Por decisión e interés del gobierno brasileño, está en la mesa de discusiones entre Bolivia y Brasil el proyecto de construcción de represas hidroeléctricas en la cuenca del río Madera, un proyecto que empresas brasileñas desean implementar desde hace veinte años, pero que no ha podido superar la oposición bien fundada de organismos y agrupaciones sociales de ambos países que desde hace tres años atrás han ido pronunciándose sobre los impactos sociales y ambientales que dichas represas provocarían en el ecosistema amazónico, no sólo de Bolivia sino también del propio Brasil.

La posición brasileña

Silas Rondeau, Ministro de Minas y Energía de Brasil, con un desprecio propio de bandeirante, se despachó un “no cabe acuerdo con Bolivia… en la medida en que las dos hidroeléctricas están en territorio de Brasil” (La Razón, 23, 01, 2007), ignorando acuerdos internacionales que resguardan el curso natural de aguas transfronterizas. De modo similar, Aloísio Vasconcelos, Presidente de Eletrobrás, amenazó con: “O el Gobierno da un golpe sobre la mesa y libera los proyectos del sector energético o esos grupos de ambientalistas pararán el país” (Fundación “Consejo para el Proyecto Argentino”, 01, 02, 2007). Por su parte –conforme reportan medios periodísticos- el Presidente Lula ha ofrecido a Bolivia una salida marítima al Atlántico, a través de los ríos Madera y Amazonas. También ha ofrecido créditos blandos destinados al área agrícola. “Entre ellos, un crédito concesional de 30 millones de dólares para la compra de tractores a un tipo de interés del 2 por ciento” (Infolatam, 23, 01, 2007)[1].

Sin duda que el interés declarado por el Estado brasileño para acometer este proyecto responde a intereses convergentes entre el gobierno de Lula y la empresa privada brasileña. Para el gobierno de Lula, la construcción de las represas hidroeléctricas es parte del Programa de Aceleración del Crecimiento que comprende: a) la generación de energía eléctrica para las ciudades industriosas del sur brasileño; b) la apertura de mercados en el oeste sudamericano y las lejanas China e India, ansiosas de la soya brasileña y, c) tener mayor presencia geopolítica en la región. En cambio, para las empresas brasileñas, particularmente para FURNAS[2] y Odebrecht S.A.[3], la construcción de las represas hidroeléctricas constituye un negocio entre 5.600 y 8.400 millones de dólares (sin considerar los costos que implica la construcción de las líneas de transmisión), más la posibilidad de regentar un negocio de distribución de 6.400 MW que generarían las represas en Jirau y Santo Antonio en el Estado de Rondonia.

Con anterioridad a todo esto, FURNAS y Odebrecht S.A., que estuvieron haciendo labor de seducción en círculos gubernamentales y profesionales del país, fracasaron en su intento de obtener la licencia de parte del Estado boliviano para realizar los estudios ambientales en territorio boliviano[4], pues varias personalidades e instituciones públicas lograron que el gobierno boliviano promulgue el DS 28389 (6, X, 2005), por el cual se suspende el tratamiento de solicitudes y consiguiente otorgamiento de licencias, licencias provisionales y concesiones en materia hidroeléctrica sobre la cuenca del río Madera.

Ante esta evidente derrota que sufrieron las mencionadas empresas brasileñas frente al gobierno e instituciones nacionales, que advirtieron oportunamente los riesgos que implica la construcción de las represas en la cuenca del río Madera, el consorcio FURNAS - Odebrecht S.A. prosiguió gestiones en el Brasil, logrando la aprobación inicial de su proyecto. Para este efecto, el mencionado consorcio realizó un estudio de impacto ambiental que fue aprobado en septiembre de 2006 por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA). Con el estudio de impacto ambiental realizado por Odebrecht S.A., el gobierno brasileño supone estar en su derecho de construir las represas en su territorio sin tener que consultar a Bolivia, en un estilo que rememora a los antiguos “fazendeiros” que tomaron el Acre para sí.

Por fortuna, y contrariamente a la posición del gobierno y el consorcio brasileño, hay agrupaciones sociales como el Movimiento de Afectados por las Represas, personalidades y organizaciones ambientalistas que, dentro el propio Brasil y en el propio Estado brasileño, están dando lucha a los impulsores de este descomunal proyecto, y lo están haciendo eficazmente. Gracias a ello, el proyecto no puede aún superar numerosas observaciones técnicas, referidas a los impactos ambientales, sociales y de salud que provocaría en la Amazonía. 

La posición del gobierno boliviano

Como el Estado boliviano carece de estudios sobre la dimensión del proyecto y sobre los impactos que éste podría ocasionar en el ecosistema norte amazónico del país, la posición del gobierno nacional de momento es esperanzadora, pues ha determinado no negociar sobre este tema mientras no tenga información técnica que permita tomar decisiones políticas, plenamente autorizadas y legítimas. Entonces, hay incertidumbre y así se percibe en sus declaraciones públicas. El Canciller David Choquehuanca, por ejemplo, ha expresado: “nuestro temor es que esas represas puedan inundar nuestros territorios y llevar a la extinción a algunas especies” (La Razón, 23, 01, 2007). Por su parte, el Ministro de Obras Públicas, Jerges Mercado, ha declarado lo siguiente: “Si no es viable, sea desde el punto de vista ecológico, financiero, desde todos los puntos, no lo hacemos; pero si es viable, hay que meterle” (http://www.terra.es, 26, 01, 2007).

Con un tono más claro y contundente el Presidente Evo Morales, en su encuentro con su homólogo en Brasil febrero de 2007, ha manifestado una posición digna y no ha firmado ningún acuerdo sobre el particular con el Presidente Lula, pese a la impaciencia de éste que pretende mostrar grandes y exitosos megaproyectos a sus electores.

Los movimientos sociales del norte amazónico

Por su parte, las organizaciones sociales del norte amazónico del país (Pando, Riberalta y Guayaramerin), han sostenido reuniones de análisis sobre el destino que sufrirían con la eventual construcción de las represas. Con la participación de representantes campesinos, colonizadores, indígenas, capas medias urbanas y técnicos de ONGs, van calculando los impactos que les tocaría soportar y que de forma resumida se pueden puntualizar así:

1. El primer y gran impacto que advierten enfrentar es el crecimiento de sus ríos. Siendo la topografía del Amazonas más o menos uniforme, la construcción de dos represas en el río Madeira (Brasil) taponaría los ríos y afluentes de la cuenca del Madera, afectando directamente a los ríos Abuná, Madre de Dios, Beni, Mamoré y Guaporé, convirtiendo a la región en un extenso pantanal. Este fenómeno no sería posible en otro tipo de topografía como la andina, donde –por  la pendiente de los ríos- la construcción de represas crea lagunas o embalses de agua sin taponar los ríos.
2. Además de las represas, hay que considerar que la cuenca del río Madera es una cuenca de origen andino, sus aguas nacen en la cordillera de los Andes, como también sus sedimentos. De manera que por los ríos Madre de Dios (Perú y Bolivia), Beni (La Paz y Beni) y Mamoré (Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Beni) corren grandes cantidades de agua pero también de sedimentos andinos, que en pocos años llegarían a cubrir los embalses creados por las represas, agravando la inundación del río Madera y sus afluentes. Según Jorge Molina, estudios básicos en hidrología demuestran que hay una causalidad directa entre el nivel de las aguas y el nivel de sedimentación: si la sedimentación en el fondo del río aumenta, la superficie de las aguas también aumenta.
3. El taponamiento de los ríos, causado por las represas y la sedimentación creciente, provocaría la inundación de las tierras de cultivo estacionales en las riberas de los ríos. Actualmente –entre los meses de mayo y noviembre y cuando las aguas de los ríos bajan-, los pobladores cultivan en las riberas productos necesarios para su propia sobreviviencia, lo cual no es posible cuando las aguas suben en época de lluvias. Con la instalación de dos represas, construidas en medio del río, no habría este uso estacional de las riberas, porque las riberas estarían cubiertas todo el año, impidiendo el cultivo de productos necesarios para la seguridad alimentaria de las familias campesinas e indígenas de la zona. Y si a causa de la construcción de las represas se cubrirían las riberas durante todo el año, en época de lluvias la inundación sería mayor –y durante el fenómeno periódico de El Niño más grave aún-, el desborde de los ríos abarcaría grandes territorios de la cuenca del Madera, principalmente en territorio boliviano.
4. La inundación afectaría también a la producción de castaña, cuyos árboles requieren determinadas condiciones de humedad de tierras: si la humedad aumenta, los árboles de castaña dejan de producir y se mueren, con serias consecuencias para la economía de los productores que exportan castaña a los mercados de Europa en cantidades apreciables[5], precisamente porque el actual ecosistema de Pando les permite producir castaña de gran calidad y que no tiene la castaña brasileña: su mala calidad la ha adquirido precisamente porque el ecosistema en el lado brasileño está seriamente dañado con plantaciones de arroz y extensos pastizales de ganadería.
5. No sólo eso, la inundación afectaría también a las tierras de pastoreo, tanto de grandes como de pequeños propietarios, provocando la crisis de la economía ganadera, no sólo porque se achicarían las tierras de pastoreo sino además porque el cambio en las condiciones geográficas de la zona expondría al ganado vacuno ante nuevos riesgos de morbilidad y mortandad. Esto es particularmente preocupante para los pobladores de las riberas del Mamoré que ya tienen experiencias fatídicas por la inundación de sus pastizales en época de lluvias.
6. Además de afectar a las tierras de cultivo, bosques de castaña y tierras de pastoreo, la inundación afectaría a las selvas vírgenes del Amazonas, afectando seriamente a la biodiversidad vegetal y animal que, estando cubierta de agua como nunca antes, se pudriría en el fondo de las aguas. De esta manera, por ejemplo, muchas especies vegetales de gran valor terapéutico y medicinal simplemente se extinguirían o, lo más grave, mutarían su condición benefactora por otra maléfica, como las plagas que aparecen y crecen sin control, o como los “miasmas medievales” que, emanando de las aguas detenidas, contribuirían a los procesos de calentamiento global del planeta.
7. La construcción de las represas en Jirau y Santo Antonio provocaría fuertes impactos en la ictiofauna, vale decir, en la variedad de especies de peces existentes que se estima en alrededor de 700. Según Pablo Villegas, salubrista, “estudios realizados por FURNAS demuestran que en el primer año después de la construcción de la represa desaparece un 70% de las especies existentes”, esto es, 490 especies conocidas y no conocidas, un dato alarmante para la salud de la humanidad y de la naturaleza. Los factores que explicarían este desastre natural estarían directamente vinculados a las nuevas represas que constituirían dos muros de contención en el tránsito de peces que migran entre el río Amazonas y el río Madera[6]. Aunque los proyectistas de las represas anuncian la construcción de pasos de peces en las represas, sus propios estudios dictaminan que estos pasos no garantizarían el tránsito libre de los peces, al igual que no tienen ninguna eficacia los pasos de peces construidos en otras represas. Otro de los factores que incidiría en la extinción de los peces está relacionado con la disminución de la velocidad de las aguas, que provocaría la falta de oxigenación y aumento en la temperatura del agua. Esto, para la vida acuática es tan grave como para la vida terrestre sería la falta de vientos y brisas, o para la vida humana es la disminución de oxígeno. Recuérdese nomás los miles de adultos y niños que murieron a causa de la ola de calor y falta de oxígeno que sofocó a Europa tres años atrás.
8. La construcción de represas, como sostiene nuevamente P. Villegas, ocasionaría la propagación de viejas y nuevas epidemias (malaria, dengue, fiebre amarilla, enfermedades diarréicas, parasitosis, esquistosomiasis y otros cuadros patológicos provocados por el estancamiento de las aguas en las represas). La malaria –que de todas maneras está nuevamente preocupando a organismos nacionales e internacionales por su recrudecimiento en zonas tropicales del planeta[7]-, a causa de la construcción de las represas acusaría un aumento desmesurado de los índices de morbi-mortalidad de la zona. Las nuevas represas que ocasionarían la inundación de grandes territorios, disminuirían la velocidad y oxigenación de las aguas, propagarían la proliferación de su agente transmisora: la Anopheles, que está desarrollando resistencias ante los insecticidas convencionales, mientras que el parásito (plasmodium) ha desarrollado una alta resistencia a los antibióticos (particularmente el plasmodium falciparum), que está dificultando el control tanto de la tasa de infección como de la diseminación de la enfermedad. Hay que subrayar que en el mundo, cada minuto, entre 3 y 5 niños mueren de malaria.

¿Qué hacer?

• El Estado boliviano debe propiciar diagnósticos de necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales de la región norte del país, los mismos que deben contemplar estudios acerca de los impactos que provocaría la construcción de megarepresas, líneas de transmisión y esclusas, a objeto de sentar las bases para la construcción de una política de Estado en torno a la región amazónica. Es decir, se debe realizar estudios sobre las necesidades sociales de la región para atenderlos, considerando aspectos referidos al manejo integral de la flora, la fauna, la biodiversidad y el agua. Sobre estos ámbitos se debe crear la palabra del Estado y de la sociedad civil para concordarlas, priorizando intereses sociales y medioambientales sobre los intereses de empresas privadas.
• El gobierno y la sociedad civil deben acordar y vanguardizar proyectos de desarrollo integral, como la construcción de pequeñas represas hidroeléctricas (por ejemplo, en el río Yata y en el río Tahuamanu) que sin afectar al ecosistema de la región, satisfagan la demanda de energía eléctrica de los pobladores urbanos y rurales de los Departamentos de Pando y Beni, que actualmente dependen de la energía eléctrica producida en turbinas y con diesel, lo cual encarece terriblemente sus costos de producción.
• Brasil no puede afectar cuencas transfronterizas ni utilizar aguas de curso internacional, sin consultar y acordar con las partes afectadas; si lo hiciera, el Estado boliviano debe hacer una reclamación ante organismos internacionales que resguardan el curso natural de los ríos internacionales. La representación diplomática boliviana debe establecer una relación digna y soberana frente a Brasil; debe hacer conciencia de que las relaciones entre Bolivia y Brasil hasta ahora han sido relaciones de poder, relaciones no equitativas. En torno de esto, la imagen bíblica acerca del encuentro entre David y Goliat puede ser aleccionadora.
• El gobierno boliviano debe priorizar la ejecución de sus políticas nacionales en materia de tierras, que en el norte del país –por el acaparamiento a que fueron sometidas desde la época de explotación de goma hasta el régimen neoliberal-, ya son escasas. Por lo que la inundación de tierras, que pudiera provocar el complejo hidroeléctrico brasileño, no debe afectar ni sobreponerse a la política de Reconducción de la Reforma Agraria que el gobierno nacional lleva adelante. De lo contrario, podrían agravarse las contradicciones sociales y desembocar en procesos violentos de saneamiento y titulación de tierras. En este marco, el Estado boliviano debe frenar el proceso de apropiación privada de tierras por súbditos y empresas brasileñas, y Brasil no puede condicionar el préstamo financiero de 30 millones de dólares para que propietarios brasileños de tierras en Bolivia tengan un trato preferencial en la aplicación de la Reforma Agraria.
• Bolivia no puede ser un sitio de paso de negocios comerciales entre élites capitalistas de Brasil, Chile y Perú, que tienen interés en desarrollar “corredores e hidrovías de exportación”, eliminando fronteras nacionales y facilitando la expansión de mercados entre el Atlántico y el Pacífico. En este marco, y de acuerdo con Patricia Molina, Coordinadora de FOBOMADE, es importante evaluar y revisar las leyes nacionales de corredores de exportación (Ley 1961) y de electricidad (Ley 1604) que concede recursos hidroenergéticos a empresas privadas dentro de la franja de seguridad de 50 kilómetros, por tiempo indefinido.
• El gobierno boliviano debe estar advertido que en la sociedad boliviana y en sus instituciones aún se recrean poses y filosofías neoliberales, y que en la resolución de este conflicto hay personajes que esgrimen argumentos gananciales de tipo financiero por encima de consideraciones ambientales y sociales. El hecho de que por la acción del “homo oeconomicus” desaparezcan especies animales no sería el primero en la historia de la humanidad, es parte inseparable de la teleología desarrollista que postula el dominio del hombre sobre la naturaleza, o el máximo aprovechamiento de la naturaleza por el hombre, sin considerar los quiebres que se pueden ocasionar al equilibrio de los ecosistemas. Lo que sería nuevo es que en una sola acción, voraz y privada, se extinguirían a centenares de especies que actualmente están alimentando a millones de seres humanos.
• El Estado y la sociedad civil bolivianas deben asumir un rol protagónico en la defensa del ecosistema de la cuenca del río Madera, estableciendo vínculos de solidaridad y alianza con intelectuales, organismos de defensa del medio ambiente, derechos humanos e indígenas, movimientos sociales de Brasil, Latinoamérica y el mundo, con la firmeza de que el destino del Amazonas depende del destino que sufra el río Madera. Cabe destacar que en la región norte amazónica del país, sus pobladores ya están desarrollando procesos de reflexión y acción colectivas, con la convicción de que tales represas, además de inundar sus tierras de cultivo y de convertirlas en extensos pantanales, afectará a la salud de hombres y mujeres, a la salud de las plantas y de los animales, es decir, a la salud de la Madre Tierra.

La Paz, junio de 2007.

- Iván Castellón Quiroga, Sociólogo y artista plástico, Superintendente General del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE).