El gobierno de Estados Unidos ha casi perfeccionado un método de injerencia que logra penetrar e infiltrar todos los sectores de la sociedad civil en un país de interés económico y estratégico. En el caso de Venezuela, esta estrategia comenzó a tomar forma en el año 2002, con el aumento en financiamiento a sectores de la oposición a través de la National Endowment for Democracy (NED) y la apertura de una oficina de transición (OTI) de la USAID en Caracas. Estos esfuerzos lograron consolidar un movimiento opositor en aquel momento, que a pesar de fracasar en el golpe de estado, alcanzó causar daños severos a la industria petrolera y la economía nacional a través de un sabotaje económico y un "paro" de gerentes y empresarios.

Luego de una división en la oposición, la estrategia reorientó su enfoque principal hacia las comunidades de bajos recursos, los sectores chavistas, la comunicación y las necesidades en el interior del país. La embajada de EEUU en Caracas abrió una seria de "consulados de satélite" (American Corners) en cinco estados del país, logrando - sin la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores - tener una presencia oficial en regiones importantes para la visión energética de Washington. Esos estados, Anzoátegui, Bolívar, Lara, Monagas, y Nueva Esparta (Margarita), son ricos en petróleo, minerales y otros recursos naturales de los cuales Estados Unidos busca controlar. Estas sedes estadounidenses encontraron espacios dentro de asociaciones de abogados y alcaldías municipales de la oposición, y siguen funcionando como centros de propaganda y conspiración en contra de la revolución bolivariana.

El trabajo de la USAID y su OTI en Venezuela ha protagonizado la profundización de la subversión contrarrevolucionaria en el país. Hasta la fecha de junio 2007, más de 360 "becas" han sido otorgadas a organizaciones sociales, partidos políticos, comunidades, y proyectos políticos en Venezuela a través del la Development Alternatives, Inc. (DAI), empresa contratista de la USAID que abrió una sede el sector El Rosal de Caracas en junio 2002. Desde el centro de Caracas, la DAI/USAID ha dado más de 11.575.509.00 dólares a estos 360 grupos y proyectos en Venezuela bajo el programa, "Venezuela: Iniciativas para la Construcción de Confianza" (VICC). La mayoría de los programas financiados por la DAI se enfocan (según sus materiales) en "el diálogo político, el debate público, la participación ciudadana y el entrenamiento y capacitación de líderes democráticos".

Organizaciones financiadas y participantes incluyen a Súmate, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, la Alcaldía de Chacao, Liderazgo y Visión, Los del Medio, Convive, Transparencia Internacional, Instituto Prensa y Sociedad, Queremos Elegir, la Universidad Metropolitana, y otros grupos generalmente vinculados con el sector opositor.

La USAID-OTI también financia a los partidos políticos de la oposición, como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, COPEI, MAS, entre otros, a través de los brazos internacionales de los partidos estadounidenses: el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Democrático Nacional (NDI). Desde el año 2002, más de siete millones de dólares han sido invertidos en la "asistencia técnica" a estos partidos opositores en Venezuela por parte de la USAID junto con IRI y NDI.

Los llamados "defensores de los derechos humanos" en Venezuela, u ONG (organización no gubernamental), reciben gran parte de su financiamiento a través de la Freedom House, otro contratista de la USAID-OTI en Venezuela. Freedom House ha patrocinado eventos como "Las Amenazas a la Libertad de Expresión del Siglo XXI, con la participación de Marciel Granier, Presidente del canal de television golpista RCTV, junto con Karen Hughes, la Sub-secretaria de Estado para la Diplomacia Pública y los Asuntos Públicos (la oficina de propaganda del Departamento de Estado que supervisa la Voz de América y otros medios propagandísticas de Washington)

Freedom House también financia a instituciones estadounidenses, como el Centro Internacional para el Conflicto No-Violento (ICNVC) que enseñan las técnicas de la "resistencia" de Gene Sharp, y han asesorado movimientos de jóvenes y estudiantes en Serbia, Ucrania, Georgia, Bielarrusia y Venezuela. Su presidente del 2003-2005 fue James Woolsey, ex-Director de la CIA, y su actual presidente, Peter Ackerman, es un banquero multi-millonario que ha patrocinado los "cambios de regímenes" en Serbia, Ucrania y Georgia a través del Instituto Albert Einstein y su ICNVC. El hijo de Ackerman participó en el masacre del pueblo iraquí en Fallujah.

El último contratista de la USAID en Venezuela es la Fundación del Desarrollo Pan-Americano (PADF), cuya misión es "apoyar la sociedad civil". La PADF ha otorgado $937,079,00 a 14 ONGs venezolanas desde finales del 2006. Por ahora, los nombres de estos grupos se desconocen.

Los últimos informes públicos de la USAID destacan que en agosto del 2007, organizaron una conferencia con 50 alcaldes de todo el país para tratar el tema de la "descentralización" y las "redes populares". Muy parecido parece este tema al proyecto que Leopoldo López, alcalde opositor de Chacao, esta promoviendo actualmente. El programa de la USAID-OTI en Venezuela promete continuar con sus esfuerzos de "fortalecer la sociedad civil y los partidos políticos," "promover la descentralización y los consejos municipales" y "entrenar los defensores de los derechos humanos". Ya el congreso estadounidense ha aprobado $3.6 millones de dólares para esta oficina en Venezuela para el año 2007-8, algo que indica que esta subversión seguirá creciendo y amenazando la revolución bolivariana.

Bolivia

Pero Venezuela no es el único blanco de la subversión e injerencia estadounidense a través de la USAID y su millones de dólares en financiamiento a movimientos opositores. En marzo del 2004, la USAID abrió otra Oficina hacia las iniciativas de una transición (OTI) en Bolivia, para supuestamente ayudar "reducir las tensiones en zonas de conflicto social y apoyar al país con la preparación de los eventos electorales". En este caso, la USAID contrató a la empresa estadounidense, Casals & Associates, Inc. (C&A) para manejar los más de 13.3 millones de dólares que ya han otorgado a 379 organizaciones, partidos políticos y proyectos en Bolivia. C&A juega el papel en Bolivia que hace la DAI en Venezuela, y tanto como la DAI, C&A es una empresa con grandes contratos con el Departamento de Defensa, el Ejército estadounidense, la Armada estadounidense, el Departamento de Energía, Broadcasting Board of Governance, la Voz de América, la Oficina para Transmisiones (de propaganda) a Cuba, el Departamento de Seguridad Interior, el Departamento de Estado, y muchos más. Hasta hoy, C&A ha trabajado ejecutando programas intervencionistas de las diferentes agencias de Washington en más de 40 países del mundo, incluyendo Albania, Armenia, Bolivia, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Madagascar, Malawi, México, Nicaragua, Panamá y Paraguay.

En Bolivia, la USAID-OTI ha enfocado sus esfuerzos para combatir e influir sobre la Asamblea Constituyente, y el separatismo de las regiones ricas en recursos naturales, como Santa Cruz y Cochabamba. La mayoría de los 13.3 millones de dólares han sido dados a organizaciones y programas trabajando para "reforzar los gobiernos regionales", con la intención de debilitar el gobierno nacional de Evo Morales; "crear enlaces entre grupos indígenas y estructuras democráticas"; "ofrecer oportunidades económicos y desarrollo comunitaria"; "educación cívica para líderes emergentes"; y "la difusión de información". Los nobles temas de estos programas indican que Washington esta buscando socavar el poder nacional de Evo Morales en Bolivia, penetrar e infiltrar las comunidades de indígenas, que son la mayoría en el país, promover el modelo capitalista, e influir sobre los medios de comunicación, promoviendo propaganda pro-estadounidense, pro-capitalista y anti-socialista.

Abiertamente, el programa de la USAID-OTI en Bolivia apoya a la autonomía de ciertas regiones, como Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, promoviendo entonces el separatismo y la desestabilización del país y del gobierno de Evo Morales. También la National Endowment for Democracya (NED), otro órgano financiero de Washington que promueve la subversión e injerencia en más de 70 países del mundo, incluyendo a Venezuela, está financiando grupos en regiones como Santa Cruz, que abogan por el separatismo. El actual embajador estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg, es experto en el tema del separtismo, habiendo sido jefe de la misión estadounidense en la ex-Yugoslavia que fue dividido en dos países: Bosnia y Serbia, con la "ayuda" estadounidense.

El gobierno de Evo Morales ya ha denunciado públicamente esta subversión a través de la USAID en Bolivia, dando aviso al gobierno de Estados Unidos que tiene que obedecer las leyes del país u optar por irse. "La puerta esta abierta", declaró el vocero del gobierno boliviano en estos días, haciendo referencia a la injerencia estadounidense en su país.

Sin embargo, Washington no se irá tan fácilmente. Esta red de injerencia y subversión no será tan sencilla de erradicar. El Presidente Chávez ha propuesta en su reforma constitucional un cambio al Artículo 67 que incluye una prohibición del financiamiento a grupos con fines políticos y a las campañas políticas por parte de entidades públicas o privadas del extranjero. Es esencial definir cómo se tratará el concepto de "fines políticos", porque en muchos casos, las ONG y grupos que trabajan por los derechos humanos intentarán evadir ser clasificados como organizaciones con motivos "políticos". Pero nadie puede negar que los derechos humanos son un tema fundamentalmente político, y es el terreno donde más hoy en día se esconde la subversión de Washington, usando las ONG como un escudo.

Lo que si esta claro es la necesidad urgente de desarrollar estrategias para impedir y sacudir esta subversión en Venezuela, Bolivia y todos los países hermanos hoy en día bajo la mira del imperio, y que luchan para expresar su propia voluntad y soberanía.

- Eva Golinger es abogada e investigadora sobre el tema de la injerencia de EEUU en Venezuela y América Latina. Autora de los libros El Código Chávez: Descifrando la intervención de EEUU en Venezuela; y Bush vs. Chávez: La Guerra de Washington contra Venezuela. Los dos editados en español por Monte Ávila Editores.