Profunda sorpresa ha causado la aprobación repentina y veloz de una ley que restituye al presidente de la república la decisión de aplicar –o no– la pena de muerte a quienes el sistema de justicia ha condenado a la misma. Dicha aprobación, por un lado, sorprende porque estamos estrenando un nuevo cuerpo legislativo que, en el poco tiempo que lleva de estar funcionando, ha manifestado claramente su incapacidad para ponerse de acuerdo sobre asuntos de gravedad relacionados con el funcionamiento del Estado guatemalteco. Por otro lado, con la misma se vuelve a poner en la discusión pública un tema controversial que no puede ser abordado de manera tan ligera y simplificada.

Sin embargo, y sin mayores dilaciones, todas las bancadas –con excepción de una– aprobaron mayoritariamente dicha ley. ¿Qué razones han llevado a los legisladores a tomar tan repentina resolución?

A nadie escapa que el clima de violencia es cada día más generalizado, siendo afortunados aquéllas y aquéllos que aún no han sido afectados por ese flagelo. Hablar sobre la violencia implica seguir ventilando un viejo debate en torno a cuáles son las causas que la están generando e incrementando de manera alarmante.

En general, es común escuchar entre la población, así como enterarse en los medios de comunicación escritos y visuales, que esa dolencia social es producto de la existencia de inadaptados que buscan infligir daño al conjunto social. Tal explicación, simplista a todas luces, esconde una realidad mucho más profunda y compleja que no se quiere enfrentar. Los llamados “desadaptados sociales” no surgen por generación espontánea. Son resultado directo de un medio y un sistema social y económico que no es capaz de dar respuesta a sus demandas y necesidades básicas. A lo que se agrega la existencia de grupos de interés que aprovechan esas circunstancias para agudizar tales situaciones, llevando –voluntaria o involuntariamente– a muchos, a transgredir las normas establecidas con el propósito de agudizar el sentimiento de impotencia y miedo entre la población.

Pensar que la pena de muerte puede contribuir a reducir la violencia y la criminalidad es como agarrar el rábano por las hojas. Con dicha pena se estaría atacando el resultado de complejos problemas sociales, pero no sus causas. Con muertes sumarias, “legales”, no se están atacando las raíces de los problemas sociales que enfrenta el país. Más bien, se corre el riesgo de “sacralizar” esa vía como la única opción para solucionar lo que, de esa manera, no va a solucionarse.

Acudir a la muerte como vía para, supuestamente, solucionar el problema de la violencia es condenarnos a permanecer en un círculo vicioso, que nos lleva a pensar que sólo tal solución –la muerte– puede funcionar como mecanismo de disuasión para frenar un mal cuyas raíces son históricas y estructurales.

Por otro lado, no podemos olvidarnos que, hasta ahora, el sistema de justicia con que contamos ha sido incapaz de aplicar de manera pronta y efectiva las leyes básicas que, en principio, garantizarían la convivencia pacífica entre todos los y las ciudadanas del país.

Guatemala, 18 de febrero del 2008.

Gustavo Palma
Área de Estudios sobre Historia Local
AVANCSO