El juicio penal al ex director del DAS: La justicia entre verdad y mentira
16/02/2008
- Opinión
Mucha confusión reina en Colombia por estas épocas. La Fiscalía General de la Nación llama a responder en juicio a Jorge Noguera Cotes, jefe de la policía secreta colombiana y subalterno del Presidente Álvaro Uribe, bajo la acusación de haber puesto el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) al servicio de los paramilitares durante los primeros años del primer periodo del gobierno Uribe. Esta noticia pondría a tambalear al jefe de gobierno de cualquier país del mundo. En forma coetánea, millones de colombianos salen a la calle para condenar a las FARC y sus actos de inhumanidad hacia los secuestrados. Eso antecedido de las agresiones verbales y amenazas de guerra lanzadas por el presidente Chávez luego de la truncada intermediación para liberar a los secuestrados. La favorabilidad en las encuestas del Presidente Uribe abre la posibilidad de replantear las reglas del juego político para permitirle una nueva reelección, mientras que la Corte Suprema de Justicia vincula a nuevos congresistas al proceso penal por vínculos con los paramilitares, elevándose a más de cincuenta el número de investigados por la parapolítica.
Para algunos la alianza entre políticos, empresarios, miembros de las fuerzas armadas y paramilitares era necesaria y justificable frente a la necesidad de combatir la guerrilla, para otros, dentro de los cuales me cuento, tal conducta es punible y la justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades penales a todos los directa o indirectamente involucrados en delitos atroces, de guerra o de lesa humanidad, sean de izquierda o de derecha.
La justicia colombiana tiene el reto de establecer la verdad jurídica –sustituta necesaria de la verdad “verdadera” en un estado regido por las leyes – del concierto para delinquir de políticos y paramilitares. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya ha avanzado un trecho y se ha blindado contra los intentos de desacreditarla, dirigidos incluso desde la cabeza del gobierno, como lo demuestran el caso del paramilitar Tasmania –que acusó al magistrado auxiliar encargado de la dirección del proceso de la parapolítica en la CSJ de intentar convencerlo para que presuntamente involucrara al presidente Uribe en un intento de homicidio–, o la denuncia penal de este último contra el ex presidente de la CSJ, magistrado César Julio Valencia. Y, hablando de esto, ¿qué pasó en la Fiscalía con la (falsa?) denuncia de Tasmania o con la investigación contra Mario Uribe? ¿Por qué del largo silencio?
Lo que está en juego no es de poca monta. Noguera se declara inocente y pretexta una confabulación en su contra. De ser cierta la inocencia de Noguera, estaríamos ante una grave disfunción de la Fiscalía General de la Nación que lo privó preventivamente de la libertad y ahora lo llamó a juicio. Pero, de otra parte, si los jueces de la República le dan la razón a la Fiscalía, atendidas las características del caso, estaríamos ante un hecho político de la mayor magnitud imaginable. Esto, entre otras cosas, porque la prensa nacional reportó en su momento que el abogado del Noguera Cotes se reunía en el Palacio de Nariño para informar el Presidente de la República sobre el caso de su defendido y que el ex embajador Frechette advertía sobre la gravedad de una condena del ex jefe de la policía secreta para el presidente Uribe.
El ex director del DAS ha sido acusado por el Fiscal General de la Nación como presunto responsable por la comisión de los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, utilización de asunto sometido a secreto o reserva y concierto para delinquir agravado. No son estos delitos menores. Las investigaciones apuntan al corazón del vínculo entre paramilitares y funcionarios públicos en altas esferas del Estado y en actividades de gran sensibilidad social como son las labores de inteligencia. Leído el auto de llamamiento a juicio el número y detalle de las pruebas testimoniales y documentales es abrumador! Las declaraciones del testigo estrella en el proceso, Rafael García, subalterno de Noguera en el DAS y a quien se tachó –sin éxito– de loco para minar su credibilidad, son confirmadas por múltiples y diversas personas, funcionarios públicos y particulares quienes tuvieron contacto o supieron de las andanzas de Noguera y su cercanía a algunos jefes paramilitares. No sólo el número de pruebas en contra del procesado sino el nivel de detalle de las mismas, evidencian la verosimilitud de las acusaciones y hacen la tarea de desvirtuar lo afirmado por la Fiscalía una labor en extremo difícil para la defensa.
Como en un rompecabezas de mil piezas, el paisaje empieza a ser perceptible. Al medio centenar de congresistas (más del 95% uribistas) procesados o condenados por sus relaciones criminales con los paramilitares se suma ahora el director de la policía secreta del presidente Uribe. Si se dice que el presidente Samper no vio el elefante de la financiación económica a su campaña, en el caso del presidente Uribe podríamos decir su candor es planetario. No sólo no sabía que decenas de políticos que lo apoyaron en 2002 y 2006 (sin contar los votos para la reelección) hacían pactos con los paras, que nombra a reos penales en el servicio diplomático (Salvador Arana, Noguera, Luís Camilo Osorio) y que los propios paramilitares lo invitaron a varias reuniones o manifestaciones políticas (como evidencian los videos), sino que la persona elegida por él para encargarse de la seguridad democrática puso la entidad a su cargo al servicio de los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz, aprobada en su mayoría por los ahora acusados de concierto para delinquir con los paramilitares. Pero la teoría del candor presidencial no cuadra conociendo la sagacidad política, la información detallada y el conocimiento de los actores políticos relevantes en todas las zonas del país de Álvaro Uribe Vélez.
Por fortuna para el país, la opinión pública ya ha aprendido a diferenciar entre la conveniencia política y la responsabilidad penal. Puede que el dolor de Armero hiciera aconsejable olvidar la cruenta toma del M-19 y la absurda retoma militar del Palacio de Justicia en 1985, pero la justicia penal se encarga décadas después de distinguir entre la verdad y la mentira, por lo menos en lo referente al desaparecidos y torturados. Que hoy en día, en mitad de una persecución militar sin precedentes contra las guerrillas y exacerbado el nacionalismo por cuenta de las declaraciones incendiarios de un presidente vecino, no convenga a la opinión pública llegar hasta las últimas consecuencias de las relaciones entre el presidente de la República y los paramilitares, es algo por supuesto comprensible. En lo que la población sí debe tener confianza es que la justicia dará luces algún día (quizá más temprano que tarde) sobre cuánto y qué sabía de los paramilitares el hoy aclamado “mejor presidente que han tenido los colombianos”.
Rodolfo Arango
Doctor en Derecho y Profesor de la Universidad de los Andes
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
www.vivalaciudadania.org
Para algunos la alianza entre políticos, empresarios, miembros de las fuerzas armadas y paramilitares era necesaria y justificable frente a la necesidad de combatir la guerrilla, para otros, dentro de los cuales me cuento, tal conducta es punible y la justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades penales a todos los directa o indirectamente involucrados en delitos atroces, de guerra o de lesa humanidad, sean de izquierda o de derecha.
La justicia colombiana tiene el reto de establecer la verdad jurídica –sustituta necesaria de la verdad “verdadera” en un estado regido por las leyes – del concierto para delinquir de políticos y paramilitares. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya ha avanzado un trecho y se ha blindado contra los intentos de desacreditarla, dirigidos incluso desde la cabeza del gobierno, como lo demuestran el caso del paramilitar Tasmania –que acusó al magistrado auxiliar encargado de la dirección del proceso de la parapolítica en la CSJ de intentar convencerlo para que presuntamente involucrara al presidente Uribe en un intento de homicidio–, o la denuncia penal de este último contra el ex presidente de la CSJ, magistrado César Julio Valencia. Y, hablando de esto, ¿qué pasó en la Fiscalía con la (falsa?) denuncia de Tasmania o con la investigación contra Mario Uribe? ¿Por qué del largo silencio?
Lo que está en juego no es de poca monta. Noguera se declara inocente y pretexta una confabulación en su contra. De ser cierta la inocencia de Noguera, estaríamos ante una grave disfunción de la Fiscalía General de la Nación que lo privó preventivamente de la libertad y ahora lo llamó a juicio. Pero, de otra parte, si los jueces de la República le dan la razón a la Fiscalía, atendidas las características del caso, estaríamos ante un hecho político de la mayor magnitud imaginable. Esto, entre otras cosas, porque la prensa nacional reportó en su momento que el abogado del Noguera Cotes se reunía en el Palacio de Nariño para informar el Presidente de la República sobre el caso de su defendido y que el ex embajador Frechette advertía sobre la gravedad de una condena del ex jefe de la policía secreta para el presidente Uribe.
El ex director del DAS ha sido acusado por el Fiscal General de la Nación como presunto responsable por la comisión de los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, utilización de asunto sometido a secreto o reserva y concierto para delinquir agravado. No son estos delitos menores. Las investigaciones apuntan al corazón del vínculo entre paramilitares y funcionarios públicos en altas esferas del Estado y en actividades de gran sensibilidad social como son las labores de inteligencia. Leído el auto de llamamiento a juicio el número y detalle de las pruebas testimoniales y documentales es abrumador! Las declaraciones del testigo estrella en el proceso, Rafael García, subalterno de Noguera en el DAS y a quien se tachó –sin éxito– de loco para minar su credibilidad, son confirmadas por múltiples y diversas personas, funcionarios públicos y particulares quienes tuvieron contacto o supieron de las andanzas de Noguera y su cercanía a algunos jefes paramilitares. No sólo el número de pruebas en contra del procesado sino el nivel de detalle de las mismas, evidencian la verosimilitud de las acusaciones y hacen la tarea de desvirtuar lo afirmado por la Fiscalía una labor en extremo difícil para la defensa.
Como en un rompecabezas de mil piezas, el paisaje empieza a ser perceptible. Al medio centenar de congresistas (más del 95% uribistas) procesados o condenados por sus relaciones criminales con los paramilitares se suma ahora el director de la policía secreta del presidente Uribe. Si se dice que el presidente Samper no vio el elefante de la financiación económica a su campaña, en el caso del presidente Uribe podríamos decir su candor es planetario. No sólo no sabía que decenas de políticos que lo apoyaron en 2002 y 2006 (sin contar los votos para la reelección) hacían pactos con los paras, que nombra a reos penales en el servicio diplomático (Salvador Arana, Noguera, Luís Camilo Osorio) y que los propios paramilitares lo invitaron a varias reuniones o manifestaciones políticas (como evidencian los videos), sino que la persona elegida por él para encargarse de la seguridad democrática puso la entidad a su cargo al servicio de los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz, aprobada en su mayoría por los ahora acusados de concierto para delinquir con los paramilitares. Pero la teoría del candor presidencial no cuadra conociendo la sagacidad política, la información detallada y el conocimiento de los actores políticos relevantes en todas las zonas del país de Álvaro Uribe Vélez.
Por fortuna para el país, la opinión pública ya ha aprendido a diferenciar entre la conveniencia política y la responsabilidad penal. Puede que el dolor de Armero hiciera aconsejable olvidar la cruenta toma del M-19 y la absurda retoma militar del Palacio de Justicia en 1985, pero la justicia penal se encarga décadas después de distinguir entre la verdad y la mentira, por lo menos en lo referente al desaparecidos y torturados. Que hoy en día, en mitad de una persecución militar sin precedentes contra las guerrillas y exacerbado el nacionalismo por cuenta de las declaraciones incendiarios de un presidente vecino, no convenga a la opinión pública llegar hasta las últimas consecuencias de las relaciones entre el presidente de la República y los paramilitares, es algo por supuesto comprensible. En lo que la población sí debe tener confianza es que la justicia dará luces algún día (quizá más temprano que tarde) sobre cuánto y qué sabía de los paramilitares el hoy aclamado “mejor presidente que han tenido los colombianos”.
Rodolfo Arango
Doctor en Derecho y Profesor de la Universidad de los Andes
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
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