Cuarenta y cinco organizaciones barriales de 15 ciudades del Ecuador resolvieron conformar una coordinación nacional de movimientos urbanos que les permita "avanzar en propuestas y en la construcción de ciudades democráticas, sanas y alegres".

Representantes de federaciones y comités barriales, frentes de usuarios, grupos de mujeres, cooperativas de vivienda y coordinaciones juveniles, se reunieron en Quito a mediados de noviembre para discutir la problemática urbana en el evento denominado "La Ciudad que Queremos", organizado por la Asociación Cristiana de Jóvenes, que impulsa programas de desarrollo en cuatro ciudades del país.

El Ecuador, según el urbanista invitado al evento Fernando Carrión, es un país eminentemente urbano pues el 56 % de su población de 11 millones de habitantes vive en las ciudades, y para fines de este siglo esa cifra se elevará al 60%. "Esto significa que el modo de vida fundamental de los ecuatorianos es el urbano, pero no solo porque la mayor cantidad de población vive en las ciudades, sino porque las ciudades a estas alturas del siglo son las que están estructurando el desarrollo económico, político, social y cultural del país", agrega Carrión.

Pese a que el país se ha urbanizado, el Estado no ha reconocido esta situación y carece de una política urbana para el país. Lo que ha existido son propuestas sectoriales y acciones aisladas que no han permitido buscar soluciones globales. Según los dirigentes barriales, los principales problemas que afectan a las ciudades están relacionados con el acceso a la tierra y a la vivienda, la falta de servicios y equipamiento comunitario, la pobreza y el desempleo, la violencia y los desastres naturales.

La relación entre organizaciones barriales y municipios (gobiernos locales) fue otro asunto que ocupó la atención de los dirigentes poblacionales. Pese a que en los 16 años de vigencia democrática, en el país se ha incrementado el número de municipios, estos tienen limitaciones en cuanto al ejercicio de la democracia. Esas limitaciones se relacionan con la ausencia de un marco jurídico adecuado que permita la participación popular, el clientelismo, la apatía ciudadana y la ausencia de políticas de comunicación entre municipio y comunidad.

Las organizaciones poblaciones plantean que la participación, debe basarse en dos pilares:

. 1) Las organizaciones deben promover la democracia interna, la autonomía, el pluralismo; liderar el debate de propuestas; plantear soluciones integrales; generar instancias de poder local y evaluar la gestión municipal.

.2) El Municipio debe aprobar ordenanzas que reconozcan a las organizaciones populares; promover la participación ciudadana en sus decisiones y en el diagnóstico, planificación y ejecución de obras; informar a la comunidad sobre su gestión; apoyar la descentralización con verdadera voluntad política.
El tema de la descentralización, entendida como una delegación de competencias, recursos y funciones, es clave en el Ecuador pues los recursos del Estado históricamente han estado concentrados en Quito y Guayaquil, las dos ciudades más pobladas, relegando a las demás 197 ciudades a un segundo lugar. Actualmente, apenas el 4 % del presupuesto estatal se canaliza a través de los gobiernos locales, lo que contrasta con más del 50% que dedican a los mismos fines, algunos países del Norte.

También se abordó el tema de la planificación reconociendo que ésta es un instrumento válido para intervenir activamente, con responsabilidad y solidaridad en el diagnóstico y toma de decisiones para la solución de los problemas y las necesidades de la comunidad. "Tenemos que elaborar planes de desarrollo local que permitan encausar la participación comunitaria, demostrando que podemos conseguir soluciones a nuestros problemas", dijo Francisco Falcones, presidente de la Unión de Barrios Marginales de Chone, una ciudad de 40.000 habitantes situada en la provincia costera de Manabí.

Como resultado del encuentro, las organizaciones se comprometieron a elaborar una agenda de los derechos de los pobladores, una ley de participación ciudadana e impulsar un plan conjunto de formación.

Publicado el Servicio Informativo Nº 224, ALAI, 11-12-1995, Quito