Consulta sobre minería en distritos de Ayabaca y Huancabamba
05/08/2007
- Opinión
Cuando el diálogo con el poder central se trunca por la falta de voluntad política del gobierno para resolver un conflicto minero donde la razón y la ley están del lado de las comunidades, nos plantea el difícil reto de apostar por el ejercicio del poder local para encontrar salidas pacificas y democráticas a los conflictos. Es así que tres municipios distritales de la región Piura han convocado a una consulta vecinal para el 16 de septiembre a fin de que sus pobladores decidan el futuro de la minería en sus territorios.
La presencia de la empresa Minera Majaz en tierras de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas ha ocasionado un conflicto de envergadura regional en el norte del Perú y el límite con Ecuador. La exploración del proyecto minero Río Blanco, concluida en noviembre del 2006, provocó la movilización social de cuatro provincias norteñas, Huancabamba y Ayabaca en la región de Piura, y San Ignacio y Jaén en la región de Cajamarca, al considerar que su próxima explotación es el inicio de un distrito minero que tendría afectos negativos sobre el páramo, la calidad del agua y la actividad agrícola de la región.
Desde el año 2003 las comunidades han denunciado que la presencia de la empresa minera en sus tierras es ilegal, pues sólo cuenta con la autorización de algunos miembros de las juntas directivas comunales y no con el voto aprobatorio de los 2/3 de la asamblea comunal como lo exigen las leyes nacionales, situación que fue corroborada incluso por la Defensoría del Pueblo en un informe hecho público en el 2006. En febrero del 2007, las comunidades han denunciado esta violación de sus derechos ante el poder judicial local.
El conflicto alcanzó niveles altos de violencia en abril del 2004 y agosto de 2005, cuando más de 3 mil campesinos se movilizaron hacia al campamento minero y fueron reprimidos por la policía, dejando dos comuneros muertos. Posteriormente se inició un proceso de diálogo con el gobierno central que fracasó, en mayo del 2006, por la falta de voluntad del Ministerio de Energía y Minas. Este hecho ubicó al caso sin canales institucionales que faciliten encontrar salidas pacíficas al conflicto con el poder central.
Ante esta situación, las comunidades campesinas recurren, al poder más cercano, a los gobiernos locales para solicitarles el uso del mecanismo de participación ciudadana a fin de consultar a la población sobre el desarrollo de actividades mineras en los territorios bajo su jurisdicción.
La participación ciudadana en el Perú es un derecho reconocido por la Constitución y las leyes nacionales, y faculta a las municipalidades para que a través de ordenanzas municipales creen los mecanismos adecuados para su ejercicio y sobre los temas de su competencia, como la planificación del desarrollo y el medio ambiente.
En ese sentido, las municipalidades distritales de Ayabaca, El Carmen de la Frontera y Pacaipampa han emitido ordenanzas municipales que “establecen la consulta vecinal como mecanismo de participación ciudadana” y han acordado convocar a una consulta a los pobladores de sus distritos “para que expresen su opinión respecto al desarrollo de la actividad económica minera”.
El gobierno central ha señalado que la consulta no es vinculante legalmente, pero en reunión sostenida con la delegación de alcaldes y líderes de las comunidades ha reconocido que tendrá un impacto político. Los organizadores, por su parte, han solicitado a la Defensoría del Pueblo la observación de la consulta. Mientras la empresa, que en abril fuera adquirida por Zijin Consortium (China), no se ha pronunciado respecto a la consulta pero, como en campañas electorales, se leen pintas y escuchan spots a favor de su proyecto minero en toda la región Piura.
La consulta se realizará el próximo domingo de 16 de septiembre del 2007, teniendo como marco un típico proceso electoral y el precedente de la consulta vecinal de Tambogrande. Los municipios organizadores esperan la participación de más de 25 mil electores y la presencia de observadores nacionales e internacionales que certifiquen la transparencia y objetividad de la consulta vecinal.
Las comunidades y pueblos de Piura apuestan por los derechos y la democracia. En esta perspectiva, la consulta vecinal constituye la esperanza que esperan les devuelva la tranquilidad y seguridad a sus territorios; pero también es la esperanza de miles de comunidades que aspiran a solucionar conflictos mineros validando mecanismos de participación ciudadana.
La minería y la consulta en las encuestas
Como sucede en todo proceso electoral se han publicado encuestas para medir el grado de aceptabilidad de la minería a nivel local y regional. Los resultados difieren de los realizados a nivel de los distritos en consulta de los realizados a nivel regional.
En mayo, un Estudio de Opinión Pública sobre el Desarrollo Económico y Social de Piura, elaborado por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), concluye que “el 53,1% de los piuranos está de acuerdo con que los recursos minerales de las provincias de Huancabamba y Ayabaca sí deberían ser explotados para permitir el desarrollo de estas provincias y el del departamento de Piura en general. Mientras que el 30,7% de los encuestados opina lo contrario y un 16,2% no sabe/no opina”.
Por su parte, una encuesta encargada, en junio, por el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) en dos de los tres distritos en consulta afirma que en el distrito de Ayabaca el 89.6% de la población encuestada está en contra de la minería y sólo el 7.9% a favor; mientras que en el distrito de El Carmen de la Frontera, el 86.2% de los encuestados afirma estar en contra y el 10.1% a favor de la actividad minera.
Por otro lado, en julio reciente, la Universidad Nacional de Piura, ha publicado un sondeo de opinión ciudadana a nivel regional, cuyos resultados señalan que el 51.3% de los piuranos desaprueban el desarrollo de actividades mineras en la región y el 38.7% la apoya. En el mismo sondeo, el 51.9% de la población encuestada manifestó que no es posible la convivencia de minería y agricultura en la región.
Tambogrande: la consulta precedente
El 3 de junio del 2002, el 98% de los habitantes del distrito de Tambogrande se pronunciaron por el NO a la minería en el Valle de San Lorenzo en la consulta vecinal convocada por el municipio. El valle está ubicado en la parte baja de la región Piura, la misma región donde se desarrollará la consulta vecinal en septiembre próximo.
Los agricultores se oponían al proyecto minero por considerarlo que los impactos ambientales afectarían el desarrollo de las actividades agrícolas de exportación. El proyecto minero de la empresa Manhattan, asociada a la estatal CENTROMIN, no se concretó porque el gobierno peruano le canceló los derechos al contrato de opción que tenían suscrito.
La presencia de la empresa Minera Majaz en tierras de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas ha ocasionado un conflicto de envergadura regional en el norte del Perú y el límite con Ecuador. La exploración del proyecto minero Río Blanco, concluida en noviembre del 2006, provocó la movilización social de cuatro provincias norteñas, Huancabamba y Ayabaca en la región de Piura, y San Ignacio y Jaén en la región de Cajamarca, al considerar que su próxima explotación es el inicio de un distrito minero que tendría afectos negativos sobre el páramo, la calidad del agua y la actividad agrícola de la región.
Desde el año 2003 las comunidades han denunciado que la presencia de la empresa minera en sus tierras es ilegal, pues sólo cuenta con la autorización de algunos miembros de las juntas directivas comunales y no con el voto aprobatorio de los 2/3 de la asamblea comunal como lo exigen las leyes nacionales, situación que fue corroborada incluso por la Defensoría del Pueblo en un informe hecho público en el 2006. En febrero del 2007, las comunidades han denunciado esta violación de sus derechos ante el poder judicial local.
El conflicto alcanzó niveles altos de violencia en abril del 2004 y agosto de 2005, cuando más de 3 mil campesinos se movilizaron hacia al campamento minero y fueron reprimidos por la policía, dejando dos comuneros muertos. Posteriormente se inició un proceso de diálogo con el gobierno central que fracasó, en mayo del 2006, por la falta de voluntad del Ministerio de Energía y Minas. Este hecho ubicó al caso sin canales institucionales que faciliten encontrar salidas pacíficas al conflicto con el poder central.
Ante esta situación, las comunidades campesinas recurren, al poder más cercano, a los gobiernos locales para solicitarles el uso del mecanismo de participación ciudadana a fin de consultar a la población sobre el desarrollo de actividades mineras en los territorios bajo su jurisdicción.
La participación ciudadana en el Perú es un derecho reconocido por la Constitución y las leyes nacionales, y faculta a las municipalidades para que a través de ordenanzas municipales creen los mecanismos adecuados para su ejercicio y sobre los temas de su competencia, como la planificación del desarrollo y el medio ambiente.
En ese sentido, las municipalidades distritales de Ayabaca, El Carmen de la Frontera y Pacaipampa han emitido ordenanzas municipales que “establecen la consulta vecinal como mecanismo de participación ciudadana” y han acordado convocar a una consulta a los pobladores de sus distritos “para que expresen su opinión respecto al desarrollo de la actividad económica minera”.
El gobierno central ha señalado que la consulta no es vinculante legalmente, pero en reunión sostenida con la delegación de alcaldes y líderes de las comunidades ha reconocido que tendrá un impacto político. Los organizadores, por su parte, han solicitado a la Defensoría del Pueblo la observación de la consulta. Mientras la empresa, que en abril fuera adquirida por Zijin Consortium (China), no se ha pronunciado respecto a la consulta pero, como en campañas electorales, se leen pintas y escuchan spots a favor de su proyecto minero en toda la región Piura.
La consulta se realizará el próximo domingo de 16 de septiembre del 2007, teniendo como marco un típico proceso electoral y el precedente de la consulta vecinal de Tambogrande. Los municipios organizadores esperan la participación de más de 25 mil electores y la presencia de observadores nacionales e internacionales que certifiquen la transparencia y objetividad de la consulta vecinal.
Las comunidades y pueblos de Piura apuestan por los derechos y la democracia. En esta perspectiva, la consulta vecinal constituye la esperanza que esperan les devuelva la tranquilidad y seguridad a sus territorios; pero también es la esperanza de miles de comunidades que aspiran a solucionar conflictos mineros validando mecanismos de participación ciudadana.
La minería y la consulta en las encuestas
Como sucede en todo proceso electoral se han publicado encuestas para medir el grado de aceptabilidad de la minería a nivel local y regional. Los resultados difieren de los realizados a nivel de los distritos en consulta de los realizados a nivel regional.
En mayo, un Estudio de Opinión Pública sobre el Desarrollo Económico y Social de Piura, elaborado por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), concluye que “el 53,1% de los piuranos está de acuerdo con que los recursos minerales de las provincias de Huancabamba y Ayabaca sí deberían ser explotados para permitir el desarrollo de estas provincias y el del departamento de Piura en general. Mientras que el 30,7% de los encuestados opina lo contrario y un 16,2% no sabe/no opina”.
Por su parte, una encuesta encargada, en junio, por el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) en dos de los tres distritos en consulta afirma que en el distrito de Ayabaca el 89.6% de la población encuestada está en contra de la minería y sólo el 7.9% a favor; mientras que en el distrito de El Carmen de la Frontera, el 86.2% de los encuestados afirma estar en contra y el 10.1% a favor de la actividad minera.
Por otro lado, en julio reciente, la Universidad Nacional de Piura, ha publicado un sondeo de opinión ciudadana a nivel regional, cuyos resultados señalan que el 51.3% de los piuranos desaprueban el desarrollo de actividades mineras en la región y el 38.7% la apoya. En el mismo sondeo, el 51.9% de la población encuestada manifestó que no es posible la convivencia de minería y agricultura en la región.
Tambogrande: la consulta precedente
El 3 de junio del 2002, el 98% de los habitantes del distrito de Tambogrande se pronunciaron por el NO a la minería en el Valle de San Lorenzo en la consulta vecinal convocada por el municipio. El valle está ubicado en la parte baja de la región Piura, la misma región donde se desarrollará la consulta vecinal en septiembre próximo.
Los agricultores se oponían al proyecto minero por considerarlo que los impactos ambientales afectarían el desarrollo de las actividades agrícolas de exportación. El proyecto minero de la empresa Manhattan, asociada a la estatal CENTROMIN, no se concretó porque el gobierno peruano le canceló los derechos al contrato de opción que tenían suscrito.
Referencias al caso:
https://www.alainet.org/es/active/18934
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