En las reuniones de Venezuela en la semana pasada, y de Panamá, el 12-13/5/2002, Estados Unidos insiste en forzar convergencia en torno de sus intereses. La postura de los gobiernos latinoamericanos ha sido tibia, débil y cobarde. El contexto internacional no es de liberalización, pero sí de creciente proteccionismo comercial. Al inicio de mayo Estados Unidos decidió aumentar los subsidios a los agricultores, reduciendo así la competitividad de productos agrícolas importados. Esto afecta a algunos sectores exportadores de los países en desarrollo, en particular a Brasil. Algunas semanas antes Estados Unidos había tomado medidas proteccionistas contra el acero importado -y uno de los principales afectados también fue Brasil. La reacción de la Unión Europea fue también crear barreras al acero importado, ampliando el efecto negativo sobre las exportaciones brasileñas de acero. Observamos también que el comercio internacional decreció en los últimos 12 meses, excediendo apenas los US$ 6 billones en 2001 - un valor casi despreciable, si se compara con la danza de los capitales especulativos, cuyas transacciones exceden los US$ 1,5 billones por días! El telón de fondo de este avance del proteccionismo de los países ricos y de esta disminución de la actividad comercial internacional para la economía de los países altamente endeudados, como Brasil y Argentina, es que ellos están supuestamente en pleno esfuerzo para ampliar sus balanzas comerciales a fin de viabilizar el servicio de la deuda externa -en realidad, del conjunto del pasivo externo, incluyendo las transferencias en divisas relativas a lucros, dividendos, royaties y otros pagos. Hay que considerar además el agravamiento de la vulnerabilidad externa del sector público brasileño ante una megadeuda interna, un tercio de la cual en títulos con corrección cambiaria. Dificultades en el ámbito de las exportaciones obligan a Brasil a un esfuerzo extra para reducir las importaciones, a fin de obtener algún superávit comercial, o al menos evitar un déficit, que cargaría seriamente la situación de sus reservas internacionales y lo obligaría a una nivelación aún más costosa de la deuda externa. La conclusión es que los países del Norte, sobre todo Estados Unidos, no tienen ningún empacho en aumentar las dificultades comerciales de los países endeudados, en particular de algunos "emergentes" (hoy sumergidos) como Brasil y Argentina. En este año electoral en Brasil, la impresión que dan los negociadores de Estados Unidos es que desean crear la mayor presión posible sobre el gobierno que tomará posesión al inicio del 2003. Merece, pues, que nos detengamos en los elementos esenciales de la propuesta de los Estados Unidos para el ALCA, presentada en la reunión de Venezuela hace pocos días. 1. En la reunión de Venezuela fue definido que los países integrantes de la futura ALCA deberán entregar hasta el 15/1/2003 sus propuestas de liberalización de mercados en cinco áreas fundamentales: * bienes industriales
* agricultura
* servicios
* compras gubernamentales
* inversiones directas extranjeras Liberalización en cursiva, para indicar la orientación política del acuerdo. Mientras Estados Unidos protege, a los supuestos asociados les obliga a liberalizar. A Estados Unidos, la mayor potencia comercial de América, le interesa la "libertad", y la "igualdad de derechos", pues con ellas Estados Unidos predomina y somete a los asociados a las reglas que le favorecen. Es la ley del más fuerte -el darwinismo comercial, coherente con el darwinismo social que se refuerza en las relaciones de producción capitalista. Pero para otros países del continente, en particular aquellos de América Latina y Caribe, esta libertad es una trampa, y la igualdad de derechos se basa en la desigualdad de condiciones en el punto de partida. Dar derechos iguales a socios desiguales es beneficiar al más fuerte y perjudicar a los ya perjudicados. 2. Se definió también que las tarifas referenciales de exportación para la apertura comercial que el ALCA pretende promover serán las que estuvieran en vigor el 15/1/2003, o las que la OMC haya aprobado hasta el final del 2004. Prevalecerán las que fueran más bajas. Con esto, el nuevo gobierno brasileño no tendrá tiempo para tomar aliento. Ya de inicio estará metido en un juego de cartas marcadas. 3. Con relación a las inversiones, Estados Unidos quiere igual tratamiento a los capitales extranjero y nacional (algo que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso trató de introducir ilegítimamente por enmienda constitucional luego del inicio del primer mandato -un súbdito que es más realista que el rey...). Notemos que la propuesta norteamericana en esta área retoma diversos puntos del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), que fue derrotado en las negociaciones oficiales de la OCDE por presión de los movimientos sociales globales, pero fue soterradamente transferido al ámbito de la OMC. Hoy hace parte de las discusiones de esa organización bajo el título TRIMS (Medidas sobre Inversiones Relacionadas con el Comercio). La liberalización de las inversiones externas se vienen infiltrando en diversos acuerdos bi y multilaterales, inclusive bajo la forma de condiciones en los paquetes de "salvamento" del FMI. 4. En relación a las compras gubernamentales, la pretensión norteamericana es que las reglas del ALCA se apliquen no solamente a nivel federal sino también a los gobiernos estaduales y municipales. Esto significa una imposición más de gobernanza de arriba hacia abajo. Las reglas que son buenas para los protagonistas de la globalización del capital serían impuestas hasta el nivel más local de gobierno, robando una vez más la soberanía a la población de definir sus propios caminos de desarrollo. A quién comprar, estimulando puestos de trabajo para quién, valorizando los productos de quién, adoptando qué políticas de precios -todo eso son decisiones que deberían competir a la población de cada municipio y estado, en acuerdo con sus respectivos gobiernos. Esto, claro, en contextos de democracia participativa. La lógica del ALCA es inversa: las decisiones vienen de arriba, en beneficio de los agentes económicos más fuertes y capaces de ofrecer los precios más bajos. Nuestra respuesta es: estos no deben ser las únicas directrices para las compras gubernamentales. Es derecho soberano de los países, estados y municipios el de decidir a quién compran y con qué criterios. En la perspectiva de la socioeconomía solidaria, un criterio no necesariamente mercantil se presenta: el de facilitar compras de empresas o redes de producción asociativa, autogestionaria y ambientalmente sustentable, y de comercio justo. 5. Recordemos que la Cámara de Representantes de Estados Unidos concedió al Ejecutivo, a fines del 2001, un mandato negociador que saca de la negociación del ALCA todos los principales temas de interés de Brasil (ver artículos de Paulo Nogueira Batista Jr. en la Folha de Sao Paulo). La conclusión de este economista en su artículo "Alca y Vocación Colonial" (FSP, 2/5/2002: B2) es: "Y nadie en el gobierno brasileño parece hacer la pregunta obvia - ¿qué es lo que Brasil aún está haciendo en esa mesa de negociaciones?" Evoquemos, en fin, las palabras del Embajador Samuel Pinheiro Guimaraes: "La sociedad brasileña debe, por lo tanto, movilizarse desde ya en defensa de preservar el derecho soberano de Brasil a tener una política de desarrollo, que tiene que ser construida por instrumentos de política comercial, industrial y tecnológica que una futura ALCA vendrá a impedir definitiva y legalmente". (Jornal dos Economistas, marzo del 2002: 5). * Marcos Arruda, es economista y educador del PACS (Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur, Río de Janeiro) y miembro del Instituto Transnacional (Amsterdam).