El intento del régimen conservador de Sixto Durán Ballén de continuar y profundizar el proyecto privatizador y la respuesta que han dado los sectores populares, dieron por concluida la unidad nacional que vivió el país a propósito del enfrentamiento armado con el Perú, a comienzos de este año.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que agrupa a las cuatro principales centrales sindicales del país, protagonizó un paro de 24 horas este 25 de mayo protestando contra un proyecto de reformas constitucionales enviadas por el Ejecutivo al Congreso con las que se pretende eliminar la sindicalización pública y la seguridad social, y traspasar al sector privado la explotación del petróleo, las telecomunicaciones y la electricidad...

La huelga se cumplió a medias y no tuvo la fuerza de las anteriores debido al proceso de debilitamiento que han experimentado las centrales de sindicales; y a la dispersión de las organizaciones populares y sociales que persisten en acciones aisladas para enfrentar el proyecto privatizador del régimen de Durán Bailen
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Los 90.000 maestros fiscales y los estudiantes que se encuentran nucleados alrededor del Frente Popular, no participaron en la medida de hecho puesto que no fueron consultados por el FUT. Tampoco se adhirió el Frente Energético, que agrupa a los trabajadores eléctricos y petroleros, y que se ha mostrado muy activo en la lucha contra la privatización de estas áreas de la economía.

El paro quizá habría pasado desapercibido de no ser por la acción de los indígenas y campesinos afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quienes, desde el 24 de mayo, obstaculizaron las principales carreteras del país y el día de la huelga se tomaron un templo en la ciudad de Quito.

Los campesinos temen que con la privatización del IESS y la creación de seguros sociales privados, desaparezca el Seguro Social Campesino que ampara a 900.000 personas, y que es considerado como un mecanismo de solidaridad y de compensación social hacia el sector campesino, que provee, a bajos costos, de alimentos a las ciudades. Las bases del Seguro Campesino están afiliadas a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, a la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas, FENOC-I, y a otras centrales campesinas.

La huelga del FUT se desarrolló en circunstancias en que está vigente el estado de emergencia que fue declarado por el gobierno para afrontar el conflicto armado con el Perú y que no ha sido derogado por el Ejecutivo, pese a que sectores universitarios y sindicales señalan que ya no se justifica pues se han superado las circunstancias que determinaron su adopción.

Altos personeros del Gobierno amenazaron con aplicar a los dirigentes sindicales, las disposiciones de la Ley de Segundad Nacional que contempla penas de cárcel para quienes promuevan medidas de hecho. Los medios de información se encargaron de crear un ambiente adverso a la huelga del FUT.

El movimiento sindical, que en las décadas de los 70 y 80 fue protagonista y dirigente de importantes jornadas de lucha, en la década del 90 experimenta una pérdida de su capacidad de convocatoria social. Las políticas de ajuste y la reducción del tamaño del Estado, la desindustrialización y la automatización de la producción, el crecimiento de la informalidad, las reformas laborales que limitaron el derecho de huelga y organización y la política estatal de des legitimación de los sindicatos han impactado en las centrales sindicales.

Además de ello, factores políticos, ideológicos y organizativos (caída del muro de Berlín, crisis de la izquierda y no renovación los cuadros dirigentes) conforman el cuadro del declive sindical.

En los dirigentes sindicales no se advierte todavía una renovación de su discurso que supere los criterios vanguardistas y sitúe al movimiento sindical como un actor más que tiene que concertar acciones y propuestas, en igualdad de condiciones, con otros movimientos sociales como los indígenas, los campesinos, las mujeres, los empleados públicos y otros.

Las razones de la huelga

La huelga nacional se desarrolló en un ambiente político, económico y social conflictivo. La guerra no declarada con el Perú que se prolongó desde el 26 de enero hasta el 28 de febrero aún no acaba de resolverse. Bajo la supervisión de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro (Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos) se ha cumplido la etapa del cese al fuego y el repliegue de los efectivos militares, pero la desmilitarización de la zona de conflicto es todavía motivo de controversia y negociación entre Ecuador y Perú.

La negativa de Alberto Fujimori a negociar con el gobierno ecuatoriano presidido por Durán Ballén; la condena de dos supuestos espías ecuatorianos en el Perú; la frontera común que continúa cerrada en la zona de Huaquillas (sur-oeste del país); el apresamiento de comerciantes ecuatorianos por parte de efectivos peruanos; y un incidente armado en la zona en disputa, indican que las tensiones se mantienen y que la posibilidad de un arreglo definitivo del viejo diferendo territorial es todavía lejano.

Pero el problema más grave para los ecuatorianos son las deudas de guerra por pagar. Al principio, el ministro de Finanzas, Modesto Correa, dijo que los costos del conflicto ascendían a 250 millones de dólares, pero el funcionario que lo reemplazó en el puesto, Mauricio Pinto, duplicó esa cifra.

Los primeros impuestos de guerra (una contribución obligatoria a los 600.000 vehículos que circulan) por el país; dos días de sueldo de los empleados públicos y privados y un impuesto a los empleadores) fueron aprobados sin reparos por el Congreso y aceptadas por la ciudadanía. El régimen también procedió a recortar en un 15 % la inversión pública. Pero, según el criterio del Ejecutivo, esto es insuficiente, por lo que presiona al Congreso para que elimine las exoneraciones del IVA, congele los salarios y aumente la jornada semanal de trabajo.
En definitiva, "el Gobierno ha querido aprovechar esta unidad nacional para golpear más a los sectores populares y a la clase trabajadora en su conjunto, dijo el dirigente del FUT, Julio Chang Crespo. Las medidas gubernamentales agudizarán la recesión, el desempleo y la pobreza, agregó.
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La privatización en apuros

El programa de privatizaciones, comandado por el Consejo Nacional de Modernización, CONAM, ha sufrido retrasos y algunos tropiezos derivados de los obstáculos jurídicos que constan en la Constitución, de las pugnas de los grupos de poder y de las denuncias sobre los oscuros intereses que están en juego.

En materia de petróleo, por ejemplo, los dirigentes sindicales de Petroecuador (empresa estatal de petróleos) y los militares, agrupados en la Asociación de Generales y Almirantes Retirados, de ideología nacionalista, han denunciado que el Gobierno proyecta construir, a través de una empresa transnacional, un nuevo oleoducto por un valor de 600 millones de dólares únicamente para que las transnacionales (Orix, Maxus, Elf y Occidental) puedan sacar su petróleo desde la Amazonía hasta la costa del Pacífico. El Estado no sacaría ningún beneficio pues las reservas petroleras probadas se agotarían en el año 2010; ello no justificaría la construcción de un nuevo oleoducto.

Así mismo, otro elemento que abona contra las privatizaciones es un análisis que efectuó una comisión de alto nivel, nombrada por el propio gobierno y compuesta por ex-gerentes de PETROECUADOR, sobre el contrato suscrito por el Ecuador con la compañía norteamericana Maxus en 1991, para la explotación de petróleo en el bloque 16 en la Amazonía ecuatoriana. El informe final de esta comisión determinó que el Estado ecuatoriano no obtendría ninguna rentabilidad. "No se podría aceptar que se exploten los recursos naturales del Estado sin que este obtenga un beneficio que justifique la entrega de esos recursos", señalo la comisión. Actualmente los recursos petroleros están en manos del Estado y financian más del 50% del presupuesto fiscal.

En este orden de cosas, se conoció también que la empresa norteamericana E-Sytems, que participa en la licitación del Registro Civil ecuatoriano, está acusada en Estados Unidos de vender información a la CIA Esto despertó dudas y resquemores en sectores de opinión, pues la inteligencia norteamericana, si E-Sistems gana la licitación, podría tener acceso a la base de datos.

En materia de reformas constitucionales el régimen enfrenta dificultades pues en el Congreso, que hasta hace poco tiempo estaba dominado por el Partido Social Cristiano -de derecha y afín al gobierno-, se conformó una nueva mayoría de centro izquierda con cuarenta diputados que plan¬tea que las áreas estratégicas de la economía (petróleo, electricidad y telecomunicaciones) deben quedar en manos del Estado, sin bien éste puede proceder a hacer concesiones a la empresa privada, cuando lo estime conveniente.

En cuanto al tema Seguridad Social, la mayoría de centro-izquierda se niega a dar paso al proyecto del Ejecutivo que plantea acabar con el monopolio estatal de la segundad social y crear seguros privándoos paralelos. Los diputados de centro y de izquierda proponen independizar y mejorar al actual IESS con la participación directa de los dos millones de afiliados. .
El FUT y la CONAIE señalaron que sus propuestas no han sido tomados en cuenta en la discusión de las reformas a la Carta Fundamental.

"Rechazamos las reformas aprobadas en el sentido de que el Estado es pluricultural y multiétnico, sin tomar en cuenta el planteamiento de la plurinacionalidad. Las denominaciones las determina cada pueblo y no se las puede imponer en función de pensamientos e intereses ajenos a los nuestros", expresó la CONAIE.

Por su parte el FUT exige que el Congreso tome en cuenta la propuesta del Foro Democrático, instancia conformada por 44 organizaciones populares y no gubernamentales, que el año pasado elaboró un texto alternativo de reformas constitucionales. (Ver S.I.. ALAI No. 202).

En materia de áreas estratégicas es posible que las diversas fuerzas políticas lleguen a una fórmula de consenso, no así en lo relacionado con la Seguridad Social, tema en el que el Ejecutivo se muestra inflexible. No se descarta la posibilidad de una nueva consulta popular para dirimir estas controversias constitucionales. En todo caso, con la última huelga, los sectores sindicales, campesinos e indígenas ya dieron su pronunciamiento


Publicado en el Servicio Informativo, Nº 213, ALAI, 26-05-1995, Quito