Las derivaciones de la "guerra campo-gobierno"
La sociedad sojera parece recuperar la armonía entre sus partes
27/03/2008
- Opinión
La sociedad sojera pareció ayer empezar a recuperar la armonía perdida. De manera bastante incomprensible para quienes no pertenecen a esa rentable sociedad entre el Gobierno K y los productores rurales, el discurso de Cristina Kirchner en Parque Norte resultó “conciliador” para los dirigentes de las 4 entidades patronales ruralistas que organizaron el lock-out que ya lleva 15 días, una conclusión tan incomprensible como la que los llevó a calificar de “ofensivo”, “violento” el que la presidenta había pronunciado el martes, poco después de que esos mismos dirigentes declararan que la medida iba a ser por tiempo indeterminado.
Hoy –y a despecho de algunas ratificaciones guerreristas de las “bases” de productores en algunos de los cortes de ruta-, conversaciones entre funcionarios del Gobierno y los jefes de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria Argentina deberían empezar a darle forma a la “instancia de diálogo” que se abriría alrededor de la distribución de la renta que generan las exportaciones sojeras previo previsible levantamiento del lock-out.
La solución no implicaría, por cierto, rediscutir el modelo agrario que comparten quienes parecieron a punto de iniciar una guerra civil en estos días. Por lo tanto, tampoco implicaría analizar auténticas funciones redistributivas de la porción de la renta sojera que el Gobierno recibe con el recurso de las retenciones a las exportaciones. Esas retenciones seguirán engrosando las reservas públicas para sostener un valor dólar funcional a las necesidades de los grandes grupos exportadores, para pagar los servicios de una deuda externa que no deja de crecer y para subsidiar a otros grandes grupos económicos (de servicios, industriales y petroleros).
Ni el Gobierno ni quienes en estos días de conflictos, crudezas verbales e intercambios de trompadas se asumieron como “pequeños y medianos productores”, incluyeron entre sus reivindicaciones y argumentos ningún diseño alternativo de la propiedad y el uso de los campos, de la estructura de comercialización y exportación de los granos, de la cultura de producción o de la defensa de la soberanía alimentaria.
En el camino de estos 15 días, quedan las enormidades operativas de uno y otro polo de la sociedad sojera, con las sobreactuaciones de los “piqueteros K” y las burocracias sindicales. También el arribismo de una porción de las clases medias urbanas, que con la excusa del “apoyo al campo” destilaron su nostalgia por la dictadura y los buenos tiempos del ultraliberalismo, su racismo y su odio de clase. Y la hipocresía de las organizaciones del poder económico: sería bueno recordar que en la escalada propagandística que antecedió a la Masacre de Avellaneda, en junio de 2002, el entonces presidente de la Sociedad Rural, Enrique Crotto, fue quien junto al banquero Eduardo Escasany asumió la tarea de llamar públicamente a la represión contra la “subversión” piquetera, la de los movimientos de trabajadores desocupados.
Una hipocresía equivalente a la de los grandes medios de comunicación, que jugaron todas sus cartas a favor de los reclamos corporativos de la “patria sojera” y mostraron indignación contra cualquier cuestionamiento a los cortes de ruta de los productores rurales, los que no provocan “caos de tránsito” como los de los desocupados ni lesionan los derechos de circulación de nadie, aún si en los micros demorados durante horas por los piquetes patronales hay chicos sin agua ni comida.
Las insinuaciones de la recuperación de la armonía societaria no son, después de todo, una sorpresa. La presidenta se encargó de reiterar que –aun para su grupo de militantes de los ´70- el peronismo “nunca promovió la lucha de clases ni el enfrentamiento entre ricos y pobres”, y que, además, está muy bien que haya gente que puede hacer plata y manejar 4x4.
Fuente: Prensa de Frente
Hoy –y a despecho de algunas ratificaciones guerreristas de las “bases” de productores en algunos de los cortes de ruta-, conversaciones entre funcionarios del Gobierno y los jefes de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria Argentina deberían empezar a darle forma a la “instancia de diálogo” que se abriría alrededor de la distribución de la renta que generan las exportaciones sojeras previo previsible levantamiento del lock-out.
La solución no implicaría, por cierto, rediscutir el modelo agrario que comparten quienes parecieron a punto de iniciar una guerra civil en estos días. Por lo tanto, tampoco implicaría analizar auténticas funciones redistributivas de la porción de la renta sojera que el Gobierno recibe con el recurso de las retenciones a las exportaciones. Esas retenciones seguirán engrosando las reservas públicas para sostener un valor dólar funcional a las necesidades de los grandes grupos exportadores, para pagar los servicios de una deuda externa que no deja de crecer y para subsidiar a otros grandes grupos económicos (de servicios, industriales y petroleros).
Ni el Gobierno ni quienes en estos días de conflictos, crudezas verbales e intercambios de trompadas se asumieron como “pequeños y medianos productores”, incluyeron entre sus reivindicaciones y argumentos ningún diseño alternativo de la propiedad y el uso de los campos, de la estructura de comercialización y exportación de los granos, de la cultura de producción o de la defensa de la soberanía alimentaria.
En el camino de estos 15 días, quedan las enormidades operativas de uno y otro polo de la sociedad sojera, con las sobreactuaciones de los “piqueteros K” y las burocracias sindicales. También el arribismo de una porción de las clases medias urbanas, que con la excusa del “apoyo al campo” destilaron su nostalgia por la dictadura y los buenos tiempos del ultraliberalismo, su racismo y su odio de clase. Y la hipocresía de las organizaciones del poder económico: sería bueno recordar que en la escalada propagandística que antecedió a la Masacre de Avellaneda, en junio de 2002, el entonces presidente de la Sociedad Rural, Enrique Crotto, fue quien junto al banquero Eduardo Escasany asumió la tarea de llamar públicamente a la represión contra la “subversión” piquetera, la de los movimientos de trabajadores desocupados.
Una hipocresía equivalente a la de los grandes medios de comunicación, que jugaron todas sus cartas a favor de los reclamos corporativos de la “patria sojera” y mostraron indignación contra cualquier cuestionamiento a los cortes de ruta de los productores rurales, los que no provocan “caos de tránsito” como los de los desocupados ni lesionan los derechos de circulación de nadie, aún si en los micros demorados durante horas por los piquetes patronales hay chicos sin agua ni comida.
Las insinuaciones de la recuperación de la armonía societaria no son, después de todo, una sorpresa. La presidenta se encargó de reiterar que –aun para su grupo de militantes de los ´70- el peronismo “nunca promovió la lucha de clases ni el enfrentamiento entre ricos y pobres”, y que, además, está muy bien que haya gente que puede hacer plata y manejar 4x4.
Fuente: Prensa de Frente
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/03/28/p3574
https://www.alainet.org/es/active/23090
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