En días anteriores se aprobó por la Asamblea Constituyente la nueva Constitución de Bolivia en una primera instancia y esto generó una reacción de manifestaciones violentas de los opositores al gobierno de Evo Morales –incluidos muertos y heridos-. El próximo 30 de noviembre, por su parte, inicia sesiones la Asamblea Constituyente en Ecuador en una ciudadela especial construida para el efecto y denominada Eloy Alfaro en homenaje al líder de la revolución liberal de fines del siglo XIX en la ciudad de Montecristi.

Lo interesante a señalar es que en una región considerada políticamente inestable como lo es la andina, este mecanismo de cambios constitucionales ha sido utilizado para dar vía libre a procesos de transición a la democracia, trátese de inicios de consolidación democrática como fue el caso colombiano y la Asamblea Constituyente de 1991, o de refundación de la democracia como podría considerarse la Asamblea Constituyente de 1999 en Venezuela, o las de 1993 en Perú –estimulada por los aires autoritarios del presidente Fujimori- y las actuales en curso en Bolivia –que inició sesiones en 2006- y Ecuador que está a punto de comenzar sus deliberaciones.

En todos los casos anteriores hay una gran ilusión de cambio basada en lo que podríamos denominar la utopía constitucional, lo que significa depositar en el proceso de expedición de una nueva carta política, las esperanzas de cambios no sólo en lo político –estructura del Estado, sistema de representación política, derechos fundamentales-, sino en lo social y en lo económico.

Sin embargo, las posibilidades de éxito de estos procesos constituyentes van a depender, inicialmente del nivel de consenso y/o negociación de las fuerzas políticas y sociales participantes. En el caso colombiano hubo un ambiente de consenso y capacidad de negociación por parte de las fuerzas políticas participantes; en la situación venezolana, en ese momento se vivía una gran expectativa de cambio y rechazo a los viejos partidos políticos –todavía no se había generado la polarización posterior-; en el caso del Perú va a ser el ambiente autoritario del régimen de Fujimori-Montesinos el que crea una cierta aceptación de la misma; en el caso boliviano, si bien el presidente Evo Morales recibe apoyo mayoritario a través de su partido el MAS, sin embargo las tendencias autonomistas de varias regiones y las polarizaciones étnico-regionales, sumado al problema de la capitalidad –disputa entre La Paz y Sucre por cual de las dos va a ser la sede de todos los poderes estatales- hace que el ambiente en que se desarrolla el proceso constituyente sea de fuertes enfrentamientos y bajos consensos y en el caso ecuatoriano, tendríamos que decir que con excepción de sectores ligados a los partidos tradicionales, –acusados por algunos ciudadanos de buenas parte de la crisis-, hay un amplio consenso alrededor de la propuesta de reforma constitucional del gobierno del presidente Rafael Correa.

En los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador se lleva a referendo popular el texto de la nueva Constitución para su ratificación y legitimación. Ojala en el caso boliviano esto permita una legitimación del texto aprobado en bloque por la mayoría de los constituyentes partidarios del gobierno, pero al mismo tiempo fuertemente cuestionado por los sectores opositores, porque tiene avances importantes como lo dijo el presidente Evo Morales: autorizar las autonomías departamentales e indígenas, la recuperación de los hidrocarburos y la imposición de candados para que no se vuelvan a privatizar esos recursos; igualmente son declarados derechos humanos servicios básicos como el agua, la energía eléctrica y las comunicaciones –por lo tanto deben ser de servicio público y no un negocio privado-. Pero esto no tendrá sentido si no se logra un nivel de aceptación y por el contrario el proceso constituyente se puede volver un factor adicional de polarización nacional.

- Alejo Vargas Velásquez, es profesor Universidad Nacional, Colombia.