Ya son 35 los argentinos asesinados durante las protestas sociales que se desencadenaron en el país a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001. El miércoles 26, otros dos jóvenes cayeron víctimas de la represión policial luego de que fuera dispersada una marcha de piqueteros que pretendía cortar uno de los accesos a la ciudad de Buenos Aires en protesta por la falta de respuesta del gobierno nacional a la grave situación económica y social que afecta a decenas de miles de familias. “Desde el poder no pueden tolerar que los pobres nos organicemos”, señaló el diputado provincial Luis D’Elía, del Polo Social, y líder de la Federación Tierra y Vivienda, integrante del movimiento piquetero de la Corriente Clasista y Combativa. D’Elía hizo estas declaraciones en un programa periodístico televisivo pocas horas después de la dura represión que sufrieron los miembros del Bloque Piquetero, con la secuela de 2 muertos, 90 heridos y 160 detenidos, cuando estaban por cortar uno de los puentes que une a la ciudad de Buenos Aires con la de Avellaneda, en pleno cordón metropolitano. Las palabras de D’Elía fueron un cuestionamiento directo a los líderes políticos y grupos de poder que prefieren sustentar políticas clientelistas y prebendarias con la población pobre, para ejercer el control de posibles protestas y estallidos sociales y asegurar su influencia en ese sector, a contar con organizaciones de base en las que estos sectores participen, promuevan el respeto de sus derechos y generen acciones políticas propias. En los últimos días el lenguaje utilizado por funcionarios del gobierno y otros miembros del Partido Justicialista daba a entender claramente que el partido gobernante estaba dispuesto a endurecer su actitud frente a las protestas sociales que diariamente se manifiestan en calles y rutas del país. El ex presidente Carlos Menem dijo a la prensa que las calles argentinas estaban llenas de “marxistas” mientras que el jefe del gabinete nacional aseguraba que no se podía seguir permitiendo que la subversión continuara invadiendo el espacio público. Desde 1997, cuando comenzaron los primeros cortes de rutas en protesta por la situación social, se han realizado alrededor de 4000 cortes de calles, puentes y rutas en todo el país. En general, estas manifestaciones han sido pacíficas y participan de ellas los trabajadores y desempleados con sus familias. A lo largo de estos años, los piqueteros han alcanzado un alto nivel de organización y de discurso político. Pero el broche de oro a este discurso que anunciaba un posible inicio de la represión lo dio el canciller Carlos Ruckauf, quien fue vicepresidente durante el segundo gobierno de Carlos Menem y gobernador de la provincia de Buenos Aires hasta diciembre de 2001. En una reunión con militares, Ruckauf recordó su gestión durante el gobierno de María Estela de Perón, a mediados de la década del 70, cuando le tocó firmar el decreto en el que se autorizaba a las fuerzas armadas a “aniquilar la subversión”. Este decreto dio vía libre al asesinato de militantes de la oposición y fue el preanuncio de lo que ocurriría durante la dictadura militar. Ruckauf aseguró no estar arrepentido de su proceder en aquella oportunidad y que lo haría nuevamente, de ser necesario. Las palabras de Ruckauf no hicieron más que aumentar los rumores sobre un golpe institucional de derecha, que contaría con el apoyo de empresarios y banqueros. Ruckauf es considerado por analistas políticos como uno de los “halcones” que desean dominar la situación social argentina con políticas de “mano dura”, hecho que nunca ocultó, ya que no ha dudado en manifestarse a favor de instaurar la pena de muerte para aplicar a los delincuentes comunes. La política del “gatillo fácil”, ahora contra los movimientos sociales La impunidad ha facilitado que las fuerzas de seguridad argentina tiren a matar a los que sospechan como delincuentes, por lo general jóvenes, de piel más oscura, con vestimenta sencilla y de condición pobre. Si bien muchos de los asesinos han sido juzgados y condenados, la corporación policial logró en muchas oportunidades “salvar” a sus miembros de la cárcel. Son decenas las víctimas en todo el país de esta violencia policial, pero la mayoría ha caído bajo las balas de la policía Bonaerense, que corresponde a la provincia de Buenos Aires, y cuya conducta agresiva hacia la población en general ha sido denunciada en muchas oportunidades por los organismos de derechos humanos y los movimientos sociales. En la marcha del miércoles 26, el movimiento piquetero temía ser reprimido, luego de escuchar el discurso que a lo largo de una semana venían pronunciado representantes del gobierno. No obstante, hicieron la protesta sin llegar a cortar el puente porque lo impidió la dura represión que se desencadenó. Al dispersarse los manifestantes, grupos aislados comenzaron a romper vidrieras de negocios, incendiaron un colectivo y asaltaron al pasaje. Muchos observadores consideran que estos grupos eran infiltrados, quizá por los propios servicios de seguridad o “terceras fuerzas” que buscan crear un clima de caos social que facilite un golpe de derecha. La policía funcionó no para dispersar, sino para “cazar” y castigar a los manifestantes. Los dos asesinatos ocurrieron dentro de una estación de tren y una de las víctimas estaba arrodillada asistiendo a su compañero caído cuando recibió tiros por la espalda que le provocaron la muerte. Según las primeras pruebas de balística, las municiones encontradas en el cuerpo de las víctimas pertenecen a armas que habitualmente utiliza la policía bonaerense. Al día siguiente, se sucedieron las marchas de protesta contra la represión policial y el gobierno, que en un primer momento condenó al movimiento piquetero acusándolo de haber provocado la violencia, debió revisar su posición ante las pruebas contundentes y los testimonios que comenzaron a develar la verdad. El periodismo: entre el discurso perverso y la verdad La clase dominante cuenta con periodistas y publicaciones que se hacen eco de su discurso y tratan de imponerlo a la opinión pública. Periodistas de medios escritos, radiales y televisivos argumentaron a favor el discurso del gobierno y de los “halcones” y comenzaron a especular con la idea de que los piqueteros habían provocado la represión y que las muertes se debían a enfrentamientos entre distintos grupos de desempleados. “Quieren investigar a las víctimas. Quieren seguir victimizando a los que sufren de estas políticas de exclusión”, había dicho ante las cámaras televisivas el dirigente Víctor de Gennaro, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Pero el público en general y los activistas en particular, conocedores de este tipo de maniobras de determinados grupos periodísticos, hicieron frente a la información que pretendía tergiversar los hechos con testimonios de los que presenciaron la acción policial y, más tarde, con la contundencia de la información registrada por periodistas gráficos que en una serie de fotografías demuestran como la policía estuvo involucrada en la muerte de ambos piqueteros. La verdad sólo corroboró lo que todos ya sabían, pero fue un duro golpe para el gobierno nacional y el provincial, que se vieron obligados a detener al jefe del operativo policial y a un colaborador, que podrían ser los autores materiales de los asesinatos, y a suspender a 110 policías involucrados en la represión. Ahora desde el gobierno se dice que estos hechos represivos podrían ser parte de un plan para desestabilizarlo. Diversos observadores políticos señalan que existe un movimiento de derecha autoritaria en Argentina que desea crear un clima de caos que resulte en la instauración de un gobierno antidemocrático. Las organizaciones de derechos humanos y el movimiento de piqueteros, además de algunas figuras políticas, ya están señalando que no sólo deben ser detenidos e investigados los acusados de los asesinatos y de la represión, sino también aquellos que podrían haber actuado como instigadores ideológicos e incluso ofrecido impunidad a las fuerzas de seguridad.