El conflicto entre Ecuador y Colombia se ha instalado en las esferas diplomáticas, donde en las próximas semanas se librará un ardua disputa en la OEA, en el Grupo de Río, y probablemente en las Naciones Unidas.

Las deliberaciones que se desarrollarán en esos espacios rebasan los límites de un conflicto fronterizo bilateral. Lo que está en disputa es la política de seguridad que se impondrá en los años venideros en la región, y por lo tanto Chile no puede hacerse a un lado o quedar indiferente ante lo que en esta confrontación se resolverá.

Por un lado, Colombia se ha escudado en la doctrina de ataque preventivo que los Estados Unidos han elaborado como parte de su lucha antiterrorista. Esta concepción afirma que en el caso del terrorismo no importan las fronteras y no importan los métodos de lucha. Es el mismo punto de vista defendido por Israel, que justificó bajo el manto de la legítima defensa ante el terrorismo la invasión a Líbano, de julio a agosto de 2006.

Por el otro los demás países sudamericanos han reafirmado la doctrina de Estado de Derecho Internacional. En condiciones normales este tipo de discusiones no tendrían lugar, ya que tradicionalmente el respeto a la legalidad internacional nunca había entrado en debate entre nuestros países.

Los conflictos fronterizos, como la actual disputa por los límites marítimos entre Chile y Perú, se basan en interpretaciones diferentes de la legislación internacional, pero en ningún caso se ha llegado a poner en tela de juicio los principios bajo los cuales se asienta la convivencia entre nuestras naciones. Mucho menos se habían esgrimido argumentos como los que en esta situación arguye Colombia, que dan lugar a la posibilidad de que un estado inicie de motu proprio operaciones militares en territorio extranjero.

Si esta discusión es posible es por la capacidad de Estados Unidos para ejercer su hegemonía en la región. El pronunciamiento de George W. Bush, de abierto apoyo a Uribe (el “aliado democrático”) es coherente con la doctrina de seguridad antiterrorista de los Estados Unidos.

Es por esta razón que Colombia afirma tener derecho “a que sus vecinos respeten el mandato democrático conferido al presidente Uribe, que fue el de ganar la guerra contra las FARC y recuperar la seguridad para el pueblo”. Bajo esta lógica el agresor no sería Colombia sino su vecino ecuatoriano, que no estaría dispuesto a permitirle “ganar la guerra contra la insurgencia”.

Si este tipo de doctrinas de acepta, aunque sea de modo implícito, el riesgo es que la lógica de las relaciones internaciones imperante en el Medio Oriente se importe vía Colombia a América Latina.

Se sentaría un precedente que podría tener graves consecuencias, difíciles de prever. La única experiencia latinoamericana similar, en la que la soberanía de las naciones se relativizó en nombre de la seguridad, tiene un nombre: Plan Cóndor, y ya conocemos sus consecuencias.


- Alvaro Ramis es teólogo. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
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