Si bien Ecuador ha sido un país productor de petróleo durante 40 años[2], nunca ha sido un productor minero importante. Sin embargo, las reformas legales que favorecen a la inversión privada y los estudios que revelan la riqueza de los depósitos minerales en los Andes ecuatorianos y en el sur de la región amazónica[3] han hecho que el país sea muy atractivo para los inversionistas extranjeras y en particular para los intereses canadienses[4]. Hasta la fecha, se han entregado más de 4.000 concesiones de explotación minera, cubriendo aproximadamente[5] el 20% del territorio, incluyendo muchas áreas, cultural y biológicamente diversas[6]. Toda vez, los proyectos actuales aún no inician la producción.

Las miles de personas que respondieron a la convocatoria de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía están convencidas de que existen mejores alternativas para el futuro de sus comunidades y del país. En vista de que las comunidades afectadas ya están sufriendo los efectos de la división social[7], y conociendo del deterioro de la salud y el medio ambiente registrado en otros países[8], aspiran a que el Ecuador se eche para atrás y sea declarado "un país libre de la explotación minera a gran escala".

Sin embargo, la Coordinadora Nacional exige que el gobierno suspenda los proyectos actuales e imponga una moratoria a las nuevas concesiones. Después de realizar investigaciones, también quiere anular las concesiones actuales, basándose en la Constitución del Ecuador, que garantiza el derecho de las comunidades a una consulta previa, justa e informada[11]. El Presidente y el Ministro de Energía y Minas anterior, Alberto Acosta, señalaron previamente que las demandas de las comunidades son justas y que la mayoría de concesiones actuales son inconstitucionales por esta misma razón.

El levantamiento nacional enfrenta la represión

Los cierres de carreteras iniciados el día martes 26 bloquearon las más importantes arterias que rodean a Cuenca, capital de la provincia sureña del Azuay. Otras carreteras principales también fueron cerradas en las provincias de Morona Santiago y de Zamora Chinchipe, al sur de la Amazonía; también se realizaron manifestaciones en la provincia de Chimborazo.

El miércoles 27, el Presidente ordenó a la policía terminar con los bloqueos[12] e indicó que la "eliminación de las concesiones de explotación minera es inconcebible" dado los costos  que implicaría para el Estado[13], negándose a dialogar con los manifestantes. La orden de emplear la fuerza policial dio lugar a una brutal represión contra los manifestantes en Azuay.

Centenares de policías emplearon cantidades abrumadoras de gases lacrimógenos y se movilizaron vehículos anti-motines para poner fin violentamente a los bloqueos, en los que participaban gente de todas las edades. Decenas de personas fueron detenidas, y varios manifestantes fueron heridos, al igual que algunos oficiales de policía. En Molleturo, los manifestantes reportaron la llegada de más de 400 soldados y de 150 oficiales de policía que despejaron las carreteras el viernes en la noche.

"Estamos increíblemente sorprendidos," dice Lina, "porque no pensamos que un gobierno comprometido con la defensa de nuestro país y de nuestra soberanía podría permitir eso”.

Cabe anotar que varias comunidades de las provincias de Imbabura, de Pichincha, de Bolívar y de Cotopaxi, en ocasiones anteriores, ya han participado en manifestaciones similares. Por su parte, las  organizaciones indígenas más importantes del Ecuador, la CONAIE y la ECUARUNARI, la semana pasada,  emitieron declaraciones públicas en solidaridad con la  lucha de los afectados por los proyectos mineros. [14]

El cambio de posición del  gobierno genera preocupación. Lina Solano señala que el planteamiento del gobierno de que “la minería tiene que ser la fuente de subsistencia del país, luego de que el petróleo se agote,  nos parece terrible, porque es tratar de negociar con nuestra vida, con la vida de miles de familias campesinas sobre todo, que van a estar afectadas por estos proyectos mineros".

El Subsecretario de Minería anunció la semana pasada que se conformará una Comisión de Alto Nivel para elaborar un informe en el plazo de 30 días referente al proyecto Quimsacocha. Éste es una gran iniciativa minera liderada por la empresa canadiense IAMGOLD, en la zona de Tarqui, donde hay una fuerte oposición.

Esto también es un "paso hacia atrás," según Lina. “Justamente el 26 de marzo cuando conversamos con el Presidente, él inmediatamente dio luz verde al entonces Ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, para que inicie lo que serían las auditorias exhaustivas de los proyectos"; pero  el hecho de que se conforme la comisión no significa que se va a suspender el proyecto.