Este domingo, conocimos nuevos decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo sobre temas de seguridad ciudadana que han generado reacciones adversas porque, en la práctica, podrían significar un atentado contra el derecho a la vida y la justicia.

Es cuestionable cómo mediante estos decretos se pretende inhabilitar a la autoridad local o regional de involucrarse en una huelga, cuando la huelga es un derecho consagrado en la Constitución.”

Entre algunos aspectos de estas leyes están el que se declare inimputables a los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales cuando producen lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber y en el uso de sus armas de fuego reglamentarias. Con ello se pretende que los autores de eventuales abusos y arbitrariedades sean libres de sus responsabilidades, así como de cualquier investigación al respecto.

Al respecto, nos preocupa que, en particular, los violadores de derechos humanos en el pasado puedan beneficiarse con esta medida en virtud a un artículo que hace alusión al principio de retroactividad benigna, es decir, que una nueva ley se aplica a quienes han cometido crímenes con anterioridad, si esto les es favorable.

Nos parece importante comentar, además, la forma como se ha reformulado la tipificación del delito de extorsión, que ahora pretende incluir actos tales como: impedir el libre tránsito, perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos, o la ejecución de obras legalmente autorizadas, estableciéndose penas de hasta 25 años cuando estos actos se cometan entre dos o más personas.

Así mismo, es cuestionable cómo mediante estos decretos se pretende inhabilitar a la autoridad local o regional de involucrarse en una huelga, cuando la huelga es un derecho consagrado en la Constitución. Si bien es cierto que estas autoridades no hacen huelgas, nos parece inconstitucional que se pretenda limitarlos en su derecho a opinar o solidarizarse a favor de algunas de estas acciones desarrolladas por algunos sectores laborales en nuestro país.

Esperamos que esta legislación sea revisada por el Congreso y que sea modificada, así como que la Defensoría del Pueblo pueda alcanzar su opinión a fin de recuperar la estabilidad democrática en el Perú. No permitamos que nuevos autoritarismos se desarrollen otra vez en nuestro país.

- Francisco Soberón es Sociólogo. Fundador de Aprodeh en 1983. Vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (1995 - 2004). Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (2002-2006). Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Sueca de Derechos Humanos.

Fuente: Coordinadora Nacional de Radio
http://aa.cnr.org.pe/textfsoberon.shtml