Tras recorrer a pie 500 kilómetros desde la selva amazónica hasta Quito, los indígenas de Pastaza lograron que el gobierno de Rodrigo Borja les adjudicara una parte de las tierras que venían reclamando y en las que han vivido desde tiempos remotos.

Desde los primeros días de abril, los representantes de 148 comunidades agrupadas en la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, OPIP, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se pusieron en movimiento. En canoa o a pie, atravesando montes y ríos, llegaron a Puyo, la capital de la provincia, donde estaba prevista la concentración. Muchos habían recorrido ya largas distancias, desde la misma frontera con el Perú.

El 11 de abril, día de la partida a Quito, amaneció con mal temporal. Nada raro en esta zona en la que llueve igual o más que en las novelas de Alejo Carpentier. Pero eso no impidió que los 1.200 indígenas, empapados hasta los huesos pero con el ánimo bien en alto, emprendieran la larga caminata, luego de recibir la bendición de Monseñor Víctor Hugo Corral, obispo de Riobamba y fiel sucesor de Monseñor Leonidas Proaño, el Obispo de los Indios”.

La partida, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades, pues el ejército militarizó las carreteras y los puntos claves de acceso a Puyo y un grupo de colonos e indígenas evangélicos protagonizó una manifestación de rechazo alas demandas de la OPIP. Aún así, no se registraron problemas o enfrentamientos, pues la OPIP decidió ignorarlos.

Reforma constitucional y adjudicación de territorios

La caminata pacífica de los pueblos quichua, achuar y shiwiar siguió adelante. Pedían dos cosas: la reforma de la Constitución Política, a fin de que se reconozca el carácter plurinacional y pluricultural del Estado ecuatoriano, y la adjudicación de los territorios que ancestralmente les han pertenecido.

Respecto del primer punto, la Constitución vigente, aprobada en referéndum en 1978, señala en su artículo primero: “El Ecuador es un Estado soberano, independiente, democrático y unitario’. Los indígenas señalan que ellos conforman el 45% de la población del país (para algunos analistas sólo constituyen el 30%) y que la Constitución, al definir al Estado como un Estado uninacional, desconoce la existencia de las nacionalidades quichua, shuar, achuar, siona, secoya, cofán, huaorani, awa, záparo, chachi, taschila y E’pera. El reconocimiento de estas nacionalidades, según el criterio indígena, no afecta a la unidad del Estado ecuatoriano, pero sí les garantiza los derechos a autodeterminarse ya administrar justicia; a tener un idioma y una educación propios; a manejar los recursos naturales y el medio ambiente, como lo señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En cuanto a la segunda petición, la OPIP argumenta que “nuestra propuesta tiene una enorme importancia, porque Pastaza es la última frontera de bosque tropical húmedo en el Ecuador. La mayor parte de las comunidades indígenas aún mantenemos el control físico de nuestros territorios, por lo que la enorme riqueza ecológica está intacta. Esto contrasta con la gran devastación cultural y ecológica que ha ocurrido en otras provincias amazónicas, como resultado de la masiva colonización y de los programas de “desarrollo” petrolero y agropecuario de los gobiernos del pasado y el presente. ‘En nuestros territorios tenemos la posibilidad de aplicar formas sostenidas de manejo de recursos naturales y conservación que sean también congruentes con nuestro desarrollo económico y social”.

Solidaridad indígena y mestiza

Desde el comienzo, llamó la atención la disciplina y la organización de los marchantes, quienes conformaron pequeños grupos para facilitar el control y la alimentación. Comisiones de seguridad, logística, comunicaciones y salud se empeñaban en cumplir cabalmente con las tareas asignadas por la dirigencia.

El gobierno ofreció ayuda, pero los indígenas la rechazaron; en varias ocasiones expresaron a los funcionarios del Estado que lo único que deseaban era la atención a sus demandas.

A su paso por los diferentes poblados del Oriente y al enfilar hacia la serranía, los amazónicos fueron recibiendo innumerables muestras de solidaridad, apoyo material y comprensión hacia sus planteamientos, que eran difundidos mediante hojas volantes y altoparlantes. En ciudades grandes como Ambato y Latacunga el recibimiento fue apoteósico y contrastó con la indiferencia ciudadana hacia la campaña electoral del 17 de mayo.

La población mestiza se hizo presente con contribuciones económicas y alimentos. Los niños de las escuelas, correctamente uniformados, salían a la carretera a mirar con curiosidad el paso de los indígenas, quienes venían con carteles, vistosas coronas de plumas de huacamayo, lanzas, tambores de la selva, cuernos, pitos de cerámica y flautas.

Desde las diversas provincias serranas con población indígena, varios grupos se movilizaron para expresar el apoyo a la causa de los amazónicos. Saraguros, salasacas, chibuleos y quichuas se sumaron a la marcha, que en ciertos tramos alcanzó la cifra de los 3000 o 4000 participantes. Muchas comunidades les apoyaron con papas, choclos y otros alimentos, que eran cocidos y ofrecidos a los fatigados caminantes en los tambos o lugares de descanso.

En Quito, la negociación

La gran cobertura que dio la prensa nacional e internacional a la marcha creó expectativas en la ciudadanía, especialmente de Quito. El 23 de abril grupos de cristianos, de estudiantes, de ecologistas y de pobladores salieron a recibir a los indígenas y les entregaron rosas y refrescos. El gobierno desplegó un innecesario operativo de seguridad, acordonando con numerosos efectivos policiales y carros antimotines el Palacio de Gobierno. Los indígenas, luego de rendir un homenaje a Jumandi, líder amazónico descuartizado por los españoles en la Plaza de San Blas, se concentraron en la colonial Plaza de San Francisco, a pocos metros del Palacio de Gobierno.

A las 11 de la mañana, los dirigentes de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana CONFENIAE y de la OPIP fueron recibidos por el presidente de la República, cinco de sus ministros de Estado, la cúpula de las Fuerzas Armadas y ejecutivos del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización.

“No queremos engrosar las filas de la miseria, la delincuencia o la desocupación; queremos una vida digna y por eso hemos venido a reclamar el derecho a nuestro territorio, dijo Valerio Grefa, presidente de la CONFENIAE. Uno a uno, en sus propios idiomas, los representantes indígenas fueron exponiendo sus puntos de vista. “Venimos a hablar en nombre de todas las vidas de la selva, pero sobre todo de aquellas que no están más, seres de las aguas, los yacurunas, de la selva, los sacharunas, de la fecundidad, de las siembras, de las cosechas, de la abundancia y de la medicina.” El presidente Borja, luego de destacar que ningún gobierno había hecho tanto por los indígenas, ofreció que las tierras serían entregadas a las comunidades indígenas en un plazo de 12 a 15 días, luego de que se efectuaran los estudios cartográficos; respecto a la reforma constitucional, replicó que ésta dependía del Congreso.

La Presidencia cambió el discurso y dio apertura a las demandas de la OPIP, en contraste con lo sucedido el 22 de agosto de 1990, tres meses después del levantamiento indígena; en aquella fecha, la OPIP presentó un documento que planteaba el reconocimiento a sus territorios. El presidente, sin siquiera estudiarlo, respondió ese mismo día que ‘el documento presentado es inaceptable, pues rompe la Constitución e intenta crear un Estado paralelo donde no rijan las leyes y las autoridades ecuatorianas’. Este hecho coincidió con una campaña orquestada por los hacendados, las Fuerzas Armadas y la prensa, en la que se acusaba al movimiento indígena de tener intenciones separatistas y de estar infiltrado por agitadores de extrema izquierda y activistas internacionales.

Palabras no, adjudicación del territorio

Conociendo estos antecedentes, esta vez los indígenas no se conformaron con la palabra del presidente y dijeron enfáticamente que no se ¡rían de Quito sin los títulos de propiedad en la mano. Durante veinte días esperaron en el parque El Ejido, donde acamparon y se pusieron en contacto con el medio urbano. Fueron al Congreso y ante los pocos diputados asistentes al Plenario de las Comisiones Legislativas, plantearon su aspiración de reformar la Constitución. El presidente encargado del parlamento, el socialista Manuel Salgado, ofreció convocar a un período extraordinario de sesiones en junio para tratar el tema, luego de finalizada la campaña electoral.

Como resultado de la movilización, el gobierno adjudicó 1115.574 hectáreas a más de 100 comunidades; creó una zona de seguridad de 40 km. en la zona fronteriza con el Perú, que estará bajo el control de las Fuerzas Armadas; y anunció la ampliación del Parque Nacional Yasuní en 270.000 hectáreas, para compensar el recorte que sufrió esta reserva cuando se adjudicó la tierra a los huaoranis. Los recursos del subsuelo seguirán siendo administrados por el Estado, y éste se reserva el derecho a construir carreteras, cuando lo considere necesario.

El anuncio gubernamental satisfizo a medias a los indios, quienes consideraron que la franja de seguridad es demasiado extensa y recorta una buena parte de sus territorios. Además, reclamaron para sí el manejo de la reserva Yasuní, pues consideran que los parques nacionales administrados por el Estado han permitido el ingreso de colonos e incluso de las transnacionales petroleras y madereras.

Los hacendados, agrupados en las cámaras de agricultura, criticaron la decisión presidencial de entregar las tierras a los indígenas de Pastaza. La Federación de Desarrollo Campesino de Pastaza, FEDECAP, que agrupa a colonos e indígenas evangélicos, también se opuso y organizó manifestaciones y la paralización de carreteras.

Pese a las objeciones presentadas, el movimiento indígena de Pastaza aceptó finalmente las adjudicaciones, pero hasta el 13 de mayo esperaba que el Gobierno entregara los títulos para poder regresar a su selva, una vez cumplida su misión.

Eduardo Tamayo G.
Director del Semanario Punto de Vista (Quito-Ecuador)

Publicado en “Colombia Hoy”, Nº 102, Bogotá, junio-julio de 1992