Fukuyama reculó. El Estado, que de acuerdo a su apología del neoliberalismo debía ser achicado, recuperó su importancia para la comunidad mundial. Esa es la tesis de su libro “Construcción del Estado: gobierno y orden mundial en el siglo XXI” (2004). Textual: “Defiendo la construcción del Estado como uno de los asuntos de mayor importancia para la comunidad mundial, dado que los Estados débiles o fracasados causan buena parte de los problemas más graves a los que se enfrenta el mundo: la pobreza, el sida, las drogas o el terrorismo”.

Fukuyama reculó, pero no se transformó en converso. Apenas matiza su posición.

La pobreza, el sida, las drogas o el terrorismo no se explican por la existencia o no del Estado. No creo tampoco que esas sean las mayores preocupaciones de Fukuyama. Su planteamiento parece sintetizar las demandas del capital al Estado luego de los ajustes neoliberales. Más Estado para asegurar lo conseguido: privatizaciones, desregulación, liberalización y apertura, que es mucho en términos de la profundización de la división transnacional del trabajo. Su propuesta coincide con la visión totalitaria del mercado como ideología reguladora de la economía y la sociedad, que requiere, a su vez, un Estado funcional a sus intereses. Desde la esquina neoliberal nunca se pensó seriamente en desaparecer el Estado. Se buscó reducir las capacidades estatales para impedir propuestas nacionales de desarrollo. Además, en la medida que disminuyeron sus funciones sociales, crecieron sus acentos policiales. Así las cosas, como es fácil percibir en el mundo neoliberalizado, el Estado se refuncionaliza en favor de las demandas transnacionales.

Desde esta perspectiva, dejar de defender un Estado caduco, es cada vez más urgente. No sumarse a la ola de reformas de las reformas neoliberales, es más que aconsejable. Reinventar el Estado y la misma democracia es indispensable. Esto significa repensar lo público estatal, tanto como público societal. Tarea que, entre otras muchas acciones, exige desprivatizar lo público estatal al servicio del capital transnacional o de nomenclaturas privilegiadas.

Esta reflexión colectiva, a ser asumida desde la multidimensionalidad, nos invita a repensar simultáneamente el mercado. Este, en tanto espacio de construcción social, necesita un marco legal y social adecuado. Ya Karl Polanyi, hace más de medio siglo, nos recordaba que “el mercado es un buen sirviente, pero un pésimo amo”. Y para que este sirviente sirva, necesitamos estructuras públicas estatales y societales -democráticas-, que lo organicen.

Por lo tanto, quienes estamos empeñados en construir una Patria Altiva y Soberana, proponemos un país donde se viva un Estado de derecho, un Estado social, un Estado democrático, un Estado estratégico. Un Estado que, en definitiva, se trace un horizonte común, que garantice seguridad y justicia a los ciudadanos y las ciudadanas, con instituciones de control independientes y despartidizadas. Una seguridad entendida no sólo como la ausencia de la violencia criminal, sino como la garantía para una vida sin sobre saltos provocados por la desintegración social, por la carencia de medios económicos y sobre todo de trabajo, por la agresión a la naturaleza. La seguridad no debe garantizar el derecho de propiedad de los que más tienen únicamente, sino el derecho a la propiedad de los que nada o casi nada tienen.

Queremos un país en donde funcionen los mercados, entendidos como espacios de construcción social organizada en función de las necesidades del ser humano de hoy y de mañana. Queremos desbloquear el falso dilema entre mercado y Estado. No queremos un mercado descarnado que genera procesos de acumulación de riqueza en pocas manos, pero tampoco queremos un Estado ineficiente, que otorga prebendas y que transfiere recursos de todos y todas a los grupos de poder, tal como ocurrió con “la sucretización” de la deuda externa privada, con los procesos de endeudamiento público, con el salvataje bancario que nos condujo a la inconsulta dolarización.

Para lograr estos cambios, estamos conscientes que se requiere destrabar los obstáculos políticos. Hay que eliminar el poder de veto que tiene el poder político y económico en el Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, que encadena al país. Hay que romper con las mafias oligárquicas y políticas que no permiten que se desaten estas fuerzas liberadoras. Hay que potenciar partidos políticos democráticos, que no sean bandas de transmisión de los grupos oligárquicos.

Replantearse el concepto de desarrollo

La tarea de fondo no se agota con modernizar el Estado, civilizar el mercado e introducir democráticamente la sociedad civil tanto en el Estado como en el mercado. Lo sustantivo radica en replantearse el concepto de desarrollo. Inspirados en el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, vemos el desarrollo como un proceso mediante el cual los objetivos, las libertades y las oportunidades reales de los individuos se amplían para lograr aquello que se valora. Tradicionalmente se ha tendido a confundir entre medios y fines. El crecimiento económico, la modernización y el cambio tecnológico son medios para el desarrollo. No fines. El fin del desarrollo es la ampliación de las capacidades de los seres humanos. Estas capacidades son esenciales como valor en sí mismas, a las que todo ser humano tiene derecho; y, permiten, a su vez, tener un mejor crecimiento, democratizar la sociedad, etc.

En esta perspectiva el crecimiento económico puede ser un medio para facilitar la formación de capacidades humanas y el uso que hace la población de esas capacidades adquiridas (el descanso, el consumo, la producción y las actividades culturales, sociales y políticas). En consecuencia, el desarrollo comprende más que el incremento de la riqueza, la expansión de las capacidades. Y para lograrlo hay que viabilizar la redistribución de la riqueza, no sólo del ingreso. Un empeño que naturalmente genera confrontaciones con quienes no quieren ceder sus privilegios.

A lo anterior hay que sumar la sostenibilidad. Este es el elemento vinculante entre economía y Naturaleza. El ser humano está en el centro de toda actividad económica. Así el capital está supeditado al ser humano. La vida antes que la acumulación de riquezas.

Desde esa perspectiva, desde Ecuador se puede y debe cuestionar los modelos de crecimiento expansivo de los países ricos del Norte. A la par, la sostenibilidad no se agota en el ámbito local o nacional. Esta se vincula a la idea de equidad en las relaciones internacionales. En este contexto cobra fuerza la propuesta de dejar en tierra del crudo del ITT.

Esta estrategia debe recoger la heterogeneidad y la gran diversidad económica, tecnológica, ecológica, social y cultural del Ecuador. Como la realidad ecuatoriana no es homogénea, la insistencia en políticas estandarizadas profundiza la heterogeneidad y la persistencia de patrones tradicionales de acumulación. En una sociedad como la ecuatoriana: heterogénea y sujeta a presiones de inestabilidad de origen interno y externo, se hace difícil la transformación pacífica de sus estructuras.

Además, hay que recordar el punto de partida del gobierno de Rafael Correa: la crisis integral de la sociedad ecuatoriana. Una economía colapsada, con un Estado degradado y un sistema político en descomposición. Una economía con niveles de ingreso e inversión en franco retroceso y con mercados empequeñecidos. En fin, una economía descapitalizada por la deuda externa, por la forma sumisa de inserción en el mercado mundial (el bobo-aperturismo) por la secuelas de la crisis.

Por cierto también se debe considerar el entorno internacional cargado de incertidumbre e inestabilidad y sus grandes amenazas y escasas oportunidades para los intereses de los países empobrecidos. En estas condiciones, las estrategias simplemente aperturistas pierden viabilidad y corren el riesgo de crear solo islotes de modernidad, esto es enclaves desligados de la economía. Por eso no alentamos generar exportaciones a costa del desabastecimiento del mercado interno y de una irresponsable presión sobre los ecosistemas. Por eso la necesidad de superar “modas” e impulsar estrategias pragmáticas que comprendan la necesidad de producir tanto para el mercado interno como para el externo, vinculando a las exportaciones con el resto de la economía. Sin dejar de aprovechar y desarrollar las potencialidades internas humanas, materiales y financieras.

Esto implica una nueva forma de inserción internacional. Lo que se plantea es la consecución de un nuevo perfil de especialización productiva con sostenimiento interno. La propuesta es definir -en términos dinámicos- las líneas de producción en las que el país debe concentrar sus esfuerzos para lograr competitividad.

Lo nuestro, lo más moderno: la solidaridad

Un incremento de la competitividad sistémica -sosteniendo a la solidaridad como principio básico de la economía- debe basarse en el mejoramiento de la productividad de amplios segmentos del aparato productivo y de las instituciones existentes. Esto significa aumentar también los niveles de empleo e ingresos, reduciendo paralelamente la excesiva concentración de la riqueza.

Por igual comprendemos la necesidad de robustecer el mercado interno y el aparato productivo doméstico. Este sería una especie de prerrequisito para conformar un sistema productivo competitivo y abierto a la competencia con el exterior. Aquí es necesario adoptar, entre otras acciones, medidas que propicien la transformación y dinamismo de la agricultura, modificar los patrones de consumo, mejorar la distribución del ingreso, calificar masivamente la mano de obra, emprender una reforma educativa, fomentar la absorción y generación del progreso técnico, combatir a los monopolios y oligopolios. Una economía en crecimiento genera excedentes para la acumulación productiva, siempre que se establezcan los mecanismos de distribución adecuados, teniendo como un eje básico la generación de empleo. Una sociedad comprometida potencia todas sus capacidades y encuentra respuestas con mayor fortaleza para enfrentar las adversidades, si conoce sus fortaleces y debilidades. Esto implica tener la capacidad y sagacidad para entender el momento político que se vive. Justamente cuando todavía no se dan las condiciones para todas las transformaciones revolucionarias: eso exige saber defender el proceso incluso en condiciones y con instituciones adversas. Sin que eso implique construir una ética de la justificación del poder por el poder. Hacerlo desvirtuaría el objetivo de este empeño: la producción democrática de una sociedad democrática. Construcción que no puede obviar la crítica, que fuera la herramienta básica en la época de la resistencia al neoliberalismo. Y que debe ser hoy, en tanto autocrítica, un valor indispensable en la revolución ciudadana.

Esta estrategia de carácter revolucionario no podrá llevarse a cabo sin una reforma del Estado. La versión simplista respecto del papel del Estado gira fundamentalmente en torno a la amplitud de su intervención directa y la dirección de la política macroeconómica. Por eso impulsamos un Estado capaz de asumir la planificación, la conducción general de la economía, el control y la regulación, así como acciones estratégicas directas. Pero la dinámica del desarrollo nacional no es solo una cuestión económica sino también política, tanto como social y cultural. Lo que debe transformarse no es solamente la calidad y dimensión del Estado, sino también el sistema político en su conjunto. Requerimos instancias en donde los diversos poderes del Estado –Ejecutivo y Legislativo- interactúen en función de objetivos de Estado con una clara visión de futuro, coordinen sus actividades e incluso planifiquen las mismas. Necesitamos una función judicial que garantice la justicia para todos y todas y una verdadera Corte Constitucional que vigile la vigencia de la Constitución por encima de los intereses de los grupos mafiosos que siempre han negociado nuestra institucionalidad

Una parte sustancial de una reforma del Estado tiene que ver con la descentralización y las autonomías. La idea es dar a los gobiernos locales y seccionales un mayor papel en el proceso de desarrollo, de movilizar capacidades y recursos de toda índole no utilizados por las trabas derivadas del centralismo, de manera de potenciar también la participación de la población y detener su emigración. En fin, se trataría de reconocer y ayudar a constituir otros actores sociales. Ello significa modernizar instituciones, cambiar las formas y contenidos de la asignación de recursos y hacer otra política económica. Pero tengamos en cuenta que la descentralización y la autonomía son parte de un proceso de emancipación y recuperación de la soberanía.

En el fondo lo que se persigue es crear oportunidades para el desarrollo integral humano de la mayoría de la población, y no una estrategia de modernización con pobreza al estilo del esquema que impone el neoliberalismo. Oportunidades que deberán cristalizarse priorizando el ser humano sobre el capital, quien deberá convivir con la Naturaleza. El Socialismo del Siglo XXI, que apenas comienza a definirse, no pasa por abrir la puerta a un neodesarrollismo, ni por aceptar respuestas autoritarias. Este nuevo socialismo será ante todo una democracia sin fin.-

Nota: Este texto recoge elementos de la discusión desplegada en la elaboración del plan de gobierno de Alianza País. Texto publicado en la revista ENTREVOCES, Quito, septiembre 2007.

- Alberto Acosta es analista económico, ex Ministro de Energía y primer candidato nacional por Acuerdo País para la Asamblea Nacional Constituyente.