El pueblo ecuatoriano se pronunció mayoritariamente por el No en el referéndum convocando este 26 de noviembre por el gobierno conservador de Sixto Durán Ballén para reformar la Constitución que rige el país desde 1979.

Más del 50% de los votos válidos se inclinaron por el NO en las 11 preguntas de la consulta, según un muestreo realizado por la empresa CEDA TOS a la salida de los recintos electorales. El NO se impuso en todas las provincias del país, con excepción de la provincia del Guayas, en donde tienen su cuartel general las tendencias de derecha que llamaron a votar por el sí. Se estima que estas cifras no sufrirán mayores variaciones cuando el Tribunal Supremo Electoral dé a conocer los resultados definitivos.

A pesar de que en la consulta se incluyeron aspectos de "aceptación general" como la descentralización y la distribución del presupuesto por provincias, el electorado no discriminó en los temas y prefirió votar en plancha por el no o por el sí. Por ello, la mayoría de analistas, interpretaron los resultados de la consulta como un rotundo rechazo al gobierno que acusa un fuerte desgaste y altos índices de impopularidad.

Varios hechos han agravado la crisis del régimen como la muerte de dos estudiantes a manos de elementos de la policía y la obstrucción de la justicia por parte del Ejecutivo en el "caso Dahik". El ex-vicepresidente Dahik huyó a Costa Rica luego de que el Poder Judicial ordenó su captura por manejos arbitrarios de fondos reservados del Estado.

Luego de ello, el presidente Durán Ballén emitió un decreto secreto mediante el cual impedía al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, revelar públicamente el contenido de los microfilmes de las cuentas reservadas de la Vicepresidencia. A ello se debe sumar la imprevisión gubernamental en el manejo de la crisis energética que mantuvo sin luz al país durante más de 60 días y la insensibilidad en la atención a los hospitales públicos, muchos de los cuales se encuentran a punto de cerrar por falta de asignaciones presupuestarias. (Ver ALAI No. 221).

Los ecuatorianos rechazaron las propuestas de privatizar la Seguridad Social y suprimir los derechos de sindicalización y de huelga de los empleados públicos y los intentos de concentrar mayor poder en el Ejecutivo otorgándole la facultad de disolver el Congreso por una sola vez durante su mandato (ver anexo).

Voceros gubernamentales destacaron, antes del referéndum, que el triunfo del SI no le favorecía directamente al régimen pues solo le restan nueve meses en el poder. Es evidente que la reforma iba destinada a crear el marco constitucional adecuado para que los grupos económicos y financieros accedan a los enormes recursos de la Seguridad Social. Por otro lado, el camino de la privatización de las áreas estratégicas de la economía (energía eléctrica y petróleo) quedaría despejado ilegalizando a los sindicatos de estas áreas que se han mostrado como los más firmes opositores a los planes gubernamentales. Pero los cálculos del régimen fallaron y hoy se ve abocado a tomar en cuenta el pronunciamiento popular.

Campaña costosa y desigual

Aunque en el debate previo a la consulta no dejaron de participar los políticos, el contrapunteo fundamental se desarrolló entre las representaciones de los empresarios y las organizaciones sindicales y populares.

Tras del SI unieron voluntad y capitales los gremios empresariales y el régimen de Durán Ballén, quienes desplegaron una costosa y agresiva campaña propagandística que finalmente no logró persuadir a los electores.

Sectores de opinión, estimaron que el gasto de la consulta ascendió a 12 millones de dólares. Solo en propaganda por el SI, el régimen gastó más de dos millones de dólares y otros dos invirtió el Tribunal Supremo Electoral en actividades de promoción.

Ciertos canales de televisión adoptaron una posición abiertamente favorable a las tesis oficiales, dando amplia cobertura a los representantes de los gremios empresariales y minimizando a quienes sostenían las tesis contrarias.

Los empresarios y el gobierno se presentaron como los abanderados de la reforma política (una reforma hacia la derecha), y centraron sus ataques contra los "políticos del Congreso" y los privilegios de los empleados públicos amparados por contratos colectivos.

En desigualdad de condiciones, tras del NO se alinearon el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, que defiende su supervivencia institucional, y la Coordinadora de Movimientos Sociales que agrupa a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y a los sindicatos de trabajadores petroleros, eléctricos y la seguridad social. El Frente Unitario de Trabajadores, que agrupa a las cuatro principales centrales sindicales, mantuvo un perfil bajo debido al debilitamiento y a la crisis por la que atraviesa.

Estos sectores llamaron a votar once veces NO en la consulta como una forma de sancionar a un régimen "corrupto, privatizador y mentiroso". Los trabajadores eléctricos y de la Seguridad Social aportaron con un día de sueldo y los trabajadores petroleros hipotecaron su local sindical para reunir el dinero que les permitió lanzar una modesta campaña publicitaria por el NO y la solidaridad, que resultó efectiva.

Los sindicatos públicos, las organizaciones estudiantiles y los campesinos e indígenas afiliados al Seguro Social Campesino (dependiente del IESS) se movilizaron en varias ciudades del país para rechazar el intento de suprimir el Seguro Social.

"El pueblo ecuatoriano supo orientarse con lucidez extraordinaria en medio de una campaña alienante que buscaba confundir la conciencia de la gente en busca de respuestas afirmativas y responder con precisión a las demandas presentes de su propia historia", expresó la Coordinadora de Movimientos Sociales.
"El pueblo ecuatoriano se reveló en contra de las chequeras de las cámaras de la producción y el Gobierno. Ellos son los grandes derrotados de este proceso", agregó la Coordinadora.

Seguridad social

Aunque en la agenda de la consulta constaban una variedad de asuntos que incluso podían cambiar la estructura y funcionamiento de los principales organismos del Estado como el Congreso, el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Corte Suprema de Justicia, el tema de la seguridad social se convirtió en el principal tema de controversia. Según los resultados iniciales, es, además, el tema que más votos obtuvo para el No.

Es que la Seguridad Social en el país abarca a dos millones de afiliados (de los cuales 700.000 son indígenas y campesinos) y cuenta con la más grande red de infraestructura médica y un enorme patrimonio. Según la Constitución, es el único organismo facultado para administrar la seguridad social.

Los gremios de empresarios, las aseguradoras y los voceros oficiales, en su campaña, insistieron en las deficiencias del IESS y su baja cobertura, a la vez que señalaban que el IES S debe competir con las aseguradoras privadas.

Los enormes recursos gastados en atacar al IESS y en difundir las supuestas bondades de las administradoras privadas de pensiones y los sistemas de medicina prepagada más bien despertaron sospechas entre los ecuatorianos y en especial en los afiliados al IESS, que dijeron No a la privatización y a la entrega del acumulado social del IESS a manos privadas.

El IESS atraviesa por una grave crisis económica, agravada por la enorme deuda del Estado y la decisión presidencial de amarrado de pies y manos, lo que ha repercutido en la baja de la calidad de las prestaciones hacia los afiliados.

El NO a la privatización del Seguro Social no sería un voto para que las cosas queden como están, sino que constituiría un llamado de atención a las autoridades y trabajadores de Seguro Social para que entren en un profundo proceso de cambio y mejoramiento. Solo de esta manera, se mantendrán vigentes los principios que lo inspiran, la solidaridad y la universalidad, y el pronunciamiento popular no habrá caído en saco roto, destacaron las propias fuerzas que propugnaron por el NO.

Anexo

Los temas consultados

Las 11 preguntas que recibieron un NO en la consulta se relacionan con:

Privatización de la Seguridad Social.

Prohibición del derecho a la sindicalización de los empleados públicos y prohibición de paralizar los servicios de salud, educación, transporte, agua potable, educación y otros servicios públicos.

Descentralización y elaboración del presupuesto estatal por provincias.

Facultad del Ejecutivo para disolver el Congreso Nacional por una sola vez durante su mandato.

Elección de diputados por distritos y en forma uninominal. Elección del presidente y vicepresidente del Congreso cada dos años y por votación secreta.

Nueva forma de integración y control de la Función Judicial a través de la Creación del Consejo Nacional de Judicatura. Privatización parcial de la justicia.

Eliminación del actual Tribunal de Garantías Constitucionales y de la Corte de lo Constitucional y creación del Tribunal Constitucional.

Publicado en el Servicio Informativo Nº 223, ALAI, 27-11-1995, Quito.