En las tres primeras semanas de octubre, el presidente Ernesto Samper cumplió un intenso programa de actividades que distrajeron, al menos momentáneamente, la atención nacional que estuvo concentrada en el proceso abierto por la Fiscalía para investigar la presencia de dineros del narcotráfico en las campañas electorales.

Samper viajó a Alemania cumpliendo objetivos comerciales, luego fue a Bariloche, Argentina, en donde se desarrollaba la cumbre presidencial iberoamericana. Inmediatamente regresó a su país, y fue a Cartagena en donde se encontraba reunido el Movimiento de los No Alineados, cuya presidencia recayó en Colombia para los próximos tres años. Y finalmente concurrió a Nueva York, en donde pronunció un discurso en el cincuentenario de la ONU.

Entre viaje y viaje, varios acontecimientos agravaron la crisis interna de su gobierno: las relaciones con EE.UU. llegaron a su punto más bajo, los empresarios se distanciaron y la Corte Constitucional declaró injustificado el estado de conmoción interior decretado por el régimen en el mes de agosto. Entre tanto, el tesorero del Cartel de Cali, Guillermo Pallomari, se entregó a las autoridades de EE. DU., en la Florida, e hizo explosivas confesiones que comprometen a diputados liberales y conservadores y a oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía, los cuales habrían recibido pagos periódicos del cartel de Cali.

Una posición polémica

Durante la asamblea conmemorativa del cincuentenario de la ONU, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton dedicó una parte de su discurso al tema de las drogas. El domingo 22 de octubre, la administración Clinton adoptó la decisión de congelar las cuentas de empresas y ciudadanos colombianos sospechosos de tener vínculos con el narcotráfico. La medida afecta a las empresas de propiedad de los miembros del Cartel de Cali: Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y Helmer Herrera.

La posición del gobierno de Estados Unidos causó diversas reacciones en Colombia. Mientras el presidente Samper se mostró complacido, el fiscal, Alfonso Valdivieso, consideró que se trata de una medida unilateral equivalente a los embargos que Washington ha impuesto a Cuba, Irak o Libia. Valdivieso acotó que el presidente Bill Clinton debería adoptar las mismas medidas con las compañías norteamericanas que producen las sustancias químicas utilizadas para producir las drogas.

La posición de Samper fue interpretada como un intento de mejorar las relaciones con EE.UU., pues a lo largo de su período presidencial, éstas han sido conflictivas y difíciles. A fines de septiembre, sufrió un atentado criminal el abogado Antonio Cansino, defensor de Samper en el proceso que le sigue la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja por la presencia de dineros calientes en la campaña electoral. Cansino fue herido de bala, en tanto que uno de sus escoltas resultó muerto.

Inmediatamente, el ministro del interior, Horacio Serpa, insinuó que habría una conspiración para derrocar a Samper en la que estarían involucrados la DEA (policía anti-drogas de Estados Unidos) y a la embajada estadounidense en Bogotá. . Informaciones de prensa dieron a conocer, por estos mismos días, la intromisión en asuntos internos del embajador de EE.UU. en Bogotá, Myles Frechette, quien en reuniones sociales comentaba que Samper no duraría hasta fines de año. Frechette, además, había reprochado que Colombia asuma la Presidencia de los No Alineados.

Otro elemento que contribuyó al distanciamiento entre los dos países fue la revelación de unas grabaciones entre funcionarios de la DEA en Colombia con sus superiores de Estados Unidos, hechas por el congresista Carlos Lucio, ex-miembro del M -19. En dichas grabaciones los miembros de la DEA califican a los funcionarios colombianos como "idiotas, marionetas y acomplejados".

Ante estos hechos, Washington rechazó las insinuaciones de Serpa y señaló que son maniobras para desviar la atención sobre la presencia de dinero del narcotráfico de Samper. A la vez, exigió al ministro Serpa que se retracte públicamente, lo que días más tarde efectivamente hizo el funcionario.

Las declaraciones de Serpa inquietaron a los gremios empresariales pues en Estados Unidos se anunciaron sanciones comerciales para los productos colombianos. Los principales dirigentes empresariales dieron un tirón de orejas al gobierno de Samper, al cual dos meses antes lo habían apoyado suscribiendo el Acuerdo Nacional contra la Violencia. Los empresarios reprocharon las declaraciones de Serpa y señalaron que el "país requiere de un gobierno vigoroso y decidido".

Con las sanciones anunciadas por Clinton se teme que la economía colombiana saldría afectada, pues las actividades de exportación podrían ser catalogadas en EE. UU. como sospechosas y sufrir restricciones.

Publicado en el Servicio Informativo, Nº 221, ALAI, 26-10-1995, Quito