¿Cómo se construye un liderazgo? Los partidos se organizan desde el candidato, la punta del vértice, hacia la base. Pero necesitan apoyos y estructura comunitaria: para cumplir con los requisitos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (existencia de estructura organizativa en al menos 50 municipios y 12 departamentos). O para cofinanciar campañas costosísimas: oficialmente, 40 millones de quetzales por partido; extraoficialmente, diez veces más.

Así, el candidato o la cúpula dirigente, siempre reducida, establece alianzas locales en función del financiamiento o del poder. Estas alianzas pasan por alto conexiones criminales, pasados dudosos o afinidades ideológicas.

El resultado inmediato son pugnas internas que ni siquiera la campaña electoral y la inmediatez del asalto al poder logran ocultar (parte de los actuales conflictos dentro de la Unidad Nacional de la Esperanza derivan de esta situación). En el medio plazo, se agudizan divisiones y la dificultad de encauzar un proyecto de nación: decenas de proyectos particulares lo impiden, la desvertebración de la política guatemalteca en el Congreso, en las instituciones de justicia, en los partidos.

¿Existe posibilidad de impulsar agendas locales en este escenario electoral? Por el contrario, lo “local” es de nuevo olvidado. Desde la perversa obstaculización de la participación en los Comités Cívicos,[1] hasta la traslación mecánica a las comunidades de un discurso fundamentalmente urbano: incluso la gran “vedette” de la campaña electoral, la apuesta por la seguridad, relevante en la Ciudad Capital, es poco significativa en departamentos con índices delictivos reducidos, como Totonicapán, o en aquellos lugares donde contradice el impulso del desarrollo a partir del turismo, caso de Antigua.

A lo que se añaden las deficiencias estructurales que obvian el poder comunitario: cualquier futuro alcalde deberá enfrentar una carencia crónica de recursos. Carchá, una población de 174,000 habitantes situada en el departamento de Alta Verapaz, tiene apenas un presupuesto de 31 millones de quetzales, es decir, 180 quetzales por persona.[2] La no promulgación del Código Tributario Municipal limitará cualquier intento de transformación desde lo local en los próximos años.

Brecha política entre partidos con poco arraigo comunitario y comunidades con voz diferente a la de los partidos. Por ejemplo, ¿cuántos de los 14 binomios presidenciales y los 16 partidos participantes se han pronunciado públicamente contra la actividad minera, a pesar de que desde 2005 más de 200,000 personas han rechazado abiertamente la misma? “Al día de hoy suman más de 200,000 personas que con su puño y letra han declarado su abierto rechazo a la minería química de metales en Guatemala. Los resultados de las consultas comunitarias que constituyen manifestaciones de resistencia han sido respaldados por sus respectivas autoridades municipales, en más de 10 municipios del país” afirma el comunicado fundacional del Frente Nacional contra la Minería Química de Metales, de mayo de 23007.[3]
Desoyendo estas opiniones, los partidos conservadores no recogen en sus programas electorales la necesidad de validar la opinión popular. Por el contrario, plantean crear nuevos incentivos para las mineras: exoneraciones tributarias y laxitud en los estudios previos de impacto ambiental.

No es la hora de las comunidades. No en estos comicios, no con estos partidos y en este marco legal, político y social de democracia escasamente participativa y extremadamente delegativa: ejercida una vez cada cuatro años y que otorga el poder de decidir a gobernantes y partidos en procesos donde participa sólo el 50% de la población.[4] No es ahora. Abundan buenos asesores de imagen, excelentes expertos en campañas negras, brillantes autores de pegadizas canciones. Pero faltan visiones estratégicas e incluyentes.

Notas

[1] La Ley Electoral establece para los Comités Cívicos requisitos similares a los de los partidos políticos, pero reduciendo su actividad al ámbito municipal y su vida organizativa al momento de las elecciones: “Los comités cívicos electorales son organizaciones políticas, de carácter temporal, que postulan candidatos a cargos de elección popular, para integrar corporaciones municipales”.

[2] Inforpress Centroamericana, datos correspondientes al año 2004.

[3] Se han producido consultas en los siguientes municipios: Comitancillo, Sipakapa y Concepción Tutuapa del departamento de San Marcos; Colotenango, Concepción Huista, San Juan Atitán, Santiago Chimaltenango, Todos Santos Cuchumatán, Santa Eulalia, San Pedro Necta y Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango; Ixcán, departamento de Quiché, Río Hondo, departamento de Zacapa.

[4] El recorrido histórico de la votación desde el fin de los gobiernos militares es el siguiente: 1986, 69.3%, 1990, 56.4%; 1995, 46.9%; 1999, 53.8%; 2003, 57.9%, según la publicación Pulso Electoral, diciembre de 2003.