El agua dulce será el motivo de muchas guerras en el mundo por disputarse su acceso y control. Esto no es nuevo. Hace 4,500 años las Ciudades-Estados Sumerios de Lagash y Umma negociaron para dar fin a su confrontación por el agua del río Tigris. Desde el año 805 se han firmado entre naciones aproximadamente 3,600 tratados relacionados con el agua, la mayoría de ellos sobre navegación y límites nacionales, pesca, irrigación de cultivos, delimitación de fronteras, accesos a manantiales, etc. Alrededor de 300 se refieren a aspectos relacionados con la cantidad de agua, su calidad y la hidroenergía. Muchos de ellos se limitan a aspectos relativamente restringidos y no establecen principios para la gestión integrada del recurso en toda la cuenca. Pero si tomamos en cuenta desde los años previos a la Revolución Industrial a finales del S. XX, se puede observar que desde 1820 al año 2000 se firmaron más de 400 acuerdos que consideran al agua un recurso precioso, caro, limitado y finito. Después de la II Guerra Mundial, entre los años de 1948 al 2002 se registraron 1,831 interacciones provocadas por el agua, de las cuales 1,228 fueron de carácter cooperativo que terminaron en la firma de 200 tratados de reparto de aguas y la construcción de nuevas represas. También se registraron 507 conflictos de los cuales 37 fueron violentos, 21 con intervenciones militares y 30 han sido protagonizados por Israel y sus vecinos. Sin embargo, todo parece indicar que la incorporación del agua como recurso económico será el detonador de los mayores conflictos en el mundo durante el Siglo XXI. Ismail Serageldin, Vicepresidente del Banco Mundial lo expresó afirmando que “la próxima Guerra Mundial será por el agua”. O como lo afirmó la revista Fortune: “el agua promete ser en el siglo XXI, lo que el petróleo lo fue en el siglo XX: una preciada mercancía que determina la riqueza de las naciones”. Así, si los conflictos por el agua ya se daban antes de incluirla como un “bien comercial”, en la medida en que se acelere el proceso de privatización éstos se agudizarán a diversos niveles:

A) Dentro y fuera de las naciones. En el mundo hay 261 vertientes que cruzan fronteras políticas de dos o más naciones las cuales se encuentran en 145 países. Estas cuencas abarcan un 45% de la superficie terrestre del mundo, contienen un 80% del caudal fluvial global y afectan a un 40% de la población mundial. De 261 vertientes, 80 se encuentran en el Continente Americano donde está el 14% de la población mundial y el 41% del agua del mundo. Sin embargo, la tendencia no es sólo la privatización de la superficie terrestre donde escurre o se estanca el agua, sino la privatización del subsuelo ya que las reservas de agua se concentran básicamente ahí en forma de acuíferos y equivalen a 60 veces más de la que circula en la superficie. El conflicto internacional se agudiza cuando un país decide represar un río que comparte con otro país vecino.

B) Entre poblaciones rurales y urbanas. Se han registrado guerras y conflictos de diversa índole en Israel, Jordania, Siria, Palestina, Egipto, Yemen, Irak y Kuwait. Estados Unidos también le disputa el agua a México y lo hace en la Triple Frontera con Argentina, Uruguay y Paraguay. También hay conflictos en las cuencas del Mar Aral, Jordán, Nilo y Tigris-Eufrates.

C) Entre intereses río arriba y río abajo. De seguir la tendencia, podremos encontrar en un futuro conflictos en torno a los ríos Lempa, Bravo, Ganges, Kunene, Río de la Plata, Mekong, Orange, Senegal, Tumen, Zambeza, Limpopo, Han, Incomati, Usumacinta, Lago Chad, entre otros.

D) Entre los sectores agrícola, industrial y doméstico. La agricultura consume el 67%; la industria utiliza el 20% (el equivalente a toda la producción mundial hidroeléctrica); y los usos municipales y domésticos un 10%. En la medida en que las poblaciones urbanas crezcan le disputarán el agua a las regiones rurales.

E) Entre las necesidades humanas y los requisitos de un medio ambiente sano. En las ciudades de los países pobres el 70% de pobres no tienen agua potable. Además, se calcula que para el año 2025 el 70% de la población mundial no tendrá acceso a agua suficiente, esto equivaldrá a 3 mil 500 millones de personas que vivirán en países con estrés de agua.

La necesidad del agua para el planeta, para la sobrevivencia de cualquier tipo de vida pero en especial para el ser humano, plantea la necesidad de garantizar el acceso a toda la humanidad. De ahí su carácter público, nacional, comunal y con funciones sociales y ambientales. Teóricamente el agua alcanza para 20 mil millones de personas lo que equivale a más de tres veces la población mundial. Sin embargo el modelo económico neoliberal y el tipo de gestión que se le da no hace del agua un recurso renovable ni permite que haya para todos. El vital líquido es ahora el recurso de las últimas trincheras de la privatización para la cual se disputan mercados nuevos para la venta de grandes volúmenes de agua más allá de las fronteras incluso trasatlánticas, rutas comerciales y apropiación de las fuentes de agua. En este contexto, las presas son una infraestructura fundamental para su control.

El andamiaje de la privatización del agua

En el marco de este horizonte de futuros conflictos por el agua, el sistema de producción capitalista bajo el modelo neoliberal dio paso a la implementación del modelo Corporación-Nación que se caracteriza por una actuación del Estado al servicio del gran capital. Por ejemplo, mediante un andamiaje nacional e internacional que le da seguridad a sus inversiones. La estructura política, económica e incluso militar que garantice sus intereses se expanden por todo el mundo: “Tratados de Libre Comercio”, la Organización Mundial del Comercio (OMC) o los tribunales internacionales donde las grandes corporaciones demandan a los gobiernos y defienden sus intereses. Sin embargo, esto no sería posible sin la ayuda de los gobiernos y las Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s) como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin olvidar la banca multilateral continental y regional. Todo ello implica la subordinación de los procesos democráticos a los intereses empresariales en cuanto a la competencia y la acumulación de la riqueza, bienes e incluso recursos naturales y estratégicos. En este contexto, el agua no se salva. Convertir lo público en privado conlleva una estrategia fundamental: la privatización. Por ello, convertir el agua en un recurso estratégico de múltiples usos y modalidades de explotación de plusvalor replantea la concepción geoeconómica y geopolítica que se ha tenido en torno a otros recursos comerciales.

La agenda de la privatización del agua inicia con más claridad en la década de los 90’s de manera silenciosa en la medida en que avanzó la implementación de las Políticas de Ajuste Estructural y los Tratados de Libre Comercio. En esta década la Declaración de Nueva Delhi estableció como una nueva ordenación global que las políticas de gestión del agua estuviera basada en las cuencas. En la misma década la ONU crea el Secretariado Internacional del Agua y la Cumbre de Río sobre Biodiversidad define el año 2000 como meta para establecer nuevas estructuras institucionales y jurídicas bajo lineamientos del BM y del FMI. El encuentro en Dublín es dedicado al tema del agua. Estos son los eventos previos a la creación de la OMC en cuyo amparo se crean otras instituciones que promoverían la privatización del agua como el caso de la Coalición de las Industrias de Servicios con sede en los Estados Unidos, y el Foro Europeo sobre Servicios de la Unión Europea. Al mismo tiempo en que nace la OMC y se firma el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA por sus siglas en inglés) en 1994, nace el Banco de Desarrollo de América del Norte (BND) para financiar proyectos del sector público y privado en materia de agua.

Existen tres instituciones globales claves del agua -apoyadas e impulsadas por el BM, el FMI y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- encargadas de diseñar la agenda mundial privatizadora del agua e imponer las condiciones necesarias a los gobiernos, condicionar préstamos y modificaciones legales, lograr las concesiones privadas, crear una infraestructura y cultura de pago del agua, otorgar créditos endeudando a las instituciones publicas encargadas de hacer los cambios e inversiones necesarios antes de rematar la infraestructura y el negocio del agua. Estas instituciones las componen las IFI’s, las grandes corporaciones privadas y los gobiernos: el Consejo Mundial del Agua (WWC por sus siglas en inglés) creada en 1996 con el fin de diseñar la estrategia privatizadora de la gestión del agua a nivel mundial. Su financiamiento proviene de las IFI’s, de las corporaciones multinacionales, de organismos multilaterales y gobiernos. La Asociación Mundial del Agua (GWP por sus siglas en inglés) creada en 1996 por el BM, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional. Dirige la estrategia para promover el agua como “bien económico” e impulsar las reformas en los sistemas públicos de agua potable, drenaje y saneamiento. Es financiado por las Agencias de Crédito a las Exportaciones (ACE’s), la Fundación Ford, el PNUD y del BM cuyo Vice-presidente Ismail Serageldin es el primer presidente del Comité Directivo de la GWP. Y la Comisión Mundial del Agua para el Siglo XXI creada en 1998 y es financiada por las ACE’s de Canadá y Holanda así como de organismos multilaterales de la ONU. Apoya e impulsa la agenda diseñada para abrir el agua a los mercados y está conformada por 21 personalidades de todo el mundo entre ellos el Director William J. Congrove quien fuera asesor del BM y funcionario de Vivendi; e Ismail Serageldin que fungió como presidente del Consejo Directivo. Inmediatamente después de la creación de este andamiaje institucional, se constituye en 1997 el escenario de imposición de la agenda privatizadora del agua creándose el Foro Mundial del Agua (FMA) donde las grandes corporaciones trasnacionales y sus gobiernos aliados depositan la agenda a seguir en torno al recurso agua.

La ley de aguas nacionales: hacia la privatización

La disputa por el agua del Río Bravo que divide a la frontera entre México y Estados Unidos se juega en el marco de las sequías, ilegalidades y coerciones. En base al Tratado de 1944 México debe de pagar anualmente un mínimo de agua al vecino país independientemente de la existencia de sequía y con un ciclo de 5 años de tolerancia. Sin embargo, desde el 2001 el gobierno federal ha cedido a las presiones de Washington para entregar por adelantado volúmenes de agua sacrificando a la población mexicana y sus productores. Las relaciones se han vuelto ríspidas entre ambas naciones. Mientras que Estados Unidos absorbe más agua desde su territorio y desde el lado mexicano con la llegada de sus propias maquilas e industria agrícola, México argumenta no tener más agua que pagar. Ante ello, Estados Unidos pretende cobrar la deuda de agua en dólares en efectivo abriendo las puertas a su mercantilización internacional y a una nueva fuente de intereses de endeudamiento que no genera la deuda en agua. Esta mercantilización la facilitaría la Ley de Aguas Nacionales reformada en 2004, vía la descentralización de la gestión del agua, por el otorgamiento de “concesiones” a extranjeros de ciertas zonas fronterizas por un periodo entre 5 y 30 años.

Las represas en México

México está plagado de proyectos de represas y conflictos pasados no solucionados o acumulados que han tenido como fin central la apropiación de la gestión y usufructo del agua. Veamos algunos ejemplos. En Nayarit la presa Pozolillo está en estudio de factibilidad mientas que la presa El Cajón ha generado más pobreza y descontento social por los incumplimientos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En Guerrero existen otras dos presas en estudio de factibilidad (San Juan Tetelcingo y Omitlán) mientras que a la presa Infiernillo pretenden darle más potencia. Lo más grave es la violencia que el gobierno ha generado con las pretensiones de construir la presa la Parota, actualmente el caso más conflictivo en el país. En el estado de Colima El Naranjo y Naranjo II siguen en estado latente de construcción. En San Luis Potosí las presas Tecalco y Tamán no han dejado de tener descontento social y la de El Realito va en proceso de construcción. En Sinaloa las comunidades afectadas por la construcción de la presa Picacho amenazan con movilizaciones. En Querétaro mientras la presa El Centenario registra miles de peces muertos por contaminación de sus aguas se plantean otros dos proyectos (las presas Jiliapan y Tilazo). En el estado de Puebla la contaminación de las aguas de la presa Valsequillo es alarmante mientras que las presas El Zapote y San Vicente Boquerón despertaron desde 2003 movilizaciones sociales de comunidades campesinas ante el anuncio de su construcción. En el caso de la antigua presa Necaxa desde 2005 los pobladores aledaños a la cortina han denunciado su deterioro, grietas y fisuras en su estructura.

En el estado de Morelos la población se alertó ante el anuncio en el 2006 de una presa en el municipio de Zacualpa. En Michoacán se inaugura la presa 18 de Marzo y se diseña la ampliación de la presa Villita. En el estado de Oaxaca se anuncia la ampliación de la presa Benito Juárez bajo la alerta muy combativa de la población que fue ya desplazada hace 40 años para ver la presa sin funcionar. También se alertan las comunidades de la costa que forman un frente ante el anuncio de la construcción de las presas Paso de Reina e Ixtlayutla donde la CFE ya implementa sus estrategias de engaño, extorsión, amenazas y promesas que nunca ha cumplido. Mientras, en el otro extremo del estado en la presa Cerro de Oro el gobierno intenta hacer reparaciones de indemnizaciones a los indígenas que desplazó con lujo de violencia hace más de 30 años.

En Coahuila los ejidatarios están dispuestos a detener la construcción de la presa El Tigre. En Chiapas la CFE reformula posproyectos de las presas sobre el río Usumacinta que han recibido fuerte presión social e internacional sobre la cuenca que divide al país con Guatemala. Sin embargo hay dos presas en estudio (Copainalá y Acala), otras les ha aumentado potencia (Chicoasén y Belisario Domínguez) y otras más están dormidas en los papeles de la CFE (presas Chacté, Huixtán I y II, entre otras). En Chihuahua rondan los proyectos de presas San Juanito y Madera. En Sonora cuatro presas amenazan la región (Mocúzari, Oviáchic, Río Yaqui y las Chivas). En Baja California la poca agua que escurre en la entidad es amenazada con represarla con las presas El Descanso y Tecate actualmente en estudio de prefactibilidad. El estado de Jalisco está plagado de presas. Cuatro en proceso de construcción (Aguaprieta, Mascota, Arroyo Hondo, Zapotillo y San Cristóbal); una recién construida (Ocotlán); otras para ampliar (Santa Rosa); y otra que ante la movilización social se frustró y fue suspendida (San Nicolás). Pero las más graves son la presa Arcediano que ha generado mucha movilización social ante la evidente inviabilidad del proyecto desde los puntos de vista técnico, económico, ambiental y de salud; y por otro lado la presa La Yesca que tendría la cortina la cortina más alta del mundo en su tipo y sobre la misma cuenca donde se ubican las presas El Cajón y Aguamilpa.

En el estado de Hidalgo la presa Zimapán se plantea su ampliación y otras dos más en estudio de prefactibilidad (Piedra Blanca y Gobernador). En Veracruz mientras se pretende construir otra presa (Xúchiles) la presa Yuribia que desalojó a 400 familias indígenas que han protagonizado acciones de protesta por los efectos que ha causado y los peligros de desbordamiento ante las excesivas lluvias. En el estado de Tabasco, mientras se encuentra en estudio de factibilidad la presa Tenosique, ronda la sombra del monstruo que el gobierno pretende construir sobre el río Usumacinta: Boca del Cerro.

No hay pues cuenca importante en el país que no esté amenazada con represar sus aguas.

Privatizando los ríos de la nación

Para preparar el terreno hacia un mayor control de los ríos, la oficina mexicana del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó en 2006 una licitación de consultoría para generación hidroeléctrica en México con el fin de elaborar un mapeo sobre generación microhidroeléctrica en el país e identificar los puntos donde se pueden instalar. El Gobierno mexicano calcula que la capacidad potencial de generación adicional a partir de recursos renovables es de 14.650MW. La generación eólica aportaría la mayor parte de la capacidad, seguida de la generación solar, a biogás, geotérmica, hidroeléctrica a pequeña escala y a biomasa.

Antes de finalizar el gobierno del presidente Vicente Fox, durante el 2006, las grandes empresas con altos consumos eléctricos y que buscan desarrollar proyectos de autoabastecimiento para reducir costos, lograron que se les otorgaran 12 permisos para instalar y operar "minihidroeléctricas" generadoras con inversiones por 160 millones de dólares, cuatro en operación y ocho aún en obra, con capacidad de 736 MW en conjunto. El objetivo de estas plantas es que, previa concesión a través de la Comisión Nacional del Agua (CNA), bajo la Ley de Aguas Nacionales, particulares puedan operar pequeñas hidroeléctricas en ríos y presas ‘para obtener energía más barata de la que compran a la CFE cuyas tarifas suben según el precio de los hidrocarburos’.

Lo anterior obviamente apunta hacia la privatización de los ríos en el país y la confrontación con las comunidades indígenas y campesinas. Hacia finales del sexenio foxista, el Secretario de Energía, Fernando Canales Clariond, anunció que se habían identificado 150 puntos viables para nuevos proyectos hidroeléctricos que podrán desarrollar el sector privado y la CFE. Y confirmó que "La Comisión Reguladora de Energía (CRE) trabaja en definir cuáles de esas fuentes hidráulicas serían reservadas al Gobierno a través de la CFE y cuáles serían susceptibles de ser otorgadas como permisos a particulares". Carlos Ruiz Quintana, subgerente de Dictaminación de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en el mismo periodo, reconoció que cualquier persona física o moral podría solicitar una concesión si se cumplen tres principios específicos: disponibilidad de agua, respeto a los derechos de veda, reglamentos y reserva, y no afectar los derechos de terceros. Del mismo modo se requiere de un estudio de impacto ambiental "tipo 1", uno de los requisitos menos complicados de cumplir y que se tramita en la localidad lo que facilita la apropiación empresarial. Antonio Gordillo Ozuna, gerente de registro público de derechos de agua de la CNA, refirió que la CFE ya tiene concesionados los ríos más caudalosos del País, así como las principales presas, pero se busca sacar provecho a cauces más pequeños con los otros proyectos. Para la CFE, por ejemplo, las cuencas de los ríos Moctezuma y Bajo Balsas, que cruzan Hidalgo, ofrecen un gran potencial para el interés de las inversiones privadas. Actualmente, por ejemplo, la Proveedora de Electricidad, en Jilotlán de Dolores, Jalisco, que inició operaciones en enero del 2005, genera 19 MW y suministra energía a empresas locales avícolas por medio de una pequeña red que instalaron con autorización de la CRE.

Para apoyar la agenda del presidente Felipe Calderón, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) impulsan la reforma energética con el fin de abrir Pemex, la CFE y LyFC a la inversión privada nacional y extranjera. La propuesta panista establece la posibilidad de "alianzas estratégicas" de Pemex, CFE y LFC con empresas privadas, incluidas trasnacionales.

De seguir con esta tendencia de represar el agua de los ríos, la muerte de manglares, humedales, bosques y selvas, glaciares y pueblos enteros seguirán en el horizonte de las siguientes décadas. Es necesaria y urgente otra opción sistémica donde podamos convivir con el agua y los demás recursos naturales de manera sustentable. Es urgente una visión del agua como derechos humanos y como un bien social, cultural y público.

El agua y los movimientos sociales

Años atrás, las reivindicaciones sociales en torno al agua giraban en exigirle al Estado el servicio del agua entubada que no necesariamente potable. Hoy, el modelo Neoliberal y la implementación del modelo Corporación-Nación, ha implicado que la agenda del movimiento social modifique sus demandas y el enfoque de su lucha contra la incorporación del agua como bien económico y por lo tanto como una mercancía en el marco de la OMC. La denuncia de la contaminación que el modelo de producción capitalista ejerce sobre el agua se incrementó, así como la exigencia de garantizar que el agua sea un derecho humano reconocido autónomamente en las constituciones nacionales que van modificando sus leyes para entregar no solo la distribución sino el agua misma al capital corporativo. Esta lucha ha merecido que el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (CDESC) de la ONU produjera en el año 2002 la Observación General No. 15 para aclarar el tema del derecho humano al agua vinculado con los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Así, bien común, equidad y control del estado sobre el agua para garantizar el derecho humano al agua y a otros derechos humanos vinculantes (salud, alimentación, vida digna, etc.), son ejes que articulan la lucha del movimiento social convencido de que otro mundo es posible.

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos, A.C.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; 6 de Noviembre de 2007