La hidroeléctrica de Urrá II
27/09/2007
- Opinión
¿Una segunda fase de este “megaproyecto” hidroeléctrico? El ejemplo de Urra I y la situación actual no lo aconsejan.
El ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, reabrió a principios de este mes la discusión sobre la viabilidad de construir el proyecto hidroeléctrico Urrá II, como alternativa a la generación de energía y el control de inundaciones de los ríos Sinú y San Jorge.
Esta propuesta inesperada y algo insólita, cogió por sorpresa a los cordobeses, muchos de los cuales creíamos que esta obra la habían descartado definitivamente en 1985, cuando el gobierno aprobó solo Urrá I, atendiendo las observaciones de organizaciones nacionales y organismos internaciones preocupados por los efectos ambientales que producirían las dos hidroeléctricas.
La Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, ASPROCIG, opositora a los proyectos de Urrá I y II, no dejó de advertir sobre la presión que seguirían ejerciendo las empresas generadoras y comercializadoras de energía tanto del país como del exterior y algunos grupos políticos de la Costa.
La oportunidad para revivir la propuesta, que solo estaba en hibernación, no pudo ser mejor escogida que en medio de una de las más grandes inundaciones que ha sufrido el río Sinú en los últimos 50 años. Ante las pérdidas y calamidades, lo costoso de la atención y recuperación, las palabras del Ministro sonaron a solución providencial. El presidente Alvaro Uribe Vélez ya respaldó la ejecución de la obra, aunque estimó conveniente que los cordobeses le demos el aval al Gobierno para seguir adelante con el proyecto.
Martínez Torrez retomó el tema durante una reunión con algunos senadores barranquilleros. “Vamos a abrir la discusión -dijo el Ministro- no podemos atrasar el desarrollo del país por posiciones ambientalistas”, a lo que añadió “está claro que no podemos seguir inundando el hábitat de más de un millón de personas cuando tenemos la solución, que no es inmediata pero está diseñada hace muchos años y esa es la factibilidad del proyecto Urrá II.”[1] Por su parte, los senadores José Name Cardozo y Arturo Char Chaljub “compartieron la idea del ministro y se mostraron dispuestos a impulsar el debate en el Congreso de la República”.[2]
Reacciones a la propuesta gubernamental
Los primeros que reaccionaron ante el anuncio de la posible construcción de Urrá II fueron los medios de comunicación local. De forma instantánea y sin considerar ninguna posición distinta, acogieron la idea del señor Presidente y ya determinaron que la obra debe hacerse. Catalogan de “lamentos” las opiniones de quienes tienen reservas y descalifican a los opositores. El Meridiano de Córdoba en una de las informaciones indicó que “Pese a objeciones de los ambientalistas, el ministro de Minas y Energía y senadores del Atlántico darán la pelea por la construcción de Urrá II”; señalando además que las empresas Isagen y Geselca (anteriormente Corelca y dueña de Urrá I) ya manifestaron su interés en construir el proyecto.
Los estudios de Urrá I y II tienen cerca de 15 años y durante este lapso los cambios en la visión y concepción sobre estas grandes obras son significativos, a tal punto que cuestionan su construcción actual. Además, la normatividad existente para otorgar licencia ambiental a proyectos de esta magnitud es exigente, requiere la presentación y aprobación de estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental [Consulte el decreto 1220 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial]. Y algo importante: el ejemplo de Urrá I, obligatoriamente debe servirnos como referencia para aproximar lo que sobrevendrá en el futuro.
El ejemplo de Urrá I
En su tiempo la Corporación Eléctrica de la Costa, CORELCA, dijo que era el más estudiado de todos los proyectos conocidos porque contó con la participación de expertos de todos los lugares del mundo y el empleo de los más sofisticados modelos matemáticos; que tardaron más de diez años en esta labor, recogida en documentos que se cuentan por centenares. Como es de suponer, el énfasis se le dio a los aspectos técnicos; lo ambiental y socioeconómico, por ser tan sensibles y dinámicos, es más difícil de medir basándose en modelos, sobretodo a mediano y largo plazo.
Lo cierto es que la construcción de la represa demandó la salida de 5.900 personas que se encontraban en cuatro asentamientos nucleados (entre ellos Tucurá, Frasquillo y Buenos Aires) y 17 dispersos para llenar el embalse. Estas familias fueron reasentadas o indemnizadas. En la actualidad, la mayoría de ellas viven en condiciones menos favorables de las que poseían en sus pueblos originarios, siendo la población Embera Katío tal vez la más afectada. Es sabido de la división que ocasionaron en ellos, la pérdida permanente de su identidad y la pauperización a que han llegado numerosas familias.
El perjuicio ocasionado a pescadores, areneros y productores, ni a las numerosas poblaciones que directa e indirectamente se favorecían de estas actividades económicas, no se ha cuantificado. Además, la vida de numerosas especies y variedades de fauna y flora, adaptadas a los ciclos naturales de invierno y verano, no han podido ajustarse a las nuevas condiciones creadas por los cambios frecuentes en los niveles del cauce del río. Peces, anfibios, árboles, cultivos y suelos están afectados. Efecto que se extiende a todas las ciénagas, quebradas y caños que hacen parte del ecosistema en toda la cuenca.
La mayoría de los beneficios que nos aseguraron generaría la represa no se han cumplido. Lo de “multipropósito” que supuestamente tendría el proyecto resultó un señuelo. En la propaganda de la empresa aparecían los 20 supuestos grandes beneficios que obtendría el departamento. (Ver recuadro Los beneficios que nos ofrecieron). Como es de suponer, apenas cumplieron lo que corresponde a una hidroeléctrica: generación de energía, empleos directos durante la construcción, reasentamientos de pobladores, aumento de los niveles del agua en el estiaje y parcialmente el control de las inundaciones.
Como el Sinú y los otros ríos de la cuenca serán insuficientes para atender las exigencias de la nueva represa (abarcaría 70.000 hectáreas para producir 860 megavatios, mientras Urrá I ocupa 7.400 hectáreas y produce 340 megavatios) la complementarán con las del río San Jorge, originando también cambios fundamentales en sus ecosistemas.
Los beneficios de Urrá II
Según Alfredo Solano Berrío, presidente de Urrá I y Carlos Buelvas Guerra, presidente de la Sociedad Cordobesa de Ingenieros, los beneficios que recibiría el país y el departamento son: generación de energía; evitaría en “gran medida” los desbordamientos de los ríos Sinú y San Jorge; empleos directos durante la construcción; aumentarían las regalías para Tierralta y la CVS y algo muy curioso: “desalojarían grupos delincuenciales como guerrilla y narcotráfico que desde hace dos décadas vienen deforestando el Parque Natural Nacional Paramillo”[3]. Curioso porque si al área del Parque le restamos 80.000 hectáreas que están intervenidas, más las 70.000 de Urrá II, todavía le quedan más de 300.000 hectáreas, suficientes para albergar guerrilleros, narcotraficantes y nuevos o viejos paramilitares.
Algunas preguntas a propósito de las inundaciones
Hablando de inundaciones y emergencias ¿qué lecciones nos dejaron las inundaciones del río Sinú en 1988 y la Gran Mancha que recorrió el río San Jorge en 1993? ¿Dónde están las sistematizaciones que se hicieron, el seguimiento, la atención y la prevención para evitar su repetición? ¿Por qué se ha permitido la desecación (más de 80.000 hectáreas en las cuencas de los dos ríos), reducción, contaminación y cambio de cauce de humedales y de otras fuentes de agua? ¿Por qué no hicieron vigilancia y tomaron las medidas del caso sobre los cauces intervenidos y las bocas conocidas en varios lugares del río que facilitaron los desbordamientos? ¿Por qué no dicen nada de la deforestación en el Parque Paramillo y aún se desconocen los resultados del estudio sobre la erosión en el río Sinú?
Las inundaciones son efecto de varias causas: deforestación, erosión, desecación y taponamiento de humedales y otras fuentes de agua, falta de mantenimiento del cauce y las riberas y ausencia de planeación, prevención y proyección. Por lo tanto, la sola construcción de la hidroeléctrica no elimina del todo las posibilidades de inundaciones. Es más factible, más benéfico, y tal vez menos costoso, controlar las causas que embarcarse en la construcción de Urrá II.
Observaciones finales
Urrá II es una propuesta compleja y controvertible. Implica aspectos económicos, sociales, técnicos, ambientales, políticos y hasta filosóficos (“Ha de hacerse solo lo que puede y debe hacerse”). Por tales razones los cordobeses, debidamente informados, debemos pronunciarnos con plena conciencia y responsabilidad. Creo que nadie se opone al desarrollo, sobre todo en un departamento con condiciones de vida tan precarias como el nuestro. Lo que cuestionamos es si de verdad Urrá II nos lo proporcionará y a qué costo ¿Quiénes son ahora los anunciadores de este nuevo desarrollo? Con Urrá I conocimos las empresas y los grupos políticos que se beneficiaron. ¿Quiénes serán ahora?
El Presidente ha dicho que la obra se hará siempre y cuando cuente con el aval de los cordobeses. En este sentido preguntamos: ¿Quiénes tienen derecho a participar? ¿Quiénes pertenecen a la comunidad cordobesa? ¿Todos tendrán derecho a proponer y difundir sus posiciones? Y a la larga ¿quién y cómo escogerán la posición mayoritaria o ganadora?
- Víctor Negrete Barrera es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Sociales y Políticos, Universidad del Sinú
Fuente: Actualidad Colombiana, Boletín Quincenal, Edición 460
http://www.actualidadcolombiana.org/
El ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, reabrió a principios de este mes la discusión sobre la viabilidad de construir el proyecto hidroeléctrico Urrá II, como alternativa a la generación de energía y el control de inundaciones de los ríos Sinú y San Jorge.
Esta propuesta inesperada y algo insólita, cogió por sorpresa a los cordobeses, muchos de los cuales creíamos que esta obra la habían descartado definitivamente en 1985, cuando el gobierno aprobó solo Urrá I, atendiendo las observaciones de organizaciones nacionales y organismos internaciones preocupados por los efectos ambientales que producirían las dos hidroeléctricas.
La Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, ASPROCIG, opositora a los proyectos de Urrá I y II, no dejó de advertir sobre la presión que seguirían ejerciendo las empresas generadoras y comercializadoras de energía tanto del país como del exterior y algunos grupos políticos de la Costa.
La oportunidad para revivir la propuesta, que solo estaba en hibernación, no pudo ser mejor escogida que en medio de una de las más grandes inundaciones que ha sufrido el río Sinú en los últimos 50 años. Ante las pérdidas y calamidades, lo costoso de la atención y recuperación, las palabras del Ministro sonaron a solución providencial. El presidente Alvaro Uribe Vélez ya respaldó la ejecución de la obra, aunque estimó conveniente que los cordobeses le demos el aval al Gobierno para seguir adelante con el proyecto.
Martínez Torrez retomó el tema durante una reunión con algunos senadores barranquilleros. “Vamos a abrir la discusión -dijo el Ministro- no podemos atrasar el desarrollo del país por posiciones ambientalistas”, a lo que añadió “está claro que no podemos seguir inundando el hábitat de más de un millón de personas cuando tenemos la solución, que no es inmediata pero está diseñada hace muchos años y esa es la factibilidad del proyecto Urrá II.”[1] Por su parte, los senadores José Name Cardozo y Arturo Char Chaljub “compartieron la idea del ministro y se mostraron dispuestos a impulsar el debate en el Congreso de la República”.[2]
Reacciones a la propuesta gubernamental
Los primeros que reaccionaron ante el anuncio de la posible construcción de Urrá II fueron los medios de comunicación local. De forma instantánea y sin considerar ninguna posición distinta, acogieron la idea del señor Presidente y ya determinaron que la obra debe hacerse. Catalogan de “lamentos” las opiniones de quienes tienen reservas y descalifican a los opositores. El Meridiano de Córdoba en una de las informaciones indicó que “Pese a objeciones de los ambientalistas, el ministro de Minas y Energía y senadores del Atlántico darán la pelea por la construcción de Urrá II”; señalando además que las empresas Isagen y Geselca (anteriormente Corelca y dueña de Urrá I) ya manifestaron su interés en construir el proyecto.
Los estudios de Urrá I y II tienen cerca de 15 años y durante este lapso los cambios en la visión y concepción sobre estas grandes obras son significativos, a tal punto que cuestionan su construcción actual. Además, la normatividad existente para otorgar licencia ambiental a proyectos de esta magnitud es exigente, requiere la presentación y aprobación de estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental [Consulte el decreto 1220 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial]. Y algo importante: el ejemplo de Urrá I, obligatoriamente debe servirnos como referencia para aproximar lo que sobrevendrá en el futuro.
El ejemplo de Urrá I
En su tiempo la Corporación Eléctrica de la Costa, CORELCA, dijo que era el más estudiado de todos los proyectos conocidos porque contó con la participación de expertos de todos los lugares del mundo y el empleo de los más sofisticados modelos matemáticos; que tardaron más de diez años en esta labor, recogida en documentos que se cuentan por centenares. Como es de suponer, el énfasis se le dio a los aspectos técnicos; lo ambiental y socioeconómico, por ser tan sensibles y dinámicos, es más difícil de medir basándose en modelos, sobretodo a mediano y largo plazo.
Lo cierto es que la construcción de la represa demandó la salida de 5.900 personas que se encontraban en cuatro asentamientos nucleados (entre ellos Tucurá, Frasquillo y Buenos Aires) y 17 dispersos para llenar el embalse. Estas familias fueron reasentadas o indemnizadas. En la actualidad, la mayoría de ellas viven en condiciones menos favorables de las que poseían en sus pueblos originarios, siendo la población Embera Katío tal vez la más afectada. Es sabido de la división que ocasionaron en ellos, la pérdida permanente de su identidad y la pauperización a que han llegado numerosas familias.
El perjuicio ocasionado a pescadores, areneros y productores, ni a las numerosas poblaciones que directa e indirectamente se favorecían de estas actividades económicas, no se ha cuantificado. Además, la vida de numerosas especies y variedades de fauna y flora, adaptadas a los ciclos naturales de invierno y verano, no han podido ajustarse a las nuevas condiciones creadas por los cambios frecuentes en los niveles del cauce del río. Peces, anfibios, árboles, cultivos y suelos están afectados. Efecto que se extiende a todas las ciénagas, quebradas y caños que hacen parte del ecosistema en toda la cuenca.
La mayoría de los beneficios que nos aseguraron generaría la represa no se han cumplido. Lo de “multipropósito” que supuestamente tendría el proyecto resultó un señuelo. En la propaganda de la empresa aparecían los 20 supuestos grandes beneficios que obtendría el departamento. (Ver recuadro Los beneficios que nos ofrecieron). Como es de suponer, apenas cumplieron lo que corresponde a una hidroeléctrica: generación de energía, empleos directos durante la construcción, reasentamientos de pobladores, aumento de los niveles del agua en el estiaje y parcialmente el control de las inundaciones.
Como el Sinú y los otros ríos de la cuenca serán insuficientes para atender las exigencias de la nueva represa (abarcaría 70.000 hectáreas para producir 860 megavatios, mientras Urrá I ocupa 7.400 hectáreas y produce 340 megavatios) la complementarán con las del río San Jorge, originando también cambios fundamentales en sus ecosistemas.
Los beneficios de Urrá II
Según Alfredo Solano Berrío, presidente de Urrá I y Carlos Buelvas Guerra, presidente de la Sociedad Cordobesa de Ingenieros, los beneficios que recibiría el país y el departamento son: generación de energía; evitaría en “gran medida” los desbordamientos de los ríos Sinú y San Jorge; empleos directos durante la construcción; aumentarían las regalías para Tierralta y la CVS y algo muy curioso: “desalojarían grupos delincuenciales como guerrilla y narcotráfico que desde hace dos décadas vienen deforestando el Parque Natural Nacional Paramillo”[3]. Curioso porque si al área del Parque le restamos 80.000 hectáreas que están intervenidas, más las 70.000 de Urrá II, todavía le quedan más de 300.000 hectáreas, suficientes para albergar guerrilleros, narcotraficantes y nuevos o viejos paramilitares.
Algunas preguntas a propósito de las inundaciones
Hablando de inundaciones y emergencias ¿qué lecciones nos dejaron las inundaciones del río Sinú en 1988 y la Gran Mancha que recorrió el río San Jorge en 1993? ¿Dónde están las sistematizaciones que se hicieron, el seguimiento, la atención y la prevención para evitar su repetición? ¿Por qué se ha permitido la desecación (más de 80.000 hectáreas en las cuencas de los dos ríos), reducción, contaminación y cambio de cauce de humedales y de otras fuentes de agua? ¿Por qué no hicieron vigilancia y tomaron las medidas del caso sobre los cauces intervenidos y las bocas conocidas en varios lugares del río que facilitaron los desbordamientos? ¿Por qué no dicen nada de la deforestación en el Parque Paramillo y aún se desconocen los resultados del estudio sobre la erosión en el río Sinú?
Las inundaciones son efecto de varias causas: deforestación, erosión, desecación y taponamiento de humedales y otras fuentes de agua, falta de mantenimiento del cauce y las riberas y ausencia de planeación, prevención y proyección. Por lo tanto, la sola construcción de la hidroeléctrica no elimina del todo las posibilidades de inundaciones. Es más factible, más benéfico, y tal vez menos costoso, controlar las causas que embarcarse en la construcción de Urrá II.
Observaciones finales
Urrá II es una propuesta compleja y controvertible. Implica aspectos económicos, sociales, técnicos, ambientales, políticos y hasta filosóficos (“Ha de hacerse solo lo que puede y debe hacerse”). Por tales razones los cordobeses, debidamente informados, debemos pronunciarnos con plena conciencia y responsabilidad. Creo que nadie se opone al desarrollo, sobre todo en un departamento con condiciones de vida tan precarias como el nuestro. Lo que cuestionamos es si de verdad Urrá II nos lo proporcionará y a qué costo ¿Quiénes son ahora los anunciadores de este nuevo desarrollo? Con Urrá I conocimos las empresas y los grupos políticos que se beneficiaron. ¿Quiénes serán ahora?
El Presidente ha dicho que la obra se hará siempre y cuando cuente con el aval de los cordobeses. En este sentido preguntamos: ¿Quiénes tienen derecho a participar? ¿Quiénes pertenecen a la comunidad cordobesa? ¿Todos tendrán derecho a proponer y difundir sus posiciones? Y a la larga ¿quién y cómo escogerán la posición mayoritaria o ganadora?
- Víctor Negrete Barrera es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Sociales y Políticos, Universidad del Sinú
Fuente: Actualidad Colombiana, Boletín Quincenal, Edición 460
http://www.actualidadcolombiana.org/
https://www.alainet.org/es/active/19951?language=es
Del mismo autor
- Prepararnos para la Post Negociación o el recrudecimiento del conflicto? 08/06/2014
- Córdoba ¿Qué tan grave es la situación? 18/08/2013
- En los paraísos naturales también matan 21/01/2011
- Las lecciones del invierno y la reaparición de Urrá 2 14/01/2011
- Buen viento y buena mar a la Región Caribe 29/08/2010
- Necesitamos ayuda 29/04/2010
- La situación de Córdoba requiere con urgencia un manejo integral 09/11/2009
- El uso de las TIC en los pueblos de conflicto del alto Sinú 13/09/2009
- Otra alternativa ¿Integración o coordinación regional? 30/07/2009
- La actual fase del conflicto y la necesidad de crear un movimiento ciudadano 18/06/2009
Clasificado en
Clasificado en:
