Libertad significa autonomía, es decir,
el poder de no obedecer otras normas
que las que me he impuesto a mí
mismo”

(Norberto Bobbio, 1965)

La destitución de su cargo del gerente general de ANCAP, como uno de los coletazos más espectaculares de la crisis del supergás, acusado de ser el vértice de la imprevisión que dejó a la población, agobiada por los rigores del frío, sin el fundamental combustible, sirve para que nos adentremos en otra problemática que muestra la situación de privilegio que viven los jerarcas de las empresas públicas.

Sin definirnos por la presunta “culpabilidad” del funcionario relevado en el ente de las combustibles, pues no conocemos los fundamentos de la decisión del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, y del ministro de Industrias y Energía, Jorge Lepra, fue finalmente destituido por una decisión del directorio de ANCAP, destrabándose así una situación difícil que requería que se llamara a responsabilidades. Sin embargo, ¿qué destino es el de este jerarca destituido del principal cargo ejecutivo de ANCAP?

En lo funcional, seguramente le habrán sido modificadas las atribuciones y ya no podrá decidir sobre las políticas del ente petrolero, pero según anuncios del propio presidente del Ente, pasó a desempeñarse como “asesor”. Suponemos que no más en temas vinculados a la provisión de supergás, pero asesor al fin, y, por supuesto, manteniendo todas las demás prerrogativas de su cargo público: el sueldo, las compensaciones, el presentismo, los premios y sueldos compensatorios, etc.
El gerente destituido no vive en carne propia el destino de todos los ejecutivos del mundo privado y de las empresas públicas de otros países, que cuando abandonan sus cargos, deben ofrecer sus capacidades o fuerza de trabajo en otro lado pese, a que sabemos, que en general se retiran con buenos “premios” por la labor cumplida.

Por supuesto que el motivo de estas líneas no es plantear una flagelación pública del ex gerente general de ANCAP, pero si mostrar algunas de las facetas que le dan a las empresas públicas uruguayas el carácter de ser verdaderos “mastodontes” que funcionan a contramano de la necesaria lógica económica y, por supuesto, fuera de los cánones empresariales modernos. Algo parecido ocurre con el gerente general de UTE, que también fue cesado en su cargo como primera medida de una reorganización de gerencias que llevaría el número de 108 a menos de 90.

¿Cuál será la situación de UTE? Seguramente que engrosará el número de “asesores”, aumentando la cantidad de burócratas sin funciones claras y, si uno de sus objetivos era achicar el peso de los grandes sueldos en su presupuesto, obviamente, de esta forma – por la existencia de las tortuosas normas que consolidan la inamovilidad de los funcionarios públicos – no lo conseguirá. Los uruguayos seguiremos pagando tarifas engrosadas por esas gorduras que, en definitiva, son las que determinan que las empresas públicas se resistan a trabajar dentro de la abierta competencia.

Los monopolios naturales

Por eso que nos preguntamos: ¿Es posible que los uruguayos sigamos viviendo en la mediocridad de principios discutibles, como la necesidad de mantener los llamados “monopolios naturales”, que son las empresas públicas, a costa de nuestros bolsillos, sin que las mismas nos brinden servicios ni adecuados ni baratos? Porque podríamos permitirles cierta vetustez técnica, falta de calidad en los combustibles, algunas deficiencias en la distribución de energía, si los precios fueran acordes con las posibilidades de la gente. Pero en Uruguay la ecuación es inversa, la calidad es deficiente, existen problemas de abastecimiento, de generación de energía y la calidad de los combustibles es discutible, pero los precios son los más altos. ¿Cómo puede ser?
¿En lo puntual, nos hemos dado cuenta, que la rebaja de los productos de primera necesidad que se podría verificar por estos días como consecuencia de las rebajas del IVA y la desaparición del COFIS, puede ser contrarrestada por un importante aumento de los combustibles que los uruguayos deberemos absorber sin anestesia, los que parece que se han postergado para agosto?

¿Cómo es posible que no existan, por el bien de la economía y el bienestar de la población, mecanismos de regulación impositivos que amortigüen la incidencia del aumento del precio del barril de petróleo, como ocurre en todos los países que dependen de las importaciones? Aquí sube el precio del petróleo, aumentan los combustibles y paralelamente los uruguayos pagamos una mayor proporción de impuestos por cada litro que consumimos. En definitiva, los únicos que pierden en la ecuación, son los usuarios, porque aunque ANCAP pueda tener números en rojo por razones coyunturales, nadie allí dejará nunca de reducir el cobro de lo acordado en las administraciones anteriores.

Porque en las empresas públicas no se trata de repartir utilidades, como realizan en base a la lógica económica cualquier otra empresa que funciona en la órbita privada. ¡No!, en la esfera pública las conquistas de mantienen y se pagan a toda costa, pese a que los números no den, porque en definitiva, se los hacen dar, porque la variable de ajuste son las tarifas. ¿O no?

A esta altura nos preguntamos como hará ANTEL para reformar su sistema de gerencias, si no puede tocar a los funcionarios que se encuentran amparados por la inamovilidad. Porque si no existen faltas graves, que puedan ser probadas por la administración, ninguno de los jerarcas puede ser cesado en su cargo, y si hubiera motivos, habría que realizar un sumario y luego enviar sus resultados al Senado de la República para terminar con una relación laboral que, en otros ámbitos, se resolvería con el pago de los despidos respectivos.

Definiciones decisivas

Son todos temas para reflexionar en profundidad, para analizar con detenimiento en el marco del proyecto de la reforma del Estado que está estudiando la OPP, que debe ser una Ley de Leyes, que cierre las puertas a privilegios largamente amasados y conviertan a estas empresas y modernas y ágiles productoras de servicios baratos y de alta tecnología, para un país que cada día los requiere con mayor avidez.

Junto con una serie de medidas incluidas en la Rendición de Cuentas que actualmente está a consideración del Senado de la República, esta semana el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de Ley de Descentralización, que también se enmarca en la llamada reforma del Estado.

Al parecer el proyecto del que, cuando escribimos esta todavía no se conocían todos sus detalles, incluye aspectos de regulación interna de las empresas publicas que puede tocar lo que son aspectos gerenciales y de conducción, además de la creación a nivel comunal de una nueva figura, “el alcalde”, que pasaría a jerarquizar a las poblaciones pequeñas que hoy no cuentan con administración municipal, que actuaría como nexo entre la población y las respectivas intendencias, además de tener – por supuesto – cometidos propios.

En ese sentido el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, que actuó como informante, mencionó el cambio en la estructura política para que en los gobiernos departamentales se cree esa tercera figura de gestión: los alcaldes. Según Rubio "ahora la situación es un poco caótica" porque en algunos lugares hay juntas locales autónomas o juntas locales, otro lugares hay dependencias similares que se llaman de otra manera. Esta nueva ley habilitará la creación de juntas locales electas por la ciudadanía y la figura del alcalde, inédita hasta ahora en el país.

Las juntas locales llevarán la autoridad directamente a cada vecino de una ciudad o pueblo del interior del país, independientemente del gobierno departamental, representado por las intendencias municipales.

A diferencia de las juntas locales, órganos pluripersonales, las alcaldías serían instituciones unipersonales, donde la autoridad de los ciudadanos se delegará a una persona: el alcalde.

En torno al tema vinculado a las empresas públicas, la información es más escueta. No se sabe que puntos son considerados por las normas tratadas que serán enviadas en breve al Parlamento, pero se estima – según trascendió – tienen relación con la intención de reformar los cuadros gerenciales de las mismas, medidas que ya habrían comenzado a aplicarse con el cese del gerente general de UTE y el anuncio de una reorganización de otros mandos del organismo.

Parecería evidente que la resolución gubernamental tendería a solucionar el callejón sin salida planteado por la ley orgánica de estos organismos que, en contra de toda la lógica empresarial, impide la destitución de los jerarcas ya que a ellos les llega el concepto de inamovilidad. Solo pueden ser destituidos por falta grave o por la aceptación de los mismos de la resolución de cese que adopte el directorio respectivo. De lo contrario, como en los dos casos de destituciones de gerentes generales ocurridas por estos días (en UTE y ANCAP), estos siguen “enganchados” a las empresas, cobrando el mismo sueldo anterior y las compensaciones que en las empresas públicas son bastante importantes. Al parecer, de acuerdo al proyecto del Poder Ejecutivo, desde el 2008 los cargos de gerentes de las empresas públicas serían “a término”, con un máximo de 8 años.

Así se resolvería uno de los vicios funcionales más agudos que se viven en las empresas del Estado, que les dificulta lanzarse a la competencia, porque deben sostener con sus presupuestos una cantidad de sueldos, funcionalmente indebidos y fuera de toda lógica empresarial moderna, que las convierten en verdaderos “mastodontes” onerosos, que deben defender sus abultados presupuestos con tarifas inapropiadas para los bolsillos de los uruguayos.

Es evidente que el gobierno ha visto este problema en profundidad y lo está considerando con probidad y, obviamente, lo debería resolver con energía, respetando los derechos de los trabajadores, pero eliminando todo lo que sean privilegios indebidos.

El Uruguay que debemos construir entre todos así lo exige.

Carlos Santiago  es periodista

http://www.lacoctelera.com/carlos-santiago