El proceso de emancipación social indígena y popular en Bolivia ha logrado, por una parte, sacudir las intimidades más profundas de las estructuras de dominación colonial y a la vez moderna que está definida entre clase, etnia y género (tres niveles y jerarquías de dominación y explotación simultánea), y por otra, ante esta situación, las derechas oligárquicas están rearticulándose simultáneamente en diferentes niveles en base a ciertas acciones y discursos de tipo colonial y liberal después de sufrir la histórica derrota en las elecciones presidenciales de 2005 a manos de un líder aymara (Evo Morales), y también por los levantamientos indígenas/originarios de 2000 y 2005.

Dentro de esta densa historia de la Bolivia actual se cruzan tres grandes proyectos sociales que se enfrentan en algunos momentos y en otros establecen relaciones de intercambio con distintos niveles de intensidad como parte de la actual lucha social. Está, por una parte, el histórico proyecto: a) de la autodeterminación social indio originario, b) la reforma social mestiza, y c) el proyecto de la continuidad del actual sistema sociopolítico criollo colonial y racista. La asamblea constituyente, el gobierno de Evo Morales, las nacionalizaciones (a medias) de los hidrocarburos y las confrontaciones sociales entre diciembre de 2006 y enero de 2007, están atrapadas entre estos grandes proyectos sociales e históricos. Las derechas oligárquicas y los “parientes culturales” de éstos, desde el propio gobierno de Evo Morales, están haciendo lo imposible para evitar que los pueblos oprimidos por el actual Estado criollo-mestizo avancen hacia un franco proceso de revolución social y política, dado que una gran mayoría de la sociedad es indígena/originaria (cerca del 80% de población total en Bolivia). Esta mayoría busca  generar profundos cambios sociales y económicos ya sea por la vía de la asamblea constituyente (en actual desarrollo) o, como sostienen varios sectores e intelectuales, por la vía, en última instancia, de la lucha social  en todos los niveles y rincones del país, es decir, mediante una revolución social.

En cuanto al primer punto, el proyecto de la autodeterminación social indígena viene desde las luchas anticoloniales de los líderes indios como los Kataris y Sisas; en la república por los Willkas, T’ulas y Tumpas; y desde hace 10 años, por los Mallkus que, desde el año 2000, se han  reposicionado abiertamente como el referente de una posibilidad real para transformar la actual historia de la dominación colonial, la misma que invisibiliza la mayoría indígena que hoy se mantiene incólume porque los grupos de poder dominantes no permiten ir hacia la transformación social aunque sea simplemente por la vía de la reforma social y estatal, como lo plantea el gobierno de Evo Morales.

También dentro del proyecto de transformación se pueden observar dos corrientes internas: la primera, quienes se disputan simultáneamente dicho proyecto, en el que uno de ellos, los sectores cercamos al gobierno del presidente Morales, definidos bajo el discurso de izquierda sindical, plantea llevar esta propuesta mediante la reforma constitucional, es decir, la asamblea constituyente, para de este modo lograr un cambio paulatino e histórico en la sociedad y el Estado (esta sería una variante de la autodeterminación frente a las instituciones del poder y los grupos privilegiados). Mientras tanto, la otra corriente, en la que figura el katarismo-indianismo, aunque minoritariamente frente a la anterior corriente, apuesta por una total transformación social e histórica del Estado y de la sociedad, incluso con la destrucción de éste, catalogado de colonial, racista, dependiente y pobre a través de ciertos mecanismos colectivos y estrategias culturales y políticas. Esta corriente reapareció con fuerza en los 225 años del descuartizamiento de Tupaj Katari en Peñas (2006), pues se produjo una declaración que puede ser definida como histórica porque plantea una lucha frontal y prolongada hasta lograr una definitiva liberación social del sistema de dominación y explotación colonial de un minúsculo grupo; para ello se han autodefinido una vez más como pueblos y civilizaciones de esta tierras oprimidas antes de la colonia española. Todo esto se basa, según dicha corriente, en el colonialismo interno que oprime lo indio y exalta lo criollo, lo cual sería una variante del apartheid al estilo boliviano o latinoamericano (con profundas separaciones entre lo indígena y lo criollo, aunque sin ciudades blancas o indias separadas como en Sudáfrica) porque existen muchas fronteras geográficas y culturales entre el conjunto de las poblaciones mayoritarias y el reducido grupo criollo-mestizo que ocupa las instituciones públicas y privadas del país. Este sería un nuevo tipo de segregación cultural y económica, vigente actualmente pese a la presencia del gobierno de Evo Morales, a quien incluso se le acusa de tener proyecciones indígenocentristas.  

En el caso de la reforma mestiza, nos enfrentamos a una corriente que trata de imprimir su propia dinámica al interior del propio gobierno y fuera de él, para tratar de imponer una reforma en el Estado y en la sociedad bajo los principios del histórico proyecto de la hegemonía cultural, económica e institucional de las clases medias urbanas mestizas, definidas en base a ciertos grupos y personalidades como Álvaro García Linera, vicepresidente de la República, y posiblemente Juan Ramón Quintana (Ministro de la Presidencia), catalogadas como los entornos blancoide-mestizos más visibles alrededor del presidente indígena Evo Morales.  También forman parte de este entorno los partidos denominados de izquierda nacional (a los que algunos catalogan de izquierda colonial), los cuales de igual forma juegan a un ritmo acelerado para reposicionar a este proyecto en la sociedad. La condición fundamental para ello es tratar de reforzar el sentimiento nacionalista mediante la centralidad estatal para, desde esa condición, controlar a las nuevas y crecientes corrientes y demandas sociales que se mueven por debajo de las instituciones republicanas y también en la propia superficie de la dinámica cultural indígena en la ciudades y en las áreas rurales como nuevas cotidianidades sociales. Por la dinámica impresa en la historia de Bolivia, también dentro de esta corriente existen, al parecer, disputas internas; esto para lograr posiblemente en el mediano plazo capitalizar la ausencia de liderazgo en este sector social (clase media urbana), pues bajo las actuales condiciones, los líderes de la derecha no tienen muchas posibilidades para el futuro político inmediato por su gran miopía ante el proceso de revolución social en Bolivia. Ahora bien, la matriz ideológica de esta corriente está definida básicamente en el viejo, aunque remozado, nacionalismo revolucionario (N-R) y en lo nacional-popular (N-P), que son matrices ideológicas y políticas mestizas y no propiamente indígenas/originarias. De esto se puede concluir que el objetivo es tratar de mantener la actual hegemonía del proyecto mestizo con cultura criolla señorial homogeneizante e invisibilizadora de lo indígena (lo cual se utiliza de forma mediática para este fin), construida desde la revolución de 1952 o desde 1899. El proyecto es construir una economía estatal fuerte para controlar y sustentar desde esa situación los desbordes de las luchas autodeterminativas de los crecientes nacionalismos originarios en Bolivia.

El proyecto de continuidad del actual sistema social es calificado de colonial y racista, pues, éste plantea de forma sutil, y en otros momentos abiertamente, mantener el actual sistema de dominación y explotación social vigente, para lo cual se habla incluso de la posibilidad de usar armas  que en apariencia defenderían la democracia, aunque es obvio que defenderán los intereses particulares corporativos acumulados durante todo este tiempo. El objetivo de esta corriente, ahora desplazada en cierto modo del poder gubernamental, es contener, por todos los medios y en distintos lugares, las propuestas de reforma social o de una revolución social. En muchas ocasiones, esto se manifiesta como temores, y en otros casos como una afrenta intolerable a la civilidad de la sociedad y del país. Logrado este objetivo, se pasará a atacar frontalmente la lucha indígena/originaria/popular y si fuera posible a aplastarla. Esta corriente está dirigida por un grupo de empresarios, intelectuales y sectores sociales vinculados con la oligarquía autodefinida en los comités cívicos departamentales, las corporaciones empresariales y de terratenientes, y en las fraternidades cruceñas afincadas en Santa Cruz y Tarija, que en el último tiempo, aprovechando las falencias y el cálculo político del gobierno, han empezado a movilizar a la opinión pública y sectores afines a éstos para oponerse en las calles, en los medios de comunicación y el Parlamento Nacional a los intentos de cambio o reforma del gobierno. En relación a esto, se produjo un hecho notorio, el 15 de diciembre de 2006, en Santa Cruz, y luego entre el 11 y 17 de enero de 2007, en Cochabamba.

En Santa Cruz, el 15 de diciembre han logrado una importante concentración (hasta se podría decir multitudinaria), mientras que en la ciudad de Cochabamba se logró algo similar, aunque notoriamente inferior. Ahora bien, lo importante de todo esto es que se están produciendo una gran cantidad de discursos y acciones regionalistas, discursos y acciones anti-indígenas (de Los Andes y de la propia Amazonía), discursos separatistas, golpiza sistemática y persecución de los dirigentes indígenas de parte de organizaciones que podríamos definir como coloniales y  racistas,  con tintes incluso fascistas, que se escudan en el argumento de que los indígenas quieren quitarles las tierras, los recursos naturales e invadir “sus” territorios. Para ello, se han reavivado las autonomías departamentales como solución a mediano plazo, acusando a la actual situación de pobreza y dependencia del país de ser producto del altoperuanismo, del cual serían también parte los movimientos indígenas y populares. Por lógica, se puede predecir que las autonomías departamentales, así como están planteadas, serán el factor desencadenante de la posibilidad del separatismo de Santa Cruz, como ya fue planteado el 15 de diciembre en esta dirección. Allí se proclamó una autonomía cruceña “sin los collas” (indígenas de Los Andes), incluso se dio paso a la lógica de una especie de “limpieza étnica” en el norte de Santa Cruz.

En estas tensas relaciones, en una lucha por el poder, las denominadas oligarquías cruceñas, tarijeñas o cochabambinas, tienen previsto en el mediano plazo hacer un sistemático desgaste político del presidente Evo Morales (quien sostiene en la sociedad, la alta aceptabilidad del actual gobierno), para lograr así poco a poco crear las condiciones propicias y hacer que la sociedad entre en mayor crisis económica y política, para luego acusar al gobierno y a los movimientos sociales indígenas/originarios de llevar al país al desastre (hecho similar a lo ocurrido en el gobierno de la UDP, Unidad Democrática y Popular, en 1983). Para lograr este objetivo, han montado una impresionante campaña mediática (propiedad de estos grupos de poder). En esta campaña, los actos gubernamentales, los mensajes de reforma que envía éste y los de los líderes indígenas no partidarios del gobierno, son presentados en diversos canales de televisión y periódicos como los directos referentes de la negatividad o del atraso para el bienestar de la sociedad, particularmente aquellas acciones referidas a la transformación estructural de la sociedad y los actos de lucha social. Al parecer el proyecto subyacente de esto es crear las condiciones propias de la ex Yugoslavia (sentimientos de odio entre uno y otro sector) para así provocar una guerra fraticida entre los diversos pueblos que cohabitan Bolivia, con la finalidad de dividir luego al país.

Por otra parte, pese a las diferencias anotadas, los movimientos sociales indígenas y la sociedad civil están en intenso movimiento para tomar una posición dura o blanda entre una y otra corriente, lo cual es un hecho extraordinario, ya que el mismo se produce de una manera interesante mediante la re-politización y la auto-politización de la gente en diferentes niveles e intensidades y ritmos. Para unos, esto está definido, por una parte, entre reforzar lo que ya se tiene ganado, y por otra, profundizar la lucha social con una visión territorializada en todos los rincones del país, para de este modo obligar a los grupos señoriales dominantes a negociar de forma democrática una nueva sociedad. Para otros analistas esto no es más que el camino necesario hacia una revolución social, hasta acudir a medios propios de este tipo de hechos históricos, fundándose en que las actuales condiciones no permiten cambiar la sociedad y el Estado de forma efectiva y concreta. Aunque como se observa hoy, el gobierno, al igual que los sectores de poder, parecen bajar su ímpetu tanto en sus discursos y acciones para tratar de dialogar y garantizar el orden social vigente, que es lo más previsible en estos momentos, mediante una reforma social y estatal, para lograr cambiar en algo la actual estructura de la sociedad dominante, aunque no totalmente.

¿En qué desembocará todo este proceso? Previsiblemente, de no funcionar la reforma por la vía democrática o la asamblea constituyente (aunque ya hay acuerdos en el artículo 70 que trababa el avance de esta instancia), el proceso puede agotarse en sí mismo para luego pasar, como sostienen varios líderes y grupos de opinión, a un franco proceso revolucionario o tal vez a un golpe de Estado (denunciado para el11 de octubre de 2006), aunque este último no tendría gran posibilidad de subsistir en el tiempo, ya que la sociedad no lo toleraría como tampoco sería admitido a nivel internacional. De este modo se mantiene la posibilidad de una revolución incluso armada como habían propuesto desde tiempo atrás varios sectores, líderes y movimientos políticos y sociales. La otra posibilidad es que todo ello termine cansando a los movimientos sociales indígenas y populares y a la sociedad civil en su lucha por una profunda transformación social, pues se reduciría su fuerza y su presencia en la lucha política para dar paso a la continuidad del actual sistema social dominante. Para ello, curiosamente es el propio gobierno el que al parecer trata de evitar el avance hacia este proceso; ejemplo de ello es lo ocurrido en Cochabamba, en enero de 2007, donde hubo un levantamiento social y una tácita destitución del prefecto Manfred Reyes Villa (quien había apoyado la “independencia” de Santa Cruz), el 16 de este mes; ante esta situación, el gobierno retiró su apoyo a los sectores que lo apoyaban inicialmente y que habían procedido efectivamente a constituir un denominado “gobierno popular departamental” (apoyado por sectores troskistas). Éstos han sido calificados después por el gobierno de ser “reducidos grupos radicales”. Esta situación ayuda a provocar el cansancio en la gente movilizada. Algo similar ocurrió con la ciudad de El Alto, cuando esta histórica población pidió en la quincena de enero de 2007 la renuncia del prefecto de La Paz, José Luís Paredes (quien también apoya las autonomías denominadas oligárquicas), ante lo cual el gobierno alentó a que esto no ocurra bajo el argumento de respeto a la institucionalidad democrática.

Así, Bolivia es un campo de disputas y de redefiniciones históricas complejas entre estos diversos proyectos sociales, catalogados por algunos analistas e historiadores como el referente de un “empate catastrófico” entre estos proyectos y sus componentes, y para otros como parte de los profundos “abigarramientos sociales” que provoca de tiempo en tiempo choques violentos entre los diversos planos sobrepuestos entre sí. Otra corriente del pensamiento social plantea la existencia de “dos o más Bolivias dentro de Bolivia” definida paradójicamente de unitaria (una Bolivia oprimida y otra Bolivia opresora). Así sobre estos proyectos sociales históricos se intensifica la lucha social indígena en diferentes regiones y lugares del país; ella es parte de un nuevo momento histórico que vive Bolivia, es decir, es parte de esos momentos cumbres de la historia de la lucha por el poder y la decadencia de éste como en toda historia de los pueblos vivos. Esto reflejada a su turno a unas elites decadentes y un conjunto de pueblos en pie de lucha, dado que dichas elites y la sociedad blanco-mestiza tradicional no han tenido la capacidad, voluntad y visión para construir una sociedad con alta democracia y un Estado plural articulado con y desde sus microcentros constitutivos, es decir, la existencia fáctica de las diversas particularidades sociales, económicas, culturales, políticas con las que viven los pueblos indígenas mayoritarios, pueblos afro o la negritud, pueblos mestizos y las propias oligarquías. Se sobrepuso sobre esto un matriz cultural y económico expropiante del trabajo, de la memoria histórica de estos pueblos, sus tecnologías sociales de vida y del poder, sus lenguajes simbólico-rituales y lenguas, lo cual produjo una invisibilidad cognoscitiva e histórica de los conceptos del mundo de todos ellos, de las tecnologías agrícolas y médicas,  de sus saberes económicos y políticos, dentro de una Bolivia monocultural, monocivilizatoria, monoterritorial criollo-mestiza, mono en todo, con la que las elites decadentes, ya sea de izquierda o de derecha, sueñan ahora todavía.

En este contexto, el proyecto de autodeterminación social india originaria, que nos parece importante resaltar, plantea un sistema de autogobernación libre en todo el territorio nacional, con un buen gobierno circular compartido y rotatorio para y con todos los pueblos que contiene Bolivia, para de este modo definir una nueva sociedad democrática, plural, dinámica y en lucha comunal permanente por su bienestar material e espiritual; en cambio,  la reforma criolla plantea nuevamente reformar el actual sistema de dominación social ya realizado varias veces, mientras que el de las elites es aún peor pues propone mantener incólume la actual colonialidad del país y su pobreza que condena a una gran mayoría de la sociedad a esto y privilegia a un reducido grupo de propietarios y directores de bancos, medios de comunicación, universidades, dueños de grandes tierras, instituciones públicas y privadas, de las profesiones y títulos, cargos públicos como parlamentarios o ministros, que sumados todos ellos los hacen casi propietarios de Bolivia, y al resto lo convierte en cuasi inquilinos. Esta es la profundidad social e histórica de la lucha social india en Bolivia.  

Pablo Mamani R. es sociólogo aymara y docente de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), El Alto, Qullasuyu. Bolivia.