El viernes 20 de febrero, el presidente Carlos Mesa promulgó la reforma de la Constitución Política del Estado, que incorpora las figuras del referendum (ya sea vinculante o consultivo, sobre temas de decisión nacional) y de la Asamblea Constituyente, que tendrá la misión de redactar una nueva Constitución. La gran movilización de octubre pasado se inició en demanda de dos grandes temas: la reversión de los hidrocarburos como patrimonio del estado boliviano y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. La tozudez del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, respondió el reclamo con una sangrienta represión que sólo concluyó cuando éste renunció y fugó del país. El porqué de la Asamblea Constituyente La exigencia de que se convocase a esta Asamblea, comenzó a gestarse en las movilizaciones del año 2000, cuando gobernaba Hugo Banzer. De los sectores populares surgió esta reclamación, como respuesta a la aplicación del modelo neoliberal que había agravado la miseria del país, por la entrega de los recursos naturales y del aparato productivo y de servicios a las transnacionales. Los sectores que enarbolaban esta reivindicación reclamaban el cambio total de la Carta Magna, con el objetivo de establecer una nueva estructura del Estado, que garantice la solución de las necesidades del pueblo. La demanda de que se convoque a una Asamblea Constituyente sensibilizó a tantos sectores que, en julio de 2002 –poco antes de que concluyese la gestión de Jorge Quiroga, quien sucedió a Banzer durante el último año de ese gobierno–, una marcha indígena que recorrió el país desde Santa Cruz hasta La Paz, tuvo como única consigna la Asamblea. Faltando apenas unos días para que concluyese su mandato, los partidos oficialistas firmaron un compromiso con los marchistas, para incluir la Asamblea Constituyente en la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución. Sin embargo, como tantas veces lo habían hecho, faltaron a su compromiso y aprobaron esa ley sin incluir la figura de la Constituyente. Tal incumplimiento tuvo el efecto de sensibilizar a sectores de la clase media. Cuando Sánchez de Lozada asumió el gobierno, el tema se había convertido en uno de los dos temas más exigidos por todos. Ya en enero siguiente, Goni –como gusta que lo nombren–, enfrentó una movilización que se centró en los sectores campesinos que no reclamaban por sus intereses particulares sino por los de la nación: reversión de los recursos naturales y convocatoria a la Constituyente. Las sangrientas jornadas de febrero y de octubre, hicieron imposible que se negase ambas reclamaciones. Goni y sus principales colaboradores huyeron del país y el nuevo presidente anunció, en su discurso de posesión, que cumpliría con el mandato popular. La Constituyente es un proceso Incorporada a la CPE, la Asamblea Constituyente puede ser convocada en el futuro inmediato. El texto constitucional dice que será convocada mediante ley aprobada por el Congreso Nacional y que el presidente no puede vetar. La ley de convocatoria establecerá el número de constituyentes, la forma en que serán elegidos y, talvez, el tiempo que durarán en funciones. En el ejercicio de una democracia participativa que así se iniciará, se redactará esa ley como conclusión de un proceso de seminarios, talleres, consultas y encuestas que deben realizarse en todo el país. Hay muchas propuestas, principalmente sobre la forma de elección. Van desde una designación corporativa, hasta la elección de un número igual de representantes en cada uno de los 9 departamentos, sin importar la población que tengan. Lo más probable, sin embargo, es que se proceda a una elección que garantice una representación adecuada a los diferentes sectores de la sociedad y a las distintas regiones del país. Con ese propósito, la reforma constitucional ha suprimido el monopolio de los partidos políticos para que, agrupaciones ciudadanas y pueblos originarios, puedan presentar candidatos. En cuanto al número de asambleístas, unos postulan el mínimo posible, argumentando que, de ese modo, se conformará una asamblea con una adecuada eficiencia. Otros, en cambio, prefieren una representación muy numerosa que garantice la presencia de todos los sectores. Tendrá que darse un término tal que, posibilitando una representación social y regional suficiente, no llegue a ser masiva. Refundar el país Convocar una Asamblea Constituyente para ampliar los derechos ciudadanos y perfeccionar el aparato estatal, sería una exageración. Para eso, es suficiente la reforma parcial de la Constitución Política del Estado. La Constituyente tendrá la misión de dar una nueva Carta Magna al país. La actual Constitución tiene un claro perfil liberal: derechos y deberes de las personas, estructura clásica del Estado, garantía de la propiedad privada, etc. Los procesos vividos en los últimos setenta años agregaron algunas conquistas sociales: derechos sindicales, protección de la parcela campesina y, en años muy recientes, reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe de nuestra sociedad. La implantación del modelo neoliberal desde 1985, hizo que estas conquistas sociales fuesen transgredidas por los gobiernos que se sucedieron desde entonces. Así, los recursos naturales fueron entregados a empresas transnacionales. Los sindicatos son desconocidos por los empresarios. Las huelgas son automáticamente declaradas ilegales por el Ministerio del Trabajo. La parcela campesina no tiene ninguna protección. Hasta los derechos esenciales de la persona, como el derecho al trabajo, han quedado suprimidos en los hechos. Pero, como dijimos, no se trata solamente de restituir y consolidar esos derechos. La nueva Constitución Política del Estado debe incorporar, por primera vez en la historia de Bolivia, las concepciones, los usos y costumbres, la cultura misma de los pueblos originarios que conforman la mayoría de nuestra sociedad. Y, el primer elemento de esas concepciones, es la recuperación de la estructura productiva del país, destruida para dar paso al modelo colonial. El Estado debe constituirse en promotor de la producción nacional, con un gobierno organizado de forma tal que todos sus mecanismos contribuyan a ese propósito. La legislación deberá elaborarse en una Asamblea Legislativa ágil, representativa de la sociedad y sometida a su control. La justicia tendrá que impartirse por tribunales que sean responsables ante la sociedad. De esa dimensión es la tarea que se espera de la Asamblea Constituyente.