Mi salida de la Comisión Nacional de Televisión en medio de un controvertido y turbio proceso de elección sobre el que existen indicios graves de intervención indebida del gobierno nacional en asocio con políticos uribistas y empresarios con intereses económicos en el sector, nos invita a reflexionar sobre la urgencia de que la sociedad civil reclame de este ente rector de la política de televisión la independencia y autonomía que le fueron atribuidas por el constituyente de 1991.

El sector televisivo actual del país lo integran el Canal Educativo y Cultural Señal Colombia, el canal institucional, el Canal Uno, los canales Caracol y RCN, 8 canales públicos regionales, el Canal del Congreso, el Canal Universitario Nacional, 48 canales locales sin ánimo de lucro, 62 operadores nacionales de televisión por suscripción, 2 operadores de televisión satelital o directa al hogar, CityTV en Bogotá y 544 comunidades organizadas sin ánimo de lucro. ,

De ese sector también hacen parte los televidentes, periodistas, los artistas, los productores, los técnicos, las universidades y los ciudadanos en general, a los que el constituyente quiso dar participación en el seno de la junta directiva de la Comisión a fin de garantizar la representación de la sociedad toda en el organismo encargado de este servicio público y en el medio de comunicación que mayor impacto tiene en la formación de la opinión y en la generación de hábitos de consumo.

Dos de los cinco miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, son elegidos por estos sectores, dos representan al Presidente de la República y el quinto es elegido por los ocho canales públicos regionales del país. Esta composición asegura la presencia y la representación de la sociedad civil, de las regiones y del Presidente y a través de ella se logra la coordinación necesaria de políticas y acciones con el Gobierno con el fin estatal de garantizar a los colombianos una oferta televisiva diversa, plural e imparcial.

La independencia y autonomía de la Comisión fueron concebidas por el constituyente y desarrolladas por el legislador a fin de alcanzar la equidad en el acceso a un bien público finito y escaso: el espectro electromagnético. Pero el régimen autonómico constitucional, según consta en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, tiene el fin primordial de alejar el manejo de la televisión del dominio o intervención del gobierno de turno, de las fuerzas políticas mayoritarias y de los poderes económicos establecidos.

El modelo de televisión colombiano está montado sobre el esquema de que la televisión pública, el modelo institucional, las funciones de inspección, vigilancia y control y la Comisión como ente de regulación y rector de la política de televisión se financian en su totalidad con los recursos que pagan los operadores privados que mueven varios billones de pesos en uno de los negocios más rentables del país en términos económicos y políticos y en el cual son evidentes las posibilidades de presión y de lobby para lograr beneficios regulatorios.

Desde su creación la Comisión ha estado en la picota pública, a veces puesta allí por los medios sobre los que ejerce inspección y vigilancia para debilitarla, a veces por el propio gobierno que en no pocas ocasiones ha intentado acabarla o marchitarla y no pocas veces por la mala gestión de algunos comisionados o administraciones que también han contribuido con la mala imagen que la ronda.

Sin embargo el modelo de televisión nuestro es admirado por países vecinos y a su amparo se han concebido instituciones e instrumentos cruciales para el cumplimiento de los fines que le asignó el legislador a la televisión: Formar, educar, recrear de manera sana e informar de manera veraz e imparcial.

Es incuestionable el papel crucial que ha jugado la CNTV en la consolidación de nuestra democracia principalmente garantizando una oferta televisiva que con operadores públicos, privados y comunitarios cubre toda la geografía nacional y constituye un patrimonio que junto con ese modelo institucional antes descrito es indispensable preservar, aún de los embates del Gobierno Nacional.

En efecto, la pasada elección del Comisionado Nacional de Televisión en representación de las universidades, de las asociaciones de padres de familia y de ligas de televidentes estuvo precedida de los siguientes hechos francamente vergonzosos:

Mi periodo de dos años se vencía el 4 de octubre del año 2007, el gobierno debía entonces proveer a través de un decreto reglamentario lo necesario para adelantar dentro de los dos meses anteriores la elección de mi sucesor.

En el mes de julio de 2007 en entrevista personal con la Señora Ministra Maria del Rosario Guerra de la Espriella, le exprese mi interés de presentarme como candidato en dicho proceso y la necesidad de que el mismo se llevara a cabo antes del vencimiento de mi periodo.

La Ministra me informó que se encontraba revisando el decreto reglamentario vigente, revisión que se extendió hasta el 18 de septiembre, fecha en la cual fue expedido un nuevo decreto que variaba las reglas de juego aplicadas en estos procesos desde la creación de la Comisión y que tenía las siguientes perlas:

Prohibía la participación de aquellas universidades y de las organizaciones comunitarias que prestaran el servicio de televisión o tuvieran contratos con la comisión nacional de televisión. Esto significaba marginar del proceso a 544 organizaciones comunitarias y a todas las universidades que por expreso mandato constitucional tienen este derecho.

El nuevo Decreto además reprodujo una norma que había sido declarada nula por el Consejo de Estado porque la misma impedía los recursos por vía gubernativa contra los actos de inscripción y acreditación con lo cual se daba vía libre a organizaciones de papel que siempre se han presentado en estas elecciones.

Adicionalmente el decreto preveía el aplazamiento de la elección hasta después de las elecciones del 28 de 0ctubre de 2008 dado que debía atender primero las elecciones territoriales.

A última hora con ocasión de una denuncia publicada en el diario El Tiempo, la Ministra decidió tramitar un nuevo decreto que según ella admitía y corregía un error en relación con un grupo de universidades pero dejaba a las organizaciones comunitarias y a más de la tercera parte de las universidades sin posibilidad de participar.

De otra parte, al día siguiente del vencimiento de mi periodo, en una acción claramente coordinada fueron presentados a la Junta Directiva derechos de petición y dos tutelas a fin de lograr que la Junta Directiva me desvinculara. La señora Ministra decidió frente a la duda en torno a mi permanencia pedir un concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la cual fue respondida en tiempo record, no sólo conceptuando sobre mi retiro automático sino estableciendo un mecanismo para que el Presidente nombrara mi reemplazo.

La Ministra, inmediatamente publicó en la página Web del Ministerio el concepto e inició una arremetida en los medios de comunicación anunciando mi inminente retiro pidiéndole a la Junta Directiva de la Comisión que me retirara del cargo situándome así como un usurpador de funciones.

Las dos tutelas fueron falladas a mi favor y en ellas se decía de manera expresa que yo debía permanecer en la CNTV hasta que llegara mi reemplazo so pena de incurrir en abandono del cargo pero que además el cargo por mi ocupado no podía quedar acéfalo.

La Junta Directiva de la Comisión decidió que no era competente para pronunciarse sobre mi retiro puesto que no era instancia nominadora de los comisionados.

Aún más, el Procurador General de la Nación se pronunció en el sentido de que la Junta no podía pronunciarse sobre mi retiro y que yo debía permanecer en el cargo.

A pesar de lo anterior la Ministra insistió en los medios sobre mi retiro y nunca se rectificó públicamente.

La elección estuvo rodeada de graves irregularidades y de incertidumbres sobre quienes estaban habilitados para votar. Con base en unos confusos listados la Registraduría, decidió acatar las instrucciones verbales de algunos funcionarios del Ministerio y como resultado de ese actuar ilegal no pudieron participar 26 de las más grandes e importantes universidades públicas y privadas del país y más de 500 organizaciones comunitarias a las que no obstante, el respaldo constitucional para su participación en derecho les fue negado con base en leguleyadas y artilugios interpretativos.

Fui derrotado y los electores escogidos por lo participantes, los listados y habilitados por el Ministerio de Comunicaciones escogieron por unanimidad según reseña de la prensa nacional a un biólogo antioqueño, dedicado al sector farmacéutico, sin experiencia en televisión, hermano del señor Ignacio de Guzmán, Cónsul de Colombia en Miami.

Las acciones judiciales en curso permitirán develar el carácter ilegal e inconstitucional de la actuación del Gobierno Nacional en todo este proceso pero más allá de la discusión jurídica, con el relato dispendioso de los anteriores hechos en los que he debido omitir detalles no menos graves y escandalosos no pretendo aparecer como víctima sino simplemente tiene el propósito de alertar sobre los peligros que acechan a nuestra democracia.

- Eduardo Noriega De la Hoz es Comisionado Nacional de Televisión

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org