Con una variedad de actores actuando en diferentes frentes y un escenario político contradictorio (y, en especial en el campo de la comunicación, próximo a la esquizofrenia), la lucha por la democratización de la comunicación en Brasil enfrenta fuertes desafíos. Aunque pueda haber la impresión – a simple vista y comparando con países en situaciones similares – de que aquí hay un campo propicio para la batalla por el derecho a la comunicación, el hecho es que el país aún está lejos de tener un movimiento de comunicación organizado como tal.

Es cierto que nunca se discutió tanto la comunicación como si discute hoy en el país. El escenario, sin embargo, no puede ser considerado favorable para aquellos que luchan por el derecho a la comunicación. Este puede ser resumido por las siguientes características:

1) Ausencia de regulación y políticas de comunicación: el escenario legal e institucional de la defensa del derecho a la comunicación en Brasil es de tierra arrasada. No hay legislación actualizada sobre la radiodifusión (la actual data de 1962), no hay límites a la propiedad cruzada, no hay sistema público de comunicación, las radios comunitarias son reprimidas a diario (se cierran más radios que las que se autorizan) y el sector privado dicta sus propias reglas. Además, no hay ningún tipo de política de incentivo a la pluralidad y a la diversidad de los medios.  En esas condiciones, sin la regulación del siglo XX, el país todavía se ve en la necesidad de establecer la regulación del siglo XXI, en un escenario de convergencia tecnológica y empresarial.

2) Esquizofrenia gubernamental: desde la entrada de Lula  a la presidencia de la República, pero en especial después de la entrada de Hélio Costa al Ministerio de las Comunicaciones, se vive una realidad esquizofrénica en las políticas de comunicación.  Mientras el ministerio de Costa trabaja con políticas conservadoras en sintonía con el interés de los radiodifusores, otros organismos de gobierno, como el Ministerio de la Cultura, de Gilberto Gil, y la Radiobrás, presidida hasta el inicio de 2007 por Eugênio Bucci, buscan la implementación de políticas democráticas.  Aún así, hasta el final del mandato, las “pelotas divididas” quedaron en el campo del Ministerio de las Comunicaciones y de los radiodifusores.

3) Ofensiva de los mass media conservadores: desde el punto de vista del contenido, los mass media, que se posicionaron contra el Gobierno Lula en las elecciones, continúan operando para determinar su agenda política, confirmando su papel de gran partido político organizador de la agenda de la derecha.  La agenda reciente incluye, entre otros puntos: el apoyo a la flexibilización de los derechos laborales, la defensa del recorte de los gastos públicos y de las reformas de la seguridad social, además de la oposición constante a los movimientos del campo (agravado por la reciente ofensiva contra las quilombolas).  En el último periodo, se acentuó la acción reaccionaria en los temas de la comunicación, en una campaña contra las radios comunitarias y contra la no renovación de la licencia de la RCTV venezolana.

4) Aislamiento de la agenda: los movimientos de comunicación no están logrando hacer de su agenda democrática una lucha de todos los movimientos sociales.  Como veremos más adelante, eso es fruto de una combinación de características, entre ellas la dispersión de los propios movimientos de la comunicación y la ausencia de derechos consolidados que permita la defensa de una agenda unitaria.

Así, el momento actual de la lucha por la democratización de las comunicaciones en Brasil está hoy marcado por tres desafíos principales: 1) búsqueda de convergencias entre movimientos con características y prioridades diferentes, en vez de privilegiar las divergencias; 2) la necesidad, en un momento de ofensiva conservadora de los grandes mass media, de viabilizar la implantación de la agenda del siglo XXI a la vez que luchar por la agenda no realizada del siglo XX; y, ligado a ese segundo punto, 3) la obligación de trabajar por una agenda positiva en un escenario de tierra arrasada, en que no hay derechos a ser defendidos, con el agravante de que los movimientos sociales viven un momento de descenso.

Estos desafíos no necesariamente constituyen la agenda política de los movimientos, pero son los principales nudos críticos a ser desatados.  Para examinarlos, este texto se centrará menos en el detalle de la coyuntura política, y más en la diversidad de actores que luchan por la democratización de la comunicación (o por el derecho a la comunicación) en Brasil, buscando comprender sus propuestas, luchas, puntos de convergencia, logros y retrocesos y las articulaciones.  Para eso, es fundamental hacer un repaso rápido de la historia de esos movimientos en Brasil.

Un breve recuento histórico

El origen de la lucha por la democratización de la comunicación en Brasil está relacionado con el momento político en que el mundo discutía, en la década de 1970, las propuestas en el ámbito de la UNESCO, que, algunos años después, aparecerían sintetizadas en el Informe McBride.  En ese momento, el tema del combate a la censura y la defensa de la libertad de expresión ocupaban un espacio central en la lucha de los diversos movimientos anti-dictatoriales, pero no existía una acción organizada por la democratización de la comunicación.

En aquel momento, entidades como la Unión Cristiana Brasileña de Comunicación Social (UCBC) y un sector de la academia brasileña impulsaron en el país la discusión sobre la necesidad de políticas democráticas de comunicación.  El país vivía una dictadura militar y los imperios privados, en especial la Red Globo, crecían en alianza con los gobiernos dictatoriales.  En ese entonces, las propuestas no encontrarían ningún eco en el gobierno, pero marcarían la agenda en los sectores progresistas, señalando que la democratización de la sociedad y la democratización de la comunicación eran (como siguen siendo) mutuamente dependientes. Surgen en esa época decenas de iniciativas de comunicación alternativa, en especial periódicos, que llegan a tener grandes tirajes.

En la década de  los 80, el movimiento de radios libres y comunitarias y la perspectiva de una nueva Constitución (aprobada finalmente en 1988) impulsan el movimiento y hacen que éste se organice, tanto local como nacionalmente. En 1984, durante la transición del régimen dictatorial al régimen democrático, se formó el Frente Nacional por Políticas Democráticas de Comunicación, que reunía a  la Federación Nacional de los Periodistas (FENAJ), la Asociación Brasileña de Prensa (ABI), la Asociación Brasileña de Emisoras Públicas, Educativas y Culturales (Abepec) y varias universidades.  La creación del Frente marcaba la migración de un movimiento que antes trabajaba por la movilización popular y la creación de una red de comunicación alternativa hacia un movimiento que empezaba a manifestarse a través de las vías institucionales centrales, intentando afectar a los grandes medios.

Este movimiento, con altibajos, seguiría organizado hasta la Constitución de 1988.  En aquel año, se entabló una verdadera batalla en la definición del capítulo sobre la Comunicación, en el que el movimiento tuvo algunos avances, pero sufrió derrotas significativas, como la no aprobación de un Consejo Nacional de Comunicación con carácter deliberativo y los límites impuestos para la no-renovación de concesiones o para la cancelación de licencias de radio y TV.

En 1991, fruto de la articulación del Frente, surge el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación, que abarcó entidades académicas, profesionales, estudiantiles y representaciones de otros segmentos, como la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) y la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB),  habiendo, durante todo ese periodo, la Federación Nacional de los Periodistas (FENAJ) capitaneado la organización de la sociedad civil.

En la década de los 90, el Foro se transformó en el principal actor de  la lucha institucional por la democratización de las comunicaciones en Brasil.  A despecho del fortalecimiento del neoliberalismo en el país, en ese momento la lucha institucional lograría algunos éxitos importantes, como la ley de la TV por cable, en 1995, que garantizó espacio para canales de acceso público –comunitarios y universitarios– y propuso la infraestructura basada en una red pública y única.

Justo después de esa pequeña conquista, el movimiento se desarticuló.  En Brasil, las políticas neoliberales estuvieron en auge, en la segunda mitad de la década de 1990, y la privatización de las telecomunicaciones dio más munición y contingente al bando del empresariado (con el tiempo, las contradicciones del sistema de producción capitalista llevarían a un choque entre empresas de telecomunicaciones y radiodifusores, que permanece hasta hoy, aunque ellos tienen intereses comunes).  EL FNDC permaneció por algunos años desestructurado, y la agenda “siglo XX” comenzó a mostrarse insuficiente para enfrentar las nuevas situaciones.

Al final de los años 90 y comienzos del 2000 volvió a reactivarse el movimiento a partir de la reorganización del FNDC y del surgimiento de iniciativas bajo diferentes perspectivas, como la Campaña por la Ética en la TV –que  se centró en las denuncias de los telespectadores sobre la violación de derechos humanos en los mass media–, y las diversas entidades políticas y académicas que habían retomado la bandera del derecho a la comunicación[1], ampliando la pauta de la democratización de la comunicación, e iniciativas de producción independiente y autónoma, en especial el Centro de Medios Independientes (Indymedia).

Al final del 2002, la llegada de Lula a la presidencia creó una situación de difícil manejo para los movimientos.  A la vez que la elección alimentó una enorme esperanza (las propuestas del programa de gobierno y del programa de transición habían sido desarrolladas en buena parte por personas relacionadas con los movimientos), el inicio del gobierno creó una situación de encrucijada, en la cual los movimientos de comunicación tuvieron dificultades para encontrar su papel en la nueva coyuntura.

La situación actual

La esquizofrenia del gobierno Lula en el área de la comunicación ha llevado a una reorganización del movimiento y a iniciativas conjuntas, pero ha encontrado también una resistencia conservadora igualmente fortalecida.  Frente a este contexto, es relevante ubicar las diferentes iniciativas y relacionarlas con los desafíos y nudos críticos ya enumerados a fin de comprender la actual agenda de los movimientos del campo de la comunicación.

El papel histórico del FNDC hace de él una referencia fundamental, aunque en los últimos años la articulación no haya demostrado la misma capacidad de movilización de años anteriores.  Formado en gran parte por entidades sindicales y representativas, el Foro depende de la movilización de esos sectores para impulsar sus luchas, y enfrenta el mismo problema de desmovilización que afecta a los movimientos de la misma naturaleza.  Además, con la ampliación de la pauta, el FNDC no abarcó toda la diversidad del campo que se moviliza por la democratización de la comunicación.  En los últimos años, la pauta central de la articulación fue el proceso de digitalización, y al final de 2006 se apuntó a la realización de una Conferencia Nacional de Comunicación como el principal objetivo a ser trabajado en el 2007.

Desde el inicio de la década, han ganado fuerza movimientos que organizan a militantes en la lucha por el derecho a la comunicación.  En ese campo, se destaca Intervozes –Colectivo Brasil de Comunicación Social- , que reúne a activistas de 14 de los 27 estados brasileños y grupos  que actúan localmente, como los Comunicativistas, en Rio de Janeiro, y el Fopecom, en Pernambuco.  Estos grupos se caracterizan por haber retomado el derecho a la comunicación como consigna, con la concepción de que la comunicación no debe ser un espacio sólo de expertos.  En ese sentido, su lucha busca viabilizar la apropiación social de la comunicación.  Incluso sin una “base de representación”, ellos se afirman como actores fundamentales en el campo, combinando capacidad de formulación y de movilización.

También se han fortalecido procesos de seguimiento de la programación y control público de los mass media, en especial con la denuncia de violaciones sistemáticas de derechos humanos en los mismos.  La principal iniciativa en este sentido es la Campaña por la Ética en la TV, que reúne a la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de Cámara de Diputados y entidades de la sociedad civil, como el Consejo Federal de Psicología.  La Campaña, conocida como “Quien financia el relajo está contra la ciudadanía” elabora un ranking mensual con las denuncias recibidas, e intenta actuar directamente con los anunciantes de los programas, pretendiendo convencerlos de que no apoyen los programas de relajo o que violen derechos humanos.  Aunque ha perdido un poco de su fuerza con la no elección de Orlando Fantazzini (diputado creador de la campaña y miembro de la Comisión de Derechos Humanos), la campaña sigue teniendo una importancia central.

En cambio, el movimiento de radios comunitarias sufre una enorme dispersión, con varias entidades representando diferentes perspectivas y con dificultades para trabajar en conjunto. La principal de ellas es la Asociación Brasileña de Radiodifusión Comunitaria (Abraço).  Su principal lucha sigue siendo el combate a la represión, ya que, durante el gobierno Lula, el cierre de radios comunitarias aumentó, en lugar de haber disminuido, como era de esperarse. De la misma forma, buscan condiciones de sustentación y supervivencia, puesto que la ley brasileña es extremadamente restrictiva: prohíbe la publicidad comercial y crea una lucha fratricida entre las radios al establecer el límite de una radio comunitaria por localidad.  Para este sector, el desafío se sitúa en la dificultad de establecer una agenda estratégica de lucha en un contexto de ataques de la Policía Federal y de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y de los diferentes intereses que conviven entre las radios.

Además de estas iniciativas, otras se han sumado al campo que lucha por la democratización de las comunicaciones a propósito del proceso de convergencia tecnológica,  que crea nuevas realidades y demandas. En ese campo,  se sitúan entidades del área de la inclusión digital, como la Red de Informaciones para el Tercer Sector (RITS), de la cultura, como el Congreso Brasileño de Cine y la Asociación Brasileña de Realizadores Independientes, y de propiedad intelectual, como el Centro de Tecnología Social de la Fundación Getúlio Vargas, que representa el Creative Commons en Brasil.  Además, se multiplican colectivos con iniciativas autónomas, como el Centro de Medios Independientes, dedicado a la producción colaborativa y compartida, y otros grupos pequeños con la misma filosofía, pero con temáticas distintas.

Los desafíos de la actuación convergente

En los últimos años, el proceso de implementación de la TV digital en Brasil posibilitó el surgimiento de iniciativas convergentes.  En el momento en que este tema pasó a ocupar un  lugar central en la agenda del gobierno, se creó el Frente por un Sistema Democrático de Radio y TV Digital,  que congregó a más de un centenar de entidades, entre ellas prácticamente todas las que intervienen en el área de la comunicación.  El Frente consiguió introducir el tema en el debate de la sociedad, haciendo que éste no quede restringido a las cuestiones tecnológicas.  Pese a ello, una fortaleza del Frente fue justamente la participación de entidades con perfil técnico, como la Federación Interestadual de Trabajadores en Telecomunicaciones (FITTEL), que posibilitó que se entablara una batalla técnica de igual a igual con los radiodifusores.  Después de la publicación del decreto que se definió por el patrón japonés, el Frente perdió fuerza a causa de la ausencia de un horizonte estratégico de largo plazo.

Empero, independientemente de que el tema de la digitalización se haya debilitado, en los últimos meses hay varios esfuerzos para que las entidades no se dispersen y trabajen en conjunto.  En lo que va del año 2007, ganó fuerza el tema del sistema público de radiodifusión y de la Conferencia Nacional de Comunicaciones, reivindicaciones históricas del movimiento. En los dos casos, las diversas entidades han conseguido trabajar unidos, definiendo agendas y estrategias comunes de actuación.  Está claro, sin embargo, que esas iniciativas ganaron aliento porque sectores del Ejecutivo (en el caso del sistema público) o del Legislativo (en el caso de la Conferencia) se han comprado la pelea e impulsaron iniciativas estatales en este sentido.  Sin aliados con visiones semejantes en el gobierno aún es muy difícil para el movimiento de la comunicación establecer su agenda positiva.

De otro lado, el involucramiento de los movimientos de masas con la temática de la comunicación continúa siendo tímido.  Aunque los principales movimientos (en especial el MST – Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) dediquen varios esfuerzos a la construcción de medios propios de comunicación, ellos todavía no dan el peso suficiente a la lucha por políticas democráticas.  Ese hecho se debe, en especial, a dos cuestiones, de naturaleza distinta:

1) La primera es que el propio movimiento de comunicación no tiene tan clara una agenda  común, lo que dificulta la apropiación de esta agenda por los movimientos que no tienen en la comunicación su principal acción.  Eso no exime a los movimientos sociales de su responsabilidad, pero crea un contexto más difícil para que esa apropiación del tema sea efectiva.

2) La segunda y de mayor dificultad para que esa agenda sea apropiada por los movimientos parece situarse en el conjunto de características del campo de la comunicación y del momento político que vivimos.  La Vía Campesina considera que en la historia brasileña se registran  ciclos de ascensos y descensos en el movimiento de masas, que, por regla general, anticipan los ciclos de ascensos y descensos de la izquierda.  Para esta coordinación de organizaciones, desde el final de la década de los 80, estamos en una etapa de descenso de los movimientos, en la que los movimientos o luchan contra la reducción de derechos (en relación con las reformas laborales y la seguridad social, por ejemplo) o se basan en leyes favorables vigentes para exigir su aplicación (reforma agraria y en la cuestión indígena, por ejemplo).  El gran desafío en la comunicación es que, en un escenario de tierra arrasada, sencillamente no hay derecho que no sea atacado porque no hay ningún derecho garantizado.  En esta situación, la pauta es la pelea por la positivación del derecho y por políticas públicas que viabilicen su ejercicio, enfrentando los cuellos de botella económicos, políticos, sociales y culturales que impiden su realización.  Sin embargo, en momentos en que los movimientos tienen que asirse en lo que ya está garantizado, trabajar “por la positiva” se vuelve muy difícil.  Una de las pocas luchas “de resistencia” posible hoy es la de las radios comunitarias, que están siendo cerradas a ritmo acelerado, y que sobreviven a despecho de la ley restrictiva.

Esos dos factores –en especial el segundo– explican la dificultad de que la agenda del derecho a la comunicación logre apoyo social.  Esto no significa que ésta no sea central.  Sólo indica que mientras dure el periodo de descenso en Brasil, es probable que no haya un compromiso efectivo de los movimientos sociales en la lucha por políticas democráticas.  De cualquier forma, la perspectiva debe ser mantener esta lucha y el diálogo permanente con los movimientos para intercambiar criterios y construir acciones conjuntas, buscando impulsar también luchas sociales generales.

En el próximo periodo, el movimiento de comunicación brasileño deberá definir una agenda que incluye puntos como la necesidad de una nueva regulación para las comunicaciones –que dé cuenta de la agenda perdida del siglo XX y de la nueva agenda de la convergencia del siglo XXI–, la defensa y el incentivo a los medios comunitarios, la implantación de un sistema público de TV y radio, la digitalización (en especial la cuestión de la radio, en el sistema abierto), la democratización del proceso de concesión y renovación de las licencias, la constitución de espacios de participación popular en la definición de las políticas públicas (como una Conferencia Nacional de Comunicaciones), y la clasificación indicativa de la programación, además de temas como la inclusión digital y la flexibilización de la propiedad intelectual.  Motivos de sobra para que el movimiento dé cuenta de sus diferencias y trabaje de manera convergente sobre los nudos críticos que se presentan.

- João Brant es miembro del Intervozes,  Colectivo Brasil de Comunicación Social, formado en Radio y TV en la Universidad de São Paulo, y con maestría en regulación y políticas de comunicación en la London School of Economics and Political Science (LSE).