Afectados por la contaminación de la cuenca del río Ramis, cocaleros de los valles de Sandia y Carabaya, sociedad civil por la construcción de la carretera Interoceánica Sur, SUTEP y CONVEAGRO, han sido algunas de las organizaciones que han mostrado su descontento frente al Gobierno Central hace algunas semanas en Puno y, en algunos casos, han lanzado amenazas para radicalizar sus protestas si los acuerdos a los cuales se han llegado en las negociaciones no se cumplen. La tregua tiene fecha (1) y los dirigentes no están dispuestos a claudicar ni renegociar sus acuerdos.

Puno es la tercera región más pobre del país, sin embargo desde hace algunos años se vienen promoviendo experiencias productivas con grandes resultados como la oferta de servicios orientados al sector turístico, la producción de trucha ecológica en Arapa, el mejoramiento genético y de fibra de alpaca en Macusani, y la siembra de café ecológico bajo sombra en el Alto Tambopata. Pero estas no se han traducido todavía en mejores condiciones de vida para el ciudadano común, puesto que se encuentran focalizadas sólo en ciertos territorios y la transferencia de cerca de 60 millones de soles que el Ejecutivo ha anunciado para el Gobierno Regional podría servir para potenciar esos sectores emergentes.

El chavismo o la ficción

El anuncio de la transferencia de fondos al Gobierno Regional ha llegado en un contexto en el que la nueva administración no cuenta con ningún proyecto de desarrollo y no existe una tecnocracia regional, capaz de superar las trabas que el Sistema Nacional de Inversión Pública y otros organismos estatales exigen como condición para la ejecución del gasto. El “shock de inversiones” llega a escasos 5 meses desde que los Gobiernos Regionales asumieron sus funciones y en condiciones en las que Hernán Fuentes Guzmán se halla enfrentado al Consejo Regional y sin contar con ningún plan regional de desarrollo.

En tal sentido, las últimas movilizaciones le han caído como anillo al dedo, ya que han centrado las demandas en el Gobierno Central, haciendo olvidar el estado de la situación en el Gobierno Regional puneño. Así, el presidente regional puneño, ha sido el gran ganador de estos días, especialmente por su irrupción en la escena nacional, gracias a las declaraciones de personalidades del Gobierno como el Premier del Castillo y las informaciones de los medios de comunicación que lo han elevado a la categoría de “personaje”, por sus afirmaciones favorables a Hugo Chávez y su vinculación con la “Casa del ALBA”, la iniciativa que el gobierno cubano y venezolano promueven desde el año 2004.

Los proyectos: advirtiendo riesgos y posibilidades

Sobre la Zona Económica Especial para Puno (Zona Franca) y Sierra Exportadora (SE) pende el estigma de otros programas del gobierno que han pasado a formar parte de la demagogia estatal. La primera iniciativa requiere de la instalación de un Comité, que si bien ya ha sido conformado, no ha socializado el proceso en el cual se halla y avanza a paso lento; mientras que en el caso de SE, la conformación de las Mesas de Camélidos, Trucha y Quinua como instancias de concertación entre productores y agentes estatales, podrían convertirse en los espacios desde los cuales se promuevan proyectos que permitan tener el diagnóstico real y las necesidades de cada unidad productiva.

Por su parte, el Gobierno Regional aún tiene la posibilidad de articular los comités de SE y la ZEE, de tal modo que puedan operar en una misma dirección, no sólo limitando estas iniciativas a la agrotransformación, sino alentando experiencias de turismo vivencial como la de Llachón (Capachica), todo ello dentro del marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, ya que son precisamente las zonas rurales las que vienen siendo postergadas y por lo tanto las que, fruto de la presión, expresan su descontento de modos diversos.

Puno es rural, el 60% de su población lo es, y por lo tanto resulta escandaloso, por decir lo menos, que desde las instancias regionales no se haya promovido todavía una Estrategia regional de Desarrollo Rural, y más aún si se tiene en cuenta que de cada 10 personas del sector rural, 6 o 7 viva en condiciones de pobreza y 3 de ellos en extrema pobreza.

De las demandas sectoriales al antiaprismo generalizado

La polarización vivida en el ámbito nacional se ha expresado también en Puno, aunque con matices diferentes. Tal polarización ha ido encontrando articulación en el rechazo al Gobierno central: ni las experiencias productivas, ni los millones de soles anunciados para la región han operado como catalizadores del hartazgo popular respecto de las condiciones de vida, las cuales se han tornado más complicadas con la suba de algunos productos de primera necesidad.

A ello se suma la desconfianza que existe por los nada gratos recuerdos del primer gobierno aprista y el hecho de que integrantes del partido de gobierno estén copando varias instituciones públicas como el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT) al mando de Alberto Lescano; o la designación de Javier Bernal, ex candidato al Gobierno Regional por el PAP al mando de Essalud; de su hermano Arturo Bernal como parte del directorio de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán; de Mario Torres Rado, como presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Puno; entre otros partidarios apristas, configuran un escenario poco alentador para el partido de gobierno en Puno e impone un nuevo reto a sus cuadros: el de demostrar que el APRA ya no es más el partido de 1985.

Continuar insistiendo en que la responsabilidad del descontento es la injerencia chavista, o un grupo de 500 comunistas puede convertirse en un arma de doble filo ya que, según varios sondeos informales, una gran parte de puneños apoya la oferta de servicios de salud promovidas desde la “Casa del ALBA” y apoya también las últimas protestas en contra del Gobierno Central. Insistir en satanizar el ALBA puede divorciarlos completamente de la sociedad puneña.

Como podemos ver, este escenario se muestra propicio para la irrupción de caudillos y caciques locales que aprovechando la convulsión social pueden pretender, por vías antidemocráticas, politizar el descontento popular. Éste constituye un peligro potencial en una zona en la que las condiciones para la incursión de este tipo de manifestaciones están dadas y lo peor que puede hacer el Gobierno es confrontar y polarizar más el escenario, como provocando e intentando justificar, a futuro, métodos represivos.

- Aldo Santos, Asociación SER-Oficina Regional Puno

Fuente: Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Perú.
http://www.ser.org.pe

Notas

(1)Al principio se acordó que el 3 de agosto la huelga se iniciaría nuevamente, sin embargo dicha fecha no ha sido ratificada.