Medellín

El clamor de una pronta justicia, una verdad esclarecedora y el reclamo a una reparación integral se escuchó más fuerte que de costumbre en la mañana de este viernes 7 de diciembre, durante la realización de la Primera Audiencia Pública de Víctimas del Conflicto, que tuvo lugar en el Teatro Porfirio Barba Jacob de la ciudad de Medellín.

Provenientes de todos los rincones de Antioquia, los afectados por el accionar de los grupos armados ilegales llegaron con la firme intención de exponer ante el Defensor del Pueblo, el Vicefiscal de la Nación y la Procuradora Delegada para los Derechos Humanos, los más delicados casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en la última década.

Don Luis (1), por ejemplo, recordó cómo los paramilitares ingresaron el 15 de abril de 2002 a la vereda Peñoles, municipio de San Carlos, masacraron a unas 10 personas y se llevaron a una decena más, entre ellos su hermano. Días después, algunos de los plagiados fueron hallados en una fosa común en otra vereda, pero don Luis continúa sin tener noticias de su hermano. De todo esto, lo que más le indigna al campesino sancarlino es que ese día, a pocos kilómetros del hecho, había un retén del Ejército, “pero no hizo nada”, dijo.

“Estoy aquí porque quiero saber la verdad de lo que pasó con mi hermano”, subrayó don Luis, reclamo que se repitió a lo largo de todos los relatos.

Para algunas víctimas, relatar su historia significó mucho más que sobreponerse al dolor que generan los recuerdos; fue toda una prueba de valentía dadas las constantes amenazas de muerte que tienen que sortear, como en el caso de la lidereza de la Comuna 13, Mery Naranjo, integrante de la Asociación de Mujeres de la Independencia (AMI), quien denunció públicamente los constantes señalamientos y hostigamientos de los que es víctima por parte de la Fuerza Pública.

“Me tildan de guerrillera, todo porque me atreví a denunciar lo que venía pasando en la Comuna 13, cuando todos creían que era un remanso de paz”, contó en medio de lágrimas.

Sus señalamientos, entre los que se cuentan el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados, la desaparición forzada de varias personas después de la Operación Orión y la existencia de fosas comunes en el sector, le han significado atentados no sólo contra su vida sino contra varios de sus familiares: el domingo pasado fue asesinado su yerno. La lidereza actualmente se encuentra bajo medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Quiero decirles a todos ustedes que la situación en nuestros barrios no es buena y la presencia del Ejército poco a ayudado a traernos paz. Los jóvenes están desesperados y nosotros también, ya no sabemos que hacer”, expuso Mery y pidió además a los funcionarios del Ministerio Público prestar mayor atención a la situación humanitaria que se vive en esta comuna del occidente de Medellín.

Reclamo similar formularon los representantes de la vereda La Balsita, corregimiento del municipio de Dabeiba, occidente de Antioquia. Entre el 23 de noviembre y el 7 de diciembre de 1997, por lo menos 1.000 personas salieron de este corregimiento luego de una masacre cometida por los paramilitares. A pesar de haber transcurrido ya 10 años desde el día de los hechos, muchas de esas familias no han podido regresar a sus tierras, “se encuentran viviendo en Medellín en situaciones infrahumanas”, según lo señaló quien relató el caso ante los funcionarios del Ministerio Público.

“Un grupo de 22 familias decidimos unirnos para resistir la presencia de actores armados y creamos una zona humanitaria y nos declaramos población. Esto nos ha generado serios inconvenientes, principalmente con el Ejército, que dice que para ellos no hay lugares vedados”, contó el vocero de la Balsita.

Un paso esperanzador

No obstante la crudeza de los relatos, en los que sobresale como denominador común la total impunidad, las víctimas del conflicto siente que esta Audiencia constituye un primer paso en la búsqueda de una verdad esclarecedora.

“No es la primera vez que ventilamos nuestro caso públicamente y lo seguiremos haciendo para que más gente se entere de qué es lo que está pasando en Dabeiba. No sabemos qué pase después de esto, pero al menos es esperanzador que nos haya escuchado gente como el Defensor del Pueblo o gente de la Fiscalía”, apuntó el afectado por el caso de la Balsita.

Por su parte Marta Soto, integrante de la Asociación de Familiares Desaparecidos y Detenidos (Asfaddes), considera que lentamente las víctimas van perdiendo el temor a contar su verdad y destacó además el poder de incidencia que están logrando las mismas.

“De esta Audiencia tiene que salir algo y yo creo que lo primero es que tiene que haber un remezón muy grande frente a la Ley de Justicia, pues cada vez somos más las víctimas que decimos que esa Ley no nos representa. Nosotros somos conscientes de que la verdad o la justicia no va a llegar hoy, pero se dio un primer paso muy importante”, declaró Soto.

Para el defensor de Pueblo, Volmar Pérez, esta iniciativa, que cuenta ya con tres antecedentes como lo fueron la audiencia en San Onofre, Sucre; en Saravena, Arauca; y en Buenaventura, en el Valle del Cauca, le están mostrando al país que las víctimas tienen una verdad que contar y que debe ser escuchada. “Sólo espero que estas audiencias ayuden a esclarecer la verdad de los hechos y que motive a todas las instituciones a trabajar por el respeto de los derechos de las víctimas”, manifestó el funcionario.

Nota

(1) Nombre cambiado a petición de la fuente

Fuente: Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
www.ipc.org.co