La gran batalla que se libra en México después del fraude electoral del 2 de julio de 2006, es la batalla por la legitimidad. No en balde el principal movimiento político y social que existe en México, ha decidido constituir un “gobierno legítimo” y ha calificado a Calderón de “presidente espurio”. No es ninguna casualidad que éste último haya hecho de la militarización de la lucha contra el narcotráfico, una apuesta por resolver la crisis de legitimidad en la que lo colocó el conflicto post electoral. Esta crisis se une hoy a la crisis de hegemonía de un proyecto neoliberal que no ha cumplido sus promesas en más de un cuarto de siglo de existencia.

La frustración que en amplios sectores ha dejado el fraude electoral que se une a las calamidades del neoliberalismo, es el caldo de cultivo ideal para el florecimiento de la lucha armada en el país. Solamente hay que recordar como los fraudes electorales de 1972 en El Salvador y de 1974 en Guatemala hicieron crecer a las insurgencias en dichos países, para conjeturar que algo similar puede suceder en México. No podemos tapar el sol con un dedo: en México existen ya varias organizaciones clandestinas que piensan que la lucha armada es la única manera de cambiar el oprobio en el país. Al Ejército Popular Revolucionario (EPR) que según se informa tiene presencia en siete estados en México, se unen el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, la Tendencia Democrática Revolucionaria, Comando Justiciero 28 de Junio, Ejército Villista Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, el Grupo Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos y el denominado Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo. Para el que estas líneas escribe, es imposible saber que tanta influencia y capacidad de fuego puedan tener estos grupos armados.

Lo que si es posible prever, es que el descontento social y la ilegitimidad que para amplios sectores de la población tiene el gobierno de Calderón, le da a estos grupos una potencialidad nueva. El EPR sabe de dicha potencialidad y por ello ha ubicado como el enemigo principal a atacar no solamente a “la oligarquía” sino también “al gobierno ilegítimo”. Resulta claro también el propósito del EPR de aprovechar el descontento que ha dejado el fraude electoral de 2006, cuando expresa en su comunicado del 19 de julio de 2007 lo siguiente: “Respetamos todas las formas de lucha, hasta la electoral, siempre y cuando el que esté en ella sea un hombre austero, honesto, con ética y que le importen poco los sueldos, que le importen los proyectos, las iniciativas de ley que favorezcan a nuestro pueblo”.

Para los que no le vemos perspectiva a la lucha armada en México, los atentados contra los ductos de PEMEX del 5 y 10 de julio resultan contraproducentes. Le pueden dar a Calderón un nuevo recurso para la legitimidad y para el desprestigio del lópezobradorismo: el senador panista Alejandro González Alcocer no ha perdido la oportunidad de vincular a dicho movimiento con los atentados referidos. Además crean el contexto para la criminalización de todos los movimientos políticos y sociales en el país y eventualmente, para legitimar una guerra sucia que podría afectar no solamente a las guerrillas, sino también a dichos movimientos. Desde la lógica del EPR, los atentados resultan fructíferos: llaman la atención sobre el caso de sus dirigentes desaparecidos, lo han colocado en la primera plana de la notoriedad nacional y lo prestigian frente a aquellos que hoy empiezan a sentir que no hay otra salida para el país.

- Carlos Figueroa Ibarra es sociólogo, profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.