Casi nadie desconoce que el gobierno de la Concertación atraviesa por una situación difícil. Si algunas semanas atrás esto quizás no era tan evidente, hoy es una realidad que es imposible de esconder bajo la alfombra.

Los graves problemas de diverso tipo que se han manifestado con ocasión de las últimas iniciativas legales sometidas por la actual administración al Congreso no dejan dudas al respecto.

Es el momento apropiado para apreciar dicha situación desde una mirada más bien general a la actuación del gobierno, y de este modo interpretar mejor sus políticas y, en particular, sus dificultades, sus errores, debilidades, conflictos y riesgos.

Por nuestra parte, queremos abordar aquí solamente algunos asuntos que nos parecen relevantes en tal sentido.

Conviene no perder de vista, desde luego, que estamos en presencia de una Presidenta, de un gobierno y de una coalición que se mueven dentro de los parámetros del sistema neoliberal.

Sus políticas no presentan diferencias esenciales con las de la derecha, que sin embargo define su postura como de oposición al gobierno. En la práctica, esto se origina y expresa en un constante juego de poder entre uno y otro bando, a propósito de discrepancias de distinto tipo, pero no verdaderamente de fondo.

Esta es tal vez la limitación más importante que afecta al gobierno, y que puede explicar en buena medida el origen y naturaleza de los problemas que enfrenta.

Muchas de sus realizaciones positivas –que sin duda todo gobierno las tiene- están muy lejos de resolver los problemas más profundos de la sociedad chilena, como la desigualdad social y la exclusión política, que afectan a muy amplios sectores de la población.

La superación de los males de nuestra sociedad no puede darse dentro de los marcos de un sistema basado en el individualismo, en el lucro y el mercado, al servicio de los grandes intereses económicos privados, nacionales y transnacionales.

Las leves inclinaciones a romper con esas tendencias que a veces se observan en las políticas de la Concertación son fuerte y eficazmente neutralizadas desde el interior de la propia coalición gobernante y desde una derecha que cuida muy celosamente los intereses capitalistas frente a los de los trabajadores y a cualquier posibilidad de ampliar las regulaciones o intervenciones del Estado. Así ha sucedido, por ejemplo, en materia de cambios institucionales, de impuestos, de beneficios provisionales, de derechos laborales, de sistemas de salud y educación, y de política internacional.

La verdad es que lo anterior ha sido así desde que se iniciaron los gobiernos de la Concertación. Por eso, en líneas generales puede decirse que no correspondía hacerse ilusiones de que la situación ahora podría ser muy distinta a la de los dos periodos anteriores. La candidatura de Bachelet no se presentaba en absoluto como la posibilidad de un cambio del sistema.

El gobierno, en su diseño estructural, ha mantenido su papel de administrador del sistema y ha evitado producirle siquiera algunas grietas, que podrían haber permitido abrir otros caminos. En otras palabras, el ejecutivo ha hecho una opción por la negociación parlamentaria dentro del modelo, sin generar puntos de quiebre o de confrontación, y sin avanzar hacia una propuesta de democratización y de movimiento ciudadano.

Cabe señalar, que ha existido una permanente tensión entre promesas y compromisos del gobierno -y las consiguientes esperanzas de la gente-, por un lado, y la realización o concreción de políticas y medidas correspondientes a esas promesas y esperanzas, por otro lado.

En un período de gobierno breve como éste, se habría requerido de una clara voluntad política y de una férrea decisión para dar señales inequívocas de que se van a cumplir los compromisos y las promesas.
Pero lo que se observa en realidad es que sólo se anuncia la realización de medidas reformistas, y se posterga su ejecución.

Así ha ocurrido, por ejemplo, con los casos de creación de comisiones de asesores en temas tan relevantes como el electoral, el previsional y el educacional.

El gobierno no plantea con claridad lo que prometió y no se juega eficazmente por su logro. Para esto tendría que apelar al respaldo popular, más que al acuerdo con las cúpulas políticas.

Por otra parte, se produce igualmente una gran distancia entre la formulación de políticas públicas y la participación de la comunidad en su elaboración.

En diversas áreas y materias donde se han tomado decisiones, no se han considerado debidamente las aspiraciones, vivencias y opiniones de la comunidad. Como ejemplos relevantes de ello cabe destacar el problema de las políticas de seguridad ciudadana, de responsabilidad penal juvenil y, como caso emblemático, de transporte (Transantiago).

Esto ha creado un distanciamiento entre el Estado y la sociedad civil, en circunstancias de que precisamente lo que muchas personas pensaron -porque así lo prometió la presidenta- es que éste iba a ser nada menos que un gobierno ciudadano.

La distancia entre política pública y sentir de la comunidad ha puesto en evidencia que, después de todo, este gobierno ha optado por la administración tecnocrática del poder y del gobierno, y no por un efectivo incorporación ciudadana.

Peor aún, la Presidenta ha ido perdiendo incluso el sentido de acogida y de empatía social que generó el apoyo a su candidatura y su lanzamiento como figura política nacional.

Se ha mantenido una política de exclusión que se expresa fundamentalmente en al menos dos aspectos. El primero es que aún se mantiene un sistema institucional que, entre otras cosas, pone a una parte importante de la sociedad al margen de las decisiones políticas. Además, esto ha significado, como sabemos, una sobre representación de la derecha en el parlamento. En segundo lugar, la exclusión se manifiesta en la ausencia estructural y sistemática, en todas las áreas de formulación de políticas, de participación ciudadana.

En Chile no se permiten plebiscitos, no se permite la remoción de los representantes políticos parlamentarios, no se permite la iniciativa ciudadana para legislar, etc.
Además, frente a otro problema tan importante como es el de la seguridad ciudadana, el gobierno ha adoptado una política equivocada.

Se sigue privilegiando un diseño de control y, por lo mismo, de sociedad de vigilancia generalizada. Se instala la desconfianza y no la confianza. Por eso se segregan sectores urbanos y se reprime principalmente a los jóvenes, a los que se les rebaja la edad de responsabilidad penal. Con esto, el gobierno se aparta una vez más de la idea del gobierno ciudadano y se aproxima más bien a la idea de estados policíacos.

Se han perdido así grandes oportunidades para ponerse a la cabeza de un proceso de cambios, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos. Así sucedió con la forma en que se abordó el problema de las demandas planteadas por el movimiento de estudiantes de enseñanza media. Y después pasó lo mismo con el Transantiago. A los estudiantes debió escucharlos oportunamente y considerar su opinión.

En cambio, tendió a reprimir e impuso una política autoritaria. Con los usuarios de la locomoción colectiva no realizó consultas locales ni recogió adecuadamente la información sobre los recorridos que hacen cotidianamente los pobladores, sino que actuó sobre la base de un diseño tecnocrático elaborado en una oficina de profesionales que, por lo demás, cometieron toda clase de errores y desaciertos, enmarcados en la naturaleza del tipo de ciudad que se ha desarrollado en la Región Metropolitana y dentro de las orientaciones generales de política económica.

No es nada de extraño, pues, que el gobierno haya perdido apoyo ciudadano y esté enfrentando dificultades cada vez mayores.

Uno puede preguntarse: ¿ha existido o existe la posibilidad de otro camino diferente al que ha seguido la Concertación en Chile?

Muchos somos los que estimamos que sí, por más difícil que sea recorrerlo. Se trata del camino de una amplia unidad de fuerzas progresistas y de izquierda para encabezar una movilización social fuerte y articulada en torno una plataforma de transformaciones estructurales y emancipadoras. Pero ese es otro tema. Y un desafío para la izquierda.

- Carlos Donoso Pacheco, es Vicepresidente de la Izquierda Cristiana, Periodista, Magíster en Filosofía Política y profesor de ética universidades Bolivariana, Pedro de Valdivia y Humanismo Cristiano. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.

Fuente: Crónica Digital (Santiago de Chile)
http://www.cronicadigital.cl