La decisión del presidente Álvaro Uribe de involucrar a la senadora Piedad Córdoba como facilitadora y de invitar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez para contribuir hacia el entendimiento por el acuerdo humanitario propuesto entre el Gobierno nacional y las FARC, constituye un hecho positivo que puede ayudar de manera importante a desentrabar la situación existente al respecto y que ante todo despertó positivas expectativas y particular esperanza en las familias afectadas sobre el éxito de tales gestiones, no obstante algunas voces aisladas que manifiestan desconfianza ante la participación del mandatario venezolano en tal empeño y de la particular campaña por el “no al despeje” adelantada paralelamente por el mismo Gobierno nacional.

Se eleva la exigencia humanitaria de la sociedad

Tras las inmensas demostraciones ciudadanas del pasado 5 de julio contra el secuestro y en exigencia de la libertad de los afectados, al calor del repudio al asesinato de los diputados del Valle cautivos por las FARC, como de la inmensa ola de solidaridad y movilización que despertó la valerosa marcha del profesor Gustavo Moncayo y sus acompañantes que posicionó la exigencia del acuerdo humanitario, puede afirmarse que el tema consolidó una opinión favorable, nuevos aliados internos e internacionales y elevó la incidencia de las exigencias humanitarias. Muchos sectores insisten en privilegiar el propósito humanitario por encima de otras consideraciones de orden político o militar y de la necesidad de recurrir al acuerdo humanitario, dadas las circunstancias del conflicto armado colombiano que conllevan tanto precedentes favorables para su utilización como grandes riesgos y precedentes negativos con los intentos de rescate militar. Pero a la vez, se destaca ahora también la exigencia de que tal tipo de acuerdo debe conllevar la liberación de todos los secuestrados y el compromiso efectivo de los rebeldes de acogerse a la proscripción de la toma de rehenes y el secuestro.

Es diciente la expresión utilizada por voceros de la Iglesia Católica al respecto: “Sólo existe un camino posible y es un acuerdo humanitario urgente, inmediato y radical. Por cuanto la vida es sagrada y no se puede negociar con ella, son los captores los que deben liberar a los secuestrados ya, sin ningún tipo de contraprestación.”(1)

Estas nuevas facilitaciones pueden contribuir a desempantanar las gestiones

Sin embargo, el ambiente crecientemente favorable al acuerdo humanitario contrasta con el empantanamiento de las gestiones para hacerlo posible con el compromiso de las partes. Como era previsible, las dos propuestas hechas por el presidente Uribe en el encuentro público con el profesor Moncayo no tenían viabilidad ni pertinencia, puesto que afirmar la liberación simultánea y progresiva de rehenes y secuestrados de una parte y de guerrilleros presos de otra, equivale simplemente a afirmar una forma de asumir que se haga el acuerdo sin considerar el asunto territorial e incluso eludiendo la interlocución propuesta sobre la que ya hay voceros y negociadores nombrados por el Gobierno y por las FARC, a la vez que pretender la salida del país y el acogimiento al programa de reincorporación de los guerrilleros excarcelados ha sido una propuesta oficial reiterada desde el anterior mandato y no aceptada por la guerrilla.

En tal circunstancia merece valorarse como hecho positivo y que puede propiciar una dinámica de aproximación y búsqueda efectiva de entendimientos la facilitación de la senadora liberal Piedad Córdoba, reconocida vocera de la oposición y del mandatario venezolano Hugo Chávez, quien había expresado de manera informal y pública que si bien el asunto depende de los actores colombianos, tenía la mayor disposición para contribuir y que deseaba conversar con los comandantes de las FARC, pero dando a entender que ello sólo era posible a solicitud y con autorización del gobierno colombiano, con quien expresó existían “excelentes relaciones”. Efectivamente, tras múltiples tensiones vividas en años anteriores y en medio de tensiones frecuentes en la frontera de los dos países, afectada por los efectos de la guerra interna colombiana que ha causado graves efectos en términos de violencia y consecuencias humanitarias en los estados venezolanos fronterizos, los dos gobiernos han conseguido consolidar un importante marco de entendimiento y buenas relaciones.

Chávez con su particular estilo franco y expresivo ya manifestó que ambas partes tienen que ceder y ofreció el territorio venezolano para los diálogos y si es del caso para llevar a término compromisos como los de eventualmente recibir a rehenes o secuestrados liberados por la guerrilla o a guerrilleros ex carcelados. Pronto se entrevistó en el Palacio de Miraflores con un grupo representativo de familiares de las víctimas a quienes recibió en compañía del ministro de relaciones exteriores, Nicolás Maduro, el ministro del despacho Hugo César Cabezas y de varios viceministros, lo cual indicó la importancia y el compromiso concedidos por gobierno al tema. Se ha informado que con apoyo de las cancillerías y la gestión de Piedad Córdoba está prevista una reunión de los dos presidentes en Bogotá, la cual considerará con especial interés el acuerdo humanitario con las FARC. El diario El Tiempo informó que con base en una fuente creíble se conoce que el presidente venezolano prepara una propuesta para presentársela al presidente colombiano.

Entender, respetar y aprovechar el rol de los facilitadores

Como es conocido al momento actúan como facilitadores internacionales España, Francia y Suiza y en lo interno han obrado la Iglesia Católica, los ex presidentes López –hasta producirse su deceso- y Samper y otros personajes como el ex ministro Álvaro Leyva, el director del periódico voz Carlos Lozano, el gobernador Angelino Garzón, e incluso en determinado momento el Presidente buscó tal encargo a familiares de los secuestrados. Pero por distintos hechos y circunstancias, si bien los facilitadores internacionales mantienen un rol apreciable, las formas de facilitación interna auque han prestado su colaboración y algunas se mantienen también varias han sido sometidas en ocasiones a tratos inadecuados desde el gobierno o su misión no se ha proyectado de manera muy específica o conveniente ante los mismos roles políticos y las propuestas que varios de ellos entrañan.

Por esas circunstancias puede ser positiva esta nueva gestión, puesto que como los medios de prensa lo refieren el presidente Chávez ha propuesto la conformación de un grupo de países amigos de Colombia para ayudar en la búsqueda de la paz y en este tipo de circunstancia, a la vez que como lo declaró recientemente el canciller francés su país, España y Suiza mantienen “la firme determinación y compromiso” para apoyar el logro de la liberación de los afectados. No obstante, es inexacto entender o presentar al presidente Chávez en las actuales circunstancias como mediador(2), pues aunque bien pudiera el ejercicio con él o con otros actores pasar de la facilitación a ser mediadores políticos en el sentido de la iniciativa activa hacia la mesa de entendimiento con propuestas y con contribución directa en la preparación del acuerdo requerido, corresponde por lo pronto reconocer y aprovechar sus buenos oficios, iniciativas y la propia facilitación al entendimiento directo entre las partes.

En tal sentido, también obra el aporte que puede proporcionar Piedad Córdoba en la búsqueda de canales de contacto y de ambientación de las propuestas entre el Gobierno y las FARC, con la iniciativa de propiciar el apoyo de Venezuela para distintos efectos del proceso y en ayudar a fortalecer la dimensión del entorno internacional necesario con el nuevo ingrediente que puede permitir un entorno de poyo directo en la región.

Las partes deben flexibilizar sus posiciones para propiciar el entendimiento

La ocasión sirve para que en correspondencia con lo que han sugerido muchos sectores las partes revisen su actitud para que se proceda a propiciar el entendimiento con base en la disposición a hacer ciertas concesiones y a considerar nuevas opciones que pasan por valorar las propuestas de la contraparte y de los terceros actores involucrados. Requieren apoyarse en los facilitadores con discrecionalidad si el ánimo es de aproximación en las propuestas, para no seguirlas convirtiendo apresuradamente en campo de disputa pública y motivo de descalificación política y deslegitimación del contrario. Deben entender que es inevitable sopesar los costos político y militares que resultan ser pocos ante los propósitos humanitarios prioritarios en juego.

El gobierno debería aceptar que en las actuales condiciones es preciso acudir a la opción del acuerdo humanitario y no a la del rescate militar y que es necesario asumir procedimientos y términos que implican considerar el asunto territorial, incluso no sólo frente al lugar de las conversaciones sino para la implementación del acuerdo. Ahora con justeza se exige a las FARC la liberación no sólo de quienes han sido capturados en desarrollo de las hostilidades, pero que se ha extendido de manera inútil como injustificada su cautiverio y de los políticos tomados como rehenes sino de todos los secuestrados en su poder, a la vez que se exige el cese de la práctica de la toma de rehenes y los secuestros, sobre lo cual incluso ya en el acuerdo de tregua y cese al fuego bilateral vigente entre 1984 y 1987 y en uno de los acuerdos parciales suscrito en Los Pozos durante los diálogos del Caguán entre 1999 y 2002, se incluyó este tipo de compromiso, sin que se hubieran producido efectos reales.

Se airean las posibilidades del entendimiento, pero para avanzar sin desandar caminos recorridos sería decisivo recuperar el nivel de entendimientos y aproximaciones conseguidos con anterioridad. No se trata de radicalizar el debate en un dilema malentendido del despeje con alusión al retiro de un área por parte de la fuerza pública. Se debería retomar como base la propuesta de los tres países europeos facilitadores sobre contar con un territorio, menos extenso que los dos municipios que han sido considerados, de forma que se produzca la desmilitarización allí de las partes, actúen con plenas funciones las autoridades estatales de carácter civil, ingrese una comisión discreta de las FARC con un dispositivo reducido de seguridad y se cuente con un dispositivo de seguridad soportado ante todo en una misión de veeduría interna e internacional liderada por los facilitadora y soportada por organizaciones y entidades humanitarias.

Ambivalencia de la postura gubernamental

Pero paralelamente el Gobierno nacional promueve en cabeza del ministro de agricultura y desarrollo rural, Andrés Felipe Arias una agresiva campaña contra el eventual despeje militar de un territorio en el ámbito nacional con asistencia a varias regiones y énfasis en los municipios del Valle, con consigna, símbolos y actividades de movilización de la población, en las cuales según lo registran los medios de comunicación, a la vez que se lanzan agresivos mensajes contra las FARC, se refuerza la postura intransigente del mismo gobierno con respecto a facilitar un espacio para iniciar las conversaciones, a la vez que a la manera de los consejos comunitarios se presentan los programas oficiales de su área y se ofrecen servicios institucionales a los asistentes comprometidos con dicha campaña.

Por eso de nuevo el referido Ministro se coloca en el plan de articulista de prensa, de manera que con un texto publicado en El Espectador, en verdad de mediocre calidad, sin argumentos, con llamamientos sectarios y afirmaciones generalizadas, pretende sustentar con simpleza que acaso cualquier despeje militar es de por sí conceder territorios a la presencia y las acciones de las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes, desconociendo que el precedente son las expresiones de control territorial por tales actores, de forma que con facilismo y sin fundamento se pretende atribuir a la desmilitarización por ambas partes propuesta por un breve espacio temporal y un área razonable, tales efectos. Por el contrario, se conseguiría allí cumplir con una loable acción humanitaria a partir de posibilitar el encuentro de los voceros del gobierno y la guerrilla en las condiciones comentadas.

Por un consenso nacional en torno al acuerdo humanitario

Lo anterior exige reclamar al Gobierno coherencia y medidas afirmativas para un camino de encuentros y no de desencuentros, pero debe desconocer como positiva la medida comentada, por cuanto también envía un mensaje de participación y de propósito nacional a la oposición, el cual se debe corresponder con una actitud del gobierno y de la oposición y con el concurso de muchos sectores sociales y de opinión, que asuma el acuerdo humanitario como un propósito de interés nacional y que demanda entendimientos y acuerdos en tal sentido. El Partido Liberal, el Polo Democrático Alternativo, las centrales obreras y numerosas organizaciones sociales y no gubernamentales que adelantan desde hace varios años iniciativas, campañas y acciones al respecto, podrán incidir de manera importante en tal sentido.

Notas

(1) Acuerdo humanitario ¡ya!, editorial, El Catolicismo, Bogotá, D.C., 11 al 24 de agosto de 2007.
(2) Chávez, el nuevo mediador, El Espectador, 19 al 25 de agosto de 2007, páginas 1-2, A.

Álvaro Villarraga Sarmiento, Presidente de la Fundación Cultura Democrática, integrante de la secretaría ejecutiva de la Asamblea Permanente por la Paz y miembro del Consejo Nacional de Paz.

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
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