En Guatemala mucho se ha escrito sobre los desmanes del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco que llevó a la presidencia a Alfonso Portillo. Temas sobran: la corrupción descomunal puesta en evidencia con reparos de la Contraloría de Cuentas, denuncias ante el Ministerio Público y reportajes en los medios de comunicación. Los negocios de los altos funcionarios del gobierno y la acumulación de capitales producto de ilícitos. Los reiterados incumplimientos, no solo de las promesas de campaña, sino de los Acuerdos de Paz, que Portillo reconoció que son acuerdos de estado. Escándalos multicolores realizados en forma democrática, desde el congreso, con la alteración de leyes, gastos excesivos en infinidad de viajes, privilegios otorgados a diputados, hasta delitos cometidos por funcionarios que visitan temporalmente las cárceles y que luego salen libres, tras el pago de ridículas fianzas o están de paso por los hospitales debido a enfermedades ficticias para evadir la prisión. El ex-ministro de Gobernación, Byron Barrientos, acusado de un millonario desvío de fondos, que ya alcanza la cifra de 80 millones de quetzales, efectuado con burdas maniobras, en donde incluso utilizó un pseudónimo para el manejo de una cuenta abierta a nombre de otra persona. A esto se suma el caso del Sub Secretario Privado de a Presidencia, Víctor Moreira, detenido por abuso de autoridad; el de los 22 diputados sometidos a un procedimiento que pretendía retirarles la inmunidad debido a que alteraron el texto de una ley y del cual salieron bien librados, gracias a la intervención del Fiscal contra la Corrupción, que además de no aportar pruebas, solicitó al Juez declarar sin lugar el antejuicio. Guatemala es el paraíso de la delincuencia, la inseguridad es alarmante, ha obligado incluso a ampliar las salas de las morgues, lo que provoca un temor cotidiano en la sociedad, mientras que el crimen organizado se ha instalado en todas las esferas nacionales, acompañando a sus colegas narcotraficantes que han hecho gala de astucia y pericia. Es necesario mencionar el insólito caso de la sustracción de mil kilos de cocaína de las propias bodegas del Departamento Antinarcóticos (DOAN). El ejército también se ha puesto en evidencia con denuncias graves de corrupción y de aprovechamiento de recursos. Además se vio envuelto en un grave incidente, en el cual la Policía Nacional Civil acudió al rescate de una secuestrada y resultó que quienes pretendían cobrarlo eran miembros de la institución armada, según distintas versiones publicadas en los medios y declaraciones de algunas personas. Ha sido tan grave la acusación, que uno de los testigos, un policía que estaba de turno que cambió el parte por ordenes de sus superiores, tuvo que someterse al programa de protección de testigos, ofrecer su declaración anticipada y salir del país. Todos estos hechos reflejan el grave retroceso que se observa en la coyuntura guatemalteca, sin embargo, hay otras circunstancias que atentan contra el estado de legalidad y de derecho, de las que no se habla en voz alta. En el área rural, los diputados departamentales y que pertenecen al partido oficial, han hecho de su tierra natal su feudo personal y exclusivo. Ellos son los que deciden sobre todas y cada una de las materias, desde a quién se asignan las plazas para maestros, hasta las obras que han de ejecutarse. Es el "diputado" el que debe ser consultado sobre las inversiones, los programas, los proyectos, las calles que deben ser asfaltadas, las personas que deben ser invitadas a los eventos y el que ordena a los periodistas no informar de hechos inconvenientes o de lo contrario, se vale de mecanismos para silenciarlos de cualquier manera. Aunado a este control oficial, las estructuras de poder han sido copadas por quienes en el pasado constituyeron los grupos paralelos como los ex comisionados militares y ex patrulleros civiles. Los que violaron derechos humanos, ahora son la autoridad. Quienes dieron órdenes de reprimir, son los que de nuevo mandan en las comunidades, en donde el miedo y el temor permanecen como la sombra que se resiste a abandonarlos. Todos esto es parte de la estrategia gubernamental de control poblacional y que servirá, junto a otros elementos, para "conquistar" el voto popular en las próximas elecciones.