este clima de inseguridad, el Gobierno de encabeza el cuestionado Ulises Ruiz ha respondido como es su costumbre, maquillando con cinismo la realidad; removiendo de su cargo a funcionarios menores y minimizando un fenómeno que afecta a amplios sectores de la población. Por supuesto que esta respuesta ha creado un mayor desasosiego y también un fundado malestar entre la ciudadanía, la que tiene la clara percepción de que las policías y los funcionarios gubernamentales han hecho uso excesivo y discrecional de la ley y de la represión y han actuado con saña en contra de sus opositores, pero que son y han sido incapaces de frenar la oleada delictiva que azota a toda la entidad.

En mayo próximo, Oaxaca, será de nuevo escenario de una importante movilización magisterial, la cual además de reclamar sus demandas gremiales, seguirá exigiendo la liberación de Flavio Sosa y de los presos de la APPO que aún son mantenidos en prisión; pero sin lugar a dudas a en esta nueva jornada de movilización se sumara el reclamo y la protesta ciudadana ante la ineptitud y corruptelas gubernamentales que fomentan la inseguridad y la violencia. Sin lugar a dudas en Oaxaca gobierna el Mal y gobierna mal.