Definida como el "uso o amenaza de uso de la fuerza física o coacción moral o social para lograr fines determinados", la violencia se ha incrementado de manera acelerada hasta convertirse, junto con la pobreza, en uno de las temas más relevantes de la agenda social de fines de siglo.

La violencia es un fenómeno mundial y quizá sea una de las expresiones más dramáticas de los procesos de globalización mundial y de los programas de ajuste. "La violencia de hoy, es, sin lugar a dudas, el mayor de todos los males que enfrentan nuestros países, debilitando y destruyendo las sociedades civiles", expresa Jorge Werthein, representante de la UNESCO ante la ONU.

El aparecimiento del terrorismo de derecha en Estados Unidos y Japón, con sus métodos brutales de extermino y destrucción, constituye un permanente dolor de cabeza para las clases dirigentes de esos países. Es que los atentados de Oklahoma y del metro en Tokio no son fenómenos importados sino que se incuban y se desarrollan en el seno mismo de esas sociedades, presentándose como gérmenes de su propia autodestrucción.

América Latina constituye la región más peligrosa para vivir. Un muestreo de países de Asia indican que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 1.3; en los países desarrollados (Estados Unidos, Europa y Japón) llega al 4.5; en Europa Oriental al 4.6 y en América Latina al 19.8.

En América Latina se producen 250 muertes por día a causa de la violencia estructural. Esto significa que desaparecen al año 91.250 personas, con pérdidas que superan los" 10.000 millones de dólares al año, según la Organización Panamericana de la Salud.

Colombia es considerada como el país más violento del mundo. Y no se quedan atrás Brasil, Panamá, México, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Perú y Ecuador, en donde no solo se han incrementado la delincuencia sino que se ha diversificado, apareciendo nuevas manifestaciones como los secuestros, el robo con asesinato y la delincuencia juvenil.

Las organizaciones delictivas son más complejas, cuentan con mayores recursos económicos, arsenales sofisticados y relaciones con el sistema social establecido. Incluso se habla de la formación de verdaderas transnacionales delictivas dedicadas al narcotráfico, al lavado de dinero y al contrabando.

Algunas consecuencias

América Latina se urbaniza rápidamente. Un 72 por ciento de la población, esto es 300 millones, vive en las ciudades. Pero la violencia crece a un ritmo mayor que los niveles de urbanización. La violencia, en muchas urbes, ocupa el primer lugar de las preocupaciones ciudadanas, y es un indicativo de la calidad de vida.

La violencia erosiona rápidamente la noción de ciudadanía. Grandes segmentos de la población tienden a asumir formas de autodefensa que llevan a modificar sus conductas diarias pues restringen sus relaciones sociales, consideran a toda persona desconocida como sospechosa, modifican sus horarios habituales y lugares por los que transitan.

Como reacción a estos fenómenos se genera en la población sentimientos de individualismo, desconfianza, agresividad, desamparo.

Nuestras ciudades van perdiendo los espacios públicos y ganan terreno las urbanizaciones privadas amuralladas, vigiladas por guardias fuertemente armados.

Fenómeno multicausal

Algunos analistas señalan que no hay una relación directa entre violencia y pobreza. Y para demostrar sus teorías argumentan que Medellín, la ciudad más violenta del mundo, tiene una cobertura de servicios básicos de casi 100 por ciento, en tanto que Quibdo, la ciudad menos violenta de Colombia, es la peor dotada de servicios.

Otros investigadores, en cambio, anotan que entre los problemas estructurales y el crecimiento de la delincuencia existe una relación directa. En Ecuador, por ejemplo, entre 1975 y 1981, un período de estabilidad y bonanza petrolera, la delincuencia se incrementó a un ritmo del 0.5 anual; a partir de 1982 (año en que comienzan la crisis de la deuda y las políticas de ajuste) se incrementa al 9.4 % anual. De un promedio de 16.000 casos anuales en la década del 70, se pasó a las 47.000 denuncias, en la del 80, según el Centro Andino de Acción Popular.

Sea como fuere, la aplicación continuada de los programas de ajuste y de las recetas neoliberales; el aumento del ejército de pobres, indigentes e informales; la brecha cada vez más grande entre ricos y pobres; la reducción del Estado y el deterioro de las políticas redistributivas; el peso de la deuda externa y los procesos de privatización y transnacionalización de la economía constituyen elementos que no pueden dejar de mencionarse a la hora de analizar las causas estructurales de la violencia.

Relacionado con lo anterior, se puede mencionar a la desintegración familiar. Cada vez mayor número de miembros de la familia se incorporan al mercado trabajo para conseguir los ingresos necesarios para la subsistencia. Cientos de miles .e niños y niñas deambulan por la calles buscando el sustento diario. Otros niños y jóvenes quedan abandonados en sus hogares, teniendo como única compañía la pantalla del televisor. En estas circunstancias, se destejen las solidaridades, se distancian padres e hijos. Difícilmente, los jóvenes aprenden a amar y a respetar al "otro". Muchos jóvenes ven al "otro" como un objeto, antes que como un hombre con sentimientos. En estas condiciones, matar a una persona resulta "lícito", pues no es a un hombre al se elimina sino a un simple objeto.

En el ambiente de nuestros países se respira una violencia discursiva. Los medios de información alimentan la competencia, inducen al consumismo, difunden modas, marcas y estilos de vida exclusivos que difícilmente puede ser alcanzados por la mayoría de la población empobrecida. Esto genera sentimientos frustración y el deseo de alcanzar a "felicidad" por cualquier medio. ¿Quiénes son los responsables de que un joven de una pandilla le Guayaquil o Medellín mate sólo para conseguir y lucir unos zapatos Reebook?

Pero no solo eso, las series de televisión violentas instruyen sobre los modos y las técnicas para delinquir. "De 150 reclusos entrevistados en 15 cárceles colombianas de 13 ciudades, sindicados o condenados por distintos delitos, el 92 por ciento afirmó que la televisión y el cine 'influyeron en su comportamiento delictivo o violento o en el de los demás reclusos", según expone Gustavo Castro Caycedo en su libro "El Libro Rojo".

La violencia delincuencial va en aumento, porque los que delinquen saben que no van ser sancionados. El deterioro de los organismos de control y de justicia determina que la impunidad sea la norma y los casos resueltos la excepción. En la policía y la administración de justicia hay altos grados de corrupción e ineficacia. El sistema penitenciario, en lugar de rehabilitar a los detenidos se ha constituido en "escuela del delito". En estas condiciones crece la desconfianza en la policía y el Poder Judicial. Los ciudadanos adquieren armas para defenderse, mientras los grupos de poder encuentran el justificativo para financiar y armar bandas parapoliciales que organizan operativos de
"limpieza social" y eliminan a mendigos, niños de la calles y homosexuales.

¿Endurecer las penas?

Bajo el criterio de que la "seguridad del Estado es la seguridad de la gente", el Estado prioriza la defensa del statu quo. Intencionalmente mezcla delincuencia con subversión y criminaliza la protesta social. Las huelgas, los paros, las acciones de hecho de los sectores populares son tipificados como delitos contra la seguridad del Estado y el orden público, y consecuentemente reprimidos.

En lugar de atacar las causas estructurales que generan la pobreza y la delincuencia, los gobiernos apuntan al incremento del pie de fuerza de la policía, e involucran a los militares en la lucha antidelincuencial. En las favelas de Río de Janeiro o en las barrios suburbanos de Guayaquil se organizan grandes operativos en donde pagan justos por pecadores: los pobres son tratados como delincuentes y fusilados sin contemplaciones. El objetivo es atemorizar a la población y mostrar a través de la televisión resultados "concretos".

Están de moda, igualmente, la cacería del "delincuente del siglo" y la desarticulación de la ''banda más peligrosa", como una estrategia para alcanzar alguna credibilidad en la ciudadanía.

En distintos países la vía represiva es presentada como al única alternativa para combatir la delincuencia. En El Salvador y el Ecuador, partidos de derecha y periodistas piden a gritos el endurecimiento de las penas (pena de muerte, cadena perpetua, acumulación de penas), como medidas ejemplarizadoras para combatir a la delincuencia. "Los que atentan contra la vida, tienen que pagar con su vida", sentencian.
Los que se oponen a la pena de muerte argumentan aspectos éticos ("la medida es inhumana"), sociológicos ("los delincuentes son víctimas de estructuras injustas y marginadoras) y jurídico-administrativos ("la ineficacia y politización de la justicia podría dar margen, fácilmente a error, y podría ser utilizada, como mecanismo de venganza por quienes controlan el Poder Judicial"). Pero el argumento más de peso, es que un violador o asesino no reflexiona previamente de las repercusiones legales de sus hechos antes de cometerlos. El remedio más bien es hacer más eficiente la justicia y eliminar la impunidad.

Desde la sociedad civil también se dan respuestas. Los barrios populares y las comunidades campesinas se organizan para reprimir y castigar lo que consideran una agresión. En las zonas residenciales, de clase media para arriba, se contra¬tan compañías de seguridad y vigilancia. Esto se inscribe en la lógica neoliberal de que cada quien resuelva sus problemas privadamente.

El peligro que está latente es que esta incorporación de la ciudadanía a la lucha delincuencial se la confunda con la crea¬ción de un Estado policiaco, en el que unos ciudadanos ejerzan control permanente sobre los otros.

Las salidas

La espiral de la violencia ha entrado en un círculo del que aparentemente no hay salida. Pero sectores democráticos de la región han venido planteando algunas alternativas:

- La solución de fondo, aunque suene a discurso del pasado, es cambiar los fundamentos, las estructuras y las motivaciones de los actuales modelos de sociedad. Impulsar políticas redistributivas, incrementar el empleo y la inversión social, luchar contra la pobreza, la marginalidad y la mendicidad aparecen como los mejores antídotos contra la delincuencia.

- Es indispensable luchar contra la impunidad; por el fortalecimiento y la independencia del sistema judicial; la transformación de la policía en una entidad profesional, técnica y respetuosa de los derechos humanos y por un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación de los delincuentes y su reintegración a la sociedad.

- Hay que insistir en políticas preventivas antes que represivas. Es vital, la educación y la formación que inculque a las nuevas generaciones valores de solidaridad y respeto de los derechos humanos, en un esfuerzo que involucre a la escuela, los medios, la iglesia y a toda la sociedad civil.

- Se debe asumir ciudadanamente el problema. Dada su gravedad y la dimensión que ha adquirido, hay que bregar por soluciones colectivas. La lucha por la paz debe ser una responsabilidad compartida por todos.

- Publicado en el Servicio Informativo Nº 214, ALAI, 9-06-1995, Quito.